Los laberintos de la sustitución: gobernanza de excepción en territorios cocaleros

La sustitución profundiza del modelo cívico-militar desde el cual se concibe el desarrollo territorial, al abordar las desigualdades territoriales en la construcción del Estado-nación colombiano desde los intereses de la guerra y del “combate contra las drogas”. Esta perspectiva ha adquirido un lugar emblemático en Colombia al convertirse, sin mayor discusión, en una política de desarrollo destinada a los territorios con cultivos, principalmente de coca, y legitimada por los Acuerdos de Paz y por el gobierno de Gustavo Petro en Colombia (2022-2026).

La sustitución como estrategia cívico-militar de gobernanza de excepción[1]

La política de sustitución en Colombia ha sido la expresión prohibicionista de la fusión cívico-militar en torno a la forma en que el Estado intenta el control territorial militar con máscara de política de desarrollo, que durante los últimos 30 años del conflicto armado (1991-2016) se ha delineado con mayor intensidad. En este periodo se pueden identificar 7 etapas, pulsiones de transformación territorial, que, a medida que se tensionaba el equilibrio entre el ala militar y civil del poder del Estado, hicieron cada vez más evidente esta disputa, cuando las políticas de desarrollo regional tendieron a militarizarse.

Durante la década de los setenta y ochenta, el desarrollo territorial estatal privilegió la acción participativa e interinstitucional entre el Estado y la población, como el programa de Desarrollo Rural Integral (DRI) en los 70 (Fajardo, Errázuriz y Balcazar, 1987; Departamento Nacional de Planeación, 1977) y el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) durante los 80 (Tirado, 1990), en los cuales se priorizó un acercamiento civil y territorial de la planeación para el desarrollo. A finales de los 90, el giro militarista recreó una nueva forma de presencia estatal en estas regiones. Esto fue evidente, por ejemplo, en los esfuerzos —infructuosos— de establecer las Zonas Especiales de Órden Público durante el gobierno de Ernesto Samper, áreas en las que las Fuerzas Militares tenían potestad absoluta sobre el orden y desarrollo territorial —que, a propósito, detonaron las marchas cocaleras de 1996—[2]. En paralelo, a finales de la década se inauguró el programa “Plante y Pa Lante”, que instaló masivamente la idea de que la coca —principal renglón económico en muchas regiones— podía ser sustituida con proyectos productivos familiares. Posteriormente, durante el periodo de seguridad democrática (2002-2010), la securitización de la política social en territorios con presencia de cultivos de coca se expresó en la ejecución de programas de sustitución de la Dirección de Cultivos Ilícitos, las Familias Guardabosques y, finalmente, el Plan Consolidación[3].

La alianza orgánica entre prohibicionismo y fuerza imperial es descrita por Dominic Corva como “gobernanza iliberal”, explicando el rol de la “certificación” en la influencia de los Estados Unidos sobre el continente, y en particular sobre Colombia que ha enfrentado este chantaje y la descertificación como una manera de influir e intervenir sobre las decisiones políticas en amplios márgenes de interacción geopolítica, como lo fue el poder insurgente en Colombia y el giro político bolivariano en Venezuela (Corva, 2008). Esta gobernanza surge desde la inmaterialidad de la “lucha antinarcóticos”, es decir, desde la imaginería y narrativa que insiste en convertir al enemigo interno en “narco”, y cuyo ataque puede pasar por encima de toda garantía de derechos. Así, el prohibicionismo permite gobernar desde la construcción de “lo criminal” como aquello asociado a lo salvaje o desprovisto de garantías, aplicado a grupos y territorios que en los intereses imperiales y de poder, necesitan ser controlados y dominados. A esta forma de gobierno la denomino “gobernanza de estado de excepción”, la expresión territorial de dicho dominio iliberal.

La sustitución como estrategia de gobernanza del estado de excepción del posacuerdo (2016-2022)

Los Acuerdos de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional firmados en el 2016, en específico el punto 4: “Solución al problema de las drogas”, sostuvieron cuatro elementos clave: la ratificación de que la presencia de los cultivos de coca es una expresión de pobreza rural, la necesidad de promover la transformación rural a partir de la articulación del punto 4 con el punto 1, “Reforma Rural Integral”, la apuesta en la participación del campesinado cocalero en la planeación estratégica del desarrollo (PISDA)[4] y el tratamiento penal diferencial para los pequeños cultivadores. En este escenario se dibujó la primera disputa popular entre el modelo sustitución y la transformación integral del territorio.

Es así que la implementación mantuvo la lógica del chantaje sobre la “voluntariedad” que se constituyó en parte de la gobernanza del estado de excepción en los territorios cocaleros y que desconocía las presiones de las mismas FARC-EP y del Estado colombiano sobre los campesinos, que nunca pudieron negociar los acuerdos de sustitución ni exigirle cumplimiento al Estado. Su implementación estuvo marcada por la ruptura interna del Gobierno de Juan Manuel Santos que, si bien había podido detener las aspersiones aéreas con glifosato en 2014, en mayo del 2016 su ministro de defensa anunció la estrategia 50-50, que se refería a la mitad de las hectáreas sustituidas y la mitad erradicadas, otra de las expresiones de la gobernanza de excepción. En la implementación de lo acordado, lo que definió el rumbo de la tensión sustitución vs transformación territorial fueron los decretos que reglamentaron su funcionamiento. En estos se borraron las apuestas del documento original, convirtiéndolo en un programa de transferencias condicionadas, basado en: a) la inscripción individual al programa; b) la erradicación de los cultivos y la verificación por parte de la UNODC; c) el pago por dos años de una transferencia condicionada; d) un ciclo corto de apoyo a soberanía alimentaria; e) un ciclo medio de asistencia técnica por 24 meses a producción, y f) un proyecto de ciclo largo de sostenibilidad de largo aliento. En total, el apoyo era de 36 millones de pesos por inscripción. También, en términos políticos, la entidad sirvió medio para negociar cargos con sectores políticos específicos.

Entre 2017 y 2022 se habían erradicado de forma “voluntaria” y asistida 46.008 hectáreas, de las cuales casi 38.000 habían sido verificadas por UNODC. Esta entidad había calculado 98 % del éxito y solo 5 % de resiembra, y había ingresado a casi 100 mil familias en 14 departamentos, principalmente Putumayo, Nariño, Caquetá y Antioquia (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 2022). Durante los diez años de gestión, se han gastado siete billones de pesos para repartir poco más de dos billones en estas transferencias condicionadas (Contraloría General de la república, 2026), sin cambios claros y medibles en estos territorios.

Gráfica 1. Dinámicas anuales de la presencia de cultivos de coca monitoreados por la UNODC en los tres países andinos, sin contar la erradicación.

Es importante situar el programa de sustitución en el contexto amplio de presencia de cultivos de coca en el país. Cuando se firmó el programa, en 2016, las hectáreas cultivadas en el país iban en aumento y aunque entre 2017 y 2018 se logró detener esta tendencia y revertirla hasta el 2020, el reflujo de cultivos fue significativo desde 2021. La dinámica de los cultivos de coca debe comprenderse desde la política prohibicionista que los regula, es decir, a medida que los cultivos se reproducen, las erradicaciones no los desaparecen completamente, sino que, año a año, siguen apareciendo con variabilidad en su tasa de reproducción (Gráfica 2 y tabla 1).

Gráfica 2. Comportamiento de los cultivos de coca después de la erradicación manual, aérea y por sustitución.

Tabla 1. Dinámicas de crecimiento de cultivos y estrategias de erradicación.

Entre 2014 y 2022, la tabla 1 muestra el porcentaje de crecimiento de cultivos año a año, pese a la erradicación. Esto demuestra la alta capacidad de recuperación de las hectáreas de coca a pesar de los esfuerzos de erradicación y sustitución de la política de drogas. Es a partir de la triangulación de instrumentos antidrogas, que se puede observar que la sustitución no fue una estrategia aislada sino que, al contrario, entre el 2016 y el 2020 se constituyó un ecosistema combinado de ataque al campesinado cocalero y una forma de destruir su movilización política, haciendo que las organizaciones se vieran confrontadas entre sí, atacadas por diversos flancos. Este periodo fue caldo de cultivo de la reconfiguración del conflicto armado, como ha sido evidente en Putumayo, Nariño, Cauca y Catatumbo. La vida cotidiana de los pobladores de estos territorios giró entre firmar los acuerdos de sustitución, convencer a las comunidades para confiar en que se iba a cumplir, ser tildados de traidores, soportar las erradicaciones, enfrentar el incumplimiento y demandarlo por ser firmantes o no del programa PNIS. Tres tragedias son emblemáticas de este periodo: la masacre de El Tandil el 5 de octubre de 2017[5], el asesinato de Alexander Carvajal en el Catatumbo[6], en medio de una operación de erradicación forzada, y el encarcelamiento de Nelly Luna, una mujer cocalera firmante del PNIS que fue acusada de retener policías al defender su condición de beneficiaria, en una operación de erradicación en el Caquetá[7].

Es desde la ilegitimidad de esta combinación estratégica múltiple del prohibicionismo que se asentaron las bases para la aparición de nuevos grupos armados en los territorios, que, en gran medida, recogieron estas inconformidades, se justificaron en ellas y mantuvieron la dinámica de la economía cocalera, en el contexto de un incumplimiento abierto del Estado a los campesinos del programa. Como advirtió la Procuraduría en su quinto informe al Congreso en 2023: “A más de cinco años del inicio de ejecución del PNIS y la erradicación voluntaria de los cultivos, el 97,2 % de las familias aún no tienen recursos para sus proyectos de ciclo largo, lo cual pone en riesgo la seguridad económica y alimentaria de estas familias, que en su mayoría cumplieron sus compromisos, pero no han recibido alternativas sostenibles de tránsito a una economía legal” (Procuraduría General de la Nación, 2023, p. 355). Para ese año, la disputa popular por la transformación territorial quedó sumida en el quiebre violento de la organización campesina cocalera, en un programa de sustitución ampliamente financiado con 2,5 billones de pesos que fueron operados por privados, donde solo el 1 % de las familias vinculadas el programa alcanzaron terminar la ruta (Procuraduría General de la Nación, 2023), con serias deficiencias en la consolidación de bases de datos y con un mercado de cocaína tan boyante como nunca (Gráficas 1 y 2).

Una manera de intentar hacerle frente a la gobernanza de excepción de la política de sustitución de los Acuerdos de Paz se logró tras la demanda de líderes campesinos a la Corte Constitucional, enmarcada en el Auto de Seguimiento 387 de 2019 de la Sentencia de Tutela T-236 de 2017, en el que se fijó la jerarquía entre los medios de erradicación, priorizando la sustitución voluntaria sobre la erradicación forzada terrestre, dejando claro que la última procede cuando la primera fracasa[8].

Más allá de las consideraciones técnicas, en los informes de balance de la UNODC no se hizo suficiente énfasis en la violencia que están viviendo los líderes del programa de sustitución en campo, cuando muchas de estas regiones, como Nariño y Putumayo, enfrentaban la reconfiguración más cruenta del conflicto. Marín hace evidente cómo el programa incrementó la tasa de asesinatos de líderes sociales en un 481 %, y la probabilidad de asesinato al 122 %, como una consecuencia no intencionada de la política de sustitución (2022).

Sustitución y gobernanza de excepción en la Paz Total (2022-2026)

El presidente Gustavo Petro planteó desde su campaña y su discurso de posesión el cambio del paradigma prohibicionista y prometió seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. En el Plan Nacional de Desarrollo, el apartado sobre política de drogas estuvo dirigido a la importancia del tránsito de economías y la transformación territorial (Departamento Nacional de Planeación, 2022). En octubre de 2023 se publicó el documento guía de la política de drogas, “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”. Este documento se mantuvo en el tradicional núcleo prohibicionista de la política de gobernanza de excepción a partir del principio de la idea “Oxígeno y Asfixia”, una estrategia contradictoria que, si bien avanzó en la disminución de las erradicaciones terrestres —y por ende de la confrontación entre campesinos y las fuerzas armadas—, mantuvo latente la lógica de la meta última de la transición económica en estos territorios, basada en la erradicación/sustitución de hectáreas. La política de desarrollo de estado de excepción sostuvo que era necesario contener los cultivos de coca antes de generar oportunidades de tránsito claras, sostenibles y posibles para los pobladores en estas regiones (Dirección de Política de Drogas y Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023), dejando de nuevo la carga del compromiso al cultivador, y manteniendo la erradicación forzosa como una opción, aunque se vendiera como un “último recurso” [9].

El eje en el documento de política no es la sustitución —que aparece no más de 13 veces en el texto— sino la política de oxígeno, que tiene como propósito el tránsito de las economías ilícitas en zonas rurales y de manejo especial. Para esto existe una escalera, que busca no solo contener la expansión de hectáreas sino la transformación territorial a partir de tres escalones: las condiciones de vida digna, la autonomía comunitaria y el afianzamiento colectivo. A pesar de esto, en el Plan Plurianual de Inversiones se asignó un monto de 1,4 billones de pesos para la estrategia de sustitución, y no hay un rubro expedito para el tránsito de economías ilícitas a lícitas en territorios cocaleros. No fue hasta julio de 2026 que se definió un plan de acción e indicadores que miden el cumplimiento de la política de drogas publicada.

En el 2024, el Gobierno colombiano determinó la renegociación de acuerdos a través del lanzamiento del programa Renhacemos[10] y además firmó el convenio entre la Policía Nacional y la Dirección de Sustitución para el uso drones para la aspersión con glifosato. Este nuevo programa reencauchó la idea de la “sustitución de ingresos” como un apoyo económico temporal[11], y la “sustitución de economías” como un entramado de alianzas, asistencia técnica y compra de insumos. Para ello, se firmaron tres convenios con UNODC, cada uno por 300 mil millones de pesos[12]; para diciembre del 2025 se reportó la inscripción de 12.935 familias en proceso de sustitución en el nuevo programa (ART y DSCI, 2026). La falta de ejecución de la dirección de sustitución —mucho más baja que la del periodo de Iván Duque como muestra el noveno informe de la Contraloría (Contraloría General de la República, 2025, p. 419)— intentó ser compensada con estos dos convenios en los últimos meses de gobierno, en los que se heredó la continuidad del programa para el gobierno de Abelardo de la Espriella (2026-2030).

La posibilidad de concretar las metas de hectáreas erradicadas del programa Renhacemos se hizo en medio de la reconfiguración del conflicto y de la Paz Total, la que encuentra como oportunidad y justificación en la atención humanitaria —como se evidencia en el decreto de Conmoción Interior tras la confrontación entre el ELN y el EMBF en la frontera con Venezuela[13]—, y en la “narcotización” de las agendas de las mesas de paz de Comuneros del Sur (Nariño) y de la Coordinadora Nacional Bolivariana (Nariño y Putumayo). En estos espacios, la erradicación y sustitución se convirtió en el núcleo de la negociación. Todas las mesas tuvieron comandantes ad portas de la extradición, y surgió un nuevo modelo de gobernanza de estado de excepción, un disciplinamiento que no era solo sustitución-erradicación sino también extradición-erradicación. Los medios de verificación de estas hectáreas aún no son transparentes y la UNODC empezó, al final del gobierno de Gustavo Petro, a ratificar las hectáreas erradicadas en esas mesas de paz.

Así, la estrategia de sustitución de coca estuvo atada como nunca a los vaivenes de la geopolítica global en el segundo periodo de Donald Trump, cuando el Gobierno de Gustavo Petro promovió la sustitución como una forma de congraciarse con los Estados Unidos, y parte de los compromisos a los que llegaron tenían que ver con esta tarea. No obstante, la dupla extradición-erradicación guarda una contradicción: en la medida en que el Gobierno de los Estados Unidos presionaba por la entrega de comandantes para judicializarlos en su país, debilitaba la posibilidad de inscribir personas al programa y cumplir las metas de erradicación.

10 años después de los Acuerdos de Paz, no existen indicadores de condiciones de vida que nos permitan probar que las garantías de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pobladores de territorios cocaleros hayan mejorado con el PNIS o los demás programas de sustitución. Podemos calcular los montos presupuestales invertidos y reconocer que el mercado de cocaína sigue funcionando con récords históricos. Estudios como el análisis del IDH departamental, realizado por el PNUD, afirman que su cálculo “refleja que el avance nacional del IDH se concentra en los departamentos históricamente más prósperos, mientras que otros están retrocediendo. Esta situación sugiere la falta de una estrategia integral que promueva la cohesión nacional y mejore las condiciones de vida en todas las regiones del país” (Plata, 2024). En su discurso de posesión, el nuevo presidente Abelardo de la Espriella señaló que iba a cambiar la coca por coco y cacao, manteniendo la misma retórica que se lubricó estos últimos 4 años, la de la continuidad del paradigma prohibicionista de gobernanza de excepción conjugando desarrollo y sujeción.

La disparidad territorial en el desarrollo humano sigue siendo una fractura real, abierta y aún no superada entre una Colombia que sigue ganando y otra, la de los territorios con presencia de cultivos de coca, que es laboratorio de las gobernanzas de excepción. Actualmente, el perfil del campesino cocalero en el país es diferente. Por ejemplo, los territorios afrocolombianos e indígenas se han convertido en los protagonistas del nuevo mercado de cocaína, como ocurre en Nariño y Cauca. Esto trae otro tipo de tensiones, contradicciones y, por supuesto, formas de entender las transiciones o transformaciones territoriales. El país todavía no ha sido capaz de llenar de contenido una propuesta seria de transición económica de ilegal a legal, y de cruzar el muro del prohibicionismo. Uno de los impactos políticos más directos de la sustitución es la imposibilidad que tienen los afrocolombianos, indígenas y campesinos cocaleros, y en general toda la ciudadanía, de pensar, hablar y conversar sobre de la regulación legal de esta economía.

La continuidad de una vieja estrategia en el nuevo escenario político

La sustitución supedita el objetivo del desarrollo regional al del prohibicionismo que, en contextos de conflictos armados, es preciso complementar e involucra los objetivos de la guerra o del ataque a las finanzas de los enemigos. Así, ambas estrategias (desarrollo alternativo y sustitución) tienen como meta el control territorial (población y terreno) en el marco de una confrontación armada contra un enemigo. En términos militares, puede considerarse —por su carácter blando y que desdibuja los límites de lo civil y lo militar— una estrategia de guerra irregular.

Esta estrategia ha pasado en Colombia por tres etapas. Durante el Plan Colombia, acompañó la estrategia militar de intervención territorial, pero de forma indirecta y menos protagónica. Los Acuerdos de Paz la convirtieron en el eje de desarrollo de la política de drogas de los territorios con presencia de cultivos, impactando de forma directa en la fragmentación del movimiento cocalero, y en la reconfiguración del conflicto armado, sobre todo en las nuevas relaciones que establecieron las bases cocaleras con los actores armados que resurgieron. En la última etapa, con el Gobierno de Gustavo Petro, esta estrategia ha alcanzado niveles de sofisticación con los recursos, la atención y la burocracia suficiente para convertirse en el discurso principal de intervención en los territorios cocaleros, aunque no en una transformación territorial real. Logra en este periodo articularse como política de negociación en las mesas de Paz Total y convertirse en el objetivo primero, sin hacer un balance o análisis de su propia responsabilidad en la reconfiguración de la guerra con los actores y comunidades con las cuales negocia.

Es importante resaltar tres elementos para la presidencia de Abelardo de la Espriella, que permiten identificar la continuidad de la estrategia de sustitución, ahora despojada del ropaje de una política progresista, y entender su rol en una guerra irregular, articulada con objetivos militares e intereses económicos. Para esto, desataca la continuidad del discurso de la instalación del cacao como opción de sustitución, que fue expresa en el discurso presidencial. Por su parte, desde la academia, los entes de control y el movimiento social todavía se exigen análisis profundos en torno al impacto de la instalación del monocultivo, el uso presupuestal para la compra de esta semilla, el cambio en el uso de la tierra y su acaparamiento, y la instalación de modelos coloniales de mercados internacionales.

De otro lado, la tensión extradición-sustitución va a ser parte de una negociación política de agencias internacionales, por seguir implementando esta estrategia sobre la cual ya están destinados los fondos públicos en convenios con la Dirección de Sustitución, mientras se definen los planes de sometimiento de los actores armados que tienen presencia en estas áreas. Finalmente, en diferentes espacios se ha hecho explícita la preocupación por la gran cantidad de información sobre estas regiones y sus pobladores que se ha acumulado en este tiempo y que no tienen clara custodia. La georeferenciación, la identidad, la confianza de cientos de beneficiarios de estos programas que ahora está en poder del Estado son herramientas que pueden llegar a tener un impacto en el acaparamiento, el desplazamiento y las disputas por el control territorial.

Los documentos oficiales de los Estados Unidos publicados en los últimos meses delimitan el marco de acción de la guerra irregular (Small Wars Journal, 2025), concepto que se adicionó en el diccionario militar y que se catalogó en el mismo nivel de importancia de la guerra regular, inaugurando así un centro específico de estudios sobre este tema (Joint Chiefs of Staff. 2025) ^[14]. En este diccionario también se encuentra el término “zona productora” (se refiere a los lugares de producción de drogas y se les denomina en inglés source zone)^[15], como un objetivo estratégico de control del Gobierno de los Estados Unidos. Uno de los componentes centrales de esta estrategia es la construcción de confianza, de aliados locales y de redes de información en los terrenos en disputa. Para el caso colombiano, esto adquiere particular relevancia en los territorios cocaleros donde, con promesas de transformación o con planes de instalación de modelos de extracción, el proceso de sustitución ya les abrió un camino.

Referencias

• ART y DSCI. (2026). Informe de gestión: Enero a diciembre de 2025.
• Ciro, E. (2017, 20 de diciembre). Las otras mujeres de la paz: La libertad para Nelly Luna. A la Orilla del Río. https://alaorilladelrio.com/2017/12/20/las-otras-mujeres-de-la-paz-la-libertad-para-nelly-luna/
• Consejo de Redacción. (2019, 8 de noviembre). Detalles de la masacre en El Tandil: Dos años de impunidad. https://consejoderedaccion.org/noticia/detalles-de-la-masacre-en-el-tandil-dos-anos-de-impunidad/
• Contraloría General de la República. (2025). Noveno informe al Congreso de la República: Sobre la ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones.
• Contraloría General de la República. (2026). Informe de Gestión Dirección de Sustitución 2026.
• Corva, D. (2008). Neoliberal globalization and the war on drugs: Transnationalizing illiberal governance in the Americas. Political Geography, 27, 176–193.
• Departamento Nacional de Planeación. (1977). Evaluación de la ejecución del Programa DRI.
• Departamento Nacional de Planeación. (2022). Plan Nacional de Desarrollo: Colombia, potencia mundial de la vida.
• Dirección de Política de Drogas y Ministerio de Justicia y del Derecho. (2023). Sembrando vida, desterramos el narcotráfico: Política de drogas 2023–2033.
• Fajardo, D., Errázuriz, M. y Balcázar, F. (1987). DRI 1976–1986. Fedesarrollo.
• Forero, S. (2020, 5 de abril). El campesino que murió por un disparo del Ejército en el Catatumbo. El Espectador. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/el-campesino-que-murio-por-un-disparo-del-ejercito-en-el-catatumbo-article/
• Joint Chiefs of Staff. 2025. DoD Dictionary and Terminology Repository. https://www.jcs.mil/Doctrine/DoD-Terminology-Program/.
• Marín Llanes, L. (2022). The killing of social leaders: An unintended effect of Colombia’s illicit crop substitution program. International Journal of Drug Policy, 101.
• Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2022). Informe No. 24: Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). UNODC. https://www.unodc.org/rocol/uploads/res/biblioteca/bibliotecapmd_html/INFORME_PNIS_24.pdf
• Plata, S. (2024, 21 de junio). INDH 2024. Colombia: territorios entre fracturas y oportunidades. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. https://www.undp.org/es/colombia/discursos/indh-colombia-2024-reflexiones-pais-en-contrastes
• Procuraduría General de la Nación. (2023). Quinto informe sobre el estado de implementación del Acuerdo de Paz. https://www.procuraduria.gov.co/Documents/Diciembre%202023/Delegada%20de%20Seg%20Acuerdo%20de%20Paz/Quinto%20Informe%20sobre%20el%20Estado%20de%20Implementacio%CC%81n%20del%20Acuerdo%20de%20Paz%20Versio%CC%81n%20Final%20Aprobado%20PGN.pdf
• Small Wars Journal. 2025. DoDI 3000.07: New policy for Irregular Warfare. The Discourse. https://smallwarsjournal.com/2025/10/30/dodi-3000-07-new-policy-for-irregular-warfare/
• Tirado, N. (1990). El Plan Nacional de Rehabilitación: Un modelo institucional para la democracia participativa, la descentralización y la lucha contra la pobreza. Coyuntura Social, 121–143.

[1] Este artículo se hizo como una consultoría con Viva la Ciudadanía en el primer semestre de 2026.

[2] Decreto 1900 de 1995. Diario Oficial. Año CXXXI, n.^o 42075, 2 de noviembre de 1995. Decreto 871 de 1996 por el cual el señor Brigadier General Alfonso Ernesto Arteaga, solicita delimitar como Zona Especial de Orden Público a los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá. Diario Oficial, año CXXXII, No 42787. 16 de mayo de 1996.

[3] https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=DirectivasP/30021378

[4] Planes Integrales de Desarrollo Alternativo que suponían un plan amplio de participación territorial no solo para el diseño sino para el seguimiento y monitoreo de los avances. Nunca se implementó. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=81878

[5] Para más información: https://consejoderedaccion.org/noticia/detalles-de-la-masacre-en-el-tandil-dos-anos-de-impunidad/

[6] Para más información: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/el-campesino-que-murio-por-un-disparo-del-ejercito-en-el-catatumbo-article/

[7] Para más información: http://alaorilladelrio.com/2017/12/20/las-otras-mujeres-de-la-paz-la-libertad-para-nelly-luna/

[8] https://www.procuraduria.gov.co/Documents/2022/Cuarto%20Informe%20Seguimiento%20al%20Acuerdo%20de%20Paz_Radicación%20 %281 %29.pdf. Durante el primer laboratorio de Plan Colombia llevado a cabo en Putumayo tras la firma de los acuerdos de paz en 1998, la condición fue la misma: si no cumplían los campesinos, se asperjaba. A pesar de que ellos mostraron los avances y los incumplimientos del Estado, fueron asperjados. Sobre ellos siempre ha recaído probar la falla del Estado. Resolución Defensorial Nacional No. 026. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el Marco del Conflicto Armado y de las Fumigaciones de los Cultivos de Coca en el Departamento del Putumayo. Bogotá, 9 de octubre de 2002.

[9] “Los lineamientos dados para la aplicación de la modalidad de erradicación forzosa se presentan en el capítulo de asfixia”. (Dirección de Política de Drogas y Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023, p. 55).

[10] Creada bajo la resolución 076 de 2025. Basada en la Ley 2294 de 2023 por el cual se expide el PND “ARTÍCULO 9”.Es preciso informar de la apertura de incidente de desacato contra varios funcionarios, entre ellos: Dirección de Sustitución por incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de tutela de la corte constitucional de la sentencia T-146 de 2024.

[11] Esta frase se nombra por lo menos desde 2010 por la UNODC. https://www.unodc.org/documents/alternative-development/Desarollo_alternativo.pdf

[12] Convenio 2688 con UNODC para la implementación y monitoreo de proyectos de sustitución para el tránsito de economías lícitas en los territorios priorizados por la DSCI (333.995.832,72 pesos colombianos; aporte de Fondo Colombia en Paz de 290.785.236.910 pesos colombianos); Convenio 785 con UNODC para la implementación y monitoreo de proyectos de sustitución para el tránsito a economías lícitas en los territorios focalizados por la DSCI (213.881.275.196 pesos colombianos; Aporte FCP 182.861.275.196 pesos colombianos) (ART y DSCI, 2026, p. 180).

[13] Decreto 0062 de 24 de enero de 2025. También se sumaron el Decreto 0180 de 2025 que contempló medidas para familias en territorios cocaleros para crear incentivos de erradicación voluntaria. Al terminar los pagos, los núcleos familiares serían vinculados al DSCI. Una situación humanitaria se convirtió en una firma de compromiso de erradicación y sustitución (ART y DSCI, 2026, p. 199).

[14] DoD Dictionary of Military and Associated Terms, December 2025: https://www.jcs.mil/doctrine/; DoDI 3000.07 — Guerra Irregular (Irregular Warfare– IW). 29 de septiembre de 2025. Como señalan en este documento y parafraseamos: “El programa de terminología DoD establece los metodos, las guías y los procedimientos para coordinar, estandarizar y diseminar la terminología DoD y otras asociadas en la firma de Diccionario”.

[15] Como describen en este documento En operaciones contra narcóticos, un area geográfica identificada para cultivo o procesamiento primario de components sintéticos para drogas ilícitas, donde el proceso de tráfico inicia.  DoD Dictionary of Military and Associated Terms, December 2025: https://www.jcs.mil/doctrine/; DoDI 3000.07 — Guerra Irregular (Irregular Warfare– IW).  

Imagen de encabezado: Fotografía de Presidencia de la República.