La seguridad humana que no fue

Los balances sobre la seguridad durante el Gobierno de Gustavo Petro se han concentrado en responder si la violencia y la criminalidad aumentaron o no, y en discutir cuánto peso tuvo la Paz Total en esos resultados. Sin embargo, menor atención se le ha prestado a lo que ocurrió con los ajustes que el gobierno saliente prometió como parte de su apuesta por institucionalizar una visión de seguridad humana, distinta de la que había inspirado a administraciones anteriores.

La apuesta

El Gobierno de Gustavo Petro recibió un sector de seguridad y defensa con una amplia experiencia y capacidades operativas, pero debilitado en términos de legitimidad y respeto por los derechos humanos. Los abusos cometidos por la Policía Nacional durante el estallido social de 2021, la masacre de Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo) —donde once civiles fueron asesinados durante un operativo del Ejército en marzo de 2022—, y los seguimientos ilegales realizados por el Ejército a más de un centenar de defensores de derechos humanos y periodistas despertaron profundos cuestionamientos ciudadanos y llamaron la atención de organismos internacionales.

Por el estado en que lo recibió, era comprensible, e incluso urgente, un cambio de rumbo en el sector de seguridad y defensa. No solo por razones éticas, derivadas de las graves violaciones a los derechos humanos, sino también estratégicas: las transformaciones que el conflicto armado había experimentado desde 2016 exigían una concepción y una gestión de la seguridad distintas del modelo tradicional, cuyo desgaste y limitaciones venían haciéndose evidentes desde años atrás.

En su discurso de posesión, Gustavo Petro anticipó este cambio de rumbo al señalar que implementaría transformaciones estructurales sobre la base de un enfoque de “seguridad humana”. En ese marco, durante su gobierno se lanzó la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia, Garantías para la Vida y la Paz (2022-2026), cuya apuesta central fue la protección de la vida de las personas por encima de la neutralización de los grupos armados. Uno de los supuestos fundamentales de esta política era que una fuerza pública más respetuosa de los derechos humanos, más profesional y con mayor legitimidad ante la ciudadanía tendría mayores capacidades para proteger a la población.

Cuatro años después, lo que el gobierno saliente avanzó en materia de seguridad y defensa muestra un panorama menos caótico que el sugerido por las lecturas más catastrofistas, pero sin duda menos alentador que el de las lecturas más militantes.

Los logros

En cuanto a los logros, al menos tres deberían sostenerse en el nuevo gobierno de Abelardo de La Espriella, que se posesionó el pasado 7 de agosto.

Bienestar

En primer lugar, se destacan los avances en ciertas dimensiones del bienestar de los uniformados. Aquí vale la pena mencionar hechos como la gratuidad de la matrícula en los programas de pregrado de las escuelas de formación militares y de policía que benefició a jóvenes de escasos recursos; el aumento progresivo de las bonificaciones de los salarios de los soldados conscriptos y de los auxiliares de policía, que pasaron de una fracción al salario mínimo completo en 2026; la nivelación salarial diferenciada, decretada este mismo año, que benefició a los grados inferiores de las fuerzas al otorgarles incrementos porcentualmente por encima de los otorgados a sus superiores; y, finalmente, el Servicio Social para la Paz, aprobado en 2022 y reglamentado en 2024, que ofrece alternativas adicionales al servicio militar obligatorio para evitar que miles de jóvenes sin suficiente experiencia o formación asuman riesgos en zonas de conflicto.

Consideradas por algunos críticos del Gobierno de Gustavo Petro como medidas populistas, antitécnicas o incluso riesgosas, estas decisiones, pese a representar un mayor gasto público, podrían generar beneficios importantes en el mediano y largo plazo si se sostienen en el nuevo gobierno. Diversos estudios realizados en contextos distintos al colombiano, han encontrado que mejorar las condiciones salariales, reducir las brechas de remuneración y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional dentro de organizaciones militares y de policía puede favorecer la incorporación voluntaria, disminuir las deserciones, fortalecer la cohesión interna y contribuir, con el tiempo, a un mejor desempeño operacional (Warner, 1995; Wilson et al., 2023; Pema y Mehay, 2012).

