Ha transcurrido el primer año del gobierno de Iván Duque auspiciado por el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe que reúne las tendencias ideológicas de extrema derecha en el país. Desde la campaña a la presidencia este partido se mostró como una de las fuerzas más contrarias al proceso de paz: “Hacer trizas” los acuerdos (Telesurtv, 2017) fue la sentencia de esta corriente que alertó a los demás sectores políticos y sociales, especialmente a los que respaldaban los acuerdos, sobre lo que podría implicar una presidencia uribista en la implementación de los acuerdos con las FARC-EP. Sin embargo, aún con esta preocupación, fueron infructuosos los intentos de estos sectores políticos y sociales por unificar filas y vencer en franca lid las aspiraciones de Duque, quien triunfó en la gesta electoral.
A pesar de que Duque asegurara en su discurso de posesión del 7 de agosto de 2018 el querer “gobernar a Colombia con el espíritu de construir, nunca de destruir” (Semana, 2018) y de “gobernar libre de odios, de revanchas, de mezquindades” (Semana, 2018), la puja política y las afrentas de la polarización siguen en el terreno de la paz; esta discordia se presenta diariamente en el Congreso, los espacios públicos, las redes sociales y los medios de comunicación.
Giros de la movilización por la paz
La implementación de los acuerdos va más allá de balances retóricos en los que se ha vacilado sobre qué tanto se ha hecho; si el vaso está medio lleno o si está medio vacío. Se ha visto que la movilización ha orientado sus principales esfuerzos hacia el rechazo de los asesinatos de líderes sociales, que entre el 1 de enero del 2016 y el 20 de mayo del 2019 sumaron la vergonzosa cifra de 837 muertes (Indepaz, 2018); esto sin dejar de lado el respaldo a los acuerdos de paz y su largo proceso de implementación.
La fuerza de las circunstancias ha obligado a los sectores sociales y políticos a manifestar su preocupación ante esta situación; ejemplo de ello es la marcha del pasado 26 de julio en contra de los asesinatos de líderes sociales, convocada por la plataforma Defendamos la Paz, que expresa ese doble sentido de la movilización por la paz: promover la paz y rechazar la violencia. A esta iniciativa, que surgió de dirigentes y partidos políticos alineados en la defensa de los acuerdos, se sumaron una amplia gama de sectores sociales y académicos que, ante la urgencia de responder a la situación de amenaza en la que se encuentran las y los líderes sociales, salieron a marchar masivamente. Este giro, relacionado con el doble sentido de la movilización, es lo que caracteriza la lucha por la paz en lo que va de la actual presidencia.
Gráfico 1.
Motivos de Acciones Colectivas por la Paz (2012-2019)
Durante el período de las negociaciones en La Habana se había observado una movilización ascendente de la ciudadanía a favor de la paz. Las Acciones Colectivas por la Paz (ACP) se orientaron en la búsqueda de alternativas y en la promoción de la paz1Estas son dos tipos de motivos que se encuentran definidos en el marco conceptual de Datapaz. La búsqueda de alternativas para la paz se refiere a la acción colectiva para discutir, formular o implementar propuestas alternativas para afianzar la paz. La promoción de la paz se refiere a las acciones que favorecen una posición positiva con relación a la construcción de la paz, o bien, la promoción de acciones pedagógicas con el mismo fin.; además de un importante respaldo a los acuerdos. Entre 2012 y 2016 se marcó esta tendencia (Figura 1), la cual se mantuvo en buena medida hasta el 2017, año en que empezaron a registrarse quiebres relevantes que marcarían la dinámica del 2018 y lo que va corrido de 2019. Es así que el 2017 se relaciona con un fuerte trabajo en la promoción de la paz y el apoyo a los acuerdos, y a la vez con un incremento pronunciado de las acciones en rechazo a la violencia. De esta forma, para 2018 y 2019, el rechazo a la violencia era el motivo principal de la movilización, asociado explícitamente al asesinato a líderes sociales. Lo anterior es lo que los académicos denominan como ‘paz negativa’; que consiste, básicamente, en la terminación de la guerra y la superación de la violencia (Galtung, 1999).
Gráfico 2.
Categoría de motivos por año (junio de 2018 – junio de 2019)
Se observa que los años 2018 y 2019 muestran con claridad la reacción ciudadana en rechazo a la reactivación de la violencia en las regiones del país. Desde la posesión de Iván Duque hasta el fin de 2018 las ACP motivadas por el rechazo a la violencia, donde se incluyen las manifestaciones de la sociedad civil en contra de asesinatos y desapariciones, representaban un 33,96 % del total de las ACP. Para la primera mitad del 2019 este tipo de acciones aumentaron al 51,69 % del total de las ACP; mientras que las acciones de promoción de la paz bajaron aproximadamente a la mitad en ese mismo periodo, de 32,08 % en 2018 a 17,80 % en 2019 (Figura 2). Se trata de un giro bastante notorio en los registros de Datapaz2La base Datapaz de Cinep tiene 3 ramas: Acciones Colectivas por la Paz (ACP), Mapa de Experiencias de Paz (MEP) y la tabla cronológica de Procesos de Negociación (PDN). Para este artículo nos basamos en ACP, donde se registran acciones de la sociedad civil en torno a la movilización por la paz en territorio colombiano. Esta base se construye con la información del Archivo de Prensa de Cinep, desde 1979 hasta la fecha.: pasar de promocionar la paz, como motivo principal, a rechazar la violencia; una situación que en la movilización por la paz se había vivido entre finales de los años 90 y comienzos de la primera década del nuevo milenio en el marco de la expansión del paramilitarismo. Esto es como volver al pasado, en el que dominaba la situación de inseguridad del país.
