Derechos humanos

Frontera y conflicto armado: Una mirada desde las mujeres del Catatumbo

EDICIÓN 100 JUN- DIC 2020

Por Alba Luz Trigos G y Juan Batero P.

Las dinámicas de violencia de género en el Catatumbo se han transformado por las medidas de aislamiento limitando el seguimiento a los derechos de las mujeres, la trata de personas, el tráfico de migrantes y, particularmente, la explotación sexual, que se asocian a su carácter fronterizo y a la influencia de grupos armados ilegales. Las redes de explotación sexual han vinculado a niñas y mujeres colombianas y venezolanas, lo que representa un riesgo mayor en el contexto actual, sobre todo en la frontera colombo-venezolana de los municipios de Villa del Rosario, Puerto Santander y Cúcuta, así como en la frontera con Panamá, en los municipios de Turbo y Necoclí. 

1Fuente: Plan de Desarrollo 2020-2023 Más por Ocaña. Tomado de la Alerta Temprana 034 de la Defensoría del Pueblo

En la pandemia no ha dejado de operar el narcotráfico; también el uso de las niñas y mujeres colombianas y venezolanas se ha incrementado con fines de sexo por trabajo, reclutamiento, el uso en  labores que comprometen sus vidas, su integridad y la de sus familias. Las lideresas del Catatumbo coinciden en que persisten las limitaciones en el acceso a rutas de atención para mujeres víctimas del conflicto armado y de las violencias basadas en género. Los problemas que existían antes de la Covid-19, se muestran con mayor profundidad: entre otros, se han presentado dos feminicidios en el municipio de El tarra, sin ningún tipo de respuesta a estos hechos, lo cual ha profundizado la desinformación, la desconfianza en las instituciones y el miedo a la denuncia. Si bien se han activado líneas de atención, las medidas de aislamiento han limitado el acceso de las mujeres al trabajo para obtener ingreso familiar, a sus redes comunitarias o familiares de apoyo, y han sumado un mayor temor a denunciar.

Las radios comunitarias y redes sociales han facilitado las visibilización de casos, para prevenir estas violencias y difundir información.

En cuanto a los efectos que la covid-19 ha generado para las mujeres en la región del Catatumbo, sobresalen desigualdades en el reconocimiento de sus derechos. Hasta ahora, se ha evidenciado que las mujeres son las más golpeadas por el incremento en las labores de cuidado, violencias basadas en género y barreras de acceso a la justicia, educación, salud sexual y reproductiva. También, están siendo particularmente afectadas en términos de su generación de ingresos.

Las mujeres víctimas de violencia, perciben en las lideresas un puente confiable para su protección y para acceder a canales institucionales de denuncia. En esto, resulta clave la articulación entre las entidades públicas que componen la ruta de atención y los procesos organizativos de mujeres, como lo es, Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo.

En el Catatumbo, la atención de organismos humanitarios e institucionalidad nacional y regional se encuentra limitada por la continuidad de acciones armadas, lo que aumenta los riesgos de protección y dificulta el seguimiento a las violencias en contra de ellas. Las mujeres de veredas más lejanas, no tienen información sobre el pico y cédula y otras medidas, y eso ha generado temor por una posible crisis alimentaria y económica. Tampoco hay claridad sobre el tipo de ayudas o auxilios a los que pueden acceder. Estas condiciones se agudizan para aquellas que habitan en la ruralidad dispersa.

Venezuela. Foto del Consejo Noruego para Refugiados.

Las mujeres rurales vinculadas a iniciativas productivas prevén afectaciones sobre las cadenas regionales de comercialización, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria. Hay un incremento en los precios de los productos de la canasta familiar y dificultades para la comercialización. En el Catatumbo, el cierre del comercio local ha impactado las economías familiares, por lo que las asociaciones de mujeres han propuesto impulsar huertas caseras.

La gestión de los líderes y lideresas sociales ha sido clave para identificar las necesidades humanitarias. En el Catatumbo, las Juntas de Acción Comunal han creado controles sanitarios a modo de prevención. Los líderes han impulsado la gestión de ayudas humanitarias e identificación de necesidades sanitarias. Esto conlleva, sin embargo, que asuman mayores riesgos asociados a brechas de género y a la influencia de los grupos armados que han aprovechado la emergencia sanitaria para fortalecer su control territorial. En el caso de las lideresas, los roles asumidos, sumados a las responsabilidades que ya tienen por sus liderazgos y al incremento en las labores de cuidado de sus familiares, pueden ocasionar sobrecargas que limiten sus posibilidades de generación de ingresos y su resiliencia económica en el mediano y largo plazo. Así mismo, se evidencia la necesidad del acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, como una manera de generar arraigo y posibilitar las apuestas productivas de la mujer rural. 

