Por Katalina Vásquez Guzmán
Se cumplieron 30 años de la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál es el valor de la Constitución en sí misma en medio de la coyuntura actual del país?
Valorar la Constitución, sus logros y sus alcances, es justo y necesario, porque la Constitución no fue un simple acuerdo de élite, sino el resultado de luchas políticas y sociales que se dieron durante muchos años. Así que mal haríamos en negar nuestras propias victorias. Lo pongo con este plural colectivo “nuestro” porque creo que las conquistas democráticas hay que valorarlas en medio de la precariedad en la que estamos en el país. Entonces me parece que, desde esas dimensiones, este aniversario pues permite, en primer lugar, esa reflexión. Pero, en segundo lugar por supuesto también habría que hacer una valoración puntual de los vacíos y falencias.
Entre los logros debemos ubicar claramente el hecho de que la Constitución de 1991 es una constitución de derechos o que se centra en la idea de los derechos, el laicismo y las libertades, y
ese es un terreno fundamental. Creo que, desde ese enfoque, son muy importantes las instituciones y prácticas a las que dio lugar ese punto de arranque, y es que los derechos pueden ser efectivamente exigidos, demandados y obtenidos, a través de todo lo que significó la creación de la justicia constitucional: por ejemplo la tutela, la Corte Constitucional y su jurisprudencia, y otras instituciones que han tenido una muy accidentada asistencia pero que también son importantes como la Defensoría del Pueblo y algunas instancias de control y de participación
ciudadana, que han promovido la idea de la democracia participativa, sus bondades y sus limitaciones.
Dicho esto, el gran defecto de la Constitución es que es una constitución de derechos que no cumple con la segunda definición que da del Estado y es la de social, pues el Estado colombiano es un Estado de derecho -y eso pues obviamente podemos discutirlo también- pero sin lugar a dudas no es un Estado social. En eso la Constitución fue supremamente limitada, yo diría mezquina: no creó, en igualdad de condiciones, un sistema legal institucional que permitiera hacer realidad la equidad social, la justicia y la democracia en términos económicos y sociales, y es allí donde, a mi modo de ver, reside su limitación histórica.
¿Cuál es la relación entre la evolución y tropiezos de la Constitución y lo que se está viviendo hoy en las calles del país?
Yo diría que precisamente esa gran movilización está mostrando los límites de la Constitución misma y lo que no se ha cumplido de la Constitución. Y es precisamente ese gran componente social al que definitivamente no puede dar una solución el neoliberalismo como modelo económico. ¡Ni el neoliberalismo, ni utilizando un lenguaje de economía política, ni el capitalismo en su fase actual!
Porque este es un modelo que ha llegado a los límites de su posibilidad histórica, y ha mostrado que, efectivamente, no conduce a resolver los problemas ni del planeta ni de nuestro país en planos esenciales. No brinda la condición de una mediana dignidad en la vida del ser humano, ni la condición de un desarrollo equitativo y sostenible, ni desde el punto de vista de una economía que pueda resolver al mismo tiempo las necesidades vitales de los seres humanos y mantener un equilibrio con la naturaleza. Entonces esas limitaciones de la carta del 91 se están expresando en las calles. Y no solo en las calles colombianas: aquí pues se da esa expresión con nuestras propias especificidades políticas y sociales y nuestro contexto de conflicto armado y de violencia, pero la demanda por la justicia social es universal.
En todas partes hay grandes movilizaciones que muestran que el problema es global, que no vamos a poder resolver esto simplemente en la creencia de que resolver problemas localmente
y nacionalmente es suficiente. Aquí ya hay un problema no solo de la Constitución del 91 sino del orden jurídico legal internacional también.
¿Qué opinión le merece la respuesta del Estado al Paro Nacional y las diversas expresiones de protesta y descontento en las calles de Colombia? Y en ese sentido, ¿cómo ve la reforma a la Policía?
La mejor definición de lo que ha ocurrido la dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al decir que el Estado colombiano emplea, en el tratamiento de los conflictos sociales, una lógica bélica; es decir, el problema aquí es no de una respuesta puntual de gobierno Duque a una movilización sino de la lógica general del Estado. Y precisamente volviendo a la Constitución del 91, uno de los problemas que no resolvió la Constitución del 91 fue transformar el Estado en un Estado civil. La Constitución transformó el Estado en uno laico, con limitaciones también, pero por lo menos en ese sentido general hizo esa formulación. Pero lo que no hizo fue convertir al Estado colombiano en un Estado civilista.
