Desde la campaña presidencial, la narrativa del Gobierno de Gustavo Petro ha estado atravesada por dos ejes rectores: la justicia ambiental y la paz con la naturaleza. Estos ejes se materializan en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde el ambiente está en el centro del debate socioeconómico, la diplomacia internacional y la planificación territorial a través de su lema “Colombia, potencia mundial de la vida”.
EDICIÓN 115 ENE-JUN 2026La puesta en marcha de esta apuesta política ha puesto de manifiesto una profunda tensión entre dos modelos de desarrollo históricamente divergentes: por un lado, un modelo desarrollo con un esquema dominante de acumulación por desposesión, fuertemente arraigado en la extracción de recursos, la expansión de la frontera agropecuaria y la dependencia minero-energética que ha generado graves impactos socio-ambientales y despojo territoriales sobre comunidades étnicas y campesinas y, por otro lado, la propuesta del Gobierno de Petro centrada por un concepto de desarrollo eco-céntrico en el que el modelo de protección, conservación y restauración ecológica busca posicionar a Colombia como potencia global no a partir de las dinámicas extractivas, sino de su potencialidad ecológica.
En este artículo, se analiza la política ambiental impulsada por el Gobierno de Petro desde dos ejes de análisis: (1) el liderazgo diplomático internacional posicionando a Colombia como una voz global articulada al Sur Global en cumbres sobre biodiversidad y cambio climático y (2) el agua como ordenador del territorio con la premisa de que los planes de desarrollo deben adaptarse a las dinámicas de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas en lugar de subordinar la naturaleza al modelo de desarrollo extractivo[1].
Diplomacia y liderazgo internacional en la agenda ambiental
A nivel internacional, el Gobierno de Petro consolidó una estrategia de diplomacia multilateral orientada a posicionar al país como interlocutor representativo del Sur Global. Este posicionamiento se sustenta en tres dimensiones: (1) el fortalecimiento normativo del Estado mediante instrumentos internacionales de protección ambiental, (2) el liderazgo en espacios de negociación internacional en materia de biodiversidad y crisis climática y (3) la articulación de iniciativas de integración regional enfocadas en la cuenca amazónica y la transición energética justa.
La primera acción estratégica de este mandato consistió en enviar una señal contundente de liderazgo regional a través de la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú[2]. Con este paso, el Estado colombiano asumió un compromiso institucional con la democracia ambiental, la participación ciudadana y la protección a las personas defensoras de derechos ambientales. Este compromiso internacional se alineó con una legislación nacional con altos estándares ambientales y climáticas para la salvaguarda de la biodiversidad y los derechos de las comunidades más vulnerables.
La firma de Escazú se suma a la ratificación de los compromisos climáticos adquiridos en el Acuerdo de París, desde donde Colombia promueve una política de Estado por la reconversión de la matriz energética centrada en los combustibles fósiles hacia el impulso de una transición energética justica. En esta misma línea de diplomacia climática, el país impulsó —junto con Chile— la solicitud de la Opinión Consultiva 32 de 2025 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos[3] ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer obligaciones a los Estados, con el propósito de hacer frente a la emergencia climática y garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras.
Finalmente, el país ratificó su compromiso multilateral al adoptar e impulsar la implementación del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, el cual establece compromisos de los Estados de conversar el 30 % de las zonas terrestres, continentales y marinas del planeta con meta a 2030. Esta ratificación implica para el Estado colombiano impulsar acciones para frenar la pérdida de variabilidad biológica, restauración de ecosistemas degradados y proteger ecosistemas de importancia mundial como la Amazonía.
En el plano nacional, estos compromisos multilaterales impulsaron dos agendas estratégicas e interconectadas de la política pública ambiental. En primer lugar, se impulsó la Cumbre de Belém do Pará[4] para reconceptualizar y potenciar el Pacto de Leticia[5] por la Amazonía, facilitando diálogos multinivel orientados a fortalecer la cooperación transfronteriza en la cuenca amazónica para frenar la deforestación, impulsar la restauración ecológica integral, salvaguardar a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y la garantía de los derechos territoriales de las comunidades. Y, en segundo lugar, el Gobierno de Petro estructuró la Hoja de Ruta de Transición Energética Justa como un modelo diseñado para transformar progresivamente la matriz energética mediante la diversificación hacia fuentes renovables no convencionales y la democratización de la energía, a través de las comunidades energéticas en zonas rurales en el país[6].
