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115 / ENE-JUN 2026

Entre el diálogo y el control: análisis del proceso de diálogo sociojurídico con el EGC en la cuenca del río Atrato

En tiempos de incertidumbre y a la luz de una nueva presidencia, se presenta un análisis del proceso de diálogo sociojurídico entre el Gobierno de Gustavo Petro y el autodenominado EGC, teniendo como referencia la experiencia en el departamento del Chocó.

EDICIÓN 115 ENE-JUN 2026

Desde 2022, el Gobierno del presidente Petro impulsó la política ambiciosa de Paz Total, orientada a la creación de mesas de diálogo con varios grupos armados y de crimen organizado al tiempo y que establecía criterios para generar acuerdos de paz y procurar el sometimiento a la justicia de tales agrupaciones. La estrategia incluyó, entre otros, al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y estructuras criminales de ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó. No obstante, desde sus inicios la política recibió múltiples críticas relacionadas con la poca planeación y sus limitados niveles de efectividad. A ello, se suma la falta de una definición clara frente a los beneficios ofrecidos y los requisitos exigidos para el sometimiento de los combatientes.

Al respecto, los esfuerzos por sostener una mesa socio jurídica con el autodenominado EGC, proceso iniciado en 2022, pero instalado formalmente hasta 2025, no contaron con un marco jurídico que lo acobijara y padecieron de baja legitimidad política y social. Igualmente, se llevó a contrarreloj, pues tuvo contados meses para concretar compromisos y lidiar con las inestabilidades propias de una negociación. Habiéndose generado expectativas sobre los resultados y beneficios que esta desmovilización podría traer a los territorios, la mesa sociojurídica afronta un escenario difuso y de gran incertidumbre política[1].

A continuación, se expone un balance sobre este proceso de negociaciones, el cual se desarrolló junto a organizaciones de la sociedad civil del departamento del Chocó, principalmente de la cuenta del río Atrato, y que nace de un deseo por comprender las lógicas bajo las cuales se diseñó el proceso, pues incluso posterior a diálogos con representantes de la mesa sociojurídico, distintas dudas y preocupaciones persistieron.

Caso Chocó: un contexto de negociación con deficiencias en la planeación, baja participación y persistencia de vulneraciones

El 18 de septiembre de 2025, la mesa de diálogo sociojurídico emitió una declaración en la que definió cinco territorios iniciales para crear Grupos de Trabajo y generación de confianza de cara a la desmovilización del grupo armado: Mutatá, Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía[2]. Excepto Mutatá, todos están ubicados en el municipio del Chocó, en la cuenca del río Atrato (Bajo Atrato), una región estratégica por conectar el Caribe, el Pacífico, el interior del país y Centroamérica. Su ubicación, riqueza en recursos naturales y presencia diferenciada del Estado la han convertido históricamente en un escenario de disputa armada y en un espacio propicio para la consolidación de economías legales e ilegales como minería, agroindustria, explotación forestal, narcotráfico y tráfico de migrantes (Cinep, 2025). Economías que actualmente son de gran interés y están siendo controladas por el EGC.

Adicional a ello, se suscribieron 16 acuerdos entre el Gobierno y el actor armado, recogidos en dos declaratorias (18 de septiembre y del 5 de diciembre de 2025). Resaltamos los siguientes: (a) el desarrollo de un censo para identificar niños, niñas y adolescentes dentro del grupo y ponerlos a disposición del ICBF para el restablecimiento de sus derechos; (b) la creación de un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Ambiente, para proteger las cuencas y medir los impactos de la explotación de madera, fauna, minería y expansión agrícola; (c) el compromiso del EGC de cumplir con los principios del Derechos Internacional Humanitario y con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; (d) la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta para la ubicación de combatientes del EGC, y (e) la conformación de un Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV), integrado por el Gobierno Nacional, el EGC y la MAPP/OEA.