La realidad de lo que hemos visto en estos meses es un Estado que apela en primer lugar a una salida de orden policial y militar para tratar problemas sociales, económicos y políticos. Entonces no es cierta la justificación del gobierno de que la violencia policial ha sido una respuesta probablemente desproporcionada, como nos lo intentan explicar, pero en últimas instancias a una violencia primigenia que es el vandalismo y el terrorismo de baja intensidad como lo dijo Duque el primer día de las movilizaciones. De manera imprudente Duque dijo lo que pensaba, no respetó sus propias formas y efectivamente eso es lo que cree: que la violencia policial y militar
ha sido plenamente justa, porque es una respuesta a una violencia anterior. Es decir, es el desconocimiento al derecho a la manifestación social y a la movilización ciudadana; entonces desde esa lógica aquí lo que queda es la respuesta represiva que, contrario a lo que decía la explicación del gobierno, ella sí es la verdadera explicación.
No hay una respuesta militar a una provocación violenta, sino que hay una respuesta militar y violenta a una movilización pacífica, eso es lo que ha ocurrido. Y por supuesto allí están los resultados: todo ese inventario que está ya muy documentado, pero no totalmente documentado. A mi modo de ver hay que realizar un informe específico de lo que ocurrió en el Valle del Cauca y Cali en estos tres meses y sigue ocurriendo, porque hay un escenario en el cual hay muchos aspectos de este modelo que se ha aplicado, que es el viejo modelo, pero de alguna manera remozado y actualizado de violencia estatal y criminalidad estatal a la movilización y a la protesta social. Hoy el asunto es que el gobierno ha tenido que adaptarse a una formidable manifestación que no ha podido controlar, que no ha podido reprimir totalmente, que no ha podido censurar y se ha intentado dar con más violencia y cerrando al diálogo, e intentando aplicar, como si se tratara de una gran concesión, algunos correctivos que son superficiales, entre esos la idea de una supuesta reforma policial que no es ninguna reforma. Es decir, aquí como siempre en esto de las reformas y contrarreformas en Colombia, nada de lo que un gobierno diga que hay que reformar lo es, es más una contrarreforma, lo que uno ve es que el proyecto que presenta el gobierno a consideración del Congreso es un proyecto cosmético, que maquilla lo superficial, pero que busca mantener y profundizar incluso los rasgos militaristas que hemos señalado que existen.
No hay ningún aspecto del proyecto que uno pueda destacar como un avance serio que pudiera permitir una transformación. Hay simplemente medidas que son de carácter artificial o artificioso, y en el fondo se mantiene la misma estructura y la misma doctrina, el mismo funcionamiento y la misma lógica belicista, para utilizar de nuevo la expresión bélica que usó la CIDH.
No podemos dejar de preguntar por la coyuntura del caso contra el senador Uribe Vélez y su papel allí. ¿Cómo ha sido para usted sacar adelante todo el caso jurídico, llevarlo hasta el punto actual y qué perspectivas de futuro le ve y en qué condiciones? ¿Ve garantías?
Obviamente, ha sido una batalla jurídica que también se ha dado en otros planos como el político y el mediático de forma absolutamente desigual y asimétrica. Hago un reconocimiento a mi equipo de defensa jurídica que encabeza el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), un equipo muy valioso tan valioso que ha logrado enfrentarse exitosamente a esa gran máquina, que es un aparato gigantesco. El uribismo y el propio Uribe han empleado en esto, recursos enormes en Colombia y en el extranjero, incluso con colaboradores como un agente de la CIA para mencionar simplemente una circunstancia que me parece representativa. Uribe ha contado obviamente con todo el aparato político del Centro Democrático, una cosa que no hemos hecho nosotros: yo no le he pedido ni a mi partido ni a las fuerzas de oposición que actuemos aplicando los mismos métodos, nosotros no hemos procedido así. Nosotros hemos procedido en derecho. En su caso,
ellos han contado además con el aparato de Gobierno y la propia Fiscalía, y creo que no estoy diciendo algo exagerado al señalar que es evidente, como lo hemos subrayado una y otra vez, la parcialidad del señor fiscal y su delegado en este proceso.
