Sin desconocer el persistente llamado hecho por varios sectores al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y al gobierno Duque para que cese su confrontación armada, hoy vale la pena preguntarse ¿por qué hay personas que no apoyan un proceso de paz con esta guerrilla?, ¿qué consecuencias tiene esa situación? y ¿qué nos enseña esto a propósito de la violencia que persiste y se transforma en el país? Aquí hay una reflexión sobre la radicalización y el fortalecimiento de las voces adversas a la salida negociada al conflicto con el ELN, antes y después del atentado perpetrado por esta guerrilla contra la Escuela General Santander, derivada del procesamiento de algunas entrevistas realizadas por el CINEP en el marco de una investigación que está en proceso.
Diferentes radicales
El 17 de enero de 2019, día en que el ELN decidió explotar el carro bomba en Bogotá, había programadas dos protestas: un plantón en el que la ciudadanía exigiría nuevamente la renuncia del fiscal general, y una marcha que continuaría la serie de manifestaciones lideradas por los estudiantes, esta vez para rechazar los abusos del Esmad. Ambas protestas fueron canceladas por el atentado. Ese día, el ELN también destrozó los esfuerzos que venían haciendo algunos sectores de la sociedad para que Iván Duque reactivara la mesa de diálogos que estaba suspendida en La Habana.
Merece la pena recordar que para ese momento la mesa agonizaba y las voces pesimistas y escépticas a propósito de ese proceso habían aumentado, así como una creciente oposición explícita a la continuidad de los diálogos. Además, existió durante toda la fase pública una masa apática al proceso, que se reflejó en el trato marginal que este recibió en la definición de las prioridades de la agenda pública nacional.
Esta apatía, así como las diferentes posturas a favor o en contra de la salida negociada, han sido analizadas desde las abstracciones de la voluntad de paz, interpretadas desde los parámetros maniqueos de la polarización política o juzgadas desde referentes morales y preferencias ideológicas. Surge entonces la necesidad de contextualizar estas actitudes, para superar estas interpretaciones homogenizantes, y entender mejor qué aspectos propiciaron la radicalización de algunos sectores en contra de la continuación del proceso de paz.
Obedeciendo a esa necesidad, hicimos varias entrevistas -antes de que el carro bomba explotara en la escuela de cadetes- que nos enseñaron que las actitudes al respecto de la paz con el ELN en las regiones donde existen estructuras armadas de esta guerrilla son muy diversas. Por ejemplo:
- Atestiguamos la movilización constante de diferentes comunidades en favor de la salida negociada, como respuesta a las graves consecuencias humanitarias de la guerra que libra el ELN contra las AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) en el Chocó, y contra el EPL (Ejército Popular de Liberación) en el Catatumbo;
- Conocimos personas que manifestaron padecer un cansancio superlativo del ELN y de su accionar, lo que las llevó a mostrarse –en las entrevistas- a favor de la presión militar y judicial del Estado para combatir a sus estructuras; y
- Conversamos con personas que declararon preferir que el ELN no entregue las armas1Esas variaciones dependen de los diferentes tipos de inserción del ELN en los territorios, de las relaciones entre las estructuras armadas del ELN con la población civil y el tipo de órdenes que se construyen en esos lugares. ; incluso hubo quien manifestara estar dispuesto a armarse si la guerrilla llegara a desmovilizarse.
Destaco aquellas voces cuyas preferencias y actitudes se inclinaron a favor de la salida militar y judicial al conflicto con el ELN, y aquellas que se oponían a la desmovilización de esta guerrilla, porque considero que estas posturas son radicales. Esto, en la medida en que las personas con estas preferencias privilegian abiertamente la continuidad del estado de cosas de la confrontación armada.
Estas radicalidades, que a menudo se convierten en “círculos viciosos”, se refuerzan por un cambio en los marcos de interpretaciones, expectativas y percepciones del “enemigo”, que pueden limitarse a las creencias o escalar al comportamiento, lo que propicia cambios en favor de las acciones violentas (Neidhardt 1981; Della Porta 1995; Della Porta y LaFree 2012; citados en Malthaner, 2018: 374).
Radicalidad en movimiento
En algunos lugares del Chocó, Cauca, Arauca, y en regiones como el bajo Cauca y el Catatumbo, diferentes manifestaciones de violencia se han intensificado durante los primeros meses del 2019. Aunque el ELN dejó de ser un ejército con potencial desestabilizador de la seguridad nacional, es un protagonista de este ciclo de violencia en estos lugares.
