Del dicho al hecho, de las palabras al bombardeo. El giro en las estrategias de seguridad

EDICIÓN 112 SEP-DIC 2024

En Colombia, la seguridad ha sido históricamente entendida desde un enfoque de confrontación armada y control territorial, marcando las políticas de los sucesivos gobiernos. Sin embargo, la llegada del Gobierno del Cambio, liderado por Gustavo Petro, buscó redefinir este paradigma mediante una propuesta centrada en la seguridad humana, la prevención de la violencia y la protección de los derechos humanos. Este enfoque se plasmó en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026”, que establece como propósito fundamental la protección de la vida y la construcción de entornos seguros, priorizando a las víctimas de la violencia.

En agosto de 2022, en línea con la política de “Paz Total”, el Gobierno de Gustavo Petro eliminó los bombardeos a campamentos con presencia de menores, buscando desmilitarizar las estrategias de seguridad. Sin embargo, ante el incremento de la violencia por parte de las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, el 24 de octubre de 2024 se ordenó retomar estas acciones, generando una fuerte polarización. Mientras algunos respaldaron la medida como respuesta necesaria, otros la vieron como un retroceso que cuestiona la coherencia del gobierno con su discurso de paz, evidenciando los desafíos de equilibrar ideales y realidades del conflicto armado

Esta nueva directriz en el marco de la política de seguridad ha suscitado reacciones polarizadas en diversos sectores, incluidos medios de comunicación, parlamentarios, la oposición y la opinión pública. Mientras algunos respaldan la medida, otros la critican, contribuyendo a una percepción social de una administración presidida por decisiones inconsistentes. Estas reacciones se suman a otras críticas que han surgido sobre el gobierno, amplificando la percepción de inestabilidad en la gestión del presidente.

De modo que, frente a un gobierno que representa un cambio ideológico en contraste con la postura históricamente hegemónica, es fundamental no solo analizar el abordaje del conflicto armado interno y los múltiples intentos de paz, sino también observar cómo las diferentes posturas, en especial de los medios de comunicación, moldean una opinión pública sobre las acciones gubernamentales y la manera en la construyen una percepción generalizada del gobierno —ya sea favorable o desfavorable, dentro de límites aceptables o percibida como excesiva— en relación con su estilo de gobernanza y gestión de conflicto.

Por esta razón, desde el archivo de prensa del Cinep/PPP, realizamos este análisis comparativo sobre el tratamiento mediático de los bombardeos ocurridos durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. Examinaremos cómo los medios de comunicación gestionaron y difundieron la información en ambos periodos, explorando las narrativas y opiniones que se generaron en torno a estos eventos, con el fin de identificar y exponer las diferencias en la cobertura y la percepción pública de las estrategias de gestión del conflicto bajo cada administración.

Bombardeos realizados durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022)

En contraste con la política de seguridad y defensa del actual gobierno, la Política Nacional de Defensa y Seguridad (PND) del gobierno de Iván Duque fue diseñada en función de los pilares de su política gubernamental, que se centraron en la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Así, la PND buscaba establecer un binomio entre la legalidad y la seguridad, por un lado, y el emprendimiento y la equidad por el otro, con el objetivo de fortalecer la legitimidad estatal, el régimen democrático y la protección de los derechos humanos.

En términos de seguridad y defensa, y en relación con el contexto violento que atravesaba el país, para implementar esta política se establecieron siete objetivos y siete principios fundamentales. Entre estos, se destacaron la disuasión para la defensa y la seguridad, el fortalecimiento de las capacidades militares de defensa para la disuasión, la realización de misiones de paz y el mantenimiento de la cooperación internacional, todo ello respetando los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario[1].

