Por Equipo Cien Días
Por la crisis sanitaria, la dramática situación carcelaria ha vuelto a estar sobre la palestra pública. La necesidad imperiosa de proteger la salud pública llevó a que numerosos sectores clamaran por una excarcelación humanitaria para impedir una catástrofe en los centros penitenciarios de Colombia. El 21 de marzo, en distintas cárceles del país, las y los presos protagonizaron manifestaciones que en la cárcel La Modelo implicaron una violenta represión que cobró la vida de decenas de presos. El 23 de marzo se decretó la emergencia carcelaria y el 15 de abril el gobierno nacional expidió el decreto 546 para emprender una “excarcelación minimalista”, según las propias palabras del fiscal general de la nación Francisco Barbosa, que no dejó satisfecho a ningún actor y fue calificado como tardío e ineficaz. Mientras tanto, las protestas de la población carcelaria por condiciones de vida digna han continuado ininterrumpidamente.
El equipo de Cien Días conversó con Rodrigo1El nombre ha sido cambiado para proteger la identidad e integridad del entrevistado. La entrevista se realizó el 28 de mayo del 2020., un preso recluido en La Picota, para conocer sus apreciaciones sobre la coyuntura, su relato de la vida cotidiana en ese centro penitenciario en medio de la crisis y sus análisis sobre las luchas sociales en las cárceles a lo largo de los últimos meses.
Equipo Cien Días: El 21 de marzo se presentaron protestas en varias cárceles del país reivindicando mejores condiciones de salubridad ante la emergencia del Coronavirus. La situación terminó con decenas de muertos y heridos, en su mayoría internos. El gobierno habla de “motines” y de “intento de fuga”. Desde tu perspectiva, ¿qué ocurrió?
Rodrigo: Se venía anunciando la necesidad de las cuarentenas para la población libre y en ese contexto el Inpec no se había pronunciado sobre cuál iba a ser el protocolo que se iba a implementar en las cárceles para que no hubiese contagios. Entonces se convocó un cacerolazo para el 21 de marzo que se realizó en más o menos 19 cárceles. El cacerolazo tenía varias finalidades; Colombia vive una crisis carcelaria que viene desde antes por causa de lo que se denomina el Estado de Cosas Inconstitucional que desde 1998 ha planteado una serie de situaciones de violaciones de derechos humanos dentro de las cárceles. ¿Que pasa ahí? Como las cárceles están hacinadas y hay problemas de alimentación y atención de salud, los presos vieron que con la pandemia se podría generar un problema estructural con la aparición de casos de Covid.
Lastimosamente, la interpretación del Estado fue que se trató de un plan de fuga, desconociendo la crisis que hay en las cárceles y esto sucede porque en La Modelo los muchachos llevados por la adrenalina, el furor y el momento logran salirse de sus celdas. El Inpec lo que hace es responder con fusiles porque no fueron capaces de entrar a los patios a contener los desórdenes. Entraron disparando con fusiles a personas que no tenían armas de fuego y que nunca las iban a tener. La guardia ejerció una represión brutal ese día, pero la represión no cesó.
Las siguientes jornadas estuvieron marcadas por una serie de arremetidas en contra de los reclusos de los diferentes patios de La Modelo, generando desórdenes, inestabilidad y violencia por los que debe responder el Estado, porque la protección de la vida de las personas no se puede dejar al azar de las disposiciones de unos guardias que disparan a ciegas contra los presos.
Otro punto importante sobre el 21 de marzo es que el grupo de presos llamado Movimiento Nacional Carcelario, que convocó la movilización, planteó un pliego de peticiones al gobierno. Este pliego constaba de seis puntos que se fueron reduciendo a tres. Uno de esos puntos tiene que ver con la solución al problema del hacinamiento en las cárceles; por recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud se planteó que para evitar la propagación del virus había que aplicar distanciamiento social. Recomendación que en las cárceles colombianas –y las de casi de todo el mundo- se viola permanentemente. Ya sabemos que en el caso colombiano hay un 58% del hacinamiento, por lo que la gente tiene que vivir obligatoriamente en espacios muy pequeños. En esa medida una de las soluciones para mermar el contagio es que se deshacinen estos lugares.
¿Cómo lograrlo? El Movimiento Nacional Carcelario plantea una excarcelación humanitaria de personas mayores de 70 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades terminales, personas que ya llevaran más del 50% de la pena. Y por otro lado, unas garantías de salubridad en las cárceles, de saneamiento y de alimentación pues la infraestructura del sistema penitenciario es muy débil. En muchas cárceles hay carencia de agua las 24 horas del día, la alimentación es paupérrima y además la atención de salud a las personas que están enfermas es deficiente.
