La Educación para la Paz, según Fisas (1998), se entiende como una acción educativa orientada a fortalecer la autonomía de las personas para tomar decisiones y enfrentar situaciones difíciles sin recurrir a la violencia, lo que se traduce en competencias para el ejercicio de una ciudadanía critica. En Colombia, esta perspectiva adquirió reconocimiento institucional con la Cátedra de Paz, sancionada el 29 de julio de 2014; no obstante, su implementación durante más de una década ha sido desigual y ha estado marcada por desafíos persistentes, como la fragmentación de las iniciativas, la limitada formación docente y la débil apropiación de los lineamientos establecidos.
EDICIÓN 115 ENE-JUL 2026El presente artículo revisa sucintamente dicha trayectoria, y centra su interés en un balance de la gestión del Gobierno saliente de Gustavo Petro (2022-2026), examinada a la luz de tales desafíos acumulados. Antes que un inventario de programas, se propone una lectura crítica sobre cómo las apuestas estatales recientes responden a esas problemáticas históricas o, por el contrario, las reconfiguran.
La institucionalización de la Educación para la Paz en Colombia
De acuerdo con Roa Mendoza y Moreno Villota (2025), el surgimiento de las pedagogías para la paz en Colombia puede rastrearse hasta la Constitución Política de 1991, la cual reconoce la educación como un derecho fundamental e impulsa un conjunto de reformas guiadas a reducir las brechas de desigualdad, fortalecer la democracia y promover una cultura de paz. En consonancia con los planteamientos de la Unesco, la Educación para la Paz en Colombia ha privilegiado enfoques centrados en la convivencia escolar, la formación ciudadana y el respeto por los derechos humanos, como ejes fundamentales de la política educativa.
En este contexto, el Congreso de la República promulgó la Ley 1732 de 2014, mediante la cual se creó la Cátedra de la Paz como un espacio obligatorio en todas las instituciones educativas del país, desde el nivel preescolar hasta la educación media. Su propósito consiste en promover escenarios de aprendizaje, reflexión y diálogo en torno de la cultura de paz, el desarrollo sostenible, la convivencia democrática y el bienestar colectivo.
Posteriormente, el Decreto 1038 de 2015 reglamentó su implementación, al establecer su carácter obligatorio, pero reconociendo la autonomía de las instituciones educativas para incorporarla de acuerdo con sus proyectos educativos, contextos territoriales y necesidades pedagógicas.
Asimismo, definió que las instituciones debían desarrollar, al menos, dos de los siguientes componentes temáticos: justicia y derechos humanos, uso sostenible de los recursos naturales, protección de las riquezas culturales y naturales de la nación, resolución pacífica de conflictos, prevención del acoso escolar, diversidad y pluralidad, participación política, memoria histórica, dilemas morales, proyectos de impacto social, historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales, proyectos de vida y prevención de riesgos. Estas normas articularon y reivindicaron esfuerzos históricos de diversos actores públicos, territoriales, educativos y sociales comprometidos con la construcción de una cultura de paz en Colombia.
No obstante, la Cátedra de la Paz no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de un proceso más amplio de consolidación de políticas públicas orientadas a fortalecer la convivencia democrática. Entre los principales antecedentes de la Educación para la Paz en Colombia se encuentran los estándares básicos de competencias ciudadanas, que establecieron criterios para el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con tres grandes ámbitos: convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática, y pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.
Este marco fue complementado por la Ley 1620 de 2013, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, encaminado al fortalecimiento de la convivencia, la construcción de ciudadanía y la formación en derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niveles educativos de preescolar, básica y media.
Balance de la implementación de la Cátedra de Paz (2015-2021)
En 2021, el Ministerio de Educación sacó tres documentos importantes. El primero se titula Orientaciones Generales para la Implementación de la Cátedra de la Paz en los Establecimientos Educativos de Preescolar, Básica y Media de Colombia. El segundo, Desempeños de Educación para la Paz, presenta una propuesta de desempeños generales y específicos para cada uno de los grados escolares entre transición y once, así como una serie de recomendaciones pedagógicas para el desarrollo de estos lineamientos en cuatro trimestres académicos. Por último, en el tercer documento, Secuencias Didácticas de Educación para la Paz, el Ministerio de Educación desarrolla una descripción detallada de cuatro sesiones de clase de aproximadamente 50 minutos cada una.
De igual manera, ese mismo año, el Ministerio de Educación, Unicef, Red Unipaz, Educapaz, Fundación Escuela de Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórico hicieron una evaluación de la implementación de la Cátedra de Paz en los contextos educativos. Esta acción involucró a 211 instituciones educativas básica y media en 27 departamentos del país.
