Si bien la Constitución de 1991 introdujo derechos y garantías ciudadanas que desconocía la de 1886, 30 años después de su promulgación sigue sin colmar las expectativas con las que fue redactada. La revocatoria en el periodo de los congresistas, los pocos cambios en los conceptos de manejo de la seguridad estatal y la reforma a la justicia siguen siendo asuntos pendientes.
Pensar en la judicialización y castigo de los responsables de los crímenes cometidos por los combatientes en términos maximalistas resulta desde el punto de vista político y práctico impensable de cara a una solución negociada al conflicto.
En un país en exceso presidencialista como Colombia, el centro de gravedad de la política parece haber cambiado rápidamente de lugar.