Incluso hay personas que en esta cárcel están en estado terminal y son desahuciados por el sistema de salud, y sin embargo las siguen manteniendo en unos estados perversos para la dignidad humana.
Cuando el Estado sale a responder por la masacre que ocurrió en La Modelo lo que hace es deslegitimar todo un proceso de movilización y de protesta que es justa, afirmando que había una coordinación a nivel nacional para un plan de fuga que no existió en ningún lado, en ningún lugar se fue la gente. Lo que se pedía eran condiciones de vida digna. Además trataron de desviar el tema con el asunto de que en las cárceles había elementos de comunicación, que los presos habían hecho videos, que la gente se había comunicado con otras personas. Con este tipo de respuestas a las manifestaciones lo único que se reafirma es que este Estado busca negar de todas maneras las expresiones organizativas que tienen las personas, la sociedad civil y los presos, mostrando de una manera contundente que la forma como ellos piensan solucionar cualquier problema es a punta del garrote y del fusil, como lo han demostrado en distintas manifestaciones.
En La Picota se sintió con mucha fuerza el dolor de la gente que murió en La Modelo. Nos pareció un acto cobarde por parte del Estado. En ese momento, lo que se pensó en esta cárcel, como en las demás, fue que mediante las movilizaciones pondríamos en la mesa pública el problema estructural que existe en las cárceles colombianas y que implica un ejercicio sistemático de tortura para las personas que estamos privadas de la libertad.
Equipo Cien Días: ¿Cómo se ha transformado la vida cotidiana dentro de la cárcel a partir de la emergencia sanitaria? ¿Qué medidas han tomado tanto el Inpec como los presos para protegerse del virus?
Rodrigo: Hay que aclarar que cuando pasó la masacre del 21 de marzo, no había COVID en la cárcel. Para ese momento no había medidas de restricción, las visitas estaban común y corriente, todo estaba transcurriendo en normalidad. Talleres estaba abierto, los espacios de redención estaban abiertos, los guardias seguían entrando a los patios y ¿qué sucede?, que para nosotros como presos se nos dio la necesidad de organizarnos para exigirle al Inpec que mantuviera unas medidas. Lo que nosotros veíamos era que estaban tranquilamente desarrollando sus actividades sin pensar en la salud de las personas que estaban presas.
Por eso el 21 de marzo se convierte en un punto de ruptura de la normalidad, a causa de la movilización de todos los presos, no solamente en La Modelo sino en las diferentes cárceles. Hubo manifestación en el Buen Pastor, en La Picaleña que es de alta seguridad, hubo movilización en Cúcuta, en Acacias, en Jamundí, en las cárceles de Palmira y en cárceles más pequeñas. A partir de ese día, prácticamente por un mes y medio, se vino dando una movilización diaria que implicó no solamente cacerolazos sino una serie de medidas que los presos fueron tomando autónomamente. Esto es importante porque el COVID se confirma por primera vez en la cárcel de Villavicencio el 6 de abril.
Los presos se organizan en diferentes cárceles frente a dos elementos; por un lado, el tema de resguardar la salud de las personas que están en los patios. Y en esa medida, en diferentes lugares lo que se hace es declarar que nadie externo al patio puede entrar a los patios ¿Quiénes? los guardias que hacen las rondas, los ordenanzas que dejan las notificaciones y otro tipo de funcionarios de la cárcel que hacen mantenimiento. Entonces todas esas personas no pueden entrar, ni ninguna persona puede salir de los patios.
Las cárceles tienen unas áreas donde se genera la redención de estudio y trabajo, el descuento de pena. Entonces las personas quedaron inhabilitadas para salir a esos lugares temiendo que con ese intercambio de comunicación con otros presos de otros patios se propagara el virus.
Por parte del Inpec se restringieron las entradas de personas externas a la cárcel. ¿Qué personas externas vienen por acá? Organizaciones de Derechos Humanos, ONG, trabajadores tercerizados que vienen a hacer mantenimiento y otro tipo de cosas, guardias que no tienen nada que ver con la cárcel, los trabajadores médicos, que casi no hay, los abogados y las visitas de cada ocho días.