Sin embargo, durante el primer año de mandato, los bombardeos y los combates contra los Grupos Armados Organizados se mantuvieron, llegando a un total de 114 acciones militares en el 2018. Y a pesar de que la política y sus principios de seguridad contemplaban la disuasión y el respeto por los derechos humanos, las respuestas del gobierno fueron en su mayoría reactivas y contundentes contra estos grupos. Por ejemplo, a tan solo cuatro meses de haberse iniciado el periodo presidencial, se conoció, a través de los medios de comunicación, que, en una operación militar contra el Clan del Golfo, murió un menor de edad, por efecto de un bombardeo en el municipio de San José de Uré en Córdoba el 03 de diciembre de 2018 (El Heraldo, 2018)

Aunque este suceso no generó controversia ni atrajo la atención de los medios en su momento, un hecho similar si desató posteriormente una intensa reacción sobre la estrategia bélica del gobierno de Iván Duque. El 6 de noviembre de 2019, durante una moción de censura en el Congreso contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el senador Roy Barreras denunció que las Fuerzas Militares habían ocultado la muerte de varios niños en un bombardeo realizado entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre en Caquetá, dirigido contra las disidencias de las FARC.

Es importante señalar que esta noticia fue especialmente mediática en septiembre de ese año, ya que, en el marco de esta operación, se dio de baja a ‘Gildardo El Cucho’, un importante cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual (GAO-r) por lo que el presidente celebró este hecho como un gran triunfo, destacando que era el resultado de una de las estrategias propuestas por él y el Ministro de Defensa para enfrentar a estos grupos: “Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos” y calificando esta operación de “labor estratégica, meticulosa e impecable” (Vanguardia Liberal, 2019).

Pero no fue sino hasta la denuncia, tres meses después de haberse ejecutado el bombardeo, que se inició un álgido debate en la esfera pública por la gravedad de los hechos al implicar la muerte de los niños, y sobre temas como el uso justificado de los bombardeos, la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el reclutamiento infantil. Las columnas de opinión se llenaron de reflexiones y cuestionamientos, lo que obligó a los gobernantes, ministros, senadores y demás miembros del gobierno a pronunciarse públicamente sobre este incidente.

Aunque el Plan Nacional de Defensa no especificaba explícitamente cómo se abordarían los grupos al margen de la ley, la respuesta militar durante el mandato del presidente Iván Duque fue contundente. Este bombardeo, en particular, no generó atención mediática por ser inconsistente con la política de seguridad, sino por su impacto en la intensificación de la guerra, y el ocultamiento de los hechos. Esto finalmente condujo a una moción de censura contra el ministro de Defensa debido a sus actuaciones y su posterior renuncia.

Los medios de comunicación reaccionaron con dureza tras la revelación de detalles sobre el bombardeo, señalando las graves implicaciones de las nuevas denuncias sobre la muerte de civiles a manos de la Fuerza Pública. Algunas publicaciones destacaron que esta situación, sumada al creciente rechazo de congresistas, podía poner en riesgo la continuidad del ministro de Defensa en su cargo (El Colombiano, 2019). Así mismo, las críticas hacia el ministro fueron tajantes, con voces que subrayaban cómo su gestión minaba la confianza en las Fuerzas Militares. Comentarios como «un ministro que miente hace que se pierda la confianza en las Fuerzas Militares» (2019) reflejaba la indignación generalizada, no solo en los círculos políticos, sino también entre la ciudadanía.

El panorama se complicó aún más cuando el presidente y otros líderes de opinión del gobierno salieron en defensa de las acciones militares. En sus declaraciones, minimizaron la gravedad de las muertes civiles y justificaron la operación como una medida legítima en el marco de la lucha contra los grupos armados ilegales. Este intento de exculpación no solo avivó las críticas, sino que también reforzó la percepción de insensibilidad frente a las víctimas, intensificando la polémica alrededor de la administración gubernamental.

Por ejemplo, en respuesta a esas acusaciones, el ministro de Defensa declaró, tanto en el Congreso durante la moción de censura como en los medios de comunicación, que el operativo se había realizado bajo los lineamientos del Derecho Internacional Humanitario y alegó que «si hubo menores en ese lugar, las responsables son las disidencias» (Vanguardia Liberal, 6 de noviembre de 2019), deslindando así al Estado de toda responsabilidad en los hechos.

