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Cien Días vistos por Cinep/PPP
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1. Introducción
Históricamente, la Universidad Nacional de Colombia ha sido un foco de movilización estudiantil y debate político, y en los últimos meses, el proceso de elección para la rectoría ha suscitado controversia, no solo por su impacto en la dirección académica y administrativa de la universidad más importante del país, sino también por su reflejo en las dinámicas políticas y sociales de otras Instituciones de educación superior en Colombia. Este proceso electoral presentó características únicas, ya que, por primera vez, se vio la intervención directa del gobierno nacional, que anteriormente estaba presente, pero ejercía su poder tras bambalinas. Este hecho reveló diversos intereses en torno a la toma del poder administrativo en la Universidad Nacional, además de presuntas irregularidades en el manejo de recursos y en la gestión de la rectora Dolly Montoya. Asimismo, llevó al debate público las distintas definiciones de autonomía y democracia universitaria, dejando un abanico de perspectivas extremadamente polarizadas y brindando la oportunidad a actores externos, de posicionar sus posturas políticas, como es el caso de las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.[1]
En el presente artículo, abordaremos los antecedentes de la discusión, que datan de hace más de 100 años, así como el marco normativo general, que le da una base de entendimiento jurídico a la discusión. También repasamos las dinámicas de movilización más importantes de la Universidad Nacional, para comprender las acciones de los estudiantes en esta coyuntura. Además, examinaremos algunas experiencias alternativas de democracia universitaria en el país que, aunque con desafíos y limitaciones, han ofrecido lecciones valiosas sobre la construcción de una universidad verdaderamente democrática y participativa, terminando con reflexiones, no solo sobre lo que debe cambiar para entender lo que está sucediendo en la Universidad Nacional de Colombia, sino en general, sobre la democracia universitaria en Colombia.
2. Antecedentes de la democracia universitaria en el Manifiesto de Córdoba y su conexión con la discusión en Colombia
Para entender lo sucedido en la Universidad Nacional, es crucial examinar el tema de la autonomía y la democracia universitaria, teniendo al Manifiesto liminar de Córdoba, como antecedente fundamental en la historia de la educación superior latinoamericana. Este documento, redactado el 21 de junio de 1918 durante el Primer Congreso de Estudiantes Universitarios de América, celebrado en Córdoba, Argentina, marcó un hito en la discusión sobre autonomía y democracia en Colombia y en otros países del Cono Sur. El congreso fue muy relevante, que reunió a estudiantes de varias universidades de la región para discutir los problemas y desafíos comunes de las instituciones de educación superior, situación que guarda paralelismo con lo ocurrido en el país en momentos coyunturales.
El Manifiesto de Córdoba se menciona como un antecedente importante, porque en él se presenta el primer cuestionamiento al gobierno de las universidades, ejercido por actores distintos a los estudiantes. Además, plantea la necesidad de establecer mecanismos de participación democrática que incluyan al estudiantado en la toma de decisiones, de manera vinculante. Este documento ha servido como fuente de inspiración para los estudiantes en Colombia, quienes, en medio de coyunturas locales y nacionales, han construido sus propuestas en torno a la autonomía y la democracia. Sin embargo, en palabras del actual rector, Leopoldo Múnera Ruiz[2], “En Colombia (…), la cultura política impidió que los postulados de Córdoba fueran institucionalizados y que moldearan las formas de gobierno universitario. No obstante, en ambos casos, el movimiento estudiantil y profesoral logró consagrarse parcialmente, como fundamento de una autonomía restringida y como referentes de legitimidad” (p. 21).
3. Autonomía universitaria en la Constitución de 1991, democracia en la Ley 30: Funcionamiento e implicaciones
La Constitución Política de Colombia de 1991, marcó un hito en la evolución política y social del país, en parte, gracias a la movilización estudiantil derivada de la séptima papeleta[3]. Esta Constitución no sólo puso fin a una era de inestabilidad y conflicto, sino que también estableció un marco legal que promovió una visión renovada del Estado y de sus instituciones, aunque para algunos, es también la llave que abre la puerta de Colombia al neoliberalismo. Entre los cambios introducidos, uno de los más significativos fue la consagración de la autonomía universitaria. El artículo 69 establece que las universidades, públicas y privadas, gozan de autonomía para elaborar sus planes y programas de estudio y administrar sus recursos. En particular, dicho artículo dispone que: “La autonomía universitaria se reconoce en las universidades y en los institutos técnicos y tecnológicos. Se entiende por tal, la facultad de gobernarse por sí mismos, elegir sus autoridades y desarrollar sus fines y objetivos propios, con sujeción a los principios y leyes que regulen la educación.”