Además de la preocupación por la limitada capacidad local para contener el virus, en el Catatumbo se han generado conflictos sociales por cuenta de la erradicación de cultivos de uso ilícito. Si bien el Ejército detuvo las operaciones de erradicación forzada temporalmente, particularmente en el municipio de Sardinata, este tema sigue generando preocupación y tensión entre las comunidades, la Fuerza Pública y el Gobierno Nacional.

Una vez expuesta la dinámica social es necesario identificar a los actores armados en el municipio de Ocaña. Al respecto se identifican sectores geográficos que pueden definirse como particularmente sensibles, en razón de la reiterada ocurrencia de acciones violentas y de amenaza que registran; por lo tanto, es posible que se requieran  esfuerzos de seguridad humana más consistentes y sostenidos en el tiempo, así como la autodeterminación de las organizaciones sociales, acompañadas de entidades internacionales, en aras de prevenir posibles violaciones a los Derechos Humanos de género e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. También se  han evidenciado algunos escenarios de guerra que han generado una mayor complejidad en la afectación de derechos humanos.

  1. La reactivación de la disputa entre el ELN y el EPL, con una influencia mayor de las disidencias de las FARC.
  2. El aumento de la violencia y la reconfiguración de las alianzas y disputas en los municipios del Catatumbo y la zona de frontera de Cúcuta, Villa del Rosario y Puerto Santander.
  3. El aumento del impacto humanitario en la población colombiana y venezolana, enmarcado en un contexto de alta volatilidad, dada la regulación que ejercen los grupos armados ilegales y las fracciones del crimen organizado.
  4. La ruptura del tejido social y la afectación de los procesos organizativos debido a las agresiones contra líderes sociales, las amenazas, los desplazamientos.
  5. El deterioro de las condiciones de seguridad humana, necesarias para la implementación del PDET y la puesta en marcha de su “Hoja de Ruta” con fines de consolidación.
  6. La confrontación armada, los temas de frontera y la migración, son las principales dinámicas que influyen en la situación humanitaria.
  7. El feminicidio, que en su mayoría es ocasionado por parejas y exparejas de las víctimas. 
  8. El desconocimiento del Enfoque de Derechos Humanos y del Enfoque de género en las apuestas públicas para el territorio del Norte de Santander.
  9. El difícil acceso a la justicia de las mujeres rurales, haciendo notar en tal sentido que  la población rural es el 72,27  % de la población del departamento, y se encuentra ubicada específicamente en la región del Catatumbo.
Mujeres en la frontera oriental de Colombia
Foto: Víctor de Currea-Lugo.

La recomendación es que el Catatumbo necesita de inversión social, del cierre de brechas económicas, pero también necesita empoderar a las personas frente a la realidad, especialmente en los Derechos Humanos y el enfoque de género, ya que son las mujeres las que han puesto  esposos e hijos en la guerra. La comunidad está dispuesta a fomentar el diálogo, y en estos momentos se debe  reflexionar sobre lo que persiste, no solamente desde la consecuencia, porque debemos seguir reparando, a medida que se vaya conociendo la verdad y las causas de lo que conlleva solicitar al Estado colombiano que escuche a los  actores  presentes en el territorio y a las víctimas,  para así lograr una edificación  total de la paz, ya que la mejor forma de acabar con el conflicto siempre debe ser el diálogo.     

A manera de conclusión, ya es la hora de las mujeres, afros, indígenas y campesinas, ya que son  ellas las encargadas de la paz local territorial; es hora de decir adiós al odio y a la venganza para que en su lugar lleguen la inversión social y la justicia reclamada por las mujeres, es hora de que llegue la paz estable y duradera. Se puede salir de esta problemática que afronta el Catatumbo, especialmente en la violencia de género; tenemos todo para hacerlo y ser felices;  llegó el tiempo en que las madres puedan educar a sus hijos como amigos y que no se críen como enemigos en un entorno de guerra y de violencia intrafamiliar.

Bibliografía

Sisma Mujer (2020). “Comportamiento de las violencias contra las mujeres en el marco de la pandemia del COVID 19 en Colombia”. 

ONU Mujeres (2020). “Dimensiones de Género en la crisis del COVID19 en Colombia: Impactos e implicaciones son diferentes para mujeres y hombres”.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2018). “Encuesta de acceso, uso y apropiación de las TIC por parte de las mujeres en Colombia”.

Defensoría del Pueblo (2020). “SAT 034”, agosto 4.

Foto portada: Venezuela. Foto: Ocha.

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Alba Luz Trigos G.

Administradora de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Especialista en DDHH y Cátedra de Paz de la UIS. Docente del Departamento de Humanidades de las Unidades Tecnológicas de Santander. Fundadora y coordinadora de la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo. 

Juan Batero P.

Abogado, Universidad Santiago de Cali. Estudios avanzados en DD.HH., American University, Washington, College of Law. Consultor de la Red de Mujeres Comunitarias del Catatumbo para el Informe ante la JEP. 

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