Así mismo, el diario El País publicó una editorial que respaldó la justificación oficial, argumentando que, en este caso, “por desgracia, varios de los integrantes de seguridad de alias Cucho eran menores de edad” (Lloreda, 2019). Además, el texto hacía una salvedad al afirmar que “un ser humano a los 16 y 17 años es perfectamente consciente de sus actos y responsable por los mismos”. Según el editorial, varios de los combatientes abatidos ese día estaban en ese rango de edad, por lo que, a su juicio, “no se pueden considerar niños”.

El diario reforzó esta posición al señalar que la responsabilidad por la muerte de los menores recaía únicamente en dos posibles actores: “o los propios menores de edad que se enrolaron voluntariamente, o alias Cucho, que, según los familiares de los fallecidos, obligó a estos a irse con él” (Lloreda, 2019). Este enfoque parecía eximir a la Fuerza Pública de cualquier responsabilidad, alineándose con los argumentos previamente expuestos por el ministro de Defensa.

Frente a estas declaraciones del ministro y demás alegatos en su defensa, se empezó a formar una opinión pública sobre el manejo de las acciones militares, e inmediatamente empezaron a surgir manifestaciones públicas en los medios de comunicación argumentando que, si bien el grupo armado era el responsable de los reclutamientos, el Estado era quien debía de velar por los niños, como lo mencionó el diario El Colombiano (7 de noviembre de 2019).Aunque, contrariamente,diarios como El Heraldo y El Nuevo Siglo, desviaron la responsabilidad señalando estos hechos bélicos como un «Error de Inteligencia» (2019). Pese a esta polarización sobre la responsabilidad, varios diarios empezaron a expresar la necesidad de un cambio en la política de defensa, un cambio en la ejecución de las acciones militares y una mejor reconfiguración en la gobernabilidad del presidente (El Tiempo, 7 de noviembre de 2019).

En respuesta a estas publicaciones, el presidente Duque defendió su política de seguridad, condenando el reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos armados ilegales, a quienes acusó de utilizarlos como escudos humanos. No obstante, evitó lamentar los bombardeos registrados hasta ese momento que resultaron en la muerte de niños y adolescentes (Vanguardia Liberal, 7 de noviembre de 2019).

Posteriormente, el presidente dirigió sus esfuerzos a seleccionar un ministro de Defensa que estuviera alineado con su propuesta de mejorar su política de defensa y seguridad. Durante este proceso, la prensa enfatizó la importancia de que la elección reflejara sensatez y capacidad para enfrentar los retos del momento. Finalmente, el 13 de noviembre de ese mismo año, se nombró a un ministro que no solo contaba con el respaldo del gobierno, sino también con la aprobación de la opinión mediática predominante.

De todas formas, la implementación de su nueva política integral de defensa y seguridad, y el cambio de la doctrina militar que buscaba alinear el uso de la fuerza con el respeto a las normas de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, no alcanzó los resultados esperados. El 3 de marzo de 2021, se llevó a cabo otro bombardeo contra las disidencias de las FARC, esta vez en el departamento del Guaviare, donde nuevamente se reportó la muerte de una menor de edad

El ministro de Defensa, Diego Molano, quien asumió el cargo tras la muerte de Carlos Holmes Trujillo, respondió a las críticas sobre el ataque a las guerrillas de manera similar a su predecesor, Guillermo Botero. En su defensa, justificó que “estamos hablando de un operativo contra una estructura narcoterrorista que utiliza a jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra”, añadiendo que “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos”. Además, destacó que las Fuerzas Militares actuaron en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario durante la operación y calificó como legítimas las acciones de la fuerza pública para enfrentar a los grupos armados.