La forma en la que entra el virus a La Picota es que luego de que se supiera en Villavicencio que habían contagiados de Covid, los presos se manifestaron de nuevo y se manifestaron de la manera que pudieron para llamar la atención. Pero lo que hizo el Inpec fue reprimirlos brutalmente y lo que hicieron fue trasladar a personas de esa cárcel a otras. Eso se denominó en los medios de comunicación y en el argot de los presos como el bus de la muerte.
Ellos sacaron un bus que fue dirigido por el Cores -el comando de remisiones- para llevar gente a diferentes cárceles. Entonces llevaron una persona a Guaduas, a Picaleña, La Picota, a Zipaquirá, y de esa manera fueron regando el virus.
Cosa que no se ha dicho es que personas que hacían parte del Cores también estuvieron contagiadas y aisladas. Así el virus llega a La Picota, pero afortunadamente con estas restricciones se logró contener.
Las medidas que se tomaron por parte de los presos también tuvieron como objetivo presionar a la guardia y presionar al Ministerio de Justicia para exigir una excarcelación humanitaria, una rebaja de penas y mayores medidas de sanidad dentro de las cárceles. Para esto las presiones empezaron suaves; con cacerolazos, con manifestaciones públicas de videos y demás. Pero con el pasar del tiempo se vio la necesidad de presionar con formas pacíficas.
¿Cuáles medidas se tomaron entonces? Se tomó la no encerrada, como medida de presión. Para el Inpec y el Ministerio de Justicia es muy importante que las personas en todas las cárceles estén encerradas a las 5 de la tarde. Entonces decidimos no encerrarnos y duramos así un mes, más o menos, y también se promulgó una huelga de hambre, un cese de actividades laborales de las áreas más importantes de la cárcel -los rancheros, el aseo- y digamos que con una combinación de ese tipo de protestas se logró que el Ministerio de Justicia, Procuraduría, Defensoría, participantes de la Comisión de Política Criminal del Gobierno se sentaran a escuchar la petición de los presos y se quedó de generar mecanismos de estudio para un decreto de excarcelación para los presos que ya tuvieran la posibilidad de hacerlo.
Además de lo que he mencionado, las condiciones de vida en la cárcel también cambiaron en el sentido de que las personas se inmiscuyen más en la dinámica colectiva de los patios: resguardar la seguridad, preparar los elementos de salud necesarios para enfrentar el virus y la protesta. Esto se ha dado cotidianamente desde ese momento en el cual definimos entrar en cuarentena nosotros mismos.
Por otro lado es importante aclarar que con los guardianes se ha tenido una buena relación, pues ellos también se han visto afectados por este tipo de dinámicas. Hay una falta de recursos que no le permite al Inpec brindarles condiciones laborales dignas a los guardias. Entonces a ellos les exigen estar pendientes y controlando los patios pero no les brindan condiciones básicas de sanidad; guantes y tapabocas. Incluso en otros lugares ellos han tenido que arriesgar su salud por atender medidas de emergencia en patios, como en Villavicencio, y además de todo, el Inpec no ha sido capaz de lograr un acuartelamiento de la guardia para que no tengan un contacto con personas externas a la cárcel y puedan ser un canal de contagio.
Equipo Cien Días: El 14 de abril el gobierno expidió el decreto 546 de excarcelación, que fue criticado por varios sectores de la opinión pública por no ser suficientemente contundente teniendo en cuenta la gravedad de la situación, ¿cómo reaccionaron los presos adentro de las cárceles?
Rodrigo: Hay que tener en cuenta que hay cuatro momentos importantes en esta pelea. El primero es el 21 de marzo. Tras la masacre, la opinión pública recordó que hay un problema estructural de las cárceles, y diferentes sectores de la población se expresaron a favor de la necesidad de la excarcelación humanitaria, teniendo en cuenta varios elementos. El primero es que hay un 58% de hacinamiento. El segundo, es que hay aproximadamente 38 mil personas que están en condición de sindicados en las cárceles, más o menos el 35% de la población carcelaria.
¿Esto que quiere decir? que efectivamente el problema de la cárcel es que tenemos una justicia que es carcelera. Que le gusta mantener a la gente en las cárceles, aun cuando no haya sentencia. Además, hay aproximadamente 30 mil personas presas por delitos menores, que tienen que ver con la supervivencia de las personas -hurto, microtráfico, lesiones personales- y que están purgando penas de menos de 5 años de prisión.
Entonces llegamos al segundo momento que es la declaración de la emergencia carcelaria, que implicó un ejercicio de represión en las cárceles, la militarización y la creación de anillos de seguridad que en nada solucionaban el problema de fondo del hacinamiento. Luego sucede un tercer momento que tiene que ver con ese decreto que saca el Gobierno. Un decreto producto de la exigencia de los sectores civiles interesados en una excarcelación humanitaria.
Para nosotros el decreto es un decreto impuesto que no tiene en cuenta las expresiones de los presos, ni de las organizaciones de derechos humanos, ni de la academia, ni de políticos, ni de sectores sociales movilizados ¡Lo que se hizo fue contrario a lo que plantea como diagnóstico el mismo decreto pues se restringen aún más los derechos que tienen los presos!
Digo que es una restricción aún peor porque en este momento estamos en un Estado de Excepción, y en el marco de esa excepcionalidad el Decreto 546 es el que rige como norma, y resulta que este decreto implica mayores restricciones que las del mismo código penal.
Mientras en el Código Penal se plantea que las personas con el 50% de la pena purgada pueden acceder a una prisión domiciliaria, o los que llevan las tres quintas partes a una libertad condicional, para este decreto quienes pueden salir tendrían que ser personas que no estén dentro de los delitos que están enmarcados en el artículo 6 que son las excepciones. Y esas excepciones según académicos y el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia son prácticamente el 90% del código. A partir de esto, en vez de plantearse una excarcelación humanitaria, se ha planteado una restricción de libertades que por derecho constitucional tendrían las personas que ya han purgado parte de sus penas. Por este decreto han salido muy pocas personas. Hasta hace unos días, según la prensa, han salido 582 personas de las 4 mil que supuestamente podrían salir. Y también 41 mujeres. Se han planteado 4.149 solicitudes. Lo que se muestra con esto es que más allá del decreto que puede ser muy bonito en el papel, lo que se ha hecho ha sido lo contrario a lo que se pretendía.
Llegamos al cuarto momento. La movilización siguió porque nadie está contento con ese decreto. A partir de la movilización se logra hacer una mesa en La Picota con los entes de control. ¿Qué plantean ellos? Que se está evaluando la creación de un nuevo decreto porque el que ya fue expedido no se puede modificar. Aunque la Corte Constitucional no se ha manifestado en contra de este, es importante hacer cambios que permitan no estar al margen de la Constitución porque este decreto es además inexequible según el concepto de muchos juristas. Y con base en ese acuerdo se ha logrado presionar y tener constancia de que el Gobierno tiene el compromiso de generar otro decreto. Además porque hasta el momento estamos empezando con el crecimiento de la pandemia en el país y se vislumbra que las cárceles van a ser unos espacios donde hay una alta vulnerabilidad de los derechos a la salud, la vida, incluso de la posibilidad de pagar una condena con las condiciones mínimas de dignidad.
Estas peticiones han sido reivindicadas por varias expresiones organizativas de los presos. Unas tienen que ver con la garantía de los derechos humanos, otras con las organizaciones religiosas y otras con organizaciones políticas. Cada expresión ha tenido sus propuestas frente a la situación. ¿Qué se ha logrado consolidar a nivel nacional? Una propuesta basada en tres puntos básicos. El primer punto tiene que ver con la excarcelación humanitaria, como ya lo he planteado.
Un segundo elemento que tiene que ver con ese deshacinamiento y con la necesidad de acabar con el orden de cosas inconstitucionales es la revisión de las penas que tienen las personas. Básicamente es la reducción de las penas en un 50%. ¿Por qué? porque nosotros pensamos que las libertades tienen que darse cuando las personas hayan purgado más de 10 años de su pena física en las cárceles. Y es que acá hay personas que tienen 4, 5, 6 condenas de 40 años, personas que llevan aquí pagando una pena casi física porque los jueces de penas y medidas consideran que no se ha librado la purga que ellos tienen que pagar. Entonces acá hay un elemento jurídico que creemos importante y es que la norma se aplica según el imperio subjetivo del derecho; los jueces determinan si dejan o no dejan salir a las personas y no la misma norma. Creemos que esto se puede solucionar con un decreto presidencial que le permita una rebaja de penas a las personas para que el sistema penitenciario empiece a tener un viraje en el concepto de la política criminal que está planteando.
Y un tercer elemento que es fundamental tiene que ver con cómo se solventan las condiciones de las personas que viven y van a seguir viviendo en las cárceles; cómo se fortalece el sistema de salud, cómo se mejora el nivel de alimentación, cómo se mejoran las condiciones de infraestructura que tienen estos edificios y fundamentalmente para el tema de la pandemia es cómo se regula la circulación de la guardia que está en contacto con el exterior.
