101 / ENE-ABR 2021

Lo que esconde la pandemia ¿En (E)estado de guerra?

EDICIÓN 101 ENE – ABR 2021

Por Martha C. García, Santiago Garcés y Ana María Restrepo

Después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar (Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, diciembre de 2020).

Sí, nadie debería aceptar que a un año de pandemia declarada en el país, y a cuatro años de haberse firmado un acuerdo de paz, Colombia aún siga en estado de guerra: guerra contra las mujeres y la población LGBTIQ, contra indígenas y afrodescendientes, contra jóvenes y excombatientes, contra defensores y defensoras de derechos humanos, de territorios y medio ambiente, guerra contra víctimas, contra el campesinado y el sindicalismo, contra migrantes, pobres e indignados… más un largo etcétera de actores sociales que, quiérase o no, hacen parte de esta nación.

El balance no podría ser más desalentador: 91 masacres en 2020 con 381 víctimas; 15 masacres más en 2021, con 59 víctimas (al corte del 25 de febrero de 2021); 310 líderes sociales y defensores/defensoras de derechos humanos, asesinados en 2020, y 29 más en lo que va corrido de 2021 (hasta el 6 de marzo). 64 firmantes del acuerdo de paz asesinados o desaparecidos en 2020, y 10 más hasta el 6 de marzo de 2021 1indepaz.org.co. 630 feminicidios en 2020 y otros 55 en enero de 2021 2observatoriodefeminicidio.org.75 homicidios y 20 casos de violencia policial contra población LGBTIQ en 2020 3colombiadiversa.org. 90 desplazamientos masivos ocurridos en 2020, en los cuales 28.509 personas tuvieron que abandonar sus viviendas, huyendo no solo de enfrentamientos entre grupos armados, sino de amenazas contra sus vidas. Y hasta el 1° de marzo de 2021, se produjeron 16 desplazamientos masivos intraurbanos y 14 rurales, que afectaron a 11.150 personas, de las cuales el 90% pertenece a comunidades étnicas del Pacífico colombiano4defensoría.gov.co.

Estas cifras son apenas una muestra de la violencia que campea en el país. Aquella que, como ya lo dijimos en el número anterior de esta revista5¡A quejarse al mono de la pila! Protestas en época de pandemia en Colombia, desencadenó un número significativo de luchas sociales durante 2020 para exigir la garantía de derechos (motivo que ocupó el segundo lugar entre las peticiones expresadas en las protestas de ese año, así como en lo que va corrido de este), y también obligó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a hacer un llamado a las autoridades colombianas

a tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia. Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no solo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población (M. Bachellet, diciembre 2020).

Esta espiral de violencia que hemos visto en el último año, estas vidas segadas, ese terror producido a poblaciones enteras, corresponde a lo que Rita Segato denomina «el espectáculo del poder sobre la vida»: la pretensión de tener el control sobre los cuerpos, sobre las emociones, sobre los destinos de esas vidas que se procura doblegar por la fuerza para cercenar sus rebeldías y resistencias. Cuerpos convertidos en campos de batalla. Los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de la población LGBTIQ, los cuerpos de los trabajadores, los cuerpos jóvenes, los cuerpos racializados, comunidades campesinas como cuerpos colectivos, los cuerpos encarcelados… todos ellos convertidos en objetivos estratégicos de la guerra.

Foto: Revista Generación Paz

Este aterrador espectáculo del poder sobre la vida ha venido acompañado por el derribamiento del escaso estado bienestar del que adolece este país y por el desmonte del multiculturalismo, ese que estuvo en boga desde inicios de la década de los años 90 del siglo anterior, el mismo que ha sido desmantelado durante el último quinquenio, y que se ha ido desmoronando durante la pandemia.