Durante la semana posterior a las declaraciones del ministro, diarios como El Tiempo, El Nuevo Siglo, El Heraldo, El Colombiano y Vanguardia Liberal adoptaron una postura de respaldo hacia las posiciones del ministro y el presidente. Las publicaciones enfatizaron que la responsabilidad de los hechos recaía exclusivamente en los actores armados, exonerando tanto a las Fuerzas Militares como a la política de defensa estatal. Se justificaron las acciones militares bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tratarse de un ataque dirigido contra un objetivo militar que, lamentablemente, incluía menores de edad entre sus filas. Además, se subrayó la necesidad de estas operaciones como herramienta para combatir a los grupos armados, como lo expresó El Tiempo en una de sus editoriales: «Pretender proscribir el uso del fuego aéreo, como se ha escuchado desde algunas orillas, es desconocer no solo las normas del DIH, que rigen el accionar de nuestras Fuerzas Militares, sino la realidad del conflicto» (El Tiempo, 13 de marzo de 2021).

Paradójicamente, los mismos medios que desde 2018 habían denunciado con severidad la gravedad de estos hechos y criticado este tipo de operaciones militares terminaron respaldando al gobierno. Justificaron su política de defensa y celebraron los resultados de los 33 bombardeos realizados en diversas operaciones militares, a pesar de los 22 menores de edad fallecidos como consecuencia de los efectos colaterales.

Este cambio en la postura mediática refleja una transformación significativa en su narrativa. Pasaron de cuestionar las acciones militares y sus consecuencias a alinearse con el discurso oficial, validando las operaciones bajo el marco legal. Al destacar el uso de la fuerza como la única estrategia efectiva contra los grupos armados, los medios reforzaron una visión que no solo legitimó la política de defensa estatal, sino que también redujo el espacio para un debate crítico sobre las implicaciones éticas y humanitarias de dichas acciones.

Bombardeos realizados durante lo corrido en el gobierno de Gustavo Petro (2022-2024)

El manejo de la problemática sobre los bombardeos, el reclutamiento de menores y su uso como escudos humanos dentro del conflicto armado durante el gobierno de Iván Duque generó fuertes cuestionamientos sobre su enfoque hacia la seguridad nacional. Estas controversias se convirtieron en un punto clave para el “Gobierno del Cambio” liderado por Gustavo Petro, quien utilizó estos antecedentes para fundamentar su política de seguridad y defensa, priorizando el derecho a la vida como eje central de su estrategia.

Una muestra concreta de este enfoque se dio el 25 de agosto de 2022, cuando el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el cese de operaciones militares que implicaran bombardeos por parte de la Fuerza Aérea Colombiana en campamentos de grupos armados organizados donde hubiera certeza o indicios de la presencia de menores de edad reclutados forzosamente, esto con el fin de proteger los menores de edad, que eran considerados por este gobierno como víctimas, pero a su vez con el propósito de desescalar las operaciones militares de cara a la búsqueda de la ‘paz total’ (El Colombiano, 26 de agosto de 2022).

La medida ordenada por el presidente Petro generó una respuesta inmediata en los medios de comunicación, dividiendo opiniones. Algunos apoyaron la decisión, destacando su alineación con la política de Defensa, Seguridad y el objetivo de la “Paz Total”. Sin embargo, otros criticaron la iniciativa, argumentando que podría ser aprovechada por los grupos armados para intensificar el reclutamiento de menores y utilizarlos como escudos humanos. Además, señalaron que la estrategia parecía unilateral, al no estar acompañada de un cese de hostilidades por parte de los grupos armados, lo que, según sus detractores, podría permitirles fortalecerse, como lo señalaron los senadores Holguín, Uribe y Valencia del partido centro democrático (El Heraldo, 27 de agosto de 2022).

