Según la JEP, entre 2002 y 2008 6.402 colombianos y colombianas fueron presentadas como víctimas de “falsos positivos” en el país. Conversamos con Javier Giraldo, investigador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP/PPP sobre el significado de esta investigación para la sociedad colombiana.
En los últimos años, las iniciativas y estrategias enfocadas a la educación y pedagogía para la paz han descendido en medio de la implementación del Acuerdo Final con las FARC. Las contra-campañas y los discursos a favor de la guerra han ganado visibilidad en la sociedad colombiana.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS-, no avanza; la falta de presupuesto, la desarticulación entre agencias, la burocracia administrativa, entre otros, han impedido su implementación.
El tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) llegó para juzgar al Estado Colombiano por el genocidio político y crímenes contra la paz. ¿Qué se espera de su tercera sesión en Colombia?
Tras enterrar a más de 200 de sus compañeros desde la firma del Acuerdo, los firmantes de la paz no aguantaron más. Tomaron sus morrales y, en “chivas”, buses y decenas de camionetas blindadas que les brindan protección a unos cuantos, emprendieron camino hacia Bogotá.
El Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP/PPP presenta semestralmente un riguroso balance de las violaciones a los DD.HH., las infracciones al DIH y los hechos de violencia política en Colombia. Este es su más reciente informe.