Derechos humanos

El segundo logro del Gobierno Petro fue procurar un mayor respeto de los derechos humanos en las actuaciones de las fuerzas militares y de la Policía. Una postura que no estuvo exenta de cuestionamientos. En unas ocasiones porque sectores afines a su gobierno consideraron que no cumplía cabalmente con lo anunciado en campaña. Por ejemplo, en lugar de emprender la reforma estructural a la Policía que prometió, el Gobierno optó por impulsar ajustes incrementales, como la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la modificación de la doctrina policial para promover un uso diferenciado, proporcional y excepcional de la fuerza. Aunque estas medidas no erradicaron por completo los abusos policiales, sí contribuyeron a reducirlos de manera significativa, especialmente durante las protestas sociales.

En otras ocasiones, las críticas vinieron de una oposición que consideró los llamados a respetar los derechos humanos como decisiones que ataron de manos a la fuerza pública. Así ocurrió con el anuncio de suspender los bombardeos contra grupos armados no estatales cuando existieran indicios de presencia de menores de edad reclutados por estas organizaciones, medida que permaneció vigente hasta abril de 2024, cuando se reanudaron estas operaciones. Del mismo modo, fueron objeto de cuestionamiento las instrucciones impartidas a las unidades militares y de policía de no intervenir ante las asonadas por parte de centenares de personas durante el desarrollo de operaciones en distintos territorios del país.

Conservadoras para algunos y radicales para otros, en conjunto, estas decisiones fueron valoradas positivamente por organismos internacionales y nacionales independientes. En su informe anual de 2025, Human Rights Watch destacó “un descenso de las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad” (2025). Por su parte, el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) registró una disminución en múltiples categorías de estas violaciones entre el Gobierno de Iván Duque (2018–2022) y el de Gustavo Petro (corte al 25 de junio de 2026).

Mayor legitimidad

Finalmente, el tercer logro que este gobierno le deja a su sucesor es el de una fuerza pública con la mayor favorabilidad en la opinión pública registrada en años. De nuevo, el contraste con el Gobierno de Iván Duque es claro. Según la encuesta Colombia Opina de Invamer, publicada a finales de abril de 2026, el Ejército incrementó un 22 % su favorabilidad al pasar del 59 % en 2021 al 81 % en 2026, mientras que la Policía aumentó 25 puntos porcentuales al pasar del 44 % a un 69 % en el mismo periodo (Radio Nacional de Colombia, 2026).

Por supuesto, este incremento en la favorabilidad puede responder a múltiples factores y resulta, de hecho, algo enigmático en un contexto de deterioro de la percepción ciudadana sobre la seguridad y el orden público. Sin embargo, cualquiera que sea la combinación de factores que lo explique, difícilmente puede desestimarse como un logro si se considera el déficit de legitimidad de las fuerzas militares y de policía heredadas por la administración de Iván Duque.

Las fallas

A pesar de su relevancia, estos avances no fueron suficientes para institucionalizar un enfoque progresista de la seguridad en el sector defensa que pudiera traducirse en una mayor protección de la vida de las personas y comunidades. En parte por el limitado conocimiento de un sector que miraba con prevención y en parte por las resistencias internas que enfrentó, el Gobierno de Gustavo Petro cometió tres fallas que no le permitieron avanzar en este sentido.

La primera fue de carácter doctrinal y operacional: durante su cuatrienio no hubo ningún esfuerzo serio por traducir el enfoque de seguridad humana al lenguaje de las fuerzas militares y de policía. La seguridad humana ofrecía un horizonte normativo claro, el respeto de la dignidad y libertades humanas, pero dejó sin resolver aspectos centrales para la conducción de las fuerzas de seguridad: no redefinió con suficiente claridad cuáles eran las amenazas prioritarias; no desarrolló un concepto operacional que explicara cómo combatirlas bajo ese nuevo paradigma; y no modificó los sistemas de evaluación e incentivos para medir el éxito bajo este nuevo enfoque.

La segunda falla fue de naturaleza institucional y organizacional: los recurrentes relevos en el alto mando militar y policial y la salida masiva de personal uniformado impidieron construir la confianza con el sector y consolidar un liderazgo estable que permitieran movilizar el cambio, gestionar las resistencias internas y generar una apropiación efectiva del nuevo enfoque.