Ante las críticas y el debate generado política y mediáticamente, el presidente Petro llevó a cabo cambios significativos en la estructura organizacional de las Fuerzas Militares, reemplazando a 15 generales con el objetivo de fortalecer sus esfuerzos hacia la paz y respaldar su reciente directriz sobre los bombardeos. El general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional, explicó que estos ajustes respondían al compromiso con el «cumplimiento de la misión constitucional, enmarcada en el concepto de seguridad humana para la paz, el desarrollo por la paz y la garantía de los derechos humanos en todo el territorio nacional» (El Heraldo, 27 de agosto de 2022).

El cambio realizado en las Fuerzas Militares intensificó las controversias. Los diarios del país volvieron a plantear cuestionamientos frente a las decisiones del gobierno, reflejando las divisiones y preocupaciones que estas generaron en distintos sectores. Titulares como “¿Se reclutarán más menores si suspenden bombardeos?” (El Heraldo, 26 de agosto de 2022) y “¿Qué efectos puede tener el duro remesón en alto mando militar y policial?” (Nuevo Siglo, 27 de agosto de 2022), evidenciaron las dudas sobre las posibles consecuencias de estas medidas.

Estas polémicas no solo alimentaron un debate público sobre las implicaciones de la política de la “Paz Total”, sino que también pusieron en evidencia las tensiones entre el enfoque humanitario del gobierno y las posturas más tradicionales de seguridad, creando una atmósfera de incertidumbre en torno a la viabilidad y los resultados de las estrategias implementadas.

Las medidas adoptadas por el Gobierno, a solo un mes de su posesión, marcaron el inicio de un intenso escrutinio sobre su capacidad de gobernabilidad en materia de seguridad y defensa. No obstante, a pesar de las críticas, la política del cese de los bombardeos se mantuvo durante dos años, consolidándose como un pilar central de su estrategia de paz.

Fue hasta el 12 de octubre de 2024 que esta medida marcó una diferencia significativa respecto a los gobiernos anteriores en la gestión del complejo conflicto armado. Ese día, ante la creciente dificultad de los procesos de paz con las disidencias y los GAO, el presidente se vio obligado a romper su pacto con la paz y autorizar nuevamente los bombardeos aéreos, como una estrategia para mitigar la violencia y frenar la expansión de los grupos armados:

Es importante señalar que, un año antes, el 24 de julio de 2023, el presidente ya había autorizado un bombardeo dirigido contra las disidencias en el departamento del Cauca con el objetivo de “limpiar el terreno” de unas 2.500 minas antipersona sembradas en la zona. Aunque el brigadier general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, afirmó que los bombardeos nunca estuvieron completamente prohibidos, este operativo no tuvo como objetivo atacar a personas, sino despejar una zona estratégica (El Tiempo, 25 de julio de 2024). Por lo tanto, se mantuvo dentro de las directrices de la política de seguridad y defensa, sin contradecir su enfoque inicial.

También, cabe destacar que, a pesar de que a mediados de junio gobernadores y alcaldes, como el de Cali, solicitaron al presidente que retomara los bombardeos en el suroccidente del país debido a la intensificación de la violencia en esta región por parte de las disidencias, tanto el presidente como el ministro de Defensa mantuvieron firme el principio de no bombardear campamentos o zonas donde hubiese presencia de personas, reafirmando su compromiso con los derechos humanos y la protección de la vida.

A pesar de los desafíos para mantener el cese de los bombardeos, el presidente Petro reconsideró su postura tras el ataque a la población civil ocurrido el 11 de octubre en El Plateado, Cauca. En este incidente, una granada lanzada desde un dron provocó una explosión en respuesta al despliegue de las Fuerzas Militares. Ante esta agresión por parte de las disidencias, el presidente afirmó: “El EMC, al bombardear población civil, nos obliga, por el principio de proporcionalidad, a bombardear sus fuerzas” (El Tiempo, 14 de octubre de 2024).

