Por Rodrigo Ante Meneses
Este artículo tiene el propósito de presentar algunas ideas para pensar el papel de la mediación y el diálogo social, en el marco del actual paro nacional. Desde el Cinep /PPP se ha avanzado en la consolidación de un equipo y una estrategia de diálogo y mediación, por lo cual estas líneas también intentarán aportar a la identificación de posibles escenarios, donde los centros de pensamiento, las universidades y otras instancias de la sociedad civil pueden llegar a tener un papel importante.
Para que estas ideas tengan un soporte contextual, este análisis se apoyará en la identificación de algunos elementos, frente a lo ocurrido en el suroccidente colombiano, principalmente en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle del Cauca, haciendo un particular énfasis en la manera cómo se han venido transformando las estrategias y los repertorios de acción, tanto desde los sectores movilizados, como desde la institucionalidad pública.
Una mirada al contexto
El 28 de abril de 2021, en varias regiones del país se manifestaron expresiones masivas de protesta social, como respuesta a la reforma tributaria y a otras disposiciones legislativas impulsadas por el gobierno nacional. La jornada del 28 de abril partió de una consigna concreta: “tumbar la reforma tributaria”. Este lema unificado posibilitó la convergencia en las calles, de múltiples sectores de la sociedad, desde los sectores progresistas organizados, hasta diversas expresiones sociales no organizadas, pequeños empresarios, estudiantes, trabajadores informales, y una inmensa cantidad de jóvenes de sectores populares, asfixiados por la falta de oportunidades y por la profundización de la exclusión y la pobreza en los contextos urbanos. Las manifestaciones del 28 de abril se fueron transformando en un proceso permanente de movilización social que develó la dimensión de la crisis económica y social agudizada por la pandemia y el confinamiento1Para profundizar en algunas de las causas estructurales alrededor de la conflictividad social que se ha presentado en la ciudad de Cali, se recomienda revisar el trabajo realizado por el Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (CIDSE) de la Universidad del Valle: Pensar la Resistencia: mayo del 2021 Cali Colombia. https://bit.ly/3cgzWN4.
En el departamento del Valle del Cauca, se evidenciaron múltiples repertorios de la protesta social. Entre ello, marchas multitudinarias como las del 28 de abril, el 1 y el 28 de mayo, en las que diversos sectores de la ciudadanía caleña inundaron las calles de la ciudad; así mismo, se dio la consolidación de puntos permanentes de concentración o “puntos de resistencia” que, en los momentos más álgidos de la movilización social –entre la primera y segunda semana de mayo–, llegaron a sumar hasta nueve en la ciudad de Cali, y doce en las principales vías del Valle del Cauca (Duarte, 2021a).
Estos puntos de resistencia han sido los centros de la movilización social, lugares en los que confluyeron marchas multitudinarias, bloqueos, diversas expresiones artísticas y culturales, “ollas comunitarias”, asambleas populares; y, como es de amplio conocimiento, también fueron los sitios en los que se concentró la represión y el accionar de la fuerza pública como estrategia institucional para enfrentar las protestas y la movilización ciudadana. Al igual que fueron los lugares en los que, al amparo de la noche, civiles en camionetas blancas y motocicletas, dispararon indiscriminadamente en contra de los manifestantes.
Cali y el Valle de Cauca, concentran la mayor cantidad de víctimas y de denuncias por abusos y vulneración de derechos humanos en el marco del presente paro nacional, muchos de estos casos relacionados con el actuar de la fuerza pública.
44 de las 75 víctimas de violencia homicida en estos casi dos meses del paro, se han presentado en la ciudad de Cali (Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz – INDEPAZ), 13 de estas víctimas fueron reportadas entre la noche del 28 y la madrugada del 29 de mayo (El País), cuando se cumplía un mes del paro nacional. Ese mismo 28 de abril, civiles armados en la comuna 22 (sector de Ciudad Jardín), dispararon contra manifestantes bajo la presencia de miembros de la fuerza pública2Estos hechos ya se habían presentado el 9 de mayo, cuando personas de civil atacaron a miembros de la minga indígena en el sector de Ciudad Jardín, dejando un saldo de 8 comuneros indígenas heridos (El País, 2021).. Al caer la noche, el presidente Iván Duque emitía el decreto 575 por medio del cual ordenaba a gobernadores y alcaldes de 5 departamentos, levantar a la fuerza los puntos de bloqueo, incluyendo la participación del Ejercito bajo la figura de “asistencia militar”.
Una perspectiva territorial: la urgencia de avanzar en agendas y espacios de diálogo a nivel local
Desde una perspectiva de represión, la protesta social es interpretada como una alteración de la seguridad y por ende, el enfoque de tratamiento privilegiado es el militar, consideraciones que “demuestran la subordinación –desde la mirada del gobierno central– de lo político (el diálogo), al tratamiento policivo y de seguridad” (Duarte, 2021b).