Para dimensionar el alcance de estos relevos y salida de personal, basta recordar que, a tan sólo dos semanas de haberse posesionado, el nombramiento de la primera cúpula militar y policial del Gobierno de Gustavo Petro provocó la salida de más de 40 generales y almirantes que tuvieron que retirarse para que los oficiales elegidos asumieran sus respectivos cargos. Desde entonces, aunque no con la misma magnitud, estos cambios fueron frecuentes y, en muchos casos, alarmantes. Así, lo que empezó siendo una depuración de las fuerzas para desarticular redes de corrupción o retirar al personal uniformado con investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, terminó siendo percibido como una purga que afectó la continuidad de procesos al interior de las fuerzas y significó una fuga masiva de conocimiento y experiencia muy difíciles de reemplazar.

La tercera y última falla fue de carácter estratégico y obedeció a una desalineación entre la política de Paz Total y la transformación del enfoque de seguridad. Articuladas en el papel y en el discurso, en la práctica la política de seguridad se fue desdibujando ante unas negociaciones inestables con múltiples grupos armados que nunca tuvieron un rumbo claro. Más que provocar una parálisis deliberada de la fuerza pública, la implementación improvisada de la paz total tensionó las relaciones interinstitucionales con el sector defensa y multiplicó las incertidumbres operacionales en el terreno.

Las tensiones se hicieron evidentes en distintos episodios. Por ejemplo, el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño, “lamentó” la muerte de un comandante de una de las disidencias de las FARC abatido en una operación militar (El Colombiano, 2024) y cuestionó el anuncio del ministro de Defensa sobre operaciones dirigidas a capturar o neutralizar a “Chiquito Malo”, uno de los principales cabecillas del Ejército Gaitanista de Colombia (Cambio, 2026). Por su parte, varios altos mandos de las fuerzas militares y de la Policía criticaron la participación de integrantes de estas instituciones en las diferentes mesas de negociación (Blu Radio, 2026) y otros se pronunciaron en medios de comunicación sobre presuntos bloqueos para no desarrollar operativos en contra de algunos de los grupos armados que hacían parte de estos procesos de diálogo (RCN Noticias, 2026).

Por su parte, la implementación de ceses al fuego bilaterales mal diseñados y muy distintos entre sí incrementaron la incertidumbre operacional de las fuerzas de seguridad., Aunque anunciados en bloque a comienzos de 2023, el Gobierno de Gustavo Petro no aplicó un único modelo de cese al fuego bilateral, sino múltiples arreglos que evolucionaron de formas muy distintas según su duración, cobertura territorial y grupo armado comprometido, en un contexto en el que las dinámicas de la paz total incentivaron una fragmentación y reorganización de estos grupos ilegales^[1].

Tabla 1. Tipos y evolución de los ceses al fuego durante el Gobierno Petro

En un escenario tan volátil, las unidades militares y de policía se vieron ante un desafío informacional de grandes proporciones. Además de la necesidad de actuar con base en reglas de enfrentamiento que cambiaban según la naturaleza del grupo armado a combatir, y de la dificultad de distinguir entre combatientes y población civil en un conflicto donde esas fronteras son cada vez más difusas, se vieron obligados a operar teniendo en consideración la inestabilidad de las múltiples mesas de diálogos y la vigencia o no de ciertos ceses al fuego en distintos momentos de estos cuatro años.

El desafío pendiente

La incapacidad de implementar un nuevo modelo de seguridad humana durante estos cuatro años y el consecuente deterioro de la seguridad en varias regiones del país debilitaron la credibilidad de las alternativas progresistas en esta materia y abrieron el espacio para el regreso de políticas de mano dura. Los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella apuntan precisamente en esta dirección, en un contexto internacional y nacional con menos restricciones que los que enfrentaron las tradicionales recetas de seguridad del pasado reciente.