Equipo Cien Días: ¿Qué les diría a esos sectores que miran con reticencia cualquier tipo de excarcelación humanitaria, por las razones que sean?
Rodrigo: Yo creo que uno de los elementos fundamentales aquí no tiene que ver tanto con lo que la sociedad colombiana esté pensando de los presos, sino con quienes tienen el poder real de generar nuevas dinámicas. Un ente legislativo que regule y formule unas nuevas propuestas de políticas penitenciaria y criminal, además de una formación doctrinal por parte de los jueces que vean la posibilidad de otro tipo de formas de redención de las penas.
Entonces ¿qué es lo que pasa? que la sociedad colombiana puede tener muchas opiniones pero quienes tienen que decidir son las ramas de poder. La exigencia va a hacia ellos. Considero que el problema en este momento no es pensarse un debate político sobre el perdón, sino que se trata de la concreción de las garantías reales que tienen las personas privadas de la libertad, tal y como dice la ley. Lo que nosotros pedimos no son cosas que están por fuera o que no son posibles por la ley, sino que existen y están estipuladas en los códigos que están hechos. Quienes no han desarrollado y no han acatado lo que dice la ley son los jueces y el Ejecutivo, quien tiene la potestad en este momento de dictar órdenes para salvaguardar las vidas de las personas privadas de la libertad.
Acá no se trata de cuál es el delito que se está pagando, ni de cuántos años hay que pagar. Se trata de salvaguardar el derecho prioritario y fundamental de la vida que el Estado no le garantiza a las personas que están aquí ni tampoco a las poblaciones que están fuera de estos lugares y por eso se pelea, porque aun con todos los crímenes que se hayan cometido, aun con los errores que estén pagando las personas, o que ni se les hayan comprobado ningún delito, somos personas que tenemos derecho a la vida, a la salud y a vivir dignamente.
Frente a la opinión pública, yo creo que ese fue uno de los elementos que trabajamos los presos durante todas estas protestas y tiene que ver con demostrarle a la gente la capacidad que tenemos los presos de exigir unos derechos de la manera más eficaz posible sin recurrir a la violencia. Los desórdenes, como los quiere llamar el Estado, que hubo en las cárceles fueron agresiones por parte del Inpec contra los presos que se estaban manifestando. No fueron iniciativas de los presos para generar disturbios. Y hemos utilizado todas las herramientas para exigir esos derechos. Acá no solamente se han hecho cacerolazos, ni huelgas de hambre, ni no encerradas, sino también se han hecho pliegos de peticiones, tutelas, cartas a la Corte Constitucional para que se examinen los decretos, foros, videos, obras de teatro, comunicados, se ha hablado con organizaciones de derechos humanos, se ha donado comida, se han recogido fondos para comprar medicinas e implementos de aseo y de salubridad para la cárcel. Es decir, los presos hemos hecho un ejercicio de autogestión para mostrarle a la gente que somos otro tipo de personas diferentes a las que ellos creen.
Equipo Cien Días: ¿Cuáles son las particularidades de los procesos de organización y lucha social dentro de las cárceles? ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para entender la movilización?
Rodrigo: El primer elemento que quiero subrayar es que la construcción de organización, social y política en la cárcel es mucho más difícil y complicada que en la sociedad civil libre. Estamos en el régimen de represión por excelencia. Aquí no sólo reprime el Estado sino también los presos. Para quienes no saben, en las cárceles cada patio tiene un régimen diferente y ese régimen tiene que ver con muchas cosas; quién manda en el patio, cuáles son las normas que lo rigen, cuál es la población que vive y convive en ese patio, qué tipo de delitos tienen las personas que allí habitan.
La dificultad también proviene del hecho de que las identidades de los presos están marcadas por diferentes elementos. Estas tienen que ver con el perfil del preso; están los presos políticos, los paramilitares y los presos sociales, entre otros. Cada uno tiene un referente cultural, social y unas formas de conducta que son totalmente diferentes. Entonces por ese lado es muy difícil que en los patios se den unos niveles de organización y que no se vean como una amenaza para las personas que controlan los patios, para las normas existentes y como un factor que pueda desatar violencias.