Bajo esta perspectiva, se niega completamente el elemento primigenio para establecer cualquier escenario de diálogo: el reconocimiento de la otra parte –sectores movilizados–, como sujetos legítimos para la interlocución, ya que la lectura poco rigurosa de “vándalos”, los ubica inmediatamente en el escenario de la ilegalidad. Ante este panorama, y la decisión del comité del paro nacional de levantarse de la mesa, un escenario eficaz de diálogo con el gobierno nacional se hace cada vez más distante.
El cierre a la posibilidad de diálogo por parte del gobierno nacional termina cercando a los jóvenes y demás sectores movilizados en un escenario complejo: renunciar a su legítima protesta o enfrentar esta dura represión.

En este contexto, es perentorio que los esfuerzos por establecer mecanismos de diálogo se asuman y promuevan decididamente desde los ámbitos locales y regionales, no solo por la profundidad de la crisis social y económica en ciudades como Cali, sino como respuesta responsable ante la sistemática vulneración de derechos humanos en el marco de la movilización y por el riesgo que afrontan los jóvenes en los puntos de resistencia.
Así las cosas, lo dispuesto en el decreto distrital (034) en la ciudad de Cali3Decreto distrital 034 del 31 de mayo de 2021 por medio del cual: “se adoptan garantías para la construcción de acuerdos, se institucionaliza la mesa de diálogo en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali en el marco del paro nacional del 28 de abril de 2021 y se dictan otras disposiciones”, con todos los retos que tiene por delante4 Es innegable que existen limitaciones a la hora de aplicar estos procesos, dadas las orientaciones y medidas procedentes del gobierno nacional, que reducen la capacidad de gobernanza local y departamental., se constituye en una ruta clave por explorar en otras regiones del país. Esta medida parte de lo básico para iniciar un proceso de diálogo en esta coyuntura, reconocer institucionalmente la articulación de los diversos sectores movilizados (Unión de Resistencias Cali – URC5Espacio autónomo que articula diversas expresiones y vocerías de los diferentes puntos de resistencia que se consolidaron en la ciudad de Cali., como instancia legítima para avanzar en la construcción de acuerdos.
Los nuevos repertorios de movilización y el fortalecimiento de sujetos políticos
Los puntos de resistencia, desde su surgimiento, siempre contaron con una estructura para su organización y funcionamiento. Si bien en la opinión pública se ha evidenciado el papel de las “primeras líneas, el ejercicio de los puntos de resistencia también ha generado una red articulada de apoyo comunitario para garantizar la alimentación, la logística, la atención de los heridos y el seguimiento a la situación de derechos humanos.
En los primeros días, incluso semanas del paro nacional, la dinámica de los puntos de resistencia giró alrededor de la contención y la confrontación ante el tratamiento policial y militar de la protesta social. Con el transcurrir de los días, con los riesgos de pasar las noches en los puntos de resistencia, con la tensión que empezó a escalar con algunos sectores vecinales en las inmediaciones de los puntos de bloqueo, y la necesidad de avanzar en estrategias de cualificación política y de negociación, los espacios de coordinación se empezaron a transformar en escenarios de planificación estratégica, de debate político y de encuentro comunitario.
En definitiva, los espacios y repertorios fueron evolucionando ante el fortalecimiento de nuevos sujetos políticos, y la articulación de redes de apoyo a nivel comunitario. Las asambleas populares, las ollas comunitarias, los Comando de Atención Inmediata (CAI) de la policía convertidos en bibliotecas, terminan por reconfiguran los espacios de ciudad. Algunos debates en torno a los pasos a seguir: estrategias de comunicación y pedagogía, la definición de agendas y vocerías, la organización de las demandas, la representatividad en la interlocución con otros sectores, empezaron a incorporarse a la dinámica y a las reflexiones cotidianas en los puntos de resistencia.
Ante este escenario, resulta pertinente preguntarse por el papel de los centros de pensamiento, las universidades, y otros sectores que, desde la sociedad civil, apuestan al fortalecimiento de la democracia y a la búsqueda de alternativas dialogadas frente al conflicto social emergente. Por lo menos se identifican tres escenarios en los que resultaría importante la participación de estos actores:
- Sistematización de los procesos: volcar capacidades técnicas y metodológicas para analizar los repertorios y las demandas que surgen de manera dispersa, siendo clave encontrar puntos de articulación para identificar niveles de negociación (diferenciar entre elementos de una negociación nacional, de las demandas que pueden ser tramitadas a nivel regional y/o local), contribuir con información cualificada que facilite los procesos de interlocución e incidencia.
- Apoyo en el fortalecimiento de capacidades: Acompañar desde el enfoque en educación popular que promueven instituciones como el CINEP, respetando la autonomía de los procesos sociales emergentes. Así mismo, desde la perspectiva de la mediación, contribuir en el equilibrio de asimetrías para los procesos de diálogo y negociación.