Tal como se ha venido indicando, durante el Gobierno de Petro se puso de manifiesto el liderazgo del Estado en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático —COP de Clima— y del Convenio sobre la Diversidad Biológica —COP de Biodiversidad—. En estos escenarios multilaterales, la diplomacia ambiental logró posicionar dos tesis centrales para gobernanza global: el reconocimiento de Colombia como uno de los países más biodiversos del mundo, estatus que se consolidó al asumir la presencia de la COP16 en Cali bajo el lema “Paz con la Naturaleza”, y promover el compromiso de los Estados para una eliminación gradual y progresiva de la eliminación de combustibles fósiles, a través del impulso de la transición energética justa e impulsar el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles que se concretó con la última gran acción de la diplomacia climática del Gobierno nacional de Petro con la Primera Conferencia para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles.
A continuación, se presenta un cuadro resumen de las acciones más centrales de la diplomacia ambiental impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.
Tabla 1. Breve resumen del liderazgo internacional del Gobierno de Gustavo Petro 2022-2026
| Instrumento/espacio. Iniciativa de integración | Alcance/competencia |
| Acuerdo de Escazú, implementación mediante Ley 2273 de 2022 | Garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como condiciones para la protección de personas defensoras del ambiente. |
| Acuerdo de París, implementación durante el Gobierno Petro | El Gobierno Petro ha promovido una transición energética justa y una reducción de la dependencia de los combustibles fósiles para mitigar los impactos por crisis climático y la reducción de emisiones de carbono. |
| Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal | Establece metas globales para detener la pérdida de biodiversidad, incluyendo la conservación del 30 % de las áreas terrestres y marinas para 2030. Colombia asumió un papel destacado en su implementación durante la COP16. |
| Declaración de Belem | Busca fortalecer la cooperación entre los países amazónicos para enfrentar la deforestación, proteger los ecosistemas y pueblos indígenas, promover economías sostenibles y posicionar la Amazonía como un eje estratégico de la lucha contra el cambio climático. |
| Agenda de transición energética justa de Colombia | Busca reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles, impulsar fuentes de energía renovable y promover una transición con criterios de justicia social, ambiental y territorial. |
| COP28 – Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático | Colombia posicionó la necesidad de una transición energética justa, la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y una mayor responsabilidad de los países frente a la crisis climática. |
| COP16 de Biodiversidad, Cali | Colombia asumió la presidencia de la COP16 y convirtió la biodiversidad en uno de los principales ejes de su política exterior. |
| Conferencia de Santa Marta sobre cambio climático y biodiversidad | Fortaleció el liderazgo de Colombia en la articulación de las agendas climática y de biodiversidad, con énfasis en cooperación regional, transición energética y protección de ecosistemas estratégicos. |
De esta manera, se puede destacar que el desempeño de Gobierno de Petro en el escenario multilateral evidencia un importante en la política exterior ambiental, transitando de un rol receptivo hacia una postura propositiva y activa en la gobernanza ambiental global que permitió a Colombia ser un líder referente del Sur Global en la formulación de respuestas estratégicas ante la crisis ambiental contemporánea.
El agua como ordenador del territorio: avances y desafíos para la planificación ambiental durante el Gobierno de Petro en Colombia
En el PND se definió el ordenamiento territorial alrededor del agua[7] para orientar las inversiones públicas, fortalecer la protección de ecosistemas estratégicos y armonizar la planificación sectorial a partir de la jerarquía de los determinantes ambientales[8], es decir, las decisiones sobre uso del suelo, infraestructura, expansión urbana, actividades productivas, actividades minero-energéticas y la protección ambiental deben fundamentarse en la estructura ecológica principal y las dinámicas de las cuencas hidrográficas, como humedales, páramos, bosques altoandinos, zonas de recarga de acuíferos, entre otras.
