Tras cuatro años de funcionamiento, la JEP atribuyó responsabilidades al secretariado de las extintas FARC-EP por el secuestro masivo de aproximadamente 21.396 personas. En este artículo, lo que sigue tras la decisión.
Pensar en la judicialización y castigo de los responsables de los crímenes cometidos por los combatientes en términos maximalistas resulta desde el punto de vista político y práctico impensable de cara a una solución negociada al conflicto.
Duque ha oscilado entre la modificación del Acuerdo Final y su cumplimiento parcial. El gran reto de la implementación es preservar la vida de personas con liderazgos sociales, y excombatientes.
Las dificultades de orden técnico, político, jurídico, presupuestal y mediático de la JEP trajo a la discusión pública, nuevamente, diferencias irreconciliables.
Algunas medidas tomadas por el Gobierno permiten ver que no echará por la borda los acuerdos.
EDICIÓN 94 SEP-NOV 2018 Este artículo analiza cuatro de los principales obstáculos que, en criterio del autor, ponen en riesgo la implementación de aspectos cruciales…