Por Mauricio García Durán S.J.
Los colombianos/as vivimos una profunda paradoja: no obstante los esfuerzos por avanzar como sociedad, incluidos los múltiples acuerdos de paz y desmovilización realizados en los últimos 30 años en el país, hoy nos encontramos en serio peligro de reactivar el conflicto armado, que llegó a su menor expresión a finales de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP, pero que viene creciendo de forma importante en los últimos 4 años con claras afectaciones a la población civil y a los firmantes de paz, como se ha visto en los asesinatos de líderes-as sociales y de militantes de las FARC.
Colombia puede volver a activar de manera seria el conflicto armado que nos ha tomado tanto tiempo negociar. Una paz sostenible no parece estar a la vuelta de la esquina en nuestro caso, antes bien, parece haber un déficit de dinámicas de reconciliación que nos permitan sanar las múltiples heridas del conflicto, y acercar positivamente a una sociedad cada vez mas polarizada entre la guerra y la paz. En esta coyuntura, donde hasta la paz colombiana se mezcló en la campaña presidencial norteamericana, necesitamos tomar consciencia de los retos que enfrentamos al vivir el riesgo de asomarnos de nuevo al abismo de un conflicto desbordado, degradado y destructivo para la democracia y los derechos humanos. Es importante considerar entonces, los retos que se plantean al país para avanzar en la paz y reconciliación que todos anhelamos.
Los retos de una paz parcelada
El primer reto surge de las implicaciones que ha tenido y tiene para el país, la negociación de paces parceladas, que, desactivando algunos factores de violencia, nunca han logrado terminar con expresiones importantes de la misma, con lo cual se mantiene la dinámica de un conflicto armado de mediana y alta intensidad. Ello ha implicado que desde 1990, hemos tenido dinámicas de post-Acuerdo y desmovilización de combatientes con muy diversos grupos armados (M-19, EPL, PRT, Movimiento Armado Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista), lo cual ha permitido poner algunos ladrillos en la construcción de la paz, pero sin que nunca se haya podido consolidar de manera sostenida, y sin la perturbación de la continuidad de la violencia, una paz imperfecta que nos permita reconstruir una convivencia nacional, garantizar el avance hacia niveles de convivencia y democracia que nos permitan hacer frente a algunos de los problemas estructurales subyacentes al conflicto.
Sin embargo, esos acuerdos parcelados de paz nunca han logrado desactivar actores y factores importantes del conflicto armado y la violencia. Los acuerdos de paz de los noventa –que trajeron aires de esperanza y contribuyeron a abrir el camino a una nueva Constitución—, dejaron activos los grupos guerrilleros mayoritarios (FARC-EP y ELN), quienes siguieron en su dinámica de lucha armada llegando al nivel más alto de la confrontación armada, como lo vimos entre el 2000 y el 2002. Mientras se negociaba la paz en la zona de despeje del Caguán, la confrontación en el resto del país alcanzó los mayores niveles contemporáneos. A esto se sumaba el creciente rol de los grupos paramilitares, que en esos años adelantaron lo que Daniel Pécaut llamó acertadamente una “guerra contra la sociedad”. No en vano, el 85% de las víctimas de esta guerra de más de 50 años fueron civiles.
Por otro lado, los esfuerzos del gobierno de Álvaro Uribe para desmovilizar los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 fueron una apuesta en gran medida fallida, que no condujo al real y completo desmonte de sus estructuras paramilitares. No obstante la desmovilización, según cifras oficiales, de más de 30.000 paramilitares y la extradición de algunos de sus jefes a Estados Unidos, lo que se pudo constatar en muchos de los territorios es que algunas de estas estructuras siguieron operando con nuevos nombres, menos politizadas, y ciertamente vinculadas a las dinámicas crecientes de las economías ilegales, particularmente narcotráfico, minería ilegal y contrabando, este último ante todo en las zonas fronterizas.