Figura 1. Jerarquía de determinantes ambientales en el uso y destinación del sueño
Considerar el agua como ordenador del territorio representa una de las contribuciones más importantes del Gobierno nacional al debate sobre la planificación ambiental en Colombia y su principal innovación consiste en reconocer que la sostenibilidad del desarrollo depende de la capacidad para respetar el funcionamiento ecológico del territorio y no únicamente de criterios económicos de corto plazo.
La introducción de un nuevo paradigma para comprender la relación entre territorio, desarrollo y sostenibilidad ambiental como enfoque de la planificación y promoción de la gestión integrada del agua, las soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación ecosistémica a la crisis climática es novedoso en Colombia. Sin embargo, este enfoque responde a las tendencias internacionales que reconocen la necesidad de fortalecer la protección ambiental ante el riesgo de alcanzar puntos de no retorno derivados del deterioro de los ecosistemas y de los impactos acumulados de la actividad humana.
Indiscutiblemente, este avance en la planificación territorial es un logro importante orientado por la mirada de proteger y conservar los bienes naturales o su potencialidad ecológica; sin embargo, esta propuesta del Gobierno nacional aumentó la tensión entre dos modelos opuestos de desarrollo: el primero asociado a los históricos PND orientados al impulso de las actividades extractivas en el país y el modelo propuesto por el Gobierno de Petro que busca la protección de la vida y sus ecosistemas como potencialidad global en un contexto de crisis climática.
Esta fue justamente una de las propuestas más innovadoras y, al mismo tiempo, más debatidas dada la complejidad de implementación y puesta en funcionamiento lo que implicó abordar los siguientes desafíos:
Existe un desfase evidente entre la aplicación de los lineamientos nacionales y su adopción en los PTO a nivel departamental y municipal. Implementar un modelo de desarrollo centrado en el agua implica armonizar, de manera multinivel, la administración de las cuencas. Nuestro actual modelo se sitúa desde un esquema político-administrativo que no coincide con la delimitación natural de las cuencas y los territorios hidrosociales. Su materialización real exige una amplia articulación interinstitucional.
Las marcadas brechas en las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las regiones generan desigualdades en la ejecución de las agendas de ordenamiento alrededor del agua.
La propuesta de jerarquizar los determinantes ambientales en temas de ordenamiento territorial agudizó la disputa sobre qué actores ordenan y administran el suelo, así como cuáles son los criterios aplicables para ello. Esta disputa se fue concretando en el gran debate nacional alrededor de las APPA y el Decreto 043/2024 que establecen la protección del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria en La Guajira frente a las actividades mineras y/o de infraestructura.
La implementación de las políticas nacionales aumentó las disputas entre los gremios agropecuarios, mineros, constructores, entre otros, quienes consideran que aumentar los estándares ambientales, ordenar el territorio y respetar la jerarquía de los determinantes debilita la posibilidad de inversiones, desarrollo mobiliario y proyectos de infraestructura.
Existe una falta de concertación frente a oposiciones de diversos sectores sociales para impulsar políticas públicas que beneficien a los sectores productivos, a las comunidades locales y a los entes territoriales frente a las decisiones ambientales.
El Estado carece de Evaluaciones Estratégicas Ambientales actualizadas y enfrenta limitaciones en la disposición de datos hidrológicos, cartográficos y ambientales —especialmente en zonas rurales de difícil acceso—, lo que frena la toma de decisiones oportunas y la gestión territorial.
En regiones como la Amazonía, el Pacífico y algunos sectores de la Orinoquía, la presencia de grupos armados ilegales y economías criminales dificulta el ejercicio de la autoridad ambiental y reduce la capacidad del Estado para implementar de manera efectiva las políticas de conservación.
El balance de este proceso muestra que el ordenamiento alrededor del agua trascendió la formulación de una nueva orientación de política pública y abrió una discusión de fondo sobre las reglas bajo las cuales se decide el futuro de los territorios. Su principal alcance no está solo en otorgar mayor peso a los determinantes ambientales, sino en cuestionar la primacía que históricamente han tenido las decisiones sectoriales y económicas sobre la planificación territorial. De allí que su implementación haya generado disputas entre autoridades nacionales y territoriales, sectores productivos, comunidades y actores sociales con intereses y visiones diferentes sobre el desarrollo. Por lo tanto, la continuidad de este enfoque dependerá, en buena medida, de la capacidad institucional y política para resolver estas tensiones descritas.