Esta investigación evidenció que a seis años de su promulgación, la Cátedra de Paz se desarrolló de forma heterogénea a lo largo del territorio nacional. De las instituciones educativas mencionadas, la investigación evidencia que el 27 % no había incluido la Cátedra de Paz en sus planes de estudios y el 20 % no incluyó de ninguna forma estos lineamientos. Los docentes encuestados identificaron que la implementación se ve limitada por la falta de conocimiento y el poco apoyo que hay para su desarrollo dentro de la comunidad educativa, por consiguiente, se destaca que se debe fortalecer los procesos de acompañamiento y de formación técnica y especializada, además de desarrollar lineamientos y orientaciones claros para su implementación.
En cuanto a las instituciones que han implementado la Cátedra de Paz dentro de su propuesta educativa, se evidencian que el 37 % lo han hecho a través de la implementación de programas transversales, las cuales, generalmente, involucran a toda la comunidad educativa por medio de metodologías pedagógicas innovadoras y participativas promovidas principalmente por los docentes. Al respecto de los ejes planteados por el decreto, se evidencia una fuerte inclinación por el de memoria histórica.
La Educación para la Paz en el Gobierno de Gustavo Petro
El Gobierno de Gustavo Petro planteó una agenda de transformación orientada a posicionar a Colombia como un referente internacional en la defensa de la vida, la justicia social, la democracia y la sostenibilidad ambiental. Esta visión quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida (2022-2026), que estructuró la acción del Estado alrededor de cinco transformaciones: el ordenamiento del territorio alrededor del agua; la seguridad humana y la justicia social; el derecho humano a la alimentación; la transformación productiva, la internacionalización y la acción climática, y la convergencia regional.
En este marco, la educación es concebida como uno de los principales motores para impulsar las transformaciones sociales y reducir las profundas brechas de desigualdad que persisten en el país. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento del sistema educativo constituye una condición necesaria para garantizar mayores oportunidades a las poblaciones históricamente excluidas —entre ellas, mujeres, pueblos étnicos, comunidades campesinas y habitantes de territorios afectados por el conflicto armado—, al tiempo que favorece la construcción de ciudadanía, la cohesión social y la consolidación de la paz. Asimismo, el Gobierno ha intentado abordar la violencia que afecta los entornos educativos desde una perspectiva más amplia. La articulación con Unesco en 2024 para prevenir y enfrentar la violencia en el sector educativo mostró una lectura que vincula escuela, comunidad, desigualdad y violencia estructural (Ley 2294 de 2023).
En coherencia con estos propósitos, durante el periodo 2022-2026, el Ministerio de Educación Nacional, en articulación con otras entidades del orden nacional y territorial, impulsó un conjunto de acciones dirigidas a fortalecer el sistema educativo mediante el incremento de la inversión pública y la consolidación de programas estratégicos. Entre ellos se destacan la ampliación de la educación inicial integral, el fortalecimiento de la educación media, la articulación entre la educación media y la educación superior, el fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), las inversiones en infraestructura educativa y el aumento de la financiación del sistema universitario público. Estas iniciativas buscaron mejorar las condiciones de acceso, permanencia y calidad educativa, especialmente en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad y exclusión (Ley 2294 de 2023).
La educación integral y la estrategia CRESE como nueva apuesta educativa
Dentro de este marco, el Ministerio de Educación Nacional fortaleció el enfoque de educación integral, entendiendo a las y los estudiantes como sujetos cuyo desarrollo involucra dimensiones cognitivas, emocionales, éticas, culturales y sociales. Esta perspectiva se materializó, entre otras iniciativas, en la estrategia CRESE (Ciudadanía, Reconciliación, Educación Socioemocional, Antirracista y Acción Climática), la cual promueve la ampliación y resignificación del tiempo escolar a partir de experiencias formativas que articulan el arte, la cultura, el deporte, la actividad física, la ciencia, el pensamiento histórico, la tecnología y la innovación con componentes orientados al desarrollo socioemocional, la educación ciudadana para la reconciliación, el reconocimiento de la diversidad y la acción climática (Ministerio de Educación, 2025).
Más que una nueva estrategia pedagógica, CRESE representa un cambio en la forma de comprender la Educación para la Paz dentro de la política educativa colombiana. A diferencia de la Cátedra de Paz, cuya implementación estuvo marcada durante su primera década por experiencias frecuentemente aisladas, fragmentadas o reducidas a actividades puntuales, CRESE busca incorporar la construcción de paz como un componente transversal de la formación integral. En este sentido, no plantea un reemplazo de la Cátedra de Paz, sino un intento por superar varias de las limitaciones identificadas en su implementación, integrando la Educación para la Paz a los procesos curriculares, pedagógicos e institucionales de las instituciones educativas.