Pero este vínculo con dinámicas de economía ilegal no es patrimonio exclusivo de los grupos que emergieron de la desmovilización fallida de los paramilitares. También están vinculados los grupos guerrilleros, ya sea que no hayan negociado un Acuerdo de Paz, como el ELN, o que se configuran como disidencias activas de grupos desmovilizados, como aquella del EPL (conocidos como los “Pelusos”) que se mantiene desde los noventa, o la más reciente de las FARC-EP, tanto de los que no entraron en la negociación, como de quienes sí, y luego se reincorporaron a la acción armada en diversos lugares del territorio nacional.
No se puede desconocer la importancia de la negociación con las FARC-EP que se desarrolló durante el Gobierno del presidente Santos, dado el peso que este grupo tenía en la confrontación armada y en el número de combatientes involucrados. A pesar de ello, no pudo escapar a ser una paz parcelada, ya que no incorporó en la negociación al ELN, y en virtud de las disidencias del proceso de paz que se dieron, tanto antes de firmar el acuerdo de paz, como después de ello. Esta condición de paz parcelada se incrementó por la incapacidad del Estado y sus Fuerzas Armadas de alcanzar un control efectivo de los amplios territorios desalojados por las FARC-EP, lo cual conllevó que los grupos armados ilegales existentes, tanto surgidos de la desmovilización paramilitar, como de las guerrillas, se hayan tranzado en una disputa por el control del territorio y de las economías ilegales que se desarrollan en los mismos.
La aplicación limitada de los acuerdos de paz no ha hecho sino reforzar lógica perversa de lo que puede conllevar una paz parcelada.
Un modelo de paz que no hace frente a la polarización
Un segundo reto surge del modelo de negociación de paz utilizado, el cual no ha incorporado una estrategia clara para hacer frente a la división y polarización que se ha generado en el país, luego de un conflicto prolongado por más de 50 años y altamente degradado, que ha afectado de forma directa como víctimas, al menos al 15% de su población, y de forma indirecta, prácticamente a toda Colombia, afectada por las consecuencias del conflicto en la vida social y económica del país.
No se puede olvidar que dicha división y polarización, surge en la época del proceso de paz con las FARC-EP, en el Caguán, entre 1998 y 2002. Antes de ello, hubo en el país una opinión pública mayoritariamente favorable a la paz, como se reflejó en los 10 millones de votos del Mandato por la Paz, en las elecciones de 1997. Incluso sectores hoy opuestos a consolidar una paz estable y duradera apoyaron medidas para estructurar los acuerdos de paz que se firmaron en los años noventa. Un ejemplo emblemático de ello fue el apoyo incluso de líderes como Álvaro Uribe, quien en 1990 da su voto positivo a la amnistía para el M-19, respaldando los mecanismos de justicia transicional hacia la paz que se aprobaron en ese momento.
Ahora bien, es necesario tener presente que la división y polarización que se genera entre 1998 y 2002, es producto de la improvisación del gobierno Pastrana y de la irresponsabilidad de las FARC-EP, al incrementar la confrontación armada en plena negociación de paz. Lo primero, porque la administración Pastrana no desarrolló un modelo de negociación con posibilidades de éxito; antes bien, entregó 42.000 Km2 como zona de despeje de la presencia de la fuerza pública, a fin de negociar sin poner condiciones que permitieran monitorear de manera efectiva el compromiso de las FARC-EP. Pero igual o mayor responsabilidad le cabe a las FARC-EP, quienes al tomar la decisión político-militar de utilizar la zona del despeje para sus objetivos de guerra, e incrementar el conflicto armado a los mayores niveles de la historia contemporánea, de Colombia hicieron que el país perdiera la credibilidad en una apuesta por la paz, y pasara a dar su apoyo a una política guerrerista y de mano dura (“pulso firme” decía el slogan de la campaña de Uribe), como pudo verse en la elección como presidente en primera vuelta de Álvaro Uribe Vélez en 2002. Los 8 años de gobierno de Uribe incrementaron esta división y polarización en torno a las salidas pertinentes para el conflicto armado.
