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.:Revista Cien Días
115 / ENE-JUN 2026

Territorialidades campesinas y protección de los suelos productores de alimentos en la Reforma Agraria del Gobierno Petro

Una de las principales apuestas de política del Gobierno Petro se centró en promover la Reforma Agraria. Si bien en estos cuatro años no se saldaron las deudas históricas con el campesinado y los pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que también conduce a preguntarse cuánto tiempo es necesario para hacerlo tras décadas de marginalización y violencia en contra de estos grupos, sí se avanzó en algunos asuntos estratégicos, como en el fortalecimiento de las territorialidades campesinas y en la protección de los suelos productores de alimentos, entre otros, en el marco de un renovado reformismo agrario, los cuales representan mecanismos concretos de la Reforma Agraria que se impulsó desde el Gobierno nacional.  

EDICIÓN 115 ENE-JUN 2026

En términos generales, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), la política de Reforma Agraria se estructuró a partir de tres ejes: redistribución de la tierra, de los activos productivos y de los servicios rurales; el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios, y la promoción de la justicia agraria. Estos ejes incluyen la adjudicación de tierras a familias campesinas, la titulación y ampliación de territorios colectivos étnicos, el reconocimiento y constitución de figuras territoriales campesinas, el aumento en la producción de alimentos y la reducción de la pobreza rural, entre otros (MADR, 2026b).

Durante el periodo de Gobierno se impulsaron reformas constitucionales relevantes: el reconocimiento del campesinado como un sujeto de especial protección constitucional, una vieja demanda del movimiento campesino, y el establecimiento de la Jurisdicción Agraria y Rural (JAR), en 2023, que ha sufrido bloqueos que dificultan su puesta en marcha. Asimismo, la consagración del derecho a la alimentación adecuada en 2025, la cual introdujo a la constitución el concepto de soberanía alimentaria, emblemático para las organizaciones sociales desde hace 30 años y, hasta este Gobierno, ausente en las políticas del sector.  

Desde el punto de vista de la estructura institucional, se reglamentó la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (SINRADR), espacio de coordinación y planificación de los distintos sectores en el tema; se creó la Comisión Intersectorial en la materia, y se conformó la Comisión Mixta Nacional de Asuntos Campesinos[1]. Igualmente, se constituyeron 664 Comités Municipales de Reforma Agraria (CMRA), como instancia de concertación con juntas de acción comunal, asociaciones y organizaciones campesinas y aspirantes a dotación de tierras (Agencia Nacional de Tierras, 2026), que, en principio, recuperan la participación de las organizaciones sociales para gestionar los programas de acceso a tierras.

Todo esto se acompañó con llamados a la acción colectiva en defensa de la Reforma Agraria a través de actos profundamente simbólicos como el Pacto por la Tierra, el Agua, el Territorio, el Ambiente y la Vida, también conocido como el nuevo pacto de Chicoral. El pacto comprende 12 puntos[2] que hacían parte de las agendas del movimiento agrario, pero que quizá con este Gobierno encontraron un correlato en políticas públicas. Esto podría apoyar sus movilizaciones y demandas en el futuro, pues ahora se cuenta con aprendizajes alrededor de los mecanismos concretos de política idóneos para su materialización o sobre las fallas de los existentes.

Territorialidades campesinas

La reforma constitucional que reconoce derechos del campesinado y lo sitúa como sujeto de especial protección constitucional reconoce su derecho al territorio y sus formas de territorialidad como parte constitutiva de su relacionamiento con la tierra y con la producción de alimentos. Esto no es menor para una población que antes era vista de manera casi exclusiva como productora. Es fruto de un largo camino de lucha por el reconocimiento social y político. Anteriormente, con la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, se dio el mandato de constitución y de apoyo a los planes de desarrollo sostenible de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), aunque los avances en su cumplimiento fueron mínimos.