Cierto es que el ELN no es un ejército con potencial desestabilizador de la seguridad nacional porque su “resistencia armada” es lo que Carlos Medina denomina una “guerra flotante”: sin grandes estructuras ni cuerpos de ejército capaces de mantener combates, con fuerzas especiales que operan sobre objetivos predeterminados con explosivos y tiros de alta precisión (2019a). En todo caso, esto no niega que algunas estructuras del ELN se han adaptado, reacomodado y fortalecido –aparentemente- en términos de su capacidad bélica (como en el Chocó, Arauca y Catatumbo donde, según los datos del equipo de Estado, Conflicto y Desarrollo del CINEP, en el último año se ha enfrentado en combates con otros grupos armados organizados o con el Ejército).
“Aunque el ELN dejó de ser un ejército con potencial desestabilizador de la seguridad nacional, es un protagonista de este ciclo de violencia en estos lugares”.
El correlato de ese escalamiento, atizado por la ruptura del proceso de paz, ha sido el sostenido aumento de la presión militar y judicial a esta guerrilla por parte del gobierno de Iván Duque. Sin embargo, a pesar de los resultados que ha venido arrojando esta estrategia en términos de la neutralización de efectivos, su aplicación ha implicado que la Fuerza Pública y el Gobierno nacional hayan extendido nuevamente un manto de sospecha sobre los pobladores de las zonas donde esta guerrilla existe y sobre sus experiencias organizativas. Esto se ha materializado en el Sur de Bolívar o en el Cauca donde la población civil es estigmatizada, y a las organizaciones sociales se las tilda de ser de la guerrilla, sometiéndolas a una grave vulnerabilidad.
Volviendo a los “tipos” de respuestas que encontramos cuando hicimos entrevistas en estas regiones, algunas personas, cuyas percepciones podrían clasificarse en el último tipo (3) descrito líneas arriba, nos dijeron que la militarización de los territorios —y las violaciones a los derechos humanos y al DIH por parte de la fuerza pública—, el sesgo punitivo desde el cual las autoridades manejan la protesta —intensificado en este nuevo gobierno—, y la contención del descontento popular por medio de la concertación de acuerdos que no se cumplen –como ha sucedido con aquellos firmados en el Teatro Colón-, son aspectos que profundizan la desconfianza y el déficit de legitimidad del Estado.
Podría inferirse que estos aspectos contribuyen con la radicalización de algunas personas que viven en zonas donde el ELN ejerce influencia, que justifican la vigencia (i) de la lucha armada como mecanismo de transformación social, (ii) de la violencia para tramitar conflictos o (iii) de la “resistencia” ante acciones del Estado que puedan poner en riesgo el estado de cosas construido durante el conflicto. De este modo, los efectos de la represión y la desconfianza motivan en ellos la legitimación de la violencia, y capitalizan los discursos que esta guerrilla repite dogmáticamente, desde los cuales pretende justificar su accionar y validar su existencia (Medina, 2019b).
Por otro lado, el ELN acumula reprobación y rechazo cotidianamente: además de los impactos humanitarios de su accionar violento, la contaminación que dejan sus atentados a la infraestructura petrolera, la producción de ‘pategrillo, la minería ilegal no artesanal y el minado; el involucramiento de menores de edad en el conflicto, el asesinato de policías, el secuestro, la extorsión y el publicitado apoyo de esa guerrilla al régimen de Nicolás Maduro, son algunos de los actos reprochados con mayor vehemencia por los entrevistados clasificados en el segundo tipo (2) descrito más arriba.
Aunque esta reprobación no se traduce automáticamente en aprobación de la salida militar —del mismo modo que el déficit de legitimidad del Estado no necesariamente implica la conversión de quienes lo padecen en guerrilleros—, con las entrevistas confirmamos la intuición de que el accionar del ELN motiva en algunas de sus víctimas la justificación de la violencia que contribuya con el desmantelamiento de sus estructuras.
Esto nos enseña que, en lugar de reducir la radicalización a procesos ideológicos abstractos o a desviaciones psicológicas de quien se torna radical, es necesario aceptar que esta se desarrolla a través de la experiencia, que está inseparablemente ligada a procesos más amplios de escalamiento, y que remodela las percepciones y los marcos de interpretación de la realidad de algunas de las personas que habitan en los contextos en que este tipo de confrontaciones tienen lugar (Della Porta, 1992; Della Porta 1995, citados en Malthaner, 2018).