En el plano internacional, Estados Unidos ha endurecido su política antidrogas y de combate a los carteles. El Gobierno estadounidense ha privilegiado el uso de la fuerza en América Latina y el Caribe, con operativos marítimos y terrestres a todas luces ilegales desde la perspectiva del derecho internacional y enmarcados en una nueva doctrina de intervención en la región. Al mismo tiempo, ha emergido una alineación política regional que ha recibido con entusiasmo esta nueva doctrina, particularmente en países vecinos como Ecuador y Venezuela, con los que Colombia comparte dos fronteras muy calientes.

En el ámbito nacional, una parte importante de la opinión pública demanda respuestas de mano dura frente al deterioro de la seguridad y respalda un gobierno que ha anunciado una mayor militarización de la respuesta estatal y de la misma vida política, apropiándose de los códigos y rituales castrenses. A ello se suma la reducción de la cooperación internacional, que ha debilitado la capacidad de diversas organizaciones para monitorear y documentar violaciones a los derechos humanos en un conflicto armado cada vez más volátil y fragmentado.

Aunque desalentador, el regreso del manodurismo en el contexto actual no debería llevar a abandonar la posibilidad de construir un modelo de seguridad progresista. Al contrario, demanda con urgencia imaginar y construir uno mejor. Si el progresismo aspira a ganar credibilidad en un campo como el de la seguridad donde no se ha movido con comodidad, haría bien en empezar a capitalizar los aprendizajes derivados de las fallas cometidas durante estos últimos cuatro años.

Referencias

• Blu Radio. (2026, 21 de julio). Las diferencias con la paz total de Petro que precedieron la salida de la general Sandra Pinzón. https://www.bluradio.com/politica/las-diferencias-con-la-paz-total-de-petro-que-precedieron-salida-de-general-sandra-pinzon-so35
• Cambio. (2026, 13 de mayo). El difícil equilibrio de Petro: Lograr acuerdos con el Clan del Golfo o cumplir lo pactado con Trump. https://cambiocolombia.com/poder/articulo/2026/5/el-dificil-equilibrio-de-petro-lograr-acuerdos-con-el-clan-del-golfo-o-cumplir-lo-pactado-con-trump
• El Colombiano. (2024, 25 de junio). Desacuerdo entre Iván Velásquez y Otty Patiño. https://www.elcolombiano.com/colombia/desacuerdo-entre-ivan-velasquez-y-otty-patino-GL24851601
• Human Rights Watch. (2025). Informe mundial 2025: Colombia. https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/colombia
• Pema, E. y Mehay, S. L. (2012). Career effects of occupation-related vocational education: Evidence from the military’s internal labor market. Economics of Education Review, 31(5), 680–693. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2012.04.001
• Radio Nacional de Colombia. (2026, 13 de mayo). Favorabilidad de las Fuerzas Militares en 2026. https://www.radionacional.co/actualidad/favorabilidad-fuerzas-militares-en-2026
• RCN Noticias. (2026, 28 de junio). No solo el Clan del Golfo: Operaciones contra las disidencias también se habrían frenado durante el Gobierno Petro. https://www.noticiasrcn.com/colombia/no-solo-el-clan-del-golfo-operaciones-contra-las-disidencias-tambien-se-habrian-frenado-durante-el-gobierno-petro-1035397
• Warner, J. T. (1995). The economics of military manpower. En K. Hartley y T. Sandler (Eds.), Handbook of defense economics (Vol. 1, pp. 347–398). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0013(05)80017-6
• Wilson, J. M., Grammich, C. A., Cherry, T. y Gibson, A. (2023). Police retention: A systematic review of the research. Policing: A Journal of Policy and Practice, 17, paac117. https://doi.org/10.1093/police/paac117

[1] Hacia marzo de 2024 los Comuneros del Sur que hacían parte del ELN decidieron autonomizarse para tener su propia mesa de negociación. A mediados de julio de ese mismo año, el autodenominado Estado Mayor Central se dividió en las facciones al mando de Carlos Calarcá, que se mantuvieron en la mesa, y las de Iván Mordisco, que decidieron levantarse de ella. Y, pocos meses después, en noviembre, la Segunda Marquetalia se dividió, quedando activa la negociación con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que recogía los grupos que operaban en Putumayo y el pacífico nariñense.