Durante el periodo 2022-2026, esta política involucró a 1784 instituciones educativas que recibieron estímulos económicos para desarrollar iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación integral. Asimismo, destinó más de 9 400 millones de pesos para promover la participación de las comunidades educativas en redes de intercambio de experiencias y aprendizaje significativo, particularmente mediante programas como Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral (PTAFI), en el que participaron cerca de 1500 tutores (Ministerio de Educación, 2025). Estas cifras evidencian un esfuerzo por fortalecer las capacidades institucionales de los establecimientos educativos y generar condiciones para que la Educación para la Paz trascendiera el desarrollo de actividades ocasionales y se integrara de manera más estructural a los proyectos educativos institucionales.
Esta apuesta también se expresó en la priorización de municipios rurales afectados por el conflicto armado y, en especial, de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo que evidencia una alineación con las prioridades territoriales definidas en el Acuerdo Final. Sin embargo, esta articulación se manifestó en la focalización geográfica y en la convergencia de propósitos relacionados con la construcción de paz, más que en la consolidación de mecanismos permanentes de coordinación con las entidades responsables de implementar los distintos componentes del Acuerdo.
En este contexto, el Noveno Informe de Implementación del Acuerdo de Paz (2025) destaca un incremento superior al 800 % en los recursos del Presupuesto General de la Nación entre 2022 y 2024, con una inversión significativa en el sector educativo, lo que evidencia el lugar estratégico de la educación en la consolidación de la paz territorial. De acuerdo con la Red Colombiana de Derechos Humanos y Educación para la Paz, en un país como Colombia este tipo de articulaciones son necesarias para materializar la Educación para la Paz. De esta manera, este avance requiere fortalecer la coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional e instancias de implementación del acuerdo, como la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, entre otras (Universidad Nacional de Colombia, 2026).
En segundo lugar, el enfoque de educación integral que promueve el Ministerio de Educación y que constituye el eje central de este programa puede contribuir a superar una de las principales críticas formuladas a la Cátedra de Paz: su implementación fragmentada y reducida a acciones puntuales. Al promover procesos educativos más articulados e integrales y financiar proyectos desarrollados por las propias instituciones educativas, esta estrategia retoma una de las principales buenas prácticas identificadas en el ejercicio de sistematización de 2021, relacionada con el desarrollo de proyectos transversales, fortalecimiento de iniciativas institucionales contextualizadas y de largo alcance.
En tercer lugar, programas como Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral buscan fortalecer las redes de intercambio y aprendizaje entre docentes, así como responder a una de las principales necesidades identificadas en la implementación de la Cátedra de Paz: la formación docente. No obstante, esta oferta es insuficiente frente a la magnitud del público objetivo. Siguiendo a la Red Colombiana de Derechos Humanos y Educación para la Paz, este sigue siendo uno de los principales desafíos para la consolidación de la cátedra.
A ello se suma que la estrategia CRESE, aunque plantea un marco orientador para la educación integral, no logró articular de manera efectiva los requerimientos curriculares y pedagógicos entre el nivel central y las entidades territoriales. En lugar de consolidar y dar coherencia a las orientaciones existentes, terminó incorporando nuevos lineamientos que incrementan la dispersión. Esto evidencia que uno de los principales retos para la implementación de la Cátedra de Paz es la apropiación de los lineamientos pedagógicos y curriculares por parte de las instituciones educativas, así como el desarrollo de orientaciones metodológicas y didácticas actualizadas que permitan integrar estas nuevas directrices de manera coherente y contextualizada (Universidad Nacional de Colombia, 2026)
En conclusión, la gestión 2022-2026 representa un avance significativo en la comprensión de la Educación para la Paz como un proceso integral, territorial y articulado con la transformación social. Sin embargo, persisten desafíos estructurales heredados, especialmente la fragmentación institucional, la insuficiente formación docente y la dispersión de lineamientos. El balance evidencia que, aunque se han ampliado las condiciones y apuestas para fortalecerla, su consolidación requiere mayor articulación, coherencia pedagógica y continuidad territorial sostenida.
Referencias
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- Universidad Nacional de Colombia. (2026, septiembre 6). Cátedra de paz: a diez años de su aprobación [Video]. YouTube.
Imagen de encabezado: Fotografía tomada de La UD – Radio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