Legados e intereses que radicalizan
Aunque para muchos parece una aporía el hecho de que haya personas que prefieren el estado de cosas de la guerra por encima de la exploración de la salida negociada, es necesario aceptar que la reivindicación de la lucha armada, así como de las estrategias militaristas para la extinción de los alzados en armas, son también legados políticos de cinco décadas de confrontación. Esos legados se evidencian en las actitudes y las preferencias de la gente que vive en zonas afectadas por el conflicto, en donde puede existir, por ejemplo, una predilección de los ciudadanos por las medidas extralegales y violentas en la lucha contra el crimen (Arjona, et al, 2015).
Por otro lado, es innegable que esos legados también se materializan en acumulados de poder político y económico construidos en el marco de la confrontación. Supongamos entonces que el sector de la guerrilla que perpetró el atentado —presuntamente perteneciente a las estructuras del Frente de Guerra Oriental con presencia en Arauca— se opuso a la salida negociada y es, por ende, radical; ¿por qué lo es? y ¿cuáles son los intereses y legados que quiere defender ese sector con la preservación del statu-quo construido en décadas de conflicto? Quizá una investigación sobre las redes de corrupción en el manejo de los recursos públicos de la salud, la infraestructura y la educación en Arauca (Garay, 2017), o sobre los réditos del contrabando y demás actividades económicas y políticas herederas de la construcción de contrapoder guerrillero en ese departamento (Aguilera, 2014), podría dar algunas luces y ayudar a responder esas preguntas.
Aunque para muchos parece una aporía el hecho de que haya personas que prefieren el estado de cosas de la guerra por encima de la exploración de la salida negociada
En todo caso, seguimos esperando a que Iván Duque anuncie cuál es el plan que emprenderá para alcanzar la paz con esta insurgencia. Ojalá que este se ajuste a sus particulares características, se cimiente en un conocimiento real de las organizaciones que la componen, sea respetuoso de los derechos humanos y el DIH, y no atice los conflictos que existen en las zonas donde los elenos ejercen influencia.
Hasta ahora, parece que las estrategias del presidente han azuzado la beligerancia de los sectores más radicales de la guerrilla (al negarse en redondo a pactar ceses al fuego y a continuar con los diálogos de paz, al intentar hacer trizas la implementación de los acuerdos firmados con las FARC, al reactivar las órdenes de captura de los miembros de la delegación del ELN que se encuentra en La Habana, al liderar la estrategia regional de presión contra el régimen de Maduro en Venezuela, entre otras estrategias) y han desencadenado, hoy por hoy, el rechazo de muchos a su estilo poco dialogante, como se evidencia en la convocatoria a diferentes paros y protestas. En este escenario, no sobra recordarle a Iván Duque que la ilusión de la mano dura y el tratamiento represivo a la protesta, rara vez resultan efectivos para reprimir al crimen y con frecuencia solo atacan los síntomas de la crisis social, en lugar de sus condiciones subyacentes (Felbab-Brown, 2018); y, además, contribuyen con la radicalización de las posturas haciendo más graves los problemas.
La reflexión de estas líneas es entonces una invitación a reconocer que, de hecho, los procesos de radicalización —que en muchos casos derivan en violencia criminal y política— son el resultado de la interacción de mecanismos ambientales, cognitivos y relacionales (McAdam, Tarrow and Tilly 2001; Tilly 2003; Alimi, Demetriou and Bosi 2015, citados en Malthaner, 2018); es decir, no son producto de la enfermedad o la sub-normalidad de los sujetos que la experimentan, ni son síntoma de supresión moral, ni implican necesariamente una predilección por la guerra: son producto de decisiones humanas y dependen de la experiencia de las personas.
Aunque el atentado —que en mi opinión fue un acto de monumental brutalidad— enrareció las condiciones para la movilización social y propició un nuevo ciclo de radicalización, quizá sea importante dejar de pensar al crimen y a la rebelión como actividades sociales aberrantes a ser suprimidas, y comenzar a pensar en ambas como la expresión de la competencia de varios actores en la construcción del Estado (Felbab-Brown, 2018).
Si el gobierno Duque genuinamente considera, como está consignado en su “política” de Seguridad y Defensa, que “la principal amenaza a la seguridad interna son los espacios vacíos de institucionalidad o con precaria institucionalidad, y no simplemente los grupos ilegales o las economías ilícitas” (Ministerio de Defensa, 2019, p.6), entonces debería reflexionar que, quizá, la mejor manera de fortalecer la institucionalidad del Estado es articulando los poderes realmente existentes a las redes políticas y económicas de la nación. Por eso hay que negociar con ellos, y por eso, la paz territorial no puede consistir en la imposición de un modelo despolitizado de prácticas de “Buen Gobierno” aplicadas desde el centro de manera indiferenciada (González, 2018).
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Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Conflicto, Estado y Desarrollo.