En el Gobierno que finaliza se tuvo una importante labor en materia de su constitución con resultados históricos. Notablemente, la oposición política o de los gremios no fue relevante, pese a las estigmatizaciones históricas que ya existían, por ejemplo, frente a las ZRC. Algunos de estos avances fueron:

  • Hasta el 16 de junio de 2026, se habían constituido 20 nuevas ZRC, ubicadas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Guaviare, Cauca, Boyacá, Tolima y Bogotá. De acuerdo con el Contador de la Reforma Agraria (MADR, 2026a), en su conjunto agrupan 1 128 456 ha. Estas se suman a las seis originalmente constituidas entre 1997 y 2012[3] y a la de Montes de María, en 2018, posterior a la firma del Acuerdo de Paz.
  • Para la misma fecha, se constituyeron cinco Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) en los departamentos de Arauca, Bolívar y Cesar. En su conjunto representan 104 735 ha (MADR, 2026b).
  • Se reglamentó el procedimiento de constitución de los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios (EAA), definidos como un tipo de territorialidad campesina que comprende las áreas en la que habitan comunidades y desarrollan sus vínculos con el agua a través de la pesca artesanal comercial y de subsistencia continental hasta la línea de marea alta promedio, la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y en los que se configuran los modos de vida de los campesinos pescadores (Decreto 149 de 2026). Hasta el cierre del Gobierno no se habían constituido y son necesarios una serie de ajustes institucionales para su materialización, que es difícil que se hagan en el Gobierno entrante.

En esta actuación es posible ver cómo el uso de mecanismos existentes, como las disposiciones de la Ley 160 de 1994 alrededor de las ZRC, permitió avanzar en la agenda del Gobierno y de las organizaciones sociales, pero también muestra cómo fue necesario realizar ajustes para superar limitaciones de la normatividad, como la eliminación de la restricción para constituir ZRC en Zonas de Reserva Forestal (ZRF) de la Ley 2 de 1959[4], que fue un primer paso para reconocer la dimensión ambiental del campesinado o la reglamentación de los procedimientos de constitución de los TECAM y EAA, que, en el primer caso, era una deuda pendiente desde el primer Gobierno de Santos. Pese a estos avances, el mismo Gobierno saliente reconoció que son insuficientes de cara a la demanda de comunidades rurales, sumado a las dificultades para la formalización de la tierra, la inversión en infraestructura rural y el acompañamiento y apoyo a sus planes propios, entre otros, particularmente a nivel municipal (CONPES, 2026).

Protección de los suelos productores de alimentos

Otro tanto de las apuestas principales de este Gobierno estuvo concentrado en la declaratoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Una estrategia innovadora que involucra tanto normas previas agrarias y ambientales de protección de los suelos, como mecanismos de protección del campesinado en un marco de competencia global por la tierra. Ya desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) se había anunciado la reglamentación de la protección del suelo rural como determinante de ordenamiento para proteger el derecho a la alimentación (DNP, 2023), que se retomó con el Artículo 32 de la Ley de Plan Nacional de Desarrollo[5] que definió a las APPA como un determinante de segundo nivel, obligatorio del ordenamiento territorial, al ser parte de áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación dentro de la frontera agrícola. Este artículo fue demandado ante la Corte Constitucional en 2024, bajo los argumentos de vulneración de la autonomía territorial y vaciamiento de las competencias sobre el ordenamiento de los consejos municipales.

Hasta el 30 de junio de 2026 se habían declarado, bajo esta figura, 912 137 ha en 56 municipios de los departamentos de Córdoba, La Guajira, Antioquia, Cundinamarca y Tolima (Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, 2026). De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, estas declaratorias son necesarias ante la degradación de los suelos con vocación agropecuaria y la expansión urbana que afecta la producción de alimentos (MADR, 2026b).

Las APPA han sido fuertemente atacadas por parte de autoridades departamentales y municipales, particularmente contrarias al Gobierno nacional, como el gobernador de Antioquia[6] o la gobernadora del Tolima. También los gremios manifestaron su desacuerdo por las “implicaciones que podrían tener para inversiones agropecuarias, infraestructura y otros proyectos económicos” (Barbosa, 2026), por ejemplo.

Por su parte, organizaciones populares del campo defienden la figura. Por ejemplo, el Consejo Comunitario “Los Negros de Cañaverales” (2025), del sur de La Guajira, manifestó a la Corte en una audiencia pública que esta APPA salvaguarda su alimentación, la economía de las comunidades y les permite una mejor adaptación a la crisis climática. También en Jericó se ha visto como una forma de defender el agua y el territorio frente a la minería y para hacer frente a la concentración de la propiedad de los suelos aptos para la agricultura en manos de pequeños grupos sociales (Despierta Jericó, 2025).

Será la Corte Constitucional la que defina pronto sobre la constitucionalidad de la norma. Mientras tanto, congresistas del Centro Democrático y Salvación Nacional le solicitaron al nuevo ministro de Agricultura que derogue las resoluciones que las declaran (El Espectador, 2026a), en el Congreso cursa un proyecto de ley que deroga dicho artículo del PND[7] y el nuevo Gobierno anunció la derogatoria de las resoluciones que las declaran (El Espectador, 2026b).

