En los días de cierre de esta edición de la revista, Iván Duque hizo presencia en el Cauca; pero no para por fin cumplir con las condiciones pactadas de reunión con las organizaciones indígenas y campesinas que estuvieron en Minga durante 27 días por la garantía de sus derechos étnicos, campesinos y territoriales; sino a raíz de la tragedia causada por el deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas, que dejó 33 personas muertas. Se ha hablado mucho sobre las culpas del Fondo Nacional de Adaptación y del contratista en esta tragedia, pero no se ha hablado sobre cómo la Minga y los muertos de Rosas se conectan; pues comunidades y organizaciones populares del Cauca han tenido que recurrir una y otra vez a muchas formas de protesta para exigir condiciones de vida digna y la garantía de sus derechos.
En el 2018 el equipo de Movimientos Sociales de Cinep/PPP registró 545 acciones de protesta en su Base de Datos. Si bien protestas como el paro nacional de trabajadores convocado el 28 de noviembre contra la Reforma Tributaria y por el incumplimiento de acuerdos a los profesores, o el paro nacional universitario que denunció la crisis presupuestal de las universidades públicas fueron de gran impacto mediático, visibilidad y densidad, muchas movilizaciones del año correspondieron a acciones en los ámbitos municipales y submunicipales, por cuestiones como infraestructura vial y de salud. 53 acciones de movilización en las que se demandaban mejora, construcción o adecuación de su infraestructura vial hablan de las deudas por años de falta de planeación o de la de “más presencia gubernamental” antes de que ocurran las tragedias, pues la mayoría de estas protestas fueron por perjuicios generados por la construcción de obras públicas, que en algunos casos pusieron en riesgo la vida de las comunidades. Así, por ejemplo, en abril de 2018, en el municipio de Imues, Nariño, padres de familia, estudiantes y maestros de la Escuela de Pilcuán se tomaron la vía Panamericana para denunciar incumplimientos por parte de las autoridades locales, que aún no habían comprado ni siquiera el lote para la reubicación de las 26 viviendas, el acueducto, la escuela, el centro de salud, que ya estaban en vía de demolición para la construcción de la doble calzada.
Queremos llamar la atención sobre esto, porque creemos que no se trata solo de buscar culpas en el gobierno anterior (estrategia recurrente en el gobierno Duque), se trata de demostrar una real escucha a las comunidades.
Como se verá en esta edición, acciones como la consulta con sectores sociales para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” no fueron más que una ilusión; pues lo que quedó en el Plan no recoge lo propuesto por comunidades y organizaciones que se tomaron en serio la interlocución; así lo señalan Marlen Alfonso y Robert Daza, líderes campesinos entrevistados en esta edición para hablar de las perspectivas de lo rural en el gobierno Duque. Ambos coinciden en que el alegato del gobierno de que los beneficios para las comunidades campesinas están garantizados porque son transversales en todas las políticas, es una mera ilusión pues “la transversalidad que ellos allí refieren es solo de diagnósticos”.
Si las propuestas presentadas oficialmente para el PND por las organizaciones rurales fueron desoídas, qué se puede esperar de otras demandas que se han puesto en la vía pública. Las protestas de los ‘rappitenderos’; las que están a favor de los acuerdos y negociaciones con las FARC-EP y con el ELN, respectivamente; y las relacionadas con luchas ambientales contra el extractivismo chocan de frente con propuestas políticas totalmente contrarias y regresivas. Santiago Garcés presenta en esta revista un análisis de cómo la política laboral de Duque se encuentra en sintonía con las transformaciones del mundo del trabajo en las que la economía de plataformas digitales representa el ocultamiento de la relación laboral y, por lo tanto, la pérdida de derechos para los trabajadores.
“Si las propuestas presentadas oficialmente para el PND por las organizaciones rurales fueron desoídas, qué se puede esperar de otras demandas que se han puesto en la vía pública”.
Por su parte, Vera Samudio recuenta y analiza las dificultades de orden técnico, político, jurídico, presupuestal y mediático que enfrenta el Sistema Integrado de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Camila Carvajal analiza el contexto y las implicaciones del atentado contra la Escuela General Santander para la radicalización y el fortalecimiento de las voces adversas a la salida negociada al conflicto con el ELN. Jorge Iván González muestra cómo el PND consolida la economía extractiva, y aunque el Plan reconoce que este tipo de crecimiento es insostenible, no propone alternativas que permitan modificarlo; alternativas que, valga señalar en esta editorial, sí han sido propuestas por los movimientos sociales ambientales. Juan Pablo Ruíz, en este mismo orden de ideas, realiza una reflexión sobre las implicaciones de las recomendaciones de la Comisión Interdisciplinaria Independiente sobre los efectos ambientales (sociales, físicos y bióticos) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de fracturación hidráulica de roca generadora, mediante perforación
horizontal (fracking).
Por otro lado, llama la atención que Duque sí escucha a unos cuantos, esto lo evidencia Socorro Ramírez en su artículo sobre el uso político de las crisis de Venezuela generadas por el chavismo, particularmente a propósito de la jornada del 23 de febrero de ingreso de paquetes de comida y medicinas a Venezuela a través de la frontera; y Daniela López quien presenta un panorama sobre esas políticas regresivas, autoritarias y de control social que minan los derechos adquiridos y estipulados en la Constitución de 1991, que intensifican la violencia en el país y que impiden una salida negociada al conflicto armado.
La anterior edición de la revista Cien Días se tituló Quo Vadis, porque estábamos preguntándonos para dónde va el gobierno Duque. En esta edición ya es evidente que tal como la serpiente de uróboros, que ponemos en nuestra portada, su camino es el del eterno retorno al miedo y a la negación sobre el conflicto armado. El gobierno de Duque regresa a los discursos sobre seguridad, y representa un evidente retroceso en la apertura democrática lograda en el gobierno de Santos (sin desconocer sus muchas limitaciones) y en la garantía de derechos ganados por una participación política vivida en las calles a través de la movilización social.
La serpiente se traga a sí misma, pero en ese ciclo de autodestrucción estarán siempre presentes las organizaciones, actores y movimientos sociales que no dejan de ser propositivas sobre las redes de conflictos que los afectan; esto a pesar de las muertes de líderes, de las estrategias de desgaste (que no lograron parar a la Minga Indígena y Campesina del Cauca) y de la deslegitimación de la protesta social. No hay que olvidar que sobre incumplimientos y desoídas están sustentadas las mayorías de las luchas sociales en Colombia en los últimos años, la movilización nacional del 25 de abril así lo demostró.
Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Movimientos Sociales. Historiadora y magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Temas de Interés: movilización social, territorialidades, mujeres rurales, identidades y memoria.