Los territorios se expresan
El giro también es observable en el comportamiento territorial de la movilización. Los informes sobre homicidios de líderes sociales3El informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó el informe “Todos los nombres, todos los rostros”, donde reportó 702 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados, junto con 135 excombatientes de las FARC, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 20 de mayo del 2019. El 2018 fue el año más violento contra los líderes sociales, con 282 asesinatos. Adicionalmente, Indepaz reportó que en los últimos 28 meses, Cauca reportó 148 asesinatos, Antioquia 102, Nariño 67, Norte de Santander 41, y Putumayo 36, principalmente., hombres y mujeres, muestran que la situación se ha presentado principalmente en departamentos como Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Putumayo; respecto a lo cual, Datapaz registra que especialmente en Cauca y Putumayo se incrementó la movilización durante lo corrido de 2019 relacionado con lo observado en el segundo semestre de 2018; período en el que arrancó la presidencia de Iván Duque. Especialmente el Cauca es el departamento que más ha mostrado su capacidad de movilización y resistencia frente a los hechos de la violencia; se pasó de 10 ACP (2018) a 16 ACP en lo avanzado de 2019 (Figura 3). En Putumayo no se registraron ACP para 2018, pero la ciudadanía sí se movilizó durante la primera parte de 2019, en la que se registraron 6 acciones.
Gráfico 3.
ACP por departamento (junio de 2018 – julio de 2019)
Sin embargo, no todos los departamentos incrementaron su movilización para el periodo estudiado. Los casos de Antioquia y Norte de Santander muestran un retroceso en la movilización de 20 a 17 ACP y de 5 a 2 ACP, respectivamente. A pesar de esto, en Antioquia la movilización por la paz es históricamente una de las mayores del país, la cual mantuvo una cuota relativamente alta en términos de ACP. En Nariño se registraron 2 acciones para 2018, pero para estos primeros seis meses de 2019 no se registró ninguna, que es paradójico ya que es el tercer departamento con mayor número de asesinatos de líderes sociales, según Indepaz (Indepaz, 2018).
Un punto interesante se muestra al examinar la movilización por la paz en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)4Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, surgido del Acuerdo de Paz con las FARC. Los municipios pertenecientes a este programa son los que han sido más afectados por el conflicto armado. En la página de la presidencia se habla de que el PDET “es un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los componentes de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en los municipios priorizados”. Hay que tener en cuenta que no todos los municipios PDET registraron ACP en prensa para este periodo.; es decir, en los municipios donde la implementación del Acuerdo de Paz tiene especial atención. Se observa que las acciones cuya motivación fue rechazar la violencia aumentaron un 77 % (pasando de 9 ACP en 2018 a 16 ACP en 2019), mientras que las acciones de promoción de paz bajaron a una sola acción registrada en la primera mitad de 2019; comportamiento que nos muestra la prioridad que exige la situación actual del país. A pesar de esto, las acciones para buscar alternativas y el apoyo a las negociaciones y al proceso de paz tuvieron un incremento, aunque en menor escala (Figura 4); una posible invitación a que no podemos perder del radar el reto de la paz.
Gráfico 4.
Motivos de ACP en los municipios PDET (junio de 2018 – julio de 2019)
En consecuencia, se observa una movilización por la paz que, si bien sostiene el respaldo a los acuerdos de paz, también expresa su inconformidad con el manejo que el gobierno Duque le ha dado a la implementación; lo que se puede evidenciar con el incremento de las acciones para protestar, resistir y rechazar la grave situación de persecución y asesinato de líderes sociales, como se mencionó anteriormente, y este es el giro más notorio de la movilización en lo que va corrido del nuevo gobierno. Los sectores sociales y políticos afines a los acuerdos, con el ánimo de avanzar en la construcción de la paz, se dirigen a llamarle la atención al Gobierno nacional para que favorezca más en sus políticas los temas del desarrollo y la paz; hay que tener presente que los territorios han centrado en ello sus expectativas tras la firma de los acuerdos. En paralelo, y por la fuerza de las circunstancias, se eleva la preocupación y el llamado urgente para que Duque tome medidas de protección efectivas para las y los líderes sociales en riesgo.
El proceso de construcción de la paz es y será largo y difícil, así como su implementación lo ha sido. Los próximos veinte años es el escenario previsto para su realización, y ello requerirá de un proceso de movilización sostenido en el tiempo.
Ojalá los rumbos sean corregidos en el trienio venidero, tanto en materia de implementación de acuerdos como en la de protección de líderes sociales. Lo deseable es que el Presidente Duque vea en esta movilización a favor de la paz, el potencial respaldo social que la opinión pública le está demandando en materia de cambios; por tanto, es necesario un cambio de directriz del Gobierno en el que piense más en el rumbo del país, que en los intereses del partido que lo respalda.