Como si eso fuera poco también hay gobiernos extranjeros al punto de que el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente intervino para abogar por Uribe, y además el secretario general de la OEA. Entonces es un caso en el cual lo que se muestra es que víctimas, y también, y esto es fundamental decirlo, magistrados de la Corte Suprema han actuado de una manera proba y en derecho como ha correspondido, y también jueces y juezas de la República que han tomado decisiones que han llevado a este caso donde está.
Ahora ¿cuál es el panorama de este caso? Hay un caso muy complejo en el cual hay tres procesos en curso: uno contra Álvaro Uribe que está en una fase en la que debe decidirse sobre una preclusión, pero que tiene mucha jurisprudencia, mucha prueba, mucha investigación acumulada que demuestra, a mi modo de ver, que demuestra de manera inequívoca, inapelable e incontrovertible, la responsabilidad de Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal, sobre la actuación judicial y fraude procesal, y pues que lo tiene en la situación que lo tiene.
Por otra parte hay otro proceso en el cual estamos ya en un juicio en el cual el protagonista es el intermediario que utilizó Uribe para buscar y reclutar decenas de falsos testigos en mi contra y en contra del doctor Eduardo Montealegre, y del doctor Jorge Perdomo, y es el señor Diego Cadena quien está ad portas de ser juzgado.
Y también hay otro proceso que está por decidirse, en el que la Corte Suprema de Justicia ha tomado la decisión de mantener competencia con relación a la investigación que se lleva a cabo contra el ex representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada. Así que ahí también existe la posibilidad de que haya otro juicio, y todos esos asuntos están ligados. Pero por otra parte hay otro aspecto esencial y es que la opinión pública ha podido constatar todo esto. Es decir, a pesar de toda esta campaña mediática plagada de mentiras y calumnias con toda clase de artificios para denigrar y descalificar no solamente a las víctimas sino a los magistrados de la Corte Suprema, todo eso ha sido absolutamente evidente y ha tenido un impacto político, que se expresa en que dos congresistas del Centro Democrático han tenido que dejar el Parlamento, han tenido que salir del Senado y la Cámara, que son Uribe y Prada; y que hay otros congresistas que están hoy también vinculados a investigación y que probablemente también tengan que asumir responsabilidades.
Y pues también el evidente desgaste. La impopularidad y la antipatía que ha ganado Uribe en este proceso es evidente, y creo que eso se ha mostrado en el sentimiento de un claro reclamo de la juventud que está hoy movilizándose en calles y también se expresa en que esta situación se suma a otras que también se están aclarando de una manera más contundente como es todo lo que ha tenido que ver con esos crímenes que en Colombia se han mal llamado “falsos positivos”. Entonces esa concurrencia o circunstancias comienza a mostrar realmente a la opinión pública quién es Ávaro Uribe, cuál ha sido su papel y cuál ha sido su ejecución en los últimos años en Colombia.
Por último, ¿quisiera enviarle un mensaje a esa ciudadanía que se está manifestando ahora, especialmente a los jóvenes?
Toda mi gratitud, reconocimiento y admiración que creo que le debemos tener todos los colombianos a esos jóvenes que se han expresado de una manera tan clara en las calles, y no solamente a ellos y a ellas los que están en la primera línea, sino también a quienes han cumplido otros roles: a la madres de esos muchachos que los han estado apoyando, a todo ese movimiento artístico tan significativo que hemos estamos viendo emerger, a los y las comunicadores sociales alternativos que están cubriendo en tiempo real todo lo que ha ocurrido; a la primera línea jurídica. En fin, gracias a ese nuevo movimiento social que está apareciendo, que es a mi modo de ver el resultado más importante de toda esta manifestación y que muestra que viene un tiempo nuevo en Colombia, que muestra que están cambiando las cosas, y que tiene que mantenerse en eso: en la movilización pacífica organizada, en la perseverancia de esa movilización, en la formación, en la pedagogía, en crear nuevos liderazgos sociales y políticos, y también en la organización de la redes solidarias, de economía solidaria, de comunicación y de cultura que van a permitir el cambio político que cada vez más se está avizorando en el país.
Foto portada: Iván Cepeda Castro
Revista-Cien-Dias-vistos-por-Cinep-N°-102Katalina Vásquez Guzmán.
Periodista de la Universidad de Antioquia y Especialista en DD.HH. y DIH de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma universidad. Aspirante a Magister en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