Muestra de los intentos más recientes por liquidar el estado bienestar, es la expedición del Decreto 1174 del 27 de agosto del año anterior, que entró en vigor el primero de febrero del presente año. Este decreto reglamenta la afiliación a un sistema de seguridad social paralelo y precario, denominado Piso Mínimo de Protección Social, para las y los trabajadores asalariados y contratistas por prestación de servicios, cuyas remuneraciones sean inferiores a un salario mínimo mensual. En este escenario, los patronos se ahorran sus aportes al sistema contributivo de salud de sus trabajadores, salud que es asumida por el Estado a través del respectivo régimen subsidiado. En materia pensional, el patrón aporta un 14% de lo devengado por el trabajador para el programa de Beneficios Económicos Periódicos. Originalmente, este programa estaba pensado como un sustituto para quienes no alcanzaran a obtener una pensión. Con esta reforma, sin embargo, el sistema se articula de manera obligatoria a las relaciones laborales, con una remuneración inferior al salario mínimo. Dicho decreto, además, establece que un 1% de lo que gane el trabajador es aportado por el patrón para el pago de una póliza de seguros, que es una versión precarizada de la cobertura por riesgos profesionales, propia del contrato de trabajo. Los trabajadores contratados con esta modalidad, que difícilmente podrían alcanzar el derecho a una pensión mediante esta forma de cotización por horas, aparecen ahora -según el gobierno-, como “protegidos”, pues esta modalidad les permitiría acceder a una renta vitalicia en el futuro, la cual no alcanza los 150 mil pesos. El meollo del asunto es que esta disposición genera incentivos perversos para que los empleadores precaricen las condiciones laborales. A partir de la entrada en vigor de este decreto, le sale más barato a un empleador contratar a dos trabajadores de medio tiempo y por medio salario mínimo, cada uno a través de la figura del Piso Mínimo de Protección Social, en lugar de contratar a un solo trabajador de salario mínimo, debido a que la modalidad le implica un ahorro prestacional. De esta manera, el gobierno les disminuye los costos laborales a los empresarios, generando potencialmente un deterioro de las condiciones laborales existentes, mientras se ufana por el establecimiento de una protección futura absolutamente precaria.

Foto: Alianza de Medios Alternativos (AMA).

La embestida contra la diversidad cultural puede apreciarse, por ejemplo, en los intentos de quitarle a la consulta previa, el carácter de derecho fundamental para las comunidades étnicas, y de deber estatal para propiciar su participación, y garantizar su autonomía y sus derechos territoriales, lo que ha provocado una judicialización del derecho a la consulta previa. El Decreto 2353 del diciembre de 2019 presentó algunas novedades, como otorgarle a la Dirección Nacional de Consulta Previa, la potestad para determinar en qué casos (ya establecidos en acuerdos internacionales y en la legislación nacional) procedería este trámite la indeterminación de quiénes son los sujetos de derechos de la consulta previa, y la reiterada imposición de una tasa de cobro por la realización de las consultas previas, a cargo de los interesados en ella (artículo del Plan Nacional de Desarrollo que fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional). A este decreto se suma, en plena cuarentena, la petición que hiciera algún sector del empresariado colombiano al gobierno nacional, de aprobar procedimientos abreviados para “temas que violan el desarrollo como son trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales”, con el objeto de aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país, para evitar la crisis económica producida por el COVID-196Empresarios solicitan licencia ambiental y consulta previa exprés. La República, 11 de abril de 2020..

Otra muestra de la guerra contra la diferencia étnica y cultural –y, de paso, contra las víctimas– es la censura impuesta por el director general del Centro de Memoria Histórica y por el director del Museo de la Memoria, a los contenidos de la exposición SaNaciones, diálogos de la memoria, acordada el año anterior con ocho pueblos indígenas del país, como una forma de reparación simbólica 7La otra exposición que habría sido censurada en el Centro de Memoria. El Espectador, 10 de marzo de 2021.. Guerra contra la memoria de larga duración de los indígenas que se remonta a la conquista, guerra contra la concepción de vida buena que se opone a las nociones empresariales de desarrollo, guerra contra la concepción de que una de las causas del conflicto armado en Colombia ha sido la disputa por la tierra. Guerra, al fin y al cabo, contra la historia misma de la guerra de este país.

La arremetida contra la diversidad sexual y contra las mujeres, también se intensificó durante la pandemia. Para la población LGBTIQ aumentó el riesgo de obtener un trato aún más discriminatorio por parte de las entidades prestadoras de salud y del cuerpo médico, cuando presentó contagio por COVID, a lo que se sumó el abuso policial durante manifestaciones por hambre y por la reivindicación de derechos. La guerra contra las mujeres escaló en intensidad, tanto por el aumento en números, como en crueldad de distintas violencias dentro de sus propios hogares, como por el debilitamiento de sus cuerpos, casi hasta dejarlos exangües al haberlos cargado con las responsabilidades del cuidado y, en muchos casos, de la provisión de sus familias.

Ante el desboque de la guerra, las manifestaciones sociales también han crecido. Unas más estentóreas que otras, pero, en su mayoría pidiendo garantías para ejercer el derecho a la vida, la integridad y la libertad, y otras, gritando lo que los trapos rojos expresaban en silencio: mitigación del hambre, ayudas para mantenerse en casa. ¿Cuál casa? se preguntaban quienes fueron lanzados a la calle por no tener cómo pagar arriendos, y terminaron acrecentando el fenómeno de las invasiones de predios urbanos y rurales, a lo largo y ancho del país.