Finalmente, se puede indicar que el ordenamiento alrededor del agua constituye uno de los principales legados de la política ambiental del Gobierno Petro, pero también uno de los campos en los que con mayor claridad se definirá la disputa entre un modelo de desarrollo sustentado en la explotación de la naturaleza y otro que busca situar los límites ecológicos del territorio como condición para las decisiones económicas y sociales.
Conclusiones
El análisis de la política ambiental del Gobierno de Gustavo Petro revela una ambiciosa e inédita tentativa de ruptura paradigmática en Colombia que, sin embargo, se enfrenta a agudas contradicciones estructurales y limitaciones de implementación. La intención de transitar desde un modelo histórico de acumulación por desposesión hacia la propuesta de “Paz con la Naturaleza” y el “Agua como ordenador del territorio” logró reconfigurar el marco normativo y conceptual del país. No obstante, la distancia entre el despliegue discursivo-legislativo y la realidad territorial evidencia brechas críticas que impiden, hasta el momento, catalogar esta agenda como una política de Estado plenamente consolidada.
Aunque la política impulsada por el Gobierno nacional de Petro posicionó en las discusiones ambientales importantes para la planificación pública y fortaleció el debate sobre la necesidad de integrar los determinantes ambientales en las decesiones de ordenamiento territorial, se evidencia que este modelo requiere de una planificación de Estado y no solamente de Gobierno. En otras palabras, la consolidación de este modelo dependerá de factores que trascienden un período presidencial, entre ellos el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los gobiernos territoriales, la coordinación entre instituciones nacionales y regionales, la disponibilidad de recursos financieros para restauración y conservación y la construcción de consensos políticos que permitan convertir este enfoque en una verdadera política de Estado.
A pesar de un positivo balance en la política ambiental durante el Gobierno de Gustavo Petro, es necesario tener en el radar la alta conflictividad socio-ambiental y el aumento de la presencia de actores armados en diversas regiones en el país que dificultó la implementación de agendas estratégicas locales. Por ejemplo, en regiones como la Amazonía, el Catatumbo o el Choco, la persistencia del conflicto armado y el control territorial ejercido por grupos armados ilegales limitan la capacidad del Estado para garantizar una presencia institucional efectiva, ejercer control ambiental y avanzar de manera sostenible en las metas de reducción de la deforestación. Una situación similar ocurre en La Guajira con la apuesta de transición energética, puesto que la reducción de nuevas exploraciones y de la dependencia de los hidrocarburos plantea retos fiscales y económicos de reconversión económica en el departamento a lo que se suma la alta conflictividad socio-ambiental y armada en la zona.
En conclusión, el principal reto de la política ambiental colombiana es traducir los compromisos internacionales y las reformas normativas en capacidades institucionales concretas, presencia estatal efectiva y condiciones de seguridad que permitan proteger los ecosistemas, garantizar los derechos de las comunidades y asegurar la sostenibilidad de las transformaciones ambientales en el largo plazo.
Referencias
- Acuerdo de París. (2015). United Nations Framework Convention on Climate Change.
- Departamento Nacional de Planeación. (2023). Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia, potencia mundial de la vida. https://www.dnp.gov.co/plan-nacional-desarrollo/pnd-2022-2026
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023a). Bases para el ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023b, 7 de agosto). Estos son los logros más importantes de ambiente en el primer año de Gobierno. https://www.minambiente.gov.co/estos-son-los-logros-mas-importantes-de-ambiente-en-el-primer-ano-de-gobierno/
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023c). Estrategia integral de contención de la deforestación y gestión de bosques. https://redd.unfccc.int/files/eicdgb_bosques_territorios_de_vida_web.pdf
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024, 8 de julio). Gobierno Petro logra la mayor reducción de la deforestación en la historia de Colombia. https://www.minambiente.gov.co/gobierno-petro-logra-la-mayor-reduccion-de-la-deforestacion-en-la-historia-de-colombia/
- Ministerio de Minas y Energía. (2026, 29 de enero). Colombia avanza en la reducción de emisiones: Cerca de 7 millones de toneladas de CO₂eq evitadas durante el Gobierno Petro. https://www.minenergia.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias-index/colombia-avanza-en-la-reduccion-de-emisiones-cerca-de-7-millones-de-toneladas-de-co2eq-evitadas-durante-el-gobierno-petro/
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2024). Environmental Performance Reviews: Colombia. OECD Publishing.
- Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
- Presidencia de la República. (2024). Avances en restauración, transición energética y biodiversidad, logros ambientales del Gobierno del presidente Petro en el 2024.
- Presidencia de la República. (2026). Colombia avanza en protección ambiental, reducción de la deforestación y fortalecimiento de economías campesinas.
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024). Emissions gap report 2024: No more hot air … please! With a massive gap between rhetoric and reality, countries draft new climate commitments. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2024). Making Peace with Nature: A Scientific Blueprint to Tackle the Climate, Biodiversity and Pollution Emergencies. https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/34948
[1] En el PND 2022-2026, se estableció que el ordenamiento territorial debía realizarse alrededor del agua, reconociendo que la disponibilidad, conservación y gestión sostenible del recurso hídrico constituyen la base para garantizar la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático, la protección de la biodiversidad y la reducción de los conflictos socioambientales. Para más información, consultar: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=209510
[2] El Congreso aprobó el tratado y se ratificó con Ley 2273 el 5 de noviembre de 2022 y la Corte Constitucional declaró su constitucionalidad con la Sentencia C-359 de 2024, integrando el tratado al bloque de constitucionalidad. Finalmente, en diciembre de 2024 Colombia quedó ratificado como uno de los Estados firmantes del acuerdo.
[3] Esta consulta histórica de los Estados de Colombia y Chile derivó en la OC-32/25, donde se delimita las obligaciones financieras, jurídicas y de derechos que tienen los Estados en la región en materia climática. Para ampliar información, se puede consultar en el siguiente enlace: https://corteidh.or.cr/tablas/OC-32-2025/
[4] En la Cumbre de Belém do Pará, Petro, en alianza con el presidente Lula, promovieron la reactivación y profundización del bloque regional a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), donde se propuso el Tratado de Cooperación Militar y Judicial para combatir los delitos transnacionales de tala ilegal, minería ilegal y otras actividades criminales. Asimismo, se propuso la creación de un órgano judicial regional con potestad para juzgar los crímenes ambientales cometidos contra la selva, la creación del Centro Científico Multilateral y, de manera novedosa, el presidente Petro propuso el mecanismo financiero “canje de deuda por Acción Climática”, el reconocimiento de la gobernanza indígena con el reconocimiento de las Entidades Territoriales Indígenas y el blindaje contra el extractivismo mediante la Resolución 0961/26.
[5] El 6 se septiembre de 2019, después de tres meses de negociaciones entre los Estados de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Surinam y Guyana, se firmó el Pacto de Leticia.
[6] De acuerdo con la información emitida por el Ministerio de Minas y Energía se reportó que en 2024 se habían conformado 184 comunidades energéticas en Chocó, La Guajira y el Cesar, mientras que en 2025 se garantizó la financiación de 2321 comunidades en las zonas rurales vulnerables en La Guajira, Chocó y Catatumbo.
[7] Durante el Gobierno de Petro, es interesante el giro conceptual de entender el agua no solo como un recurso, sino como un determinante que configura los territorios con perspectiva de territorios hidrosociales.
[8] Los determinantes ambientales se fundamentan en la Ley 99/93 y la Ley 388/97 en la que se disponen que los PTO deben incorporarse con carácter obligatorio para ordenar el territorio. Durante la administración de Petro, se actualizaron y jerarquizaron estos determinantes para respetar a los desafíos derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la gestión integrada del agua.
Imagen de encabezado: Sanción del PND en Inírida. Fotografía de Presidencia de la República.