Este ataque, que dejó víctimas civiles, impulsó al gobierno a ajustar su enfoque y adoptar medidas más contundentes para garantizar la seguridad y fortalecer la defensa en las regiones más amenazadas por los grupos armados. En este contexto, el presidente, además de autorizar el uso de bombardeos para atacar a la facción disidente en la zona, anunció una visita a la región acompañado de su gabinete, junto con la ejecución de la operación Perseo. Esta operación tenía como objetivo recuperar el Cauca mediante la presencia tanto de las Fuerzas Militares como del gobierno (El Tiempo, 14 de octubre de 2024).

Debido a esta directriz del gobierno, los medios de comunicación mostraron simpatía por las medidas, destacando que no se había llevado a cabo una operación de tan alto nivel en medio de la población civil en un territorio históricamente descuidado por el gobierno y las Fuerzas Armadas (El Espectador, 14 de octubre de 2024). Los medios centraron su atención principalmente en la operación Perseo, evaluando su impacto en la recuperación del Cauca y su relevancia dentro de la estrategia de seguridad (El Espectador, 14 de octubre de 2024). Mientras tanto, el tema de los bombardeos quedó rezagado en la prensa, pasando a un segundo plano en comparación con la cobertura de la operación y sus implicaciones en el proceso de Paz Total.

Al cierre de este artículo, ni las Fuerzas Armadas, ni el presidente, ni el ministro de Defensa han recurrido aún al uso de la acción bélica en el marco de la operación Beta, como se conoce en el argot militar a los bombardeos. Sin embargo, dada la complejidad de los diálogos fallidos, los ceses de hostilidades que se mantienen y la creciente violencia en varias regiones, los bombardeos podrían ser empleados si se considera necesario para defender la soberanía y la infraestructura del país, según lo establece la Constitución. Habrá que esperar, entonces, si el principio de garantizar la vida, como se refleja en la política de seguridad y defensa del gobierno, se mantiene firme a pesar de las circunstancias, o si, por el contrario, el gobierno optará por utilizar todos los recursos a su disposición. Lo que es seguro es que los medios de comunicación estarán atentos y listos para informar y señalar cualquier desarrollo relevante en este contexto

Un bombardeo en falso

Un caso particular que generó una intensa polémica mediática ocurrió en agosto de este año, cuando un mensaje oficial, mal interpretado por diversos sectores, dio lugar a la creencia de que el gobierno había autorizado un bombardeo en zonas del departamento del Chocó. Este supuesto se originó tras el anuncio del ELN sobre un paro armado que amenazaba con paralizar la región y aumentar la tensión en un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado

La confusión se amplificó rápidamente a través de los medios de comunicación, que presentaron titulares alarmantes como: “Fuerzas Militares confirman que regresarán los bombardeos contra el ELN” (Noticias Caracol, 16 de agosto de 2024), “Desde las Fuerzas Militares no descartan un posible bombardeo en contra del ELN en el departamento Chocó” (Infobae, 17 de agosto de 2024), y “Ejército no descarta bombardeos contra el ELN durante el confinamiento en Chocó” (Noticias RCN, 16 de agosto de 2024). Estos insinuaban un retorno a las medidas de fuerza extrema, como los bombardeos, en contraposición a la política de seguridad del gobierno que se había venido manteniendo basada en el diálogo.

Por su parte, el gobierno se vio obligado a aclarar que no se había emitido ninguna orden de bombardeo y que su enfoque seguía centrado en la mediación y el mantenimiento de los diálogos con los grupos armados (Infobae, 17 de agosto de 2024). Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la controversia reavivó la discusión sobre el uso de la fuerza en territorios vulnerables y las implicaciones de la narrativa mediática en la percepción de las estrategias de seguridad.

