Nicaragua, una dictadura olvidada

EDICIÓN 103 SEP-DIC 2021

Por Gilles Bataillon*

Las elecciones del 7 de noviembre serán un ritual de consagración en el poder de una pareja de tiranos que ha configurado un poder dinástico y totalitario. Desde mayo de 2021, Daniel Ortega y Rosario Murillo, hicieron apresar o poner en arresto domiciliario a las cabezas de la oposición: 36 personas, de las cuales 10 eran posibles candidatos a las elecciones presidenciales, acusadas de “conspiración” y “lavado de dinero”. Ordenaron disolver los principales partidos políticos de oposición, Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Resistencia Nacional, y 39 ONG que hacían contrapeso a las organizaciones de masa y a las redes de clientelas de su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Persiguieron a los medios de comunicación. El 7 de noviembre la oposición no tendrá opción de ganar, pues ni siquiera podrá presentarse. Los únicos candidatos serán Ortega y Murillo, los miembros del FSLN y algunos candidatos independientes, solo en alianza subordinada con el FSLN. Los miembros del FSLN, desde la pareja presidencial hasta el más oscuro de los diputados están seguros de ser elegidos.

Si la comunidad internacional acepta el abuso que se avecina, los nicaragüenses verán consolidarse una dictadura que combina los rasgos de los peores regímenes conocidos por este país en el siglo XX: la tiranía patrimonialista de la familia Somoza (1936 a 1979) y la dictadura totalitaria del FSLN durante los años 1980. De esta coyuntura, cuatro aspectos merecen un examen minucioso. 1) Las condiciones del regreso al poder de Ortega en 2006, 2) el imaginario y las prácticas del régimen, 3) la arremetida totalitaria de Ortega y Murillo luego de la crisis de 2018, y 4) el balance de las fortalezas y debilidades de esta dictadura.

I. La Instauración de una dictadura (2001-2006)

Daniel Ortega llegó a la presidencia en 2006 con el 38% de la votación, luego de tres intentos en 1990, 1996 y 2001. Esta victoria no fue consecuencia de un aumento de popularidad, sino del acuerdo sellado en 1999 entre Daniel Ortega y el Presidente liberal Arnoldo Alemán (1997-2001), mientras Ortega era acusado de violación por su hijastra, y Alemán enfrentaba acusaciones por corrupción. Los puntos del pacto fueron tres: 1) la renuncia de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Electoral, 2) el nombramiento de magistrados aliados de los dos caudillos, y 3) una reforma de la Constitución para bajar de 45% a 35% el porcentaje de votos necesarios para la victoria en primera vuelta, siempre que un candidato sobrepasara por 5% a su rival inmediato. Ortega y Alemán, cada uno en cabeza de los partidos más importantes, cerraron el juego electoral para su beneficio. Solo sus partidos podían recoger un número suficiente de votos para ganar en primera vuelta y bloquear cualquier coalición que los derrotase en una segunda vuelta. Al controlar el Consejo Electoral, manejaban las elecciones con gran autonomía para organizar fraudes a su favor. Además, con una Corte Suprema de su lado, se aseguraron de escapar a cualquier proceso judicial. Solo así Ortega pudo ser elegido Presidente, con el apoyo de apenas un tercio de la población.

II. Prácticas e imaginarios de la dictadura

Cinco rasgos caracterizan las acciones de Ortega entre 2007 y 2018: 1) un pragmatismo económico, ligado a un clientelismo de Estado; 2) la voluntad de excluir a sus rivales de la escena política, incluso aliándose con sus antiguos opositores de los años 1980; 3) la reconfiguración del funcionamiento de las instituciones políticas nicaragüenses; y 4) el restablecimiento de esquemas de acción totalitarios.

A). Pragmatismo económico y clientelismo de Estado

A pesar de sus declaraciones antiimperialistas y su adhesión a la Alianza Bolivariana (ALBA), Ortega negoció en 2006 un acuerdo con el FMI, ratificando la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (CAFTA). Desde 2007, su política macroeconómica es la misma que la de los gobiernos precedentes, a los que acusaba de sumisión a los dictados del FMI. Estas decisiones iniciales, le permitieron establecer excelentes relaciones con el mundo empresarial, que desde entonces se abstuvo de toda crítica al régimen. Estas orientaciones neoliberales se acompañaron de un sistema asistencialista con la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), pronto llamados Comités de Dirección Sandinista y Oficinas de la Familia, que se encargaron de identificar beneficiarios para los planes “Cero hambre” y “Cero usura”, y de distribuir ayudas gubernamentales financiadas por Venezuela, cuyo apoyo fue también muy beneficioso para el sector de agroexportaciones, que vendió a los mejores precios sus productos.