Conclusiones

En febrero de 2026, se publicó el Documento CONPES 4184 que promueve una serie de políticas para reducir la desigualdad agraria en un horizonte temporal de 11 años. El documento es relevante porque presenta un diagnóstico muy acertado de la situación y de las talanqueras existentes en las políticas del sector agrario y de tierras y porque no concibe esta política como un conjunto de programas sectoriales o como un mecanismo predominante de mercado. En esta nueva propuesta, se comprende a la Reforma Agraria, en cambio, como una política estatal de carácter redistributivo, en la que se interviene consciente y consistentemente en la distribución de activos, recursos, oportunidades y poder entre actores y territorios, con el fin de reducir desigualdades estructurales que no se corregirán vía mercado (CONPES, 2026). En este punto, se resume el horizonte principal del Gobierno que está finalizando, que, en caso de materializarse en el tiempo, representaría un parteaguas frente a la política agraria, de tierras y de desarrollo rural que se impuso en las últimas décadas. No obstante, son nulas las posibilidades de que el nuevo Gobierno a partir de agosto asuma esta visión, por los sectores que representa y porque sus propuestas, conocidas hasta ahora, apuntan más a un reencauche de las políticas desarrolladas en los gobiernos de Uribe y Santos.

Buena parte de las preguntas que quedan están alrededor de los mecanismos adecuados para implementar una Reforma Agraria, la relación con los entes territoriales y, sobre todo, cuánto es el tiempo necesario en el Gobierno con el que deben contar quienes quieren implementarla en un escenario de fuertes intereses y poderes que bloquean los ánimos reformistas. Además de los esfuerzos por avanzar en adjudicaciones y formalizaciones de tierra —en lo que se cuenta con resultados históricos, pero insuficientes frente a la concentración de la tierra en Colombia—, el impulso a las territorialidades campesinas y la protección de los suelos productores de alimentos fueron pilares centrales de la forma en que el Gobierno desarrolló su propuesta de Reforma Agraria, que también muestran acentos en la gestión colectiva de la tierra y el ordenamiento del territorio. Estas apuestas se desarrollaron al combinar el uso de mecanismos existentes con la creación de otros. Por lo pronto, serán principalmente los movimientos agrarios, que en general tuvieron una relación de cooperación con el anterior Gobierno, los que insistan en la Reforma Agraria y que, por lo mismo, seguramente estarán en constante tensión con el nuevo durante los próximos cuatro años.

Referencias

[1] Instancia de interlocución y concertación entre el Gobierno nacional y el campesinado sobre las políticas públicas dirigidas a la población campesina.

[2] Redistribución equitativa de la tierra, de los activos productivos y recuperación de los territorios expoliados; Justicia agraria, Restitución y reparación de deudas históricas con las comunidades y pueblos; Restauración, recuperación y protección de suelos rurales, conectividad de cuerpos de agua y ecosistemas; Representación, autonomía e inclusión efectiva de las comunidades y pueblos en la política pública; Transformación del modelo de producción agrario para la garantía de los derechos individuales, colectivos y de la naturaleza y la promoción de la soberanía alimentaria; Protección de logros históricos producto de la lucha social y la búsqueda de la paz; Reorganización y fortalecimiento de la institucionalidad agraria; Garantías para la vida y el fortalecimiento de las organizaciones de los pueblos y las comunidades; Reconocimiento e inclusión de las mujeres, las diversidades y juventudes rurales; Protección del agua y fortalecimiento de las territorialidades de los pueblos y comunidades; Recomposición y garantías para el ejercicio de los sistemas propios de conocimiento de los pueblos y las comunidades, y Transformación de economías en donde existen cultivos de uso ilícito de coca, marihuana y amapola.

[3] En todo caso, la ZRC Valle del Río Cimitarra en el Magdalena Medio fue suspendida entre 2003 y 2011.

[4] A través del Acuerdo 337 del Consejo Directivo de la ANT.

[5] Que modifica el Artículo 10 de la Ley 388 de 1997.

[6] Incluso llegando a señalar que “las APPA que quiere imponernos Petro son cercanos al socialismo y lejanas de las libertades individuales y colectivas” (Gobernación de Antioquia, 2025).

[7] Proyecto de Ley 434/2025C Cámara.

Imagen de encabezado: Consejo de ministros: Reforma Agraria. Fotografía de Presidencia de la República

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