El fulminante ascenso del presidente Bukele

1. Los inicios

Aficionado a los medios electrónicos y a la cultura pop, dueño de un discoteca, de agencias de publicidad y de la distribuidora de motores fuera borda y motocicletas Yamaha, Nayib Bukele comenzó pronto a incursionar en política. Su padre, empresario de origen palestino, cristiano convertido al Islam, fue clave en su alianza con el partido FMLN, heredero de la antigua guerrilla salvadoreña. El punto de partida fue sencillo: Un pequeño municipio cercano a San Salvador, que comenzaba a convertirse en terreno propicio para la expansión de vivienda de clase media, de una capital que se estaba quedando sin espacio. Allí llevaba varios períodos como alcalde, un pequeño cacique rural, de movimientos lentos y de desarrollo nulo, adscrito al partido ARENA. La juventud, la simpatía personal, las promesas de dotar de agua corriente y sana al pequeño casco urbano, y el aura de joven empresario, le dio fácilmente el triunfo. Con el arribo de Bukele llegó también el agua y una rápida expansión de zonas urbanizadas. Becas para universitarios del sector, canasta alimentaria para ancianos sin protección social, construcción de zonas de lectura y de acceso a computadoras, defensa, al menos de palabra, del medio ambiente, llevaron incluso a que las Naciones Unidas lo invitara en 2014 como ponente en el día mundial de las ciudades. Su gestión se convirtió en un éxito publicitario, y el FMLN le terminó ofreciendo la candidatura a las siguientes elecciones para alcalde de San Salvador. Unido en negocios con miembros del FMLN, se benefició de las ayudas venezolanas del sistema Alba e incluso incursionó en el campo de la televisión, compartiendo acciones junto con algunos líderes de dicho partido.

El triunfo ajustado en la alcaldía de San Salvador le permitió continuar creciendo en popularidad con su política mediática de una obra al día y el inicio del reordenamiento de un deteriorado centro urbano. Considerado el puesto de alcalde como un paso hacia la presidencia de la república, las críticas y los ataques hacia Bukele se intensificaron. Pero el modo desenfadado y burlón contra los opositores, le siguió dando prestigio. Era un joven, de una generación distinta de quienes habían participado en la guerra civil, que se enfrentaba fácilmente con políticos, cuyos logros habían sido muy débiles y tenían cansada a la población, víctima de vulnerabilidad permanente. Su libertad de palabra le llevó pronto a chocar con el liderazgo tradicional del FMLN y fue expulsado del partido, a pesar de que en algunos momentos, el propio FMLN lo había considerado un potencial candidato a la presidencia.

 Consciente de su popularidad, Bukele intentó formar un nuevo partido para presentarse a las elecciones presidenciales. Los obstáculos se multiplicaron. El recuento oficial de las firmas de respaldo al nuevo partido cayó en lentitud impuesta para que no lograra su legalización antes de las elecciones. Cuando Bukele pactó su candidatura a la presidencia con un pequeño partido considerado de centro izquierda, el Tribunal Supremo Electoral decidió la anulación de dicho partido. Consiguió entonces un acuerdo para presentarse a la presidencia por un partido de derecha con fama de corrupción y ganó las elecciones. Los dos partidos tradicionales, ARENA y el FMLN, que habían gobernado el país durante treinta años, no cayeron en la cuenta de que los ataques que lanzaban contra Bukele, los percibía la población como ataques al deseo de cambio de las mayorías.

2. La primera presidencia

El triunfo de Bukele fue claro y contra la mayoría de las previsiones, que presagiaban una segunda vuelta en la que se enfrentaría al candidato del partido ARENA. Entró en junio de 2019 con la aureola de líder carismático, tomando decisiones desde el primer momento y gobernando a través de órdenes dadas a través del entoces Twitter (hoy X). La criminalidad, que ya venía bajando desde el año 2015, comenzó a descender con mayor rapidez. Bukele prometía hacer justicia a las víctimas de los crímenes del pasado y destruía estatuas y monumentos de los anteriores gobernantes. Con una Asamblea Legislativa en manos de los dos grandes partidos tradicionales, elegida un año antes de la victoria de Bukele, el joven presidente comenzó a sentir pronto las negativas a la aprobación de créditos. Y son precisamente esas contradicciones las que empiezan a revelar un pragmatismo autoritario, que prescinde de normas democráticas y de leyes establecidas.

En efecto, el 9 de febrero Bukele se tomaba militarmente la Asamblea Legislativa, amenazaba con la disolución del poder legislativo, y solo después de decir que “Dios le había pedido paciencia”, salió del salón de los diputados y le pidió calma a la gente. Pocos días después, la Asamblea le autorizaba los créditos que Bukele reclamaba para enfrentar el problema de las maras. Durant la pandemia de COVID-19, casi inmediata a la toma de la Asamblea, continuó mostrando esa mezcla de autoritarismo y populismo que aún mantiene, y que tanto apoyo ciudadano ha recibido. Los centros de contención, donde podía uno quedar detenido durante un mes o más si salía de casa el día que no le tocaba, se presentaba como una política de protección para las mayorías. Lo mismo el cerco de ciudades y la exigencia durante tres días o más, de encerramiento total en la vivienda a todos sus habitantes. Se rebajaban los datos de muertos a causa de la pandemia y se construyó en tiempo récord, un hospital que duplicaba la existencia de respiradores mecánicos en el país. Si un enfermo llamaba a un teléfono oficial para informar de su contagio de COVID-19 ese mismo día le llegaba un paquete de medicinas a la casa, aunque no sirviera de mucho. Bukele compró rápidamente vacunas y consiguió que El Salvador fuera uno de los primeros países de América Latina en llegar al 60% de la población vacunada. La entrega mensual de  canastas alimentarias a las familias de bajos recursos, así como una donación de 300 dólares a los grupos familiares más pobres, generaron más apoyo al líder, y superaron por mucho, la indignación por las ilegalidades de las detenciones en centros de contención.

Comenzaba así lo que ha sido la tónica de los últimos años: Dureza autoritaria, medidas populistas, hostilidad hacia la prensa crítica, agresión verbal o en redes contra los opositores e intensa propaganda de las actividades del gobierno, con frecuencia centradas en obras públicas y donaciones a los sectores pobres o vulnerables. Con posiciones conservadoras en temas de género, invierte en leyes de protección animal y construye hospitales para mascotas. Se burla en Twitter (hoy X) de sus opositores y se presenta como el líder de una nueva generación. A las donaciones ya mencionadas durante la pandemia, se sumó pronto la entrega masiva de computadoras a los estudiantes de los colegios públicos, así como los esfuerzos más lentos de dotar de acceso a internet a las escuelas. La victoria electoral en las elecciones legislativas de 2021 le dio el control mayoritario de la Asamblea Legislativa. Y con ello desaparecieron los frenos y controles que podía tener su gobierno. El mismo día de la toma de posesión de los nuevos diputados, la Asamblea destituyó, sin proceso y sin debate parlamentario, a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, así como al Fiscal General, críticos de los excesos autoritarios del gobernante. Tras las destituciones vino inmediatamente el nombramiento de los nuevos magistrados, Fiscal General y presidente de la Corte, dóciles y obedientes ante el poder ejecutivo.

Con el control de la Corte y la Fiscalía se inició un proceso de persecución de líderes de oposición, especialmente vinculados al FMLN. La no declaración a Hacienda de los tradicionales sobresueldos que recibían las diversas autoridades del poder ejecutivo, fue catalogada como enriquecimiento ilícito y sujeto a encarcelamiento inmediato. Si quedaban algunos jueces con visión crítica e independiente, se procedió con una nueva ley, a decretar la jubilación obligatoria de todos los jueces mayores de 60 años (fácilmente un 25% de los jueces del país), violando, entre otras normativas, la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”, que prohíbe la discriminación por edad y está ratificada por El Salvador. La misma ley facilitaba los cambios de juzgado e igualaba a los jueces de primera y segunda instancia. De tal manera que un juez que diera sentencias opuestas a la voluntad de ejecutivo, podría ser trasladado a otro juzgado o transferido de la segunda a la primera instancia.

Con el control de la Asamblea Legislativa, del sistema judicial y de la Fiscalía, el poder total descansó en el Ejecutivo. Las leyes comenzaron a aprobarse frecuentemente con “dispensa de trámite” (sin debate público en la Asamblea). La ley que establece el bimonetarismo en el Salvador, equiparando el dólar y el bitcoin como moneda nacional, se aprobó sin discusión en un decreto de dos páginas. Los créditos se conceden automáticamente y el endeudamiento de país aumenta peligrosa y desproporcionadamente. La reserva de información pública se hace habitual, especialmente en proyectos o actividades gubernamentales en los que se maneja dinero. Las sospechas de corrupción, ya presentes en los tiempos de pandemia, por la opacidad de las compras gubernamentales, crecieron con la anulación de facto de la vigente ley de acceso a la información pública.

Y en el medio de todo el proceso de control, la joya de la corona: El “régimen de excepción”. Aunque los homicidios venían descendiendo claramente en El Salvador, el peso y la prepotencia de las “maras” era una herida en la conciencia nacional. En marzo del 2022, una de las pandillas cometió 76 homicidios en dos días. La respuesta no se hizo esperar. Atentar contra la imagen del presidente que iba rebajando la criminalidad era demasiado grave. Y el 27 de marzo se aprobó un régimen de excepción, que suspendía por un mes una serie de derechos. Renovada sistemáticamente cada mes, el país lleva ya 30 meses con la suspensión de los siguientes derechos: Libre asociación y reunión, garantías de asistencia de defensa durante los procesos administrativos de la detención, privacidad de la correspondencia y la detención para inquirir, de 76 horas pasa a ser de 15 días. Aunque el régimen no se ha aplicado sistemáticamente a toda la población, sí ha tenido un efecto duro en el campo y en los barrios marginales. Los más de 80.000 detenidos proceden mayoritariamente de sectores pobres o vulnerables. A ellos y a sus familias se les amplía la represión y el mal trato. Pueden estar dos años detenidos, en vez de los 15 días del “régimen”, sin recibir visitas familiares o sin ver un abogado. Aunque no es obicatorio,  pero sí resulta conveniete, las familias pagan una cuota para mejorar la alimentación de los detenidos. La denuncia anónima o el criterio policial sobre la apariencia y vestimenta de un  joven puede significar meses de cárcel. Desde una óptica jurídica, el “régimen” es arbitrario, cruel y violatorio de convenciones y tratados de DDHH ratificados por El Salvador.

Con la tasa de homicidios a menos de 3/100.000 habitantes, desaparece el control de las pandillas en los barrios populares, la gente goza de libre tránsito sin amenazas y la extorsión de pequeños negocios se reduce drásticamente. La aprobación del “régimen” es masiva, aunque algunos aspectos, como la negativa de la visita familiar a los privados de libertad, es mal vista por la gran mayoría. Pero la liberación del peso y la violencia de las maras se ha convertido en la causa principal del apoyo al gobernante actual. Y es precisamente esa capacidad de tomar decisiones y lograr resultados eficaces, más allá de disposiciones legales y tratados internacionales, lo que le ha dado al presidente Bukele un aura de nueva solución para viejos problemas. Su amistad con Milei, Trump o Elon Musk,  lo ubican dentro de esa nueva derecha neoliberal autoritaria que pone las soluciones inmediatas por encima de normas y derechos. Elegido por segunda vez consecutiva como presidente, gracias a una interpretación constitucional caprichosa de sus amigos de la Corte Suprema, se propone arreglar lo que ha descuidado en su primer gobierno: La situación económica del país. Para ello ha prometido lo que él llama “medicina amarga”: Despidos y recortes del empleo en el Estado y aceptación de consejos del Fondo Monetario Internacional, ya reconciliado con el tema del bitcoin. Su autoritarismo libertario, que pone la libertad de los más fuertes como expresión máxima del buen hacer político, ha fascinado al país que preside. Queda por ver si podrá controlar solamente con su propaganda, sus redes y sus manipulaciones legales, los efectos de los ajustes económicos que está implementando, junto con el cansancio de un autoritarismo que va multiplicando víctimas entre los más débiles.