B). Persecución a los opositores

En las elecciones municipales de 2008, Ortega concretó su deseo de combatir los ideales democrático-liberales, debilitando los hábitos democráticos y desmantelando las instituciones creadas durante los años 1990. Meses antes, el Consejo Supremo Electoral (CSE) prohibió la presentación de candidatos a tres partidos con opciones de derrotar al sandinismo: Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Partido Conservador Nicaragüense (PCN) y Partido por la Unidad de la Costa Atlántica (PAMUC). Pero no contento con estos obstáculos al pluralismo, Ortega aprovechó su control sobre el CSE para organizar un fraude electoral a su favor, sin el cual no hubiera podido hacer elegir a sus candidatos, especialmente en Managua y en León.

Hubo protestas para denunciar el fraude y solicitar un reconteo público de los votos. El gobierno escogió la represión. Las manifestaciones pacíficas, autorizadas por la Policía, fueron blanco de ataques violentos por parte de los sandinistas, quienes ocuparon las calles donde éstas se realizarían, y amenazaron con saqueos a los comerciantes y habitantes que apoyaran a los manifestantes. Finalmente los atacaron con piedras, palos, bates y machetes. Los vehículos de los manifestantes y las cadenas de televisión “a órdenes de la oligarquía”, fueron saqueados. En León, las instalaciones de Radio Darío fueron destruidas. Varios periodistas fueron maltratados y amenazados de muerte. Hubo persecuciones, calumnias y llamados al linchamiento contra intelectuales y miembros de ONG financiadas por cooperación internacional. Muchas personas fueron señaladas y perseguidas por denunciar las acciones dictatoriales de Ortega, sus actos de corrupción y sus presiones sobre la justicia, para que las demandas por violación a su hijastra fueran suspendidas.

C) . La puesta en duda de las instituciones y de las prácticas democráticas

En paralelo, Ortega puso las bases de un poder personal y propuso una reforma constitucional que permitiera su reelección inmediata, sin limitación del número de mandatos ejercidos. Un paso de esta estrategia fue su deseo de implementar una “democracia directa”, mediante la creación de los “Consejos del Poder Ciudadano” (CPC) que, presididos por su esposa, se movilizaban para apoyar las decisiones presidenciales. Así, se creó una red de organizaciones paralelas al FSLN y subordinadas a la pareja presidencial, autorizadas para administrar los fondos del Estado, en abierto contrapeso a las ONG y los Comités de Desarrollo Municipal (CDM), existentes desde 1997. Las ONG han jugado un rol importante para atenuar y cubrir las debilidades del Estado, mediante programas de distribución de ayudas humanitarias, de apoyo a proyectos de desarrollo sostenible, de educación, de salud y de promoción de valores democráticos. Los CDM se convirtieron en puentes entre los Concejos municipales y la ciudadanía, favoreciendo espacios de diálogo, que permitían ajustes en el funcionamiento de la política a nivel municipal. Al crear los CPC, la pareja Ortega-Murillo quiso debilitar las ONG y los CDM, para sustituirlas por un sistema clientelista de tipo vertical.

Al tiempo, Ortega avanzó con el desmantelamiento de las instituciones democráticas y la persecución de toda forma de oposición. Para las elecciones de 2011, la Corte Suprema declaraba que, aunque la Constitución prohibía a un Presidente saliente presentarse a un siguiente mandato y no se aceptara ejercer más de dos mandatos, la candidatura de Ortega era legítima por “igualdad entre los candidatos”. Ortega organizó, utilizando al CSE, un fraude a su favor y el de sus copartidarios al legislativo. Argumentando que él recogía la mayoría de los votos, el CSE maquilló los resultados para que Ortega obtuviera el 62,46%. Pero no contento con esta primera reelección fraudulenta, hizo votar una nueva reforma constitucional para suprimir la limitación del número de mandatos ejercidos. Además, multiplicó las presiones a los candidatos para las elecciones de 2016, a las que se presentó como candidato único junto con su esposa Rosario Murillo como fórmula vicepresidencial. Allí volvió a presionar al CSE para organizar un nuevo fraude y obtener el 72,5%.

D). La opción por el totalitarismo

Se ha comparado bastante a la familia Somoza con la voluntad de Ortega de mantenerse a toda costa en el poder, de asociar en este proyecto a su esposa, vicepresidente desde 2017, y de otorgar roles de alto nivel a sus ocho hijos. Los Ortega-Murillo han querido fundar un poder dinástico desde 2006, tal como los Somoza. Sin embargo, su dictadura ha adquirido formas totalitarias que la somocista nunca tuvo. Todos ellos, excepto Anastasio Somoza, derrocado por la revolución del 19 de julio de 1979, supieron abrir espacios a los intereses de los grupos oligárquicos con quienes tenían rivalidad. A pesar de sus diferencias, les concedían curules en la Cámara y en el Senado, y en ocasiones, algún puesto en el gobierno. Los Somoza, de alguna manera, tuvieron cuidado de respetar, valga decirlo, en sus mínimas proporciones, ciertas formas e instituciones democráticas.