Este malentendido expuso la fragilidad de la confianza pública en torno a las decisiones gubernamentales frente al conflicto armado. Además, fomentó una marcada división de opiniones. Por un lado, el presidente, el ministro de Defensa y la mesa de diálogo con el ELN, mantenían una postura firme en contra del uso de los bombardeos como medida disuasoria frente a cualquier ofensiva bélica de los grupos armados. Esta decisión se sustentaba en su compromiso con la ‘Paz Total’, buscando evitar las consecuencias devastadoras que los ataques aéreos podrían tener sobre la población civil y la ya tensa situación de seguridad en las regiones afectadas, específicamente en el departamento del Chocó. En cambio, sectores como militares, exmilitares, gobernadores, alcaldes, senadores y analistas políticos abogaban insistentemente por la utilización de este recurso constitucional, considerando que los bombardeos eran una herramienta necesaria para frenar la expansión y la agresividad de grupos como el ELN, que continuaban con su ofensiva en diversas regiones del país (Granados, 2024).

La cobertura mediática jugó un papel crucial en este debate, ya que la prensa, en su mayoría, centraba su atención en las voces del sector opositor al cese de los bombardeos. Este enfoque amplificaba la narrativa belicista, reforzando la tradicional postura de que la única forma de abordar el conflicto armado era mediante el uso de la fuerza, y presentaba las acciones del gobierno como una opción débil ante la amenaza de los grupos armados. Al mismo tiempo, el gobierno intentaba equilibrar este entorno mediático colocando en funcionamiento todos sus recursos mediadores para mantener los acuerdos de cese al fuego o, al menos, los diálogos de paz. La presión de los medios y la creciente polarización entre la oposición y el gobierno crearon un ambiente de confrontación, en el que se veía la paz como una posibilidad distante frente a la insistencia en la solución militar-

Más allá de la noticia

En ambos gobiernos, pese a sus posturas ideológicas opuestas y sus diferentes enfoques en materia de seguridad y defensa —uno orientado hacia la disuasión y la legalidad, y el otro al diálogo y la construcción de paz—, los medios de comunicación desempeñaron un papel central en la cobertura de las problemáticas nacionales relacionadas con el uso de la fuerza armada en un contexto históricamente marcado por el conflicto. Su atención no solo estuvo enfocada en informar los hechos, sino también en amplificar las reacciones y divisiones que surgen frente a cualquier decisión gubernamental, posicionándose en ocasiones a favor y en otras, en contra.

Un aspecto relevante de esta dinámica fue la capacidad de los medios para moldear y movilizar la opinión pública en función de las circunstancias. Durante el gobierno de Duque, inicialmente criticaron los bombardeos, señalando al gobierno por su accionar extremo. Sin embargo, más adelante, el discurso mediático giró hacia la legitimación de los ataques, responsabilizando principalmente a los grupos armados y destacando la necesidad de dichas acciones como respuesta a sus crímenes.

En contraste, bajo el gobierno de Petro, los medios comenzaron cuestionando la decisión de suspender los bombardeos, argumentando que dejaba a las fuerzas militares y a las zonas de alto riesgo en una posición vulnerable. No obstante, cuando se autorizó el retorno de estas operaciones, el foco de la crítica cambió, centrándose en las consecuencias que dicha medida podría tener para la política de ‘Paz Total’ y en la aparente contradicción con los principios de diálogo y desescalada que el gobierno había promovido.

Este comportamiento refleja cómo los medios no solo actúan como observadores del conflicto, sino que también contribuyen a configurar los términos del debate público, influyendo en la percepción social de las políticas de seguridad y defensa. Al posicionarse como actores clave en la legitimación o cuestionamiento de las decisiones gubernamentales, los medios promueven que el juicio político colectivo se incline a favor o en contra del gobierno de turno. Este sentir colectivo, a su vez, puede generar presiones que configuren cambios en las políticas de los gobiernos, orientándolas hacia líneas más aceptadas por la sociedad. En este sentido, los medios no solo moldean la opinión pública, sino que también trazan el camino de la gobernabilidad, estableciendo una relación de poder que trasciende la mera comunicación de los hechos.

Referencias

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[1] Para ver la política completa ver: Ministerio de Defensa, (2019). Política de Defensa y Seguridad PDS – Para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad