Entre 2022 y 2026, la Policía Nacional avanzó en una transformación orientada a fortalecer los derechos humanos, la profesionalización, la prevención y la cercanía con la ciudadanía. Sin embargo, el proceso dejó pendientes cambios estructurales, estuvo marcado por el relevo constante de su alto mando y enfrentó restricciones operativas y fiscales. El próximo gobierno recibe así una institución con una hoja de ruta de modernización y avances significativos, pero también con el desafío de consolidarlos y recuperar capacidades para responder a un escenario de seguridad cada vez más complejo.
EDICIÓN 115 ENE-JUN 2026La Policía Nacional ha experimentado diversas transformaciones y reformas a lo largo de sus más de 134 años de historia, pero nunca había sido encabezada por un gobierno progresista. Esto marca un hito en el alcance y en los objetivos de la transformación de la Policía Nacional. Proceso de transformación que no se inició desde cero con la nueva administración: el gobierno entrante tomó varios elementos ya diseñados y aprobados por el gobierno saliente de Iván Duque.
La Policía Nacional ha experimentado diversas transformaciones y reformas a lo largo de sus más de 134 años de historia, pero nunca había sido encabezada por un gobierno progresista. Esto marca un hito en el alcance y en los objetivos de la transformación de la Policía Nacional. Proceso de transformación que no se inició desde cero con la nueva administración: el gobierno entrante tomó varios elementos ya diseñados y aprobados por el gobierno saliente de Iván Duque.
El proceso de transformación de Iván Duque surgió de la necesidad de hacer frente a los diferentes llamamientos, tanto a nivel nacional como internacional, contra el abuso de fuerza de algunos uniformados en el marco de las protestas nacionales entre 2019 y 2021. Esto, sumado a una visita por parte de la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos —CIDH— en 2021, llevó a que los ministros del Interior y Defensa del Gobierno de Iván Duque, con el apoyo de la bancada oficialista en el Congreso, iniciaran un Proceso de Transformación Policial Integral que incluía un listado de diez pilares que buscaban dar respuesta, bajo el diagnóstico de aquel Gobierno, a las falencias en el actuar institucional que llevaron a faltas en el servicio de policía[1] (Presidencia de la República, 2021).
Los principales resultados de esta iniciativa fueron dos leyes que reformaron el sistema de carrera en la Policía Nacional (Ley 2179 de 2021) y actualizaron el Estatuto Disciplinario de la Policía (Ley 2196 de 2022). Esta actualización normativa buscaba aumentar la confianza mediante una rendición de cuentas más transparente, expedita y exhaustiva, la reestructuración de los procesos de formación, y mayores controles para la aplicación de diversos medios de policía como el traslado de protección (Mesa por la Reforma Policial, 2024).
Es así como el Gobierno de Petro (2022-2026) recibió un proceso de transformación policial en curso, con avances sustanciales en algunos temas como estatuto de carrera, profesionalización y temas disciplinarios. En el Plan Nacional de Desarrollo se propuso el tema de transformación policial, buscando aumentar el control civil, el respeto por los derechos humanos y un servicio más cercano al ciudadano y los territorios (Ministerio de Defensa Nacional, 2026). Es aquí donde vale la pena hacerse algunas preguntas: ¿Cuál fue el tamaño de la ambición del proceso de Transformación Policial más humana y qué se alcanzó realmente? ¿Cuáles fueron las razones que limitaron las transformaciones?, y finalmente, ¿cuál es la Policía Nacional que recibe el nuevo gobierno electo?
Transformación Policial “Más Humana”
La transformación de la Policía Nacional durante el periodo 2022–2026 se estructuró a partir de la Directiva Permanente 09 del 15 de junio de 2023 del Ministerio de Defensa Nacional, concebida como la hoja de ruta para fortalecer el carácter civil de la institución y consolidar un modelo de servicio más profesional, preventivo y orientado a la garantía de los derechos humanos y la convivencia ciudadana. La directiva definió siete ejes estratégicos y 53 acciones que orientaron los cambios institucionales, bajo el principio de “construir sobre lo construido”, articulando iniciativas previas con las prioridades del Gobierno Nacional y estableciendo un mecanismo permanente de coordinación, seguimiento y evaluación del proceso de transformación.
En el eje de integridad, legitimidad, confianza y derechos humanos, la transformación fortaleció los mecanismos de control interno, y la Inspección General consolidó una política institucional de derechos humanos y promovió la prevención de conductas contrarias a la ética policial. Asimismo, se incorporó de manera transversal el enfoque de género y se fortalecieron las estrategias de capacitación, transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de aumentar la confianza ciudadana y garantizar que el servicio policial se desarrollara conforme a estándares de respeto a los derechos fundamentales.
En materia de respeto al derecho de reunión y asociación, uno de los cambios más significativos fue la consolidación de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que reemplazó el ESMAD por un modelo que privilegia el diálogo, la mediación y la prevención como primera respuesta ante las manifestaciones públicas pacíficas. Esta transformación estuvo acompañada de la actualización de la doctrina sobre el uso diferenciado y proporcional de la fuerza (Decreto 1231 de 2024), la creación de equipos especializados de diálogo, el fortalecimiento del acompañamiento jurídico, la formación especializada del personal y la incorporación de herramientas tecnológicas para garantizar una mayor transparencia y control durante las intervenciones.
En el eje de desarrollo humano policial, la institución priorizó el bienestar integral de sus funcionarios mediante la implementación de programas de salud mental preventiva, el fortalecimiento del Plan de Carrera Policial y el desarrollo del Plan Dignidad. Estas iniciativas buscaron mejorar las condiciones laborales, promover el crecimiento profesional y fortalecer la permanencia del talento humano, reconociendo que una transformación institucional sostenible también depende del bienestar de quienes prestan el servicio policial.
Respecto al nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas, se implementó el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSOPT), que reorientó la prestación del servicio hacia la prevención, la solución de problemas, la participación ciudadana y el trabajo conjunto con las comunidades. Este modelo fortaleció el enfoque territorial, promoviendo una mayor cercanía entre la Policía y la ciudadanía para construir soluciones compartidas ante los problemas de seguridad y convivencia.
En cuanto a la profesionalización y educación, la transformación impulsó una educación policial de mayor calidad mediante el fortalecimiento y la apuesta por la creación de una universidad policial, la actualización de los programas académicos y la implementación de políticas de gratuidad para la incorporación y matrícula del personal en formación. Estas medidas buscaron garantizar un talento humano con mayores competencias técnicas, éticas y profesionales para responder a los desafíos contemporáneos de la seguridad ciudadana.
Finalmente, el eje de estándares profesionales consolidó lineamientos comunes para el desempeño policial mediante la definición de estándares mínimos de actuación, procesos de validación de competencias y la actualización de los lineamientos investigativos y educativos. En conjunto, estos avances fortalecieron la calidad del servicio, promovieron una mayor uniformidad en la actuación institucional y consolidaron un proceso de transformación orientado a construir una Policía más profesional, transparente, cercana a la ciudadanía y comprometida con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de la legitimidad democrática.
Limitaciones a la transformación
El primer gran límite de la Transformación Policial fue el incumplimiento del traslado de la Policía Nacional fuera del Ministerio de Defensa Nacional. Esto pese a que, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en la Directiva Ministerial 09 de 2023, esta medida se contemplaba como uno de los ejes estratégicos, también el que más rápido perdió impulso una vez instalado el nuevo gobierno. La desmilitarización de la Policía ha sido una apuesta histórica de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, con el argumento de que la Policía tiene una perspectiva de trato con la ciudadanía basada en el orden público y la seguridad nacional, en lugar de en la convivencia y la seguridad ciudadana (Mesa por la Reforma Policial, 2024).
No obstante, la implementación de esta reingeniería institucional planteó desafíos importantes desde sus primeras etapas. Las opciones de reforma abarcaban distintos niveles de transformación institucional: la creación de un Ministerio de Seguridad Ciudadana, la incorporación de la Policía Nacional a un ministerio existente —como el de Justicia o el del Interior— o, en un escenario de menor cambio estructural, el fortalecimiento de la organización actual del Ministerio de Defensa para ejercer una mayor conducción estratégica sobre la institución policial.
El primer desafío estuvo asociado a la complejidad normativa, administrativa y política que implicaba la creación de un nuevo ministerio. Aunque esta alternativa había sido recomendada por diversas instancias, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales (Parada, 2025) —entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —, su materialización requería un trámite legislativo largo y de alta complejidad. Esto generó un primer punto de tensión para el Gobierno, ya que impulsar una reforma de esta magnitud demandaba un considerable capital político en el Congreso de la República, el cual debía priorizarse para iniciativas consideradas estratégicas, como las reformas tributaria, de salud, laboral y pensional. A ello se sumaba que los beneficios de una reorganización institucional de esta naturaleza no serían inmediatos, pues su implementación exigía un periodo de transición para ajustar la estructura administrativa, las competencias y los procesos de coordinación entre las entidades involucradas.
Asimismo, un periodo de transición en los ámbitos organizativo, administrativo y operativo no resultaba conveniente en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones de seguridad. Aunque el propósito de la Transformación Policial era fortalecer la institución y alinearla con los principios de la seguridad humana, el recrudecimiento de la violencia en regiones como el Cauca y Norte de Santander planteaba interrogantes sobre la continuidad de la coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional ante un eventual cambio de adscripción ministerial. La interoperabilidad entre ambas instituciones ya se encontraba consolidada y había demostrado ser un elemento clave para la planeación y ejecución de operaciones conjuntas. Mantenerlas bajo una misma cartera facilitaba la coordinación estratégica, el intercambio oportuno de información, la articulación de capacidades y la toma de decisiones entre los altos mandos, aspectos que podrían verse afectados durante un proceso de reorganización institucional de gran envergadura.
La otra alternativa consistía en adscribir la Policía Nacional a una cartera existente, como el Ministerio del Interior o el Ministerio de Justicia. No obstante, por su tamaño, capacidad operativa, estructura administrativa y volumen presupuestal, la Policía Nacional podría desbordar las capacidades de cualquiera de estos ministerios, generando un efecto de “absorción institucional” que dificultaría el ejercicio efectivo de la dirección y del control civil. Paradójicamente, en lugar de fortalecer la subordinación de la institución a las autoridades civiles, esta reorganización podría incrementar su autonomía administrativa y operativa, ya que los ministerios receptores no contaban con la estructura técnica ni el personal especializado necesarios para asumir funciones de gestión, supervisión y apoyo propias de una entidad de las dimensiones de la Policía Nacional.
A ello se sumaban las complejidades derivadas de su régimen especial de carrera y de los sistemas diferenciados de pensiones, salud y justicia aplicables al personal uniformado, así como las implicaciones presupuestales que supondría trasladar estas responsabilidades a otra cartera ministerial. En conjunto, estos factores convertían esta alternativa en un desafío institucional, jurídico y financiero de gran magnitud para el Gobierno Nacional.
La segunda gran limitación al proceso de transformación policial fue de carácter más endógeno y se debió a los reiterados cambios y relevos de oficiales por parte del Gobierno Nacional. En 2021 había 37 generales, lo que permitía contar con un general en la dirección estratégica de cada una de las direcciones, metropolitanas y regionales. Solamente en 2022 salieron 17 generales. Conforme avanzó el gobierno, además de la facultad del ejecutivo de disponer un llamamiento a calificar servicios, otros altos oficiales se irían de la institución por las mismas dinámicas internas con los cambios de directores y la línea de mando, y otros por cumplir su edad de retiro. Así, para mediados de 2025 solo había 18 generales activos. Aún más, esto no se quedó solo en el rango de general, sino en toda la estructura de mando, para un total de 228 oficiales llamados a calificar servicios solo en 2024 (Rodríguez Álvarez, 2025).
No obstante, en este excesivo uso de la facultad discrecional de llamamiento a calificar no se consideró la pérdida que ello implicaba en materia de conocimiento, formación y liderazgo en diversas áreas, como la inteligencia y la planeación estratégica. Tantos cambios también generaron confusión y un impacto moral en los uniformados, porque después de cada cambio de director se sucedían cambios en los jefes de las diversas direcciones y a los recién llegados les tomaba algún tiempo ajustarse al cargo.
¿Con qué Policía se encuentra el nuevo gobierno?
Con base en los avances en el proceso de transformación policial mencionados en el artículo y en el contexto actual de seguridad del país, el próximo gobierno recibirá una Policía Nacional con avances institucionales significativos, pero también con desafíos importantes para mantener y consolidar la transformación y responder a nuevas dinámicas de criminalidad y conflictividad social.
El primer desafío será continuar algunas de las iniciativas de transformación institucional iniciadas por la Directiva Permanente 09 de 2023. El propio documento señala que la transformación no constituye un proceso concluido, sino una política de largo plazo que requiere consolidar los cambios doctrinales, fortalecer su apropiación en todos los niveles de la institución y preservar los avances alcanzados en materia de profesionalización, legitimidad y confianza ciudadana.
Un segundo desafío será mantener la legitimidad y la confianza ciudadana. Aunque se fortalecieron los mecanismos de integridad, el control disciplinario, los derechos humanos y la rendición de cuentas, la percepción pública continúa siendo un factor determinante para el éxito del servicio policial. Esto exige mantener políticas de transparencia, fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar que la actuación policial continúe ajustándose a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
El nuevo gobierno también deberá profundizar en la implementación del nuevo modelo de servicio de policía, así como en los ajustes doctrinarios y de actuación de la UNDMO. Si bien la reforma de la doctrina sobre el uso diferenciado y proporcional de la fuerza representa un avance importante, el reto será garantizar que estos cambios doctrinales se traduzcan de manera uniforme en todas las intervenciones policiales, fortaleciendo las capacidades de diálogo, mediación, prevención y manejo profesional de las manifestaciones sociales. Ante un escenario de alta conflictividad social, el nuevo gobierno debe apostar por mantener los más altos estándares en derechos humanos, garantizando tanto el derecho a la protesta social pacífica como los derechos de quienes no participan en ella[2].
Otro desafío consiste en fortalecer el bienestar y el desarrollo humano policial. La continuidad de programas como el Plan de Carrera Policial, el Plan Dignidad y las estrategias de salud mental será determinante para mantener altos niveles de motivación, profesionalismo y permanencia del talento humano, especialmente ante el aumento de las exigencias operativas y los riesgos asociados al servicio policial. Sin embargo, la poca flexibilidad del gasto en el Sector Defensa, sumada a un problema fiscal de nivel nacional en el que el presupuesto se verá ajustado, hace indispensable que este tipo de programas se mantenga como prioridad.
En el ámbito operativo, la Policía deberá responder a nuevas formas de criminalidad y a un escenario de seguridad cambiante, con un mayor nivel tecnológico (Fundación Ideas para la Paz, 2026). El actual director general identifica como desafíos el crecimiento del microtráfico en zonas urbanas, las economías ilegales, la vinculación de jóvenes a organizaciones criminales, el incremento de los delitos cibernéticos y otras modalidades de violencia como el uso de drones contra uniformados e instalaciones (Ministerio de Defensa, 2026). Todo lo anterior requerirá fortalecer las capacidades tecnológicas, la inteligencia policial y la articulación con autoridades judiciales y territoriales.
Finalmente, el próximo gobierno enfrentará el reto de consolidar un modelo de policía más cercano a la ciudadanía, basado en la prevención, la corresponsabilidad y la participación comunitaria, pero con la necesidad de recuperar una alta capacidad operativa e inteligencia que permita responder a un escenario de seguridad en constante cambio. La seguridad solo puede construirse de manera sostenible mediante el trabajo conjunto entre el Estado y la ciudadanía, fortaleciendo los espacios de diálogo, la participación social y la confianza como elementos centrales.
En síntesis, el nuevo gobierno recibe una Policía con una hoja de ruta de transformación claramente definida, con avances importantes en derechos humanos, profesionalización y modernización institucional, pero con el desafío de recuperar capacidades operativas, con limitaciones en materia de personal, equipos y gasto. Por ello, uno de los objetivos centrales será garantizar su sostenibilidad y adaptarla a un contexto de seguridad cada vez más complejo y dinámico.
Referencias
- Álvarez, S. R. (2025, 15 de julio). Crisis de generales y coroneles en la Policía: Purgas del gobierno dejan al alto mando más reducido en 15 años. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/purgas-en-la-policia-dejan-el-alto-mando-mas-reducido-en-15-anos/
- Fundación Ideas para la Paz. (2026, junio). Los seis desafíos de seguridad que enfrentará el próximo Gobierno. https://ideaspaz.org/publicaciones/investigaciones-analisis/2026-06/los-seis-desafios-de-seguridad-que-enfrentara-el-proximo-gobierno
- Heinrich Böll Stiftung Bogotá, Colombia. (2024, 18 de diciembre). Análisis de la implementación de la reforma policial en Colombia (2022-2024). https://co.boell.org/es/2024/12/18/analisis-de-la-implementacion-de-la-reforma-policial-en-colombia-2022-2024
- Ministerio de Defensa Nacional. (2026). Transformación Policial. (2026). https://www.mindefensa.gov.co/transformacion-policial
- Parada, M. (2025, 30 de julio). La seguridad humana y la Policía en el gobierno de Gustavo Petro. Desde Abajo. https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no326/item/la-seguridad-humana-y-la-policia-en-el-gobierno-de-gustavo-petro.html
- Presidencia de la República de Colombia. (2021, 6 de junio). Presidente Duque lanza proceso de transformación integral de la Policía Nacional. https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Presidente-Duque-lanza-proceso-de-transformacion-integral-de-la-Policia-210606
[1] Los diez pilares de la transformación policial integral son: 1) Modernización institucional; 2) Fortalecimiento de los derechos humanos; 3) Mayor control y transparencia; 4) Profesionalización policial; 5) Uso legítimo de la fuerza; 6) Participación ciudadana; 7) Innovación tecnológica; 8). Nueva identidad institucional; 9) Desarrollo humano policial; 10) Nuevo modelo de vigilancia. Puedo consultarlo a detalle en: https://idm.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Duque-lanza-proceso-de-transformacion-integral-de-la-Policia-210606.aspx
[2] Es importante mencionar la reducción importante no solo de intervenciones de la UNDMO, esto es un procedimiento donde se utilizó la fuerza, sino también del número de quejas contra uniformados por actuaciones en marcos de Protesta Social. Según datos del Ministerio de Defensa, mientras que en el 2021 se requirió de uso de la fuerza en 12,1 % (2293 servicios) del total de los 16.670 servicios prestados; para 2025 se usó la fuerza para un 1,9 % del total de servicios prestados (15.378) por parte de la UNDMO. Asimismo, el número de quejas contra uniformados, en contextos de manifestación pública, pasaron de 283 en 2021 a 0 quejas registradas en el período 2024-2025.[Acá se pega el contenido del artículo directamente de Word. Importante que las notas sean al final y no al pie de página] [La plantilla ya está configurada para mostrar la información del autor al final del artículo]
Imagen de encabezado: Policía Nacionla de Colombia. Fuente: Colprensa