El gobierno de Juan Manuel Santos se le volvió a medir a la negociación de paz con las FARC- EP y lo hizo articulando un modelo de negociación que aprendió de otros procesos de paz, tanto a nivel interno como a nivel internacional, lo que permitió avanzar en el proceso de negociación de manera clara, precisando los ámbitos de lo que era posible negociar. El acuerdo alcanzado en el 2016 es resultado de ello. Sin embargo, es necesario reconocer que dicho modelo tuvo un punto ciego que está teniendo implicaciones serias para avanzar hacia una paz sólida y sostenible. El modelo de negociación no incluyó como variable fundamental en el proceso, la necesidad de hacer frente a la división y polarización que se estaba viviendo ante los caminos para superar el conflicto armado que desgarraba el país. El triunfo del “NO” en el plebiscito para aprobar el acuerdo de paz, fue la expresión más clara de la incapacidad del gobierno Santos para tener en el horizonte de la construcción de paz, dicha dinámica.
Con el triunfo de Iván Duque como presidente en el 2018 (el candidato que “dijo Uribe) esta división y polarización se incrementa poniendo en riesgo, como se ha visto en estos dos años, el avance hacia una paz sólida y sostenida. El primer año legislativo del gobierno Duque se perdió tratando de cambiar el acuerdo de paz firmado con las FARC-EP, lo cual no logró, a pesar de la presión de su partido, el Centro Democrático. El resultado fue una aplicación bastante limitada de los Acuerdos de Paz, y un esfuerzo por deslegitimar los mecanismos de la justicia transicional pactados, eje central de los Acuerdos. Tanto la Justicia Especial para la Paz (JEP), como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), se han visto sometidas a los más diversos ataques, que buscan desprestigiarlas y hacer inefectiva su aplicación. No en vano, una de las obsesiones de Álvaro Uribe y del Centro Democrático sigue siendo acabar con la JEP (como se plantea en la propuesta a discutir con su partido y otros actores políticos en la reforma de la justicia y el referendo para derogar la JEP), de modo que puedan “hacer trizas” los Acuerdos de Paz. A esto se suma la incapacidad de las Fuerzas Armadas de hacer un efectivo control territorial de las zonas en que las FARC-EP dejaron de hacer presencia. Y lo más complejo en esta perspectiva es que incrementar la división y polarización se torna en un instrumento crucial para el Centro Democrático, con miras a mantenerse en el poder en el 2022.
Una reconciliación parcial y recortada
El tercer reto que ha enfrentado la construcción de una paz durable y sostenible ha sido la incapacidad que como país hemos mostrado, para poner en marcha una política integral de reconciliación, que nos permita sanar las heridas que dejó el conflicto y retejer los lazos sociales y la interacción positiva entre todos los connacionales.
Al quedar atrapados en la dinámica perversa de los que están a favor o en contra de los Acuerdos de Paz, no hemos tenido la oportunidad de dar un paso más, que nos permita consolidar el camino hacia una paz sostenible, y así prevenir la reactivación destructiva del conflicto armado.
Hay consenso a nivel internacional, en el sentido de que la reconciliación tiene unos componentes principales (verdad, justicia, reparación y sanación de las heridas), y otros componentes complementarios (condiciones de desarrollo económico, instituciones políticas que garanticen seguridad y ejercicio de la ciudadanía, una cultura de paz convivencia y no-violencia, experiencias posibles de perdón). Estos componentes de una estrategia de reconciliación sólo se han desarrollado de manera muy parcial en el caso colombiano; tampoco han sido asumidos como una política pública por parte del actual gobierno, que no muestra mucho interés en consolidar los acuerdos de paz con las FARC-EP y avanzar en la construcción de una paz durable y sostenible.
En cuanto a la verdad, la justicia y la reparación, hay que tener presente que están involucrados en el esquema de justicia transicional que se negoció en los acuerdos, punto 5 de los mismos, es decir, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), conformado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las Medidas de Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado, y los Compromisos y Garantías en Derechos Humanos. Aunque el SIVJRNR ha entrado a operar, y muestra avances importantes de resaltar, ha sido sometido a grandes presiones, controversias y obstáculos. De ahí que sus logros sean hasta el momento limitados, no obstante, tengan mayores avances que otros de los puntos pactados en el acuerdo de paz. La capacidad para avanzar en los mismos es una condición sine qua non para poder consolidar lo pactado en los acuerdos de paz, y abrir alternativas para avanzar hacia una reconciliación efectiva, que garantice no sólo la coexistencia entre antiguos enemigos, sino que permita construir condiciones positivas de convivencia que permitan reconstruir la confianza y credibilidad en los otros, y abran la puerta a niveles de interacción justos y democráticos.