Ortega buscó otro tipo de legitimidad: la del caudillo, en lucha a muerte contra sus enemigos “sirvientes del imperialismo norteamericano”. Él y Murillo se autoidentificaron como encarnación del Estado y las masas populares. Y bajo esta idea de unidad de lo social, atacaron todo principio de separación de poderes. Para ellos resultaba normal que, como cabezas del ejecutivo, dictaran la conducta del legislativo y la de organismos, en principio independientes, como el CSE o la Corte Suprema. Ortega y Murillo se erigieron en guías de las masas, en una lucha encarnizada contra “los enemigos del pueblo”. Llama la atención que tal modo de funcionamiento se convirtiera en la norma, en adelante aplicada contra sus opositores en cada momento de tensión: durante las elecciones y los fraudes de 2011 y 2016, pero también mediante campañas calumniosas y de persecución.

III. La arremetida totalitaria (2018-2021)

Entre abril y junio de 2018, Nicaragua vivió una crisis que recordó la que marcó el final del régimen somocista, 40 años atrás. Partió del rechazo a un proyecto de reforma de la seguridad social y se expandió con tanta fuerza que paralizó el país durante tres meses. Los jóvenes, el empresariado, las iglesias, los movimientos feministas, los movimientos campesinos, los partidos rivales del FSLN, los intelectuales y los artistas, exigían la renuncia del gobierno y la organización de elecciones generales. Las protestas reunieron centenas de miles de personas en Managua y decenas de miles en provincia. El país se llenó de barricadas, las universidades fueron ocupadas y ciertos barrios se proclamaron “territorios libres de dictadura”. Los activistas, mayoritariamente jóvenes de sectores populares, fueron protegidos, apoyados y cuidados por la población de todos los niveles sociales. Habitantes de diversos barrios se rehusaron, a veces arriesgando su vida, a permitir que francotiradores de la Policía o de grupos de choque del FSLN se instalaran sobre los techos de sus casas para disparar sobre los manifestantes. Las encuestas mostraron que más de dos tercios de la población deseaba la renuncia de Ortega y Murillo, que perdieron la eficacia simbólica de su poder. Antes, imagen de estabilidad y orden, la pareja Ortega-Murillo fue percibida desde entonces como la encarnación de la barbarie y del caos. La ciudadanía fue unánime: Ortega y Murillo debían partir al exilio.

El rechazo al diálogo con la oposición, la Iglesia y la comunidad internacional, sumado al recurso sistemático de la fuerza, no son errores circunstanciales, sino decisiones deliberadas propias de totalitarismos y gobiernos tiránicos, para quienes la realidad se lee desde la paranoia y el complot. Todo lo que contradiga su percepción es rechazado. De ahí la ferocidad contra quienes describen la realidad sin tapujos. La política de Ortega y Murillo refleja claramente esta paranoia. Luego de intentos de negociación y del retiro del proyecto de reforma de la seguridad social, optaron por una estrategia de terror y una retórica de guerra civil. En un país de 6 millones de habitantes, fueron asesinadas más de 300 personas, y cerca de 2000 fueron heridas por los disparos de la Policía y de los grupos de choque del FSLN. Cientos de personas fueron arrestadas, golpeadas, violadas o sometidas a simulacros de ejecución. Hubo familias enteras arrestadas y numerosos líderes sociales, campesinos y estudiantiles acusados de “terrorismo” o “golpe de Estado”, y condenados a decenas de años en prisión. Las negociaciones de comienzos de 2019 y las liberaciones de algunos prisioneros, solo fueron un simulacro para buscar el apoyo de Estados Unidos, que empezó a congelar los bienes de personas cercanas a Ortega y Murillo dada su implicación en la represión de las protestas y por su participación en actos de corrupción. Desde 2019 hasta abril de 2021, la represión continuó. En mayo de 2021 se reanudó la persecución contra la oposición, las ONG y medios de comunicación: 34 personalidades de la oposición fueron arrestadas y 39 ONG fueron desmanteladas.