Este principio responde a la necesidad de garantizar la libertad académica y permitir que las instituciones educativas funcionen sin interferencias externas indebidas, ya sea por parte del Estado u otros actores. No obstante, a pesar de la importancia de la autonomía universitaria, el debate sobre este tema ha sido limitado en la práctica. Durante mucho tiempo, el foco principal de los estudiantes ha sido evitar la intervención de la fuerza pública en los campus universitarios, dejando de lado aspectos cruciales como la capacidad de autogobernarse y elegir sus propias autoridades, lo que ocurre en cada IES, cuando llega el periodo de elecciones.
A pesar de reconocerse en la Constitución, la autonomía universitaria sigue siendo un concepto difuso, especialmente en lo que respecta al autogobierno y la elección de autoridades. Esto se debe, en parte, a la legislación establecida por la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia. En el capítulo II de esta ley se describe que los consejos superiores y directivos son los órganos de decisión más importantes en las instituciones de educación superior. Estos consejos toman decisiones relacionadas con el presupuesto, la normativa interna y la designación de decanos y otros directivos. Sin embargo, históricamente, estos órganos han estado integrados por personas externas a las instituciones, cuyas decisiones a menudo responden a intereses ajenos a los de la comunidad universitaria. Un ejemplo de esta situación se puede observar en las sucesivas designaciones a la rectoría de la Universidad Nacional.
Cuando se hace referencia a actores externos, se habla de la presencia de empresarios, exrectores, delegados del gobierno nacional, gobernadores, alcaldes, etc., generando un órgano de decisión distante, pues solamente hay dos miembros que están directamente relacionados con la cotidianidad de las instituciones, que son la representación estudiantil y la representación profesoral.
Si se examina con detalle, esto esboza una de las razones por las cuales, las elecciones para rector nunca han respetado la voluntad de la comunidad académica, sino que han servido a intereses que van más allá de los campus. Aunque hoy las decisiones sean afables con la comunidad, pues el presidente de la república ha decidido que sus designados sean relativos a la comunidad universitaria, y el ministerio de educación ha mostrado voluntad de diálogo y escucha con las comunidades, antes de ello, la injerencia del gobierno era problemática y transgredía las líneas de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política, suscitó movilizaciones estudiantiles que iban, desde la simple enunciación del problema, hasta la articulación y construcción de constituyentes universitarias, como sucedió con la Universidad de Nariño, la Universidad Distrital y la Universidad Nacional de Colombia.
4. Antecedentes de la movilización estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia
Es crucial aclarar que el marco normativo previamente descrito, no ha gozado de plena legitimidad dentro del movimiento estudiantil, pues la proclama de modificar la Ley 30, ha estado presente en las discusiones del estudiantado, pues no refleja completamente la educación de los sueños del estudiantado, como se proponía en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE[4]). Es equivocado pensar que, en esta coyuntura, el pulso del estudiantado por autonomía y democracia se limita a la disputa entre Leopoldo Múnera e Ismael Peña por la rectoría. Este es un tema que el movimiento estudiantil ha discutido desde antes de la construcción de la Constitución Política de 1991, y que fuera de la Universidad Nacional, ha sido protagonista en varias instituciones.
En 2011, tras dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, caracterizados por la persecución al movimiento social, su estigmatización, y el asesinato de líderes estudiantiles, y ante la agudización de la crisis de la educación superior en Colombia, surge la MANE. Esta mesa recompone el movimiento estudiantil, como respuesta a una coyuntura nacional que afecta a todas las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, como el estudiantado identificó en el proyecto de reforma a la Ley 30 de Juan Manuel Santos, que permitiría al sector privado participar en las universidades públicas, abriendo la puerta a su privatización.
En paralelo a la discusión sobre la entrada del sector privado a las IES públicas y sus implicaciones, se desarrollaron debates sobre autonomía y democracia. Este eje se centró en proteger los campus universitarios de la intervención militar[5], que era una respuesta común del Estado a las movilizaciones estudiantiles, a la par de exigir que las instituciones no fueran intervenidas tampoco por el sector privado, permitiendo así la mercantilización de la educación.
Una vez logrado este blindaje, el movimiento estudiantil local no se reactivó masivamente hasta 2017, cuando la administración de la Universidad Nacional en cabeza de Ignacio
Mantilla (Actual representante de los exrectores, quien también fue elegido sin haber ganado la consulta de la comunidad universitaria y quien propuso el método de votación engañoso que indigno a la comunidad académica en las pasadas elecciones) planteó una reforma al Acuerdo 044[6], “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia”. Esta reforma, excluyó al estudiantado de las decisiones, lo que generó movilizaciones por varias razones: (I) la falta de participación en la reestructuración de un acuerdo, que impacta directamente al estudiantado, (II) la reducción de la participación estudiantil y la financiación del bienestar universitario, que amenazaba con reducir significativamente los apoyos de alojamiento, alimentación y transporte. (III) la criticada securitización del campus, mediante seguridad privada[7], que estigmatizaba y perseguía a la comunidad universitaria.
En 2018, con la llegada de Iván Duque Márquez a la presidencia, el presupuesto general de la nación aumentó la financiación para la educación superior, pero no se destinó a pagar la deuda histórica con las IES, que funcionaban con déficit presupuestal. Esto generó malestar en el estudiantado, al identificar que los recursos no se destinaban a las instituciones públicas, sino a programas de financiación a la demanda, como “Ser Pilo Paga[8]“, y posteriormente “Generación E[9]” beneficiando mayormente a las universidades privadas. Además, se potenciaba la iniciativa del ICETEX[10], generando endeudamiento entre los estudiantes y precarizando su ingreso al mercado laboral, con la amortización de obligaciones por el pago contingente al ingreso[11].
“Por la participación alcanzada en la movilización, su carácter, persistencia y conquistas, el movimiento universitario de 2018 y el Acuerdo alcanzado por este con el Gobierno Nacional ocupan, sin lugar a duda, un sitio importante en la historia de los movimientos sociales y sus conquistas en Colombia.” (Atehortúa Cruz, 2020). Cuatro meses de movilización estudiantil lograron un aumento de 4.5 billones de pesos[12] en la base presupuestal y la revitalización de un movimiento estudiantil que no había tenido movilizaciones importantes desde la MANE. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 interrumpió el fortalecimiento del tejido social universitario, al impedir el uso de los campus universitarios, y el intercambio y relevo generacional. Este cierre físico afectó la capacidad de organización y movilización del estudiantado, que se vio obligado a trasladar sus actividades a plataformas virtuales[13], y hacer activismo a través de Reels de Instagram, videos de TikTok y video llamadas en Google Meet, con todas las limitaciones que esto conlleva, llegando a levantar coyunturas como las de las huelgas de hambre en Bogotá y Medellín por la matricula cero y la discusión del voto en blanco como protesta al método de elección no vinculante a rectoría de la universidad.
Tras varias movilizaciones pequeñas, la mayor coyuntura que ha vivido la Universidad Nacional se dio en el periodo académico 2024-1, que empieza por la movilización en torno a la crisis de infraestructura de la sede Tumaco y la negligencia de la administración de Dolly Montoya para atender un problema que se venía denunciando hace años, detonándose con la campaña en la consulta para la designación del rector y la mirada crítica al sistema de elección del cargo.
La consulta del 12 de marzo de 2024 arroja la victoria de Leopoldo Munera en los tres estamentos con una ponderación del 34%. Sin embargo y contra todo pronóstico el Consejo Superior Universitario en la sesión del 21 de marzo decide designar a Ismael Peña quien había quedado de terceras en la consulta a estamentos con un ponderado del 8%, por debajo de Raúl Sastre quien había obtenido 22% de la ponderación de votos. Aunque esta consulta solo filtra a los candidatos puestos en consideración del Consejo Superior Universitario, es cierto que expresa la voluntad de la comunidad encuestada.
La designación de Ismael Peña como rector generó descontento pues no había ganado la consulta en ningún estamento y el proceso de designación fue singular pues el Método Borda[14] que fue utilizado por los miembros del consejo superior universitario descartaba desde el primer momento a Leopoldo Munera quien había ganado la consulta pues el método descarta completamente los resultados de la consulta, privilegia a candidatos que no tenían ninguna oportunidad y es susceptible a que los votantes puedan manipular el resultado clasificando estratégicamente a ciertos candidatos en posiciones más bajas de lo que realmente prefieren como en efecto hicieron presuntamente quienes se oponían a respetar los resultados de la consulta hecha a la comunidad académica.
Esta designación fue desconocida por gran parte de la comunidad universitaria pues el método de elección no fue convencional y más bien dejaba dudas frente a su legitimidad y porque el designado rector Ismael Peña había tomado decisiones equivocas como la de posesionarse irregularmente en una notaría, en vez de hacerlo ante las instancias formales del Ministerio de Educación Nacional como lo estipula la normativa, lo cual aumentó la crisis de representatividad y generó desconfianza e indignación en la comunidad universitaria.