Pese a estos acuerdos y a la creación del MTSMV, el control y violencia ejercidos por el EGC contra la población afrodescendiente e indígena no disminuyeron. El confinamiento, el reclutamiento forzado y la violencia sexual siguen siendo las principales formas de violencia reportadas en la región (Cinep, 2025). Según la Unidad para las Víctimas (UARIV) (2026), entre 2025 y 2026 se registraron 105 casos de confinamiento y 13 de delitos sexuales en los municipios del Chocó priorizados por los acuerdos. Asimismo, la Defensoría del Pueblo (9 de julio de 2025) reportó 16 casos de reclutamiento forzado entre 2024 y 2025 en el departamento, mientras que el Cinep documentó 20 casos para el mismo periodo, cifras que podrían ser mayores debido al subregistro asociado a las dificultades para documentar estas violencias en contextos de control armado.

Estas formas de victimización responden a una lógica que consiste en controlar el territorio sin expulsar a la población, por los réditos económicos y políticos que le genera actor. En medio del diálogo sociojurídico, miembros del EGC se están instalando en casas familiares, sin permiso ni tiempo definido. Incluso, en algunos casos, compran electrodomésticos para estas casas, aprovechando los altos índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas, combinando el control absoluto sobre la vida cotidiana con una imagen de aparente preocupación por el bienestar de las comunidades (Cinep, 2025; Ortega, 2026). Esta dinámica sigue debilitando los procesos organizativos de las comunidades étnicas y sus capacidades históricas de resistencia, defensa de derechos y construcción de paz (Cinep/PPP, 2025). Muestra, además, una estrategia de mayor inserción del actor dentro de las comunidades, mediante un discurso político que, desde 2022, exhibe un supuesto interés por mejorar las condiciones de pobreza y desigualdad en los territorios.

A pesar de este supuesto interés, el EGC continúa actuando como el gran administrador de las economías de la cuenca del río Atrato, controlando negocios de tala de madera, agroindustria narcotráfico y minería a lo largo de la cuenca, donde miembros de las comunidades trabajan bajo condiciones precarias, por coacción o por falta de alternativas económicas. Adicionalmente, ha mantenido, e incluso ampliado, la extorsión a distintos sectores económicos, incluyendo mototaxistas, comercios pequeños, vendedores ambulantes, servicios de transporte terrestre y fluvial, así como a proyectos estatales en la región.

Este escenario evidencia fallas metodológicas de los diálogos sociojurídicos, sujetas a dos elementos centrales: el desarrollo de acercamientos con una agenda de negociación limitada, con pocos incentivos para llevar un proceso constante y efectivo y que contrastaba con los principios que guiaban el modelo de negociación y la ausencia de mecanismos efectivos para legitimar el proceso de diálogo con organizaciones de la sociedad civil y construir canales de comunicación, participación y pedagogías de socialización.

Es de reconocer que el diseño y desarrollo del diálogo tuvo lugar en un escenario de cambios en las dinámicas del conflicto, observando actores con altas probabilidades de fragmentación, alianzas inestables y priorización del control de territorios concretos sobre la pretensión de control nacional. Así, aunque se destaca el valor de privilegiar un enfoque territorial en las negociaciones, se hizo evidente que la capacidad económica y militar del EGC reducía los incentivos para que se comprometiera con la opción negociada (Cinep, 2025). Además, se evidenció el desarrollo de una agenda limitada, en la que no se consideró la reparación a víctimas ante hechos de violencia perpetrados por el actor, contribuciones a la verdad, entre otros, generando incertidumbre y ambigüedades que minarían la confianza en el proceso de diálogo.

Asimismo, se estableció la premisa de implementar lo que paulatinamente se iría acordando[3], lo que resultaría inoportuno, debido a la baja capacidad para ejecutar los acuerdos, entablar alianzas para impulsarlos o para orientar estos esfuerzos dentro de un horizonte unificado de negociación. Esta decisión añadía nuevos desafíos a un Estado que aún enfrentaba retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y requería fortalecer sus capacidades institucionales y de coordinación para abordar las causas estructurales del conflicto armado.