Para buena parte de los mandatarios, pandemia y protestas sociales no deberían ir de la mano. La protesta se intentó acallar con el ESMAD. El COVID con el Ejército, como se evidenció con la militarización de la frontera colombo-peruana- brasileña. Los desalojos de predios invadidos, las manifestaciones en barrios y centros de ciudades y poblados, pidiendo ayuda a las alcaldías, las protestas en contra de la erradicación forzada de cultivos ilícitos, las marchas de mujeres en contra de cada feminicidio, las conmemoraciones callejeras, las huelgas de hambre y los campamentos universitarios pidiendo matrícula cero, las marchas de la dignidad y en pro del respeto del derecho a la vida protagonizadas por indígenas, afros, campesinos, excombatientes, entre muchas de las movilizaciones sociales del año anterior y de lo que va corrido de este, han sido reprimidas o “acompañadas” por el ESMAD.

Foto: Jennifer Rueda

La presencia de este cuerpo represivo en las movilizaciones sigue cobrando vidas. Durante el año pasado, en la Base de Datos de Luchas Sociales, registramos 25 acciones de movilización del campesinado en contra de los procesos de erradicación forzosa, en territorios donde las familias campesinas estaban esperando la implementación de los Planes Nacionales Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Tres de esas protestas respondieron específicamente a asesinatos de campesinos por parte del ESMAD en medio de la resistencia a la erradicación. Este fue el motivo más reiterado de movilizaciones rurales en 2020, y el que peores resultados tuvo para las comunidades rurales, pues no hubo más que represión.

Así que ni en el campo ni en la ciudad son desconocidos los excesos de este cuerpo policial. Tampoco lo son en medio de las protestas que los rechazaron. Ni le son ajenos a las voces que pidieron cambios sustanciales a la policía, referidos a la manera como son formados sus efectivos, a los discursos que se trasmiten a través los manuales de formación, a los valores democráticos y de defensa de los derechos humanos que se espera sean inculcados a los miembros de esta institución. También se ha pedido una transformación de este cuerpo militar, en cuerpo civil. Ante la comprobada intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, en septiembre de 2020, mediante sentencia STC-76418Esta sentencia se dio como respuesta a una acción de tutela instaurada por organizaciones y apoderados de las víctimas de la violencia policial en el Paro Nacional del 2019., la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades involucradas en el manejo de las movilizaciones sociales, tomar medidas para garantizar el derecho a la protesta pacífica, y convocar una mesa de trabajo en la que participaran la ciudadanía, los órganos de control y los mandatarios regionales y locales, para reestructurar las directrices sobre uso de la fuerza en manifestaciones, y expedir un “Estatuto de uso, reacción y verificación de la fuerza legítima del Estado, y de protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”.

El 5 de enero de 2021, el gobierno nacional reanudó sus relaciones con los movimientos sociales y la población en general, con la emisión de dicho estatuto, el Decreto 003 del Ministerio de Interior. El 14 de enero de 2021, organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado, en el cual señalan algunos puntos importantes que no fueron tenidos en cuenta por el gobierno para una adecuada y efectiva reglamentación que limite la actuación policial, en su labor de atención a manifestaciones públicas, y expresaron su temor de que esa nueva reglamentación fuera solo una declaración de principios que, en lo operativo, no modifica sustancialmente ningún aspecto de la actuación de la Policía Nacional durante las protestas ciudadanas, que durante 2020 fue arbitraria y desproporcionada

Foto: Fiscalía General de la Nación.

Ni el gobierno nacional ni la Policía Nacional han atendido las peticiones de transformación de la institución. En cambio, recientemente, nos enteramos de los cambios que se harán ¡a los uniformes y a la dotación de los efectivos! El color, la textura, la reflectividad de los trajes a los que se les ha incorporado una cámara para registrar cada operativo, son parte de los cambios consensuados de la Policía Nacional, a los que hay que agregar un bolillo retráctil, similar a una pértiga, y las pistolas Taser9CityNoticias de las 8, 7 de marzo de 2021.

Bajo la capa de la pandemia asoman la guerra, el autoritarismo, el racismo, el machismo, el clasismo, aunque el gobierno haya pretendido hacernos pensar que su guerra contra los pobres, los migrantes, las mujeres, la población LGBTIQ, los trabajadores, los adolescentes, niños y niñas, los jóvenes desescolarizados/deslaborizados, los pobladores de los márgenes y las fronteras tan sólo es una guerra justa contra el coronavirus.

Foto portada: Javier Ruíz.

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Investigador del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Movimientos sociales, área Territorio, interculturalidad y movilización. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, y magister en Estudios Laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa (México). Temas de interés: Sociología del trabajo, acción colectiva de trabajadoras y trabajadores no clásicos y estrategias de control de las subjetividades laborales en el capitalismo contemporáneo.

Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo de Movimientos Sociales. Socióloga y magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Temas de interés: movilización social, procesos de urbanización, extractivismos, memorias.

Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Movimientos Sociales. Historiadora y magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Temas de Interés: movilización social, territorialidades, mujeres rurales, identidades y memoria.

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