En cuanto a la sanación de las heridas, es uno de los retos más grandes para hacer realidad una dinámica de reconciliación de la sociedad colombiana. Ha habido diversas iniciativas a este nivel, más de carácter social que estatal. No es clara la estrategia del Gobierno para convertir en política pública esta dimensión crucial de la reconciliación.
Se pueden percibir acciones por parte de organizaciones humanitarias y de las ONG, organizaciones de las iglesias, cooperación internacional y organizaciones sociales. Esto ha permitido desarrollar en parte este componente de la reconciliación, pero dado que existen más de 8 millones de víctimas en el país, se requiere hacer mucho más en este sentido para que la sanación de las heridas sea efectiva, y permita que las víctimas superen esa condición y se transformen en ciudadanos/as capaces de ser actores comprometidos/as en la construcción de una paz sostenible y justa en Colombia. Algunas iniciativas encaminadas a crear condiciones para el perdón han abierto espacios que ayudan a la sanación de las heridas, pero tienen el riesgo de presionar los procesos de perdón en las víctimas, como una condición de la reconciliación, algo contrario al libre ejercicio de su autonomía.
En cuanto a generar condiciones económicas, políticas y culturales que consoliden las dinámicas de reconciliación nacional, no se percibe que haya una estrategia estatal clara y consistente en estos componentes. A nivel económico, hay limitaciones en los procesos de reparación a las víctimas y en el apoyo al proceso de reinserción de los desmovilizados de la guerrilla, particularmente en el avance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El avance en el punto uno del acuerdo con las FARC relacionado con una Reforma Rural Integral es bastante limitado, máxime este año de 2020 con la pandemia del COVID 19. A nivel político, se perciben serias dificultades por cuanto la seguridad y el ejercicio efectivo de la ciudadanía, dado el incremento de la violencia que ha llevado al creciente asesinato de líderes sociales y de desmovilizados de la guerrilla (en cuatro años, 236 desmovilizados de las FARC han sido asesinados). A nivel cultural, no es claro el avance en una cultura de paz y no-violencia que haga frente a la violencia y la confrontación que han permeado la vida diaria de la sociedad colombiana, resultado de más de 50 años de conflicto.
Ojalá como país, tengamos la capacidad de hacer frente a los tres retos mencionados, y construyamos los consensos mínimos necesarios para hacer realidad la paz que todos deseamos y necesitamos para consolidar una Colombia justa y democrática: que podamos hacer frente a las paces parceladas que hemos negociado y contar con estrategias claras para el control de todos los factores de violencia; que podamos enfrentar la polarización que ha marcado al país, como resultado del conflicto, y así crear condiciones de convivencia armónica y de tramitación justa y no-violenta de los conflictos que tiene toda sociedad; que podamos desplegar una estrategia de reconciliación integral en el país, que nos permita sanar las heridas de la guerra y crear condiciones para el encuentro positivo de todos los colombianos/as, y lograr el objetivo de ser capaces de hacer realidad una paz justa y sostenible.
Bibliografía
Mauricio García Durán (2018). “La reconciliación: reto ético y político en el contexto colombiano”, en Controversia, No. 211.
CINEP/CERAC (2020). “Séptimo Informe de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional (STCVI) del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. Septiembre 22.
Foto portada: Comisión de la Verdad.
Mauricio García Durán, S.J.
Politólogo y teólogo, con maestría en Filosofía y doctorado en Estudios de Paz. Se ha dedicado 34 años a investigar y acompañar procesos en las áreas de conflicto armado, negociaciones de paz, movilización por la paz, reconciliación y movilidad humana (desplazamiento forzado, migración y refugio). Ha publicado 11 libros y 82 artículos sobre los temas mencionados. Fue director del Cinep/PPP y director del Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) en Colombia y en América Latina.