Finalmente, se evidencia la falta de criterios claros y procedimientos sin consulta o debida divulgación de información frente a la selección de los miembros de los Grupos de Apoyo Municipal, el establecimiento de las Zonas de Ubicación Temporal o la implementación de acuerdos como el grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La selección de los miembros comunitarios que participarían de estos Grupos de Apoyo Municipal no contó con una metodología participativa y democrática, la cual reconociera la autoridad territorial de Consejos Comunitarios y Resguardos Indígenas y todavía se desconocen los criterios y mecanismos utilizados. Esto vulneró el derecho a la participación y autodeterminación de los pueblos étnicos en la región, generando que el proceso careciera de legitimidad y apoyo por parte de amplios sectores de la sociedad civil, situación a la que se sumó la limitación presupuestal para operativizar dichas iniciativas (Redacción Colombia +20, 2026).

En esta misma línea, la hoy Consejería Comisionada de Paz[4] designó a miembros de comunidades y liderazgos comunitarios como “portavoces oficiales del Ejército Gaitanista de Colombia”, sin dar claridad sobre los criterios de selección, sus funciones o su papel dentro del proceso de diálogo. Esta falta de transparencia, sumado a la poca claridad sobre el funcionamiento de los Grupos de Apoyo, motivó pronunciamientos públicos y privados de organizaciones del Chocó (2025 y 2026), con el acompañamiento del Cinep, dirigidos al Gobierno y a los garantes internacionales. Las principales preocupaciones fueron la escasa transparencia y legitimidad, la falta de una participación efectiva, la limitada difusión de los acuerdos y sus alcances y el acelerado desarrollo del proceso. Al igual, surgieron cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación. Aunque se creó el MTSMV, sus dos informes a la fecha publicados se concentran en acciones estatales previstas por mandato, que no están directamente relacionadas con las violencias y afectaciones ejercidas por el EGC. No es claro cuáles han sido las acciones diferenciales para responder a la violencia y al control territorial ejercido por este actor en los municipios piloto del Chocó.

Los informes de verificación hacen escasa referencia a las victimizaciones ocasionadas por el autodenominado EGC y a las medidas adoptadas para atenderlas y disminuirlas. Incluso, el primer informe, publicado el 21 de abril de 2026, afirmó que no existían niños, niñas y adolescentes reclutados por el EGC, según un censo entregado por el propio actor. Esta afirmación contradice la información suministrada por el ICBF en respuesta a un derecho de petición formulado por el Cinep, en el que la entidad sostuvo al menos cuatro reuniones con el MTSMV para advertir sobre la demora del grupo armado en la entrega del censo y sobre el incumplimiento del compromiso del EGC de no reclutar, utilizar ni ejercer violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, tanto en el Chocó como en los 15 municipios incluidos en el acuerdo y otros donde tiene presencia (ICBF, 2026).

Estas inconsistencias reavivaron las preocupaciones sobre las metodologías de seguimiento y los criterios utilizados para evaluar el cumplimiento de los acuerdos. Esta situación es denunciada por las organizaciones étnicas del Chocó (2025 y 2026), quienes señalan que el esquema de verificación resulta insuficiente para generar confianza, monitorear efectivamente los compromisos, ofrecer garantías para responder a la complejidad de las dinámicas territoriales o recoger oportunamente las denuncias de las comunidades.

Estas preocupaciones se reforzaron con informes publicados por organizaciones como Indepaz (2026) e Insight Crime (2026), las cuales muestran que el EGC ha ampliado su presencia en los últimos dos años, consolidándose como la organización armada y criminal con mayor capacidad económica y territorial. Según lo ha corroborado el Cinep, además de fortalecer su control en Chocó, Urabá y Córdoba, el EGC ha expandido su presencia al Bajo Cauca, La Guajira, Sierra Nevada de Santa Marta, Valle del Cauca, sur de Bolívar, Magdalena Medio y Catatumbo. Negociar con este actor sin una metodología clara, un marco jurídico definido, mecanismos claros de contención ante incumplimientos y una participación efectiva de las víctimas y comunidades afectadas evidencia importantes debilidades en el diseño del proceso y una respuesta insuficiente frente a las demandas de los territorios.