El 3 de abril, tras una asamblea triestamentaria, se decidió entrar en paro indefinido, exigiendo el respeto a la consulta, el desconocimiento de Ismael Peña como rector, y la revisión de reformas de bienestar, extensión y posgrados aprobadas por la saliente Dolly Montoya en los últimos días de su gestión. En mayo se instaló el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Universidad Nacional (ENEUN), donde se discutió la necesidad de iniciar un proceso constituyente en la universidad que tuviera como objetivo la discusión y reformulación de la normativa interna de la universidad.
Como toda coyuntura, este paro tuvo sus momentos de movilización álgidos y sus momentos de reflujo. El 02 de mayo, tras más de un mes de paro y la movilización cada vez más reducida, Ismael Peña se autoposesionó en una notaría del distrito, lo que exacerbó la situación. Para mediados de mayo, los trabajadores afiliados al sindicato de trabajadores SINTRAUNAL se sumaron a la protesta, y el 23 de mayo se eligió a Laura Quevedo como representante ante el CSU, dándole salida a una coyuntura que se veía perdida, jurídica y mediáticamente, cuando al escenario entraron congresistas de oposición y conectaron el acontecimiento de la Universidad Nacional, con la apuesta legislativa de la ley estatutaria para garantizar la educación como derecho fundamental.
Luego, el 6 de junio, contando con la nueva correlación de fuerzas al interior del Consejo Superior Universitario, al tener nueva representación estudiantil y el delegado del CESU elegido recientemente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, designaron a Leopoldo Múnera como rector, incluso cuando se retiraron de la sesión quienes en la primer sesión propusieron las metodologías que iniciaron la coyuntura, Ignacio Mantilla, representante de los exrectores, y Diego Torres, representante profesoral que ha sido el más mediático. Sin embargo, este hecho se ve eclipsado por otro hecho que afectaba gravemente a la educación, y fue la decisión de hacer una enmienda que conciliara las propuestas de David Luna de Cambio Radical y la del gobierno, que inició una movilización de maestros liderados por Fecode y desdibujo las coyunturas permitiendo que sectores de oposición al gobierno de Gustavo Petro las mezclaran, las confundieran y las usaran fuera de contexto para golpear en la opinión pública. Esta situación resaltó la necesidad de transformaciones legislativas para proteger la democracia y autonomía de las universidades públicas, desvelo intereses particulares en el negocio de la educación y retomó el debate de la reforma integral a la Ley 30 de 1992.
La respuesta de las bases populares de la Universidad Nacional mediante la movilización demuestra la capacidad de gestión política del movimiento estudiantil, revitalizando un estamento que se encontraba en crisis. Sin embargo, también fue claro el efecto de la pandemia en el relevo generacional y la cualificación de las discusiones lo cual suscita la necesidad de seguir cualificando políticamente el movimiento, para avanzar hacia una universidad que represente verdaderamente las mencionadas bases populares en el contexto del “gobierno del cambio”.
Para cerrar el relato de la coyuntura, vale la pena destacar las experiencias de organización resultado de este proceso algunos conectados con los temas de alcance global como el genocidio de palestina como lo es el campamento ProPalestina en el que han construido también una huerta problematizando también temas de seguridad alimentaria y otros que nacen a partir de la retoma de espacios que antiguamente pertenecían al estudiantado pero que a través de los años se fueron institucionalizando o cambiando de funcionalidad, dos en particular llaman la atención: la KoKoA (Kocina Komunitaria Amplia Chucho León Patiño) que es un espacio de toma del comedor central en la que los estudiantes se organizan para proveer de alimento a las personas que estaban en el campus sosteniendo las actividades en torno al paro, toma su nombre de Jesús Humberto León Patiño, líder estudiantil asesinado encontrado con signos de tortura unos días antes de los hechos ocurridos el 16 de mayo de 1984 mencionados anteriormente. “Chucho” fue el último presidente de “Cooperación Estudiantil” la organización estudiantil que estaba al frente de las cafeterías que atendían las residencias estudiantiles Uriel Gutiérrez que es justo el segundo espacio de organización que llama la atención.
El “Proceso de residencias estudiantiles Uriel Gutiérrez” que también toma su nombre de un estudiante asesinado, se desarrolla en las antiguas residencias estudiantiles cerradas y convertidas en la unidad administrativa de la universidad donde opera la rectoría y las instancias administrativas que hacen funcionar a la universidad. Allí se gestaron procesos de organización, coordinación y resistencia que mantuvieron vivo el paro dos meses y generaron un tejido social en torno a la memoria y la recuperación de espacios concebidos por los estudiantes.
Además, se debe reconocer que la lucha estudiantil ha sido una constante en la historia reciente de Colombia. Desde las manifestaciones contra la privatización, hasta las demandas por mejores condiciones de bienestar, el movimiento estudiantil ha demostrado ser un actor clave en la defensa de la educación pública. La capacidad de movilización y organización del estudiantado ha sido decisiva para lograr avances significativos, aunque los desafíos persisten.
La pandemia de covid-19 presentó un desafío adicional, limitando las posibilidades de protesta física y obligando a adaptarse a nuevas formas de resistencia. Sin embargo, el movimiento logró mantenerse activo, utilizando herramientas digitales para continuar la lucha.
El futuro del movimiento estudiantil dependerá de su capacidad para mantener la unidad y la cohesión, así como de su habilidad para adaptarse a los cambios políticos y sociales del país. La designación de Leopoldo Múnera como rector es un paso importante, pero la verdadera prueba será implementar cambios significativos que beneficien a toda la comunidad universitaria.
En este sentido, la formación política y la educación en derechos son fundamentales para que el estudiantado pueda enfrentar los desafíos futuros. La educación no solo debe ser vista como un medio para adquirir conocimientos técnicos, sino también como una herramienta para empoderar a los estudiantes y prepararlos para participar activamente en la vida democrática del país.
En conclusión, el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional ha demostrado una notable capacidad de resiliencia y adaptación. A pesar de los obstáculos, ha logrado mantener viva la lucha por la educación pública. El camino por delante requerirá un compromiso continuo y una estrategia clara para enfrentar los desafíos y construir una universidad que verdaderamente responda a las necesidades y aspiraciones de sus estudiantes, que se salga de las coyunturas locales, que tenga perspectiva de largo plazo y con vocación de poder y organización.
5. Experiencias alternativas de ejercicio de Democracia universitaria: Constituyentes de la Universidad de Nariño y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Antes de iniciar el análisis de las experiencias de procesos constituyentes en otras universidades públicas en Colombia, es fundamental determinar el factor estructurante que lleva al estudiantado de diversas universidades a considerar un proceso constituyente. Este factor radica en que la legislación vigente no genera una base normativa que permita el avance y adaptabilidad a las instituciones de cara a las cambiantes dinámicas del país. Esta normativa limita la acción de las IES y no se conecta con las particularidades y la normativa interna de cada universidad e institución técnica profesional tecnológica y universitaria, desconociendo las dinámicas y las capacidades propias y su relación e influencia con la realidad material de la sociedad, tanto a nivel nacional como territorial, obligando a los actores a replantearse la pertinencia de las reglas que gobiernan el diario de las instituciones.
El proceso constituyente de la Universidad de Nariño, iniciado en 2008, buscó modificar y reorientar el quehacer académico e investigativo de esta alma mater, para poder responder a las limitaciones y necesidades de la región. Además, intentó generar las instancias necesarias para materializar un cogobierno[15] al interior de la universidad, permitiendo al estudiantado reestructurar la institución y lograr su democratización, a través de la elección popular y la incidencia real en la toma de decisiones administrativas.
Los cambios dentro de la universidad no se limitaron a la reestructuración administrativa o académica, ya que estos ajustes no representaban un verdadero cambio. Por ello, se replanteó incluso, el modelo educativo bajo el cual funcionaba la Universidad de Nariño. Este proceso fue un hito dentro de las universidades públicas de Colombia, siendo un acontecimiento de base democrática, mediado por la discusión y el debate que es utilizado como ejemplo en cada espacio en el que se toca el tema.
El proceso constituyente se inició con la discusión en 13 mesas temáticas, que generaron un diagnóstico real y las propuestas frente a las falencias encontradas. Posteriormente, se conformó la asamblea universitaria, con representantes de estudiantes, profesores, trabajadores, la administración central y el consejo superior universitario, permitiendo abordar autónomamente, todos los cambios debatidos.
En 2014, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas inició su proceso constituyente con la resolución 018 aprobada por el CSU. Este proceso es una iniciativa basada en la formulación de dos órganos diferentes que, a largo plazo, buscan lograr el mismo objetivo: generar participación e incidencia real de las bases estudiantiles en las decisiones administrativas de la universidad.
Antes del proceso constituyente actual, surgieron dos propuestas de órganos de toma de decisiones: el congreso universitario en 2002, con 114 miembros, y la asamblea consultiva universitaria en 2008-2009, con 75 miembros. Ambos órganos, aunque diferenciados en su funcionamiento y composición, buscaban estructurar un nuevo modelo de educación que priorizara la relación IES-sociedad, generando democracia participativa y fortaleciendo la toma de decisiones al interior de la universidad.
El proceso constituyente en la Universidad Distrital aún está en curso y presenta limitaciones, como la falta de claridad en el alcance político, la influencia de las administraciones y alcaldías, y el desinterés creciente del estudiantado. Es crucial reconocer estos factores estructurantes para avanzar en la democratización de la universidad y mantener la discusión y la movilización en la universidad distrital
Hoy, la Universidad Nacional está a punto de iniciar un proceso constituyente. Es necesario identificar las limitaciones normativas a nivel nacional y asegurar la participación vinculante de las clases populares en los territorios donde la universidad tiene presencia. La hoja de ruta del proceso dictamina su desarrollo a largo plazo, y la creación de un órgano consultivo amplio es un reto significativo. Este órgano debe reflejar las perspectivas de los estamentos y comunidades de cada sede.
Además, es esencial caracterizar la población universitaria y los sectores políticos, así como los trabajos de base popular que sustentan el proceso constituyente. La representatividad debe ser auténtica, con asambleístas nombrados por ejercicios asamblearios locales, que reconozcan el trabajo en el tejido social. La voluntad política, tanto de la administración actual como de las futuras, es esencial para garantizar el avance logrado por el órgano consultivo.
El proceso constituyente en la Universidad Nacional debe trascender el ámbito interno y convertirse en una herramienta para impulsar cambios normativos en todas las universidades públicas del país. Este es el objetivo final que el estudiantado debe perseguir, utilizando la constituyente como medio para lograrlo.
6. Conclusión: ¿Qué debe cambiar?
La respuesta a esta interrogante es sencilla, pero su ejecución y la voluntad política para lograrlo es difícil de conseguir: ¡Es necesario cambiarlo todo!
Para empezar, las dinámicas internas de las instituciones de educación superior han evolucionado significativamente, y el marco normativo formulado hace más de 30 años ya no responde adecuadamente a la realidad cotidiana de estas instituciones en el país. Desde detalles básicos como el lenguaje, que solo reconoce a las universidades, excluyendo a otras instituciones educativas como las técnicas, profesionales y tecnológicas, hasta cuestiones más complejas como los modelos de financiación insuficientes. Queda claro que se requieren reformas profundas, en términos de democracia, lo que debe cambiar se ha abordado en el artículo.
La situación en la Universidad Nacional de Colombia es solo la punta del iceberg y el caso más mediático en tiempos recientes. Sin embargo, no es ni el primer ni el único caso de elección irregular de rector. Es clave prestar atención también a la situación que enfrenta la Universidad Tecnológica de Pereira, que lleva cinco meses intentando designar a su rector ya que la puja por el poder de la institución más importante de Risaralda está disputado por partidos políticos, expresidentes y la comunidad universitaria.[16] Ambos casos, aunque presentan características diferentes, revelan dos aspectos fundamentales sobre la democracia universitaria: en primer lugar, la Ley 30 de 1992 no contempló la posibilidad de injerencia y toma del poder por parte de círculos de influencia política en las instituciones de educación superior (IES). En segundo lugar, la autonomía universitaria se convierte en una ilusión, mientras la misma ley permite que los órganos de decisión estén predominantemente compuestos por actores externos con intereses particulares. Aunque el actual gobierno del presidente Gustavo Petro ha tomado medidas favorables para los sectores populares del movimiento educativo, y la injerencia gubernamental puede ser conveniente en ciertos contextos, históricamente, la designación directa o indirecta del gobierno en los consejos superiores universitarios ha introducido temas e intereses ajenos a la comunidad académica. Por lo tanto, es definitivo cambiar la composición de los consejos superiores y directivos en las IES, promoviendo modelos de cogobierno.
El segundo aspecto que requiere cambio es el mecanismo de elección de la máxima autoridad administrativa de las IES. Generalmente, la voluntad de la comunidad académica no es vinculante y se limita a consultas que, como en el caso de la Universidad Nacional, deben ser ponderadas por estamento y no son tenidas en cuenta en la decisión final. Estas consultas deben ser vinculantes para que reflejen verdaderamente la voluntad de la comunidad y permitan al órgano de decisión interpretar la voluntad de los consultados. En ninguna circunstancia debe la autoridad administrativa ser impuesta sin una consideración adecuada de las opiniones de todos los estamentos involucrados.
Esta es solo una de las múltiples discusiones que hoy evoca la Ley 30 de 1992, en definitiva y como ha sido señalado en varias partes del artículo, desde hace años existe la necesidad imperante de cambiar esta ley y formular una que este a la vanguardia de las dinámicas y discusiones que el movimiento educativo ha desarrollado por más de una década. No se trata solamente de la democracia universitaria, esta nueva ley de educación debe pensarse el carácter de la educación en el país, es decir, cuestionarse la función de la educación, su pertinencia en los territorios, a quien debe ir dirigida, cuál es su enfoque y la relación de las instituciones los territorios en los que está presente. Debe profundizar en políticas de bienestar universitario que vayan más allá de los subsidios, los grupos de deporte y danza, y se transversalice atendiendo de manera integral las necesidades de la comunidad educativa. Sobre los profesores debe reglamentar condiciones de dignidad laboral para los todos los tipos de profesor (catedra, ocasionales, de medio tiempo y de tiempo completo) evitando la precarización que hoy viven. Debe pensarse una ley más allá de la universidad que de condiciones a las 33 instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias (ITTU) que hoy reciben a miles de estudiantes en todo el territorio fortaleciendo la oferta pública a pesar de las dificultades que genera ser establecimientos públicos y no gozar de las condiciones que tienen las universidades como entes autónomos. Todo lo anterior por supuesto debe pensarse en clave de la financiación plena y suficiente de las instituciones, pasando por la creación de una base presupuestas para las ITTU, la subsanación de la deuda histórica de las universidades y proyectándose la inversión que permita aumentar la cobertura y la calidad de la educación superior en Colombia.
En conclusión, para avanzar hacia una auténtica democracia universitaria, es imperativo reformar tanto el marco normativo como los mecanismos de elección y participación en las instituciones de educación superior, asegurando que todos los actores relevantes tengan una voz significativa en la toma de decisiones, sin embargo esta no es la única reforma necesaria y además de la necesidad urgente de una nueva ley de educación, todas las IES públicas del país deben contemplar procesos constituyentes de cara a reformar la normativa interna con participación vinculante de todos los actores involucrados para que de manera conjunta estudiantes, profesores y trabajadores definan la dirección de sus instituciones y nunca más los centros de pensamiento del país estén a merced de intereses externos y particulares.
Referencias
Atehortúa Cruz, A.L. (2020). El movimiento universitario de 2018: ¿histórico? En J. A. W. T. Ricardo García Duarte (Ed.), La educación superior en Colombia: retos y perspectivas en el siglo XXI (pp. 141–163). Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Múnera Ruiz, L. (2011). La reforma de córdoba y el gobierno de las universidades públicas en américa latina. análisis comparado de cinco universidades. Universidad Nacional de Colombia.
Mora Cortés, A. F. (2020). La MANE y el movimiento estudiantil en Colombia: Agendas, luchas y desafíos. Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Foto de encabezado: Pinta de la plaza Ché, por Nicolás Alfonso.
[1] Las senadoras del partido Centro Democrático se mostraron preocupadas por la situación Universidad Nacional de Colombia argumentando que el Gobierno Nacional estaba violando la autonomía universitaria consagrada en la constitución, haciendo varias declaraciones públicas, constancias en el senado e incluso citando a debate de control político a la ministra Aurora Vergara Figueroa cuestionando el proceso de elección mencionado.
[2] Leopoldo Múnera Ruiz es una figura destacada en la Universidad Nacional de Colombia, donde ha desempeñado diversos roles académicos y administrativos. Es abogado de la Universidad del Rosario Realizó estudios de maestría en Filosofía del Derecho en la Università degli Studi di Roma y en Desarrollo en la Université Catholique de Louvain, donde también completó su doctorado en Ciencias Políticas. Su carrera en la Universidad Nacional comenzó en 1984 como profesor ocasional en el Instituto de Derecho Público en Bogotá. A lo largo de los años, ha ocupado diversos cargos, incluyendo profesor asistente, director de departamento, decano de la Facultad de Derecho y vicerrector de la sede de Bogotá. Además de su labor académica, Múnera ha publicado ocho libros y dirigido seis tesis doctorales.
[3] La Séptima papeleta fue una propuesta que surgió a partir de un movimiento estudiantil, para depositar una papeleta en apoyo para realizar una nueva Constitución Política, ante las elecciones del 11 de marzo de 1990 de Colombia que se elegía Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, Juntas Administradoras Locales (JAL), Concejo Municipal, alcaldes (las elecciones para gobernador solo fueron a partir de la constitución del 91).
[4] La Mesa Amplia Nacional Estudiantil -MANE- fue una plataforma estudiantil creada por estudiantes de instituciones de educación superior en el 2011, como parte de las protestas y movilizaciones en contra de la reforma a la educación superior dictada por la Ley 30 de 1992. En esta participaban organizaciones estudiantiles, colectividades y estudiantes independientes. Con esta plataforma y la movilización, el movimiento estudiantil colombiano logra que el presidente Juan Manuel Santos retire la reforma a la Ley 30 que estaba proponiendo en su gobierno.
[5] La comunidad universitaria rechaza la intervención militar en el campus de la universidad nacional, principalmente por los hechos del 16 de mayo de 1984, cuando se detuvo a casi 80 personas de la comunidad universitaria, algunas torturadas, dentro y fuera de la universidad. Véase https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/16-de-mayo-de-1984-una-fecha-que-el-movimiento-estudiantil-se-niega-a-olvidar-article/
[6] Acuerdo 044 de 2009 “Por el cual se adopta el Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia en sus disposiciones de Bienestar y Convivencia“ Véase en https://legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=37192
[7] La seguridad de los campus de la Universidad Nacional es administrada por la División de Vigilancia y Seguridad DVS. Esta a su vez terceriza el servicio en la empresa de vigilancia privada “Servisión de Colombia & CIA LTDA”
[8] Ser Pilo Paga fue un programa del Gobierno de Juan Manuel Santos que buscaba que los estudiantes con mejores resultados de las pruebas saber del país, con menores recursos económicos, accedan a Instituciones de Educación Superior acreditadas de alta calidad, aunque al inicio la idea fue bien acogida, los estudiantes de estos programas que accedían a universidades de elite terminaron con deudas que ascendían los 100 millones de pesos y con problemas de salud mental ocasionadas por el bullying y el clasismo presente en dichas instituciones y la presión por graduarse para no pagar la deuda.
[9] “Generación E” fue en el gobierno de Iván Duque, el mismo programa que el “Ser Pilo Paga” de Juan Manuel Santos, la diferencia sustancial fue que “Generación E” sí estaba 100% destinado a que los estudiantes accedieran a universidades privadas.
[10] Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
[11] Según el ICETEX, El Pago Contingente al Ingreso (PCI) es un mecanismo que de pago el cual descuenta de su salario un porcentaje fijo para pagar su crédito educativo. Se reglamente en el decreto 1009 del 14 de junio de 2022.
[12] Estos 4,5 billones de pesos adicionales serían desembolsados a lo largo de los cuatro años de gobierno del expresidente Iván Duque Márquez. Dichos recursos estarían destinados a fortalecer la base presupuestal y el rubro de inversión. Su distribución se haría de la siguiente manera: IPC + 3,5% en 2019, IPC + 4% en 2020, IPC + 4,5% en 2021 e IPC + 4,65% en 2022.
[13] En el año 2020 el activismo estudiantil se limitó mayoritariamente a hacer contenido de agitación en redes sociales, los videos realizados por estudiantes iban desde bailes y memes hasta video monólogos con temas de actualidad. Al principio este activismo estaba dirigido a lo estudiantil, pero con las movilizaciones nacionales producto del estallido social este contenido supera los temas universitarios y empieza a hacer análisis de coyuntura nacional.
[14] El método Borda es un sistema de votación utilizado para tomar decisiones en elecciones con múltiples opciones o candidatos. Fue desarrollado por el matemático y político francés Jean-Charles de Borda en 1770. Este método se emplea comúnmente en situaciones donde es necesario ordenar opciones según las preferencias de los votantes. Con este método cada votante ordena a los candidatos u opciones de acuerdo con sus preferencias, de la opción que más les gusta a la que menos les gusta. Después de que todos los votantes hayan ordenado sus opciones, se suman los puntos otorgados a cada candidato u opción. El candidato con más puntos acumulados al final es el ganador.
[15] El principio de cogobierno alude al gobierno compartido de la universidad por parte de los diferentes sectores de la comunidad universitaria.
[16] La Revista Raya en su artículo de investigación La universidad pública de Pereira, atrapada en el poder del expresidente César Gaviria señala que ”Tras siete rondas de votación, entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) aún no elige rector. Un candidato alternativo, el profesor Alexander Molina, ganó la consulta interuniversitaria, pero los partidos Liberal y Centro Democrático tienen cooptada la universidad y están unidos para reelegir por cuarta vez a Luis Fernando Gaviria, el hermano del expresidente Cesar Gaviria. Revelamos contratos de la UTP entregados a políticos de estos partidos.”