Otro elemento significativo para tener en cuenta son las emociones de los presos, porque es diferente el estado de ánimo de una persona que lleva mucho tiempo acá metida, a la que acabó de llegar. Pero también es diferente una persona que está acá por error, a una persona que está pagando una pena y ya sabe qué es lo que está pagando. Es diferente una persona que ya ha pasado por acá tres, cuatro, cinco veces, a una persona que es la primera vez. Y sucede que aquí esto es muy explosivo e inestable porque así como un día todo puede amanecer muy tranquilo, todos muy felices, hay otros días en los que hay una tensión brutal dentro de los patios y no se puede hablar, mirar o caminar.
Todos estos factores inciden mucho porque es una población que ha sido desconocida y que afuera no ha tenido posibilidades de nada. Es una población que ha sufrido la carga de la violencia del Estado y la carga de la violencia y la segregación de la población civil; todo esto forja seres agresivos, violentos e ingobernables. Pero claro, siempre hay identidades porque la gente es humana y la gente tiene intereses, sueños, ganas de salir de acá. Algunos son oportunistas, aventajados, es decir, hay de todo tipo de personas aquí con las que trabajar es muy difícil y delicado.
Por otro lado, los guardias están totalmente entrenados para identificar quiénes son las personas que generan organización social, porque para ellos todo esto tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de la guerrilla y es porque se tiene un esquema creado desde la misma Escuela de las Américas y las escuelas militares colombianas; la concepción de un enemigo interno.
La represión para los presos políticos es la misma que se da para los prisioneros de guerra y para los integrantes de los grupos insurgentes.
Un dato curioso es que en este momento hay muchas personas privadas de la libertad que son líderes sociales y líderes políticos, académicos, de diferentes tipos de liderazgos que están fomentando este tipo de organización. Obviamente la insurgencia, los mismos paramilitares, incluso presos sociales están en esa dinámica.
A pesar de las dificultades, la construcción de esta movilización social tuvo que ver con un elemento identitario general en los presos de Colombia: la defensa de la vida. Por la defensa de la vida se moviliza todo el mundo en donde esté porque nadie quiere morirse, ni arriesgar su vida por algo que no tiene porqué arriesgarla. En esa medida, los jefes de los patios, las organizaciones subversivas, los presos sociales, los grupos paramilitares, sintieron una identidad que derivó en propaganda, en la exposición de ideas, en la necesidad de una movilización. Y en esto tuvieron un papel importante las herramientas de comunicación, como los celulares. Esto fue lo que permitió que se activara la movilización.
Los presos ya habían protagonizado otras experiencias anteriormente; en el 98 se dio una movilización liderada principalmente por la insurgencia, a finales del 2000 se dio otra y todas ellas confluyeron en lo que se denomina el Movimiento Nacional Carcelario. Sin embargo, con la reincorporación de las FARC y con la liberación de una cantidad de presos de las FARC, este movimiento perdió dinamismo, aunque no solamente estaban las FARC sino también líderes sociales, presos sociales y paramilitares. Sin embargo en la actualidad se ha revivido a partir de otras organizaciones y de la la vinculación en algunas cárceles de las personas que dominan los patios.
Esto es importante porque en medio de la pandemia, en la que todo el mundo está resguardado en sus casas y no tienen la posibilidad de una movilización masiva en las calles, pues la cárcel se movilizó porque no tenemos para donde resguardarnos más. Eso permitió que la gente olvidara que existe el miedo al bolillo, el miedo de los traslados, el miedo al aislamiento en los calabozos y se movilizara de una manera bastante efectiva y limpia, sin que existiese “el pecado de la violencia” del que tanto se ufana el Estado.
La movilización también fue posible por la formación y la capacidad de algunas personas en la cárcel que siempre han denunciado las injusticias y las violaciones de derechos humanos. Antes del Covid ya existían esas dinámicas de organización en función de la pelea por medios legales de los derechos de la gente. Esas personas han permitido que se mantenga una conciencia por parte de algunos presos y presas que en esta coyuntura derivó en una identidad colectiva y en una pelea. Esto es importante porque a veces pareciera que fuese un movimiento totalmente espontáneo, pero siempre han habido personas con el interés de luchar por los derechos.
Por último quisiera insistir en un mensaje que me parece fundamental; sí vale la pena pelear e incluso cuando uno está en los peores lugares o en los peores momentos siempre es importante mantener un sueño o un objetivo a largo plazo, una esperanza que le permita a uno dinamizar la vida y propender por un mundo más justo.
Eso es lo que demuestran los presos y las presas en Colombia y es que no hay que dejarse acabar en la voluntad, ni acabarse en la posibilidad de actuar cuando los problemas se vienen encima.
Fotos: Katalina Vásquez.