De cara al nuevo Gobierno: ¿qué esperar en materia de paz?

El análisis presentado no entra en disputa con los objetivos de disminuir la violencia y de apostarle a la construcción de paz territorial. Sin embargo, plantea cuestionamientos sobre las formas y objetivos perseguidos a la hora de iniciar procesos de diálogo y negociación con actores armados cada vez más complejos. En este contexto, resulta fundamental incorporar los aprendizajes y experiencias de las comunidades y fortalecer su participación en las negociaciones. En el Chocó, los procesos organizativos han impulsado por décadas iniciativas de construcción de paz, como el “¡Acuerdo Humanitario Ya!” y las Mesas Humanitarias, que buscan monitorear periódicamente la situación territorial y la respuesta estatal. Reconocer su conocimiento sobre las dinámicas de conflicto y su experiencia organizativa en diálogo y mediación fortalecería futuros procesos de diálogo y negociación, especialmente ante la transformación de la naturaleza y accionar de los actores armados en el país.

A pocos días del inicio del nuevo Gobierno, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha permitido entrever lo que será su mandato en materia de seguridad y el tipo de relacionamiento que sostendrá con grupos armados organizados y otras agrupaciones criminales presentes en la nación. Si bien aún no existe un documento que detalle su política de seguridad, numerosas entrevistas, discursos y pronunciamientos plantean un panorama en el que no se priorizará la construcción de una política de paz que continúe con las mesas de diálogo y negociación instaladas o avanzar en nuevas estrategias similares. Por el contrario, ha quedado claro que se prevén mecanismos de presión militar y sometimiento a la justicia (Danneman, 2026). Así, se abre la pregunta por la manera como se gestionará el conflicto armado que tiene lugar en el país y por la efectividad que pueda tener esta perspectiva para atender las profundas raíces que lo sostienen y perpetúan.

De esta manera, frente al próximo periodo presidencial, será fundamental evaluar el nivel de cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado en territorios priorizados durante el proceso de diálogo sociojurídico, como la sustitución de cultivos de uso ilícito, la creación de un grupo de trabajo ambiental y las zonas de ubicación temporal y los efectos de las decisiones que se tomen sobre estos. Asimismo, resulta clave examinar los proyectos de ley sobre sometimiento que proponga este Gobierno, ante un posible énfasis punitivo que omita los derechos de las víctimas. Se advierte también el riesgo por los discursos que profundicen la estigmatización de liderazgos y organizaciones que instalen de nuevo la premisa del enemigo interno, el escalamiento de la violencia en territorios con presencia armada y el debilitamiento del Sistema Integral para la Paz u otras entidades encargadas de la atención a víctimas y la protección de los derechos humanos, afectando una respuesta estatal efectiva ante esta población.

Como lo han demostrado más de 70 años de historia de dolor en el país, la salida armada y violenta al conflicto armado solo deja mayores daños y pérdidas a nivel social, político, psicológico y económico y no garantiza la convivencia pacífica. El diálogo, la generación de acuerdos y el fortalecimiento de la presencia estatal a nivel territorial son imperativos para poder continuar un proceso de construcción de paz territorial en Colombia.

Referencias

[1] Los proyectos de ley tramitados ante el Congreso de la República no lograron las mayorías necesarias para su aprobación, lo que dejó estos procesos sin un marco jurídico claro. Se trata del proyecto 288 de 2023, impulsado por el ministro Néstor Osuna, y del 002 de 2025, presentado por Eduardo Montealegre, este último radicado a un año de finalizar el Gobierno. En ambos casos, las iniciativas no prosperaron.

[2] En una segunda declaración, hecha el 5 de diciembre de 2025, se priorizaron diez municipios más, ubicados en los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar.

[3] Esto como contraste al paradigma del proceso de negociación con la guerrilla de las FARC-EP durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, donde los diálogos se guiaron bajo la idea de que “nada estaba acordado hasta que todo esté acordado”.

[4] Antes conocida como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Imagen de encabezado: Río Atrato. Fotografía de Ministerio de Ambiente.

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