Tres acontecimientos han marcado este clima político de terror: la masacre de indígenas miskitos y mayangas en la reserva de Bosawas; las informaciones sobre los opositores arrestados en mayo de 2021 y las acusaciones contra Sergio Ramírez, exvicepresidente de Nicaragua. Todo muestra hasta dónde el régimen despliega formas de terror contra la oposición. Si bien las violaciones y asesinatos, acompañados de actos de barbarie contra campesinos e indígenas no fueron ordenados directamente por el gobierno, sí evidencian que estos sectores no tienen ninguna protección y están a merced de grupos armados aliados con las autoridades. Esta oleada represiva también fue una reacción a la presión de la comunidad internacional, tanto de países democráticos, que condenaron las acciones de Ortega-Murillo y tomaron medidas contra su gobierno, como de Argentina y México, que, sin haber condenado sus acciones, invitaron al gobierno nicaragüense a abrir negociaciones reales con la oposición. Esto configuró la que sería, desde entonces, la estrategia de Ortega y Murillo: arremeter con más fuerza, desentendiéndose de las protestas ciudadanas y de la comunidad internacional, y organizar elecciones fraudulentas para asegurar, a toda costa, su reelección y la elección de una Cámara bajo su control.

IV. Fuerza y debilidad de una dictadura

Desde el aplastamiento de la insurrección de 2018, la pareja Ortega-Murillo ha consolidado su dictadura. La oposición está fragilizada. Las persecuciones condujeron a muchos de sus líderes a salir del país. Al menos 700.000 nicaragüenses han partido al exilio (esto es el 10% de la población), y de los 139 prisioneros políticos con los que cuenta el país, casi todos son activistas o líderes de la oposición. Todos detenidos en condiciones extremadamente duras, sin cuidados médicos, sin derecho de visitas y con amenazas en contra de sus familias. Periódicos como la Prensa han sido amordazados y amenazados con procesos judiciales. Revistas como Envío suspendieron su actividad por temor de ver a sus escritores apresados. La redacción de Confidencial está en el exilio. Televisoras, o cadenas de televisión son censuradas. Los activistas que no están apresados se esconden y sobreviven al día a día. El único espacio de libertad que queda son las redes sociales, también vigiladas de cerca por la Policía.

Aunque el régimen tiene en contra buena parte de la comunidad internacional, aún recibe apoyo de dos potencias rivales de los Estados Unidos, la Rusia de Putin y la China de Xi Jinping. Con Rusia ha firmado acuerdos de cooperación en materia policiaca y militar. China cuida sus intereses, porque uno de sus industriales obtuvo una concesión favorable para construir el canal interoceánico, que competirá con Panamá. China puede convertirse en su principal socio comercial, comprador privilegiado de los recursos mineros y agrícolas de Nicaragua.

Si luego del fraude electoral que se anuncia, Nicaragua es excluida de la OEA y del CAFTA, se beneficiaría del veto de Rusia y China sobre cualquier tipo de condena emitida por la ONU.

Pero el régimen está debilitado. Solo sobrevive a costa del terror que inspira a los nicaragüenses. El dúo a la cabeza del Estado es precario. Ortega sufre de lupus y, en caso de fallecimiento, los apetitos de poder de los rivales de Rosario Murillo en el seno del FSLN se despertarían de inmediato. Es probable que éstos, especialmente miembros del Ejército, quieran derrocarla. No obstante, la mayor debilidad del régimen es la situación económica del país, por tres razones: 1) la fuga de capitales hacia bancos costarricenses y norteamericanos, reduciendo las reservas en divisas del Banco Central; 2) las sanciones impuestas por Estados Unidos desde enero de 2019. El Nica Act prevé procesos contra malversadores de fondos de cooperación internacional, y prohíbe cualquier préstamo y asistencia técnica de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el FMI, y 3) las medidas de Estados Unidos y Europa para congelar los bienes de líderes políticos nicaragüenses por lavado de activos, y por participación en acciones represivas y en crímenes de lesa humanidad. Estas medidas prohíben el uso de circuitos bancarios y aerolíneas estadounidenses, amenazando incluso con la confiscación de bienes.

En síntesis, aunque haya certeza de que Ortega y Murillo organizarán unas elecciones fraudulentas, y que los nicaragüenses no tendrán otro modo de protesta que la abstención, el régimen vive una situación delicada. Está bajo amenaza de exclusión de la OEA y del CAFTA, así como de confiscación de bienes de la familia Ortega Murillo y de los miembros de su entorno político. Es probable que negocien un levantamiento de las sanciones contra Nicaragua, tratando de convencer a la comunidad internacional, con una liberación de presos políticos. Pero se requiere que las denuncias contra el régimen se multipliquen, que los nicaragüenses exiliados lo hagan ante instancias internacionales competentes, para que los crímenes cometidos durante la represión del levantamiento ciudadano de 2018 no queden impunes. Son acciones que vale la pena apoyar sin miedo. Estas serán quizás las únicas medidas que obliguen a Ortega y Murillo a negociar, al menos mínimamente, sobre un retorno a las libertades fundamentales.

*Traducido del francés por José Darío Rodríguez Cuadros, S.J.

Foto portada: Presidencia El Salvador

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