- Identificación y trabajo con actores que pueden tender puentes: la distancia y la relación de confrontación que se ha marcado entre los sectores movilizados y la institucionalidad, hacen más que necesario la identificación de actores que puedan servir para tender puentes en aras de acercar a las partes.
En Cali, la labor realizada por la arquidiócesis de Cali ha sido clave para hallar coincidencias entre el gobierno local y ciertos sectores de los puntos de resistencia. De igual manera se resalta el papel ejercido por liderazgos específicos a nivel barrial como colectivos artísticos y juntas de acción comunal.
La necesidad de promover diálogos entre la sociedad civil
La reconfiguración de las dinámicas de participación de los sectores movilizados, sumada a la multiplicidad de actores y demandas, han hecho cuestionar los espacios tradicionales de negociación, discutiendo profundamente la idea de representación delegada e incluso, las bases de la democracia representativa. Se fortalecen los espacios deliberativos comunitarios alrededor de las “Asambleas Populares”, y se empiezan a consolidar propuestas alrededor de la promoción de cabildos ciudadanos; en otras palabras, hay una urgencia y una gran potencialidad para avanzar en procesos de construcción democrática desde abajo y de institucionalidad desde la sociedad civil.

Además de los escenarios para la construcción de consensos y propuestas desde los sectores movilizados, es necesario avanzar con la exploración o promoción de diálogos entre diferentes sectores de la sociedad civil.
Teniendo en cuenta la profundidad de la crisis social y económica que se manifiesta en ciudades como Cali, diálogos alrededor del acceso a educación formal, con universidades y actores del sector educativo; al igual que diálogos frente a la dinamización económica y la generación de empleo digno y con garantías, con el sector empresarial de la ciudad y de la región, son algunos de los diálogos entre miembros de la sociedad civil a nivel local en los que se puede avanzar, de manera paralela a las negociaciones con la institucionalidad.
¿Por dónde empezar?
En las circunstancias actuales es cada vez más profundo el nivel de desconfianza que tienen los sectores movilizados con la institucionalidad, esto en gran medida por el tratamiento violento y represivo que ha tenido la protesta social en el marco del paro nacional.
Esa profunda desconfianza, aunada a la complejidad de la crisis social y económica, y a la diversidad de sectores movilizados y de demandas estructurales, ponen en evidencia la dimensión del reto, al tratar de encontrar puntos de articulación que permitan iniciar procesos de diálogo con la institucionalidad.

La violencia desmedida y diferenciada, que se ha ensañado contra jóvenes de sectores populares que han sido parte activa del paro, se constituye en un punto trasversal de cualquier ejercicio de diálogo que se realice en estos momentos con la institucionalidad; incluso, debería ser el punto de partida ante el dolor colectivo, la indignación y la rabia que han emergido de manera contundente en ciudades como Cali. De esta manera, rutas como las establecidas al inicio del proceso de diálogo entre la Unión de Resistencias Cali y el gobierno distrital, podrían ser un punto de referencia para otras ciudades del Valle del Cauca y del país. Al respecto, vale la pena resaltar tres elementos:
- El reconocimiento institucional de la URC como escenario legítimo para el diálogo.
- El reconocimiento de la grave situación de derechos humanos generada en el marco del paro nacional, y la conformación de escenarios para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido en la ciudad.
- La construcción de garantías para la protesta social de los sectores que continúan movilizados.

Estos tres elementos son fundamentales, en aras de acercar a las partes, y ponen sobre la mesa la posibilidad concreta de iniciar una ruta y una estrategia de diálogo. El reto de ubicar los derechos humanos como punto de partida del proceso de diálogo, se debe materializar logrando que este enfoque sea el privilegiado para el tratamiento de la actual crisis. En la medida que esto conduzca al desescalonamiento de las violencias, podrán empezar a generarse las condiciones para otros diálogos y negociaciones que permitan encontrar rutas democráticas para afrontar este estallido social.
Bibliografía
Centro de Investigación y Documentación Socioeconómica (2021), Pensar la Resistencia: mayo del 2021. Cali Colombia. (Versión digital PDF). Recuperado de: https://bit.ly/3cgzWN4
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Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. Observatorio de DDHH, Conflictividades y Paz. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/cifras-de-la-violencia-en-el-marco-del-paro-nacional-2021/
Uprimy, R. (31 de mayo de 2021). Protesta, proporcionalidad y bloqueos. A propósito del decreto 575. Dejusticia. Recuperado de: https://www.dejusticia.org/column/protesta-proporcionalidad-y-bloqueos-a-proposito-del-decreto-575/
Foto portada: Bayron Jojoa
Revista-Cien-Dias-vistos-por-Cinep-N°-102Rodrigo Ante Meneses
Sociólogo de la Universidad del Valle, MA en Ciencias Sociales con énfasis en Estudios Socioambientales de la Flacso-Ecuador. Miembro del Equipo de mediación del Cinep / PPP e investigador de la línea de conflicto y paz.
rante@cinep.org.co