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Cien Días vistos por Cinep/PPP
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Por: Milena Perdomo Rodríguez y Diana Patricia Santana Jiménez
Con este título se ha denominado la campaña que organizaciones sociales y ambientales han creado, para que la sociedad colombiana tome conciencia frente a que se requiere una regulación ante la violación de los Derechos Humanos y Ambientales por parte de las empresas transnacionales. El objetivo coyuntural en esta oportunidad es que pueda impulsarse la firma, por parte del Gobierno colombiano, del tratado vinculante en este tema ante la Organización de las Naciones Unidas. Este es el contexto.
Empresas y violaciones de Derechos Humanos
Los diversos y continuos reportes a nivel mundial, sobre la violación de los derechos humanos, debido a las acciones de las grandes empresas, en variadas dimensiones que van desde la negación de derechos laborales básicos, a las represalias contra los intentos de organización de los trabajadores e incluso a verdaderos atentados culturales y la destrucción de ecosistemas, son la base de lo recopilado por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas (también conocido como el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos), equipo establecido por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, mediante la resolución 17/4, el cual fue renovado en 2014, 2017 y 2020.
Este esfuerzo debe ir fuertemente vinculado a las luchas de la sociedad civil para exigir la garantía de sus derechos, así como el acceso a la justicia de las víctimas, y exigir a las empresas que se comprometan a limitar y remediar sus acciones.
Al respecto es que se hace referencia a que a la fecha, uno de los instrumentos jurídicos que más ha sido utilizado para generar la exigibilidad de derechos ante dichas problemáticas, ha sido el litigio, según lo comenta dicho grupo. Si bien este camino judicial ha generado numerosas victorias, también da cuenta de daños irreparables, como el asesinato de líderes sindicales y violaciones a derechos de las comunidades, entre otros. Según Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, quien conversó con la alianza global de sociedad civil y activistas Civicus[i], quien dado el amplio poder empresarial, es fundamental dotar a la sociedad de mayores herramientas ante las constantes y diversas violaciones en temas extractivos, financieros, agroalimentarios, entre otros, ya que perpetradores como las empresas transnacionales y sus subsidiarias representan un amplio poder, pues son alrededor de un tercio del PIB mundial, así como dos tercios del comercio internacional, lo que indudablemente evidencia la manera como se trascienden las fronteras de las jurisdicciones nacionales en dichos casos.
Fuente: ONU. https://www.ohchr.org/es/business/about-un-forum-business-and-human-rights
Un tratado vinculante para regular a las corporaciones
El proceso de creación de un tratado vinculante de derechos humanos y corporaciones comenzó en junio de 2014, cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció la creación de un grupo intergubernamental de trabajo, de composición abierta, que recibió el mandato de negociar y acordar un instrumento internacional jurídicamente vinculante, que permita regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas, en el marco internacional de los derechos humanos.
Para materializar este tratado legalmente vinculante sobre empresas y derechos humanos, ya este 2023 se cumplen nueve años de esfuerzos de una herramienta que espera frenar la impunidad y permitir a la sociedad civil exigir a sus Estados, la firma y ratificación, que se tiene prevista para 2025. Cabe decir que el panorama es complejo y aún quedan muchos obstáculos por superar. El norte global en particular, donde tienen sede muchas de las grandes corporaciones, cuentan con lobby para retrasar el progreso de los acuerdos, limitar la ambición del mismo o incluso cuestionar su naturaleza vinculante. Lo cierto es que un tratado internacional permitiría trascender las limitaciones no solo de jurisdicción de los Estados, ya que el capital transnacional opera más allá de fronteras, con cadenas de suministro globales sino de las víctimas, quienes no cuentan con mecanismos defensivos extraterritoriales.
| ¿Qué es un tratado vinculante? Es un acuerdo internacional vinculante celebrado entre Estados, instituciones del Estado u otros sujetos apropiados que consta por escrito y se rige por el derecho internacional, independientemente de su designación, su registro o los procedimientos jurídicos internos que los Estados utilicen para obligarse. Organización de Estados Americanos. 2022. DIRECTRICES DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO PARA LOS ACUERDOS VINCULANTES Y NO VINCULANTES. Disponible en: http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/informes_culminados_recientemente_Acuerdos_Vinculantes_y_No_Vinculantes_DIRECTRICES.pdf |
Las acciones claves para lograr equilibrio y control, involucran a cada país y la puesta a disposición de medidas regulatorias que permitan desarrollar políticas públicas y planes de acción para promover la protección efectiva de los derechos humanos. También las empresas mejorar sus prácticas, adoptando compromisos de responsabilidad social y ambiental entre otras medidas complementarias, no excluyentes.
En cuanto a las acciones del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU, se ha considerado un procedimiento especial definido por resolución del Consejo de Derechos Humanos en 2011, con el mandato de promover, difundir y aplicar los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la aplicación de los Principios Rectores, y evaluar y hacer recomendaciones. Su mandato fue renovado y está integrado por cinco expertos independientes, tres de ellos mujeres, con una representación geográfica equilibrada (Australia, Nigeria, Polonia y Tailandia), quienes acompañan las sesiones de negociación, a través de mesas de debate y de discusión, emiten opiniones técnicas y promueven la participación proactiva de los Estados.
| Conozca la hoja de ruta para esta década del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU AQUÍ. |
Un importante avance la negociación del tratado, es que se cuenta con una tercera versión del borrador, el cual deberá integrar los cambios, modificaciones y adendas, ya que no se generarán nuevas versiones. Con este documento se espera efinir el borrador final a oficializarse en 2025. El proceso se ha sostenido gracias al compromiso de los Estados para negociar, al impulso de la sociedad civil y al diálogo entre todos los actores, y deberá tener como objetivo la ratificación del tratado para que entre en vigor y rija para los países firmantes. El desafío continúa, pero la suma de los esfuerzos de la sociedad civil en cada país serán determinantes para hacerlo realidad.
Capítulo Colombia
El pasado mes de marzo se realizaron en Colombia el foro “¡Suficiente! Frenemos la impunidad corporativa” y su correspondiente Audiencia, con el objetivo de visibilizar los casos de violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente, por parte de empresas en el país sino de exigir justicia y reparación para las víctimas.
El evento fue liderado por diversas organizaciones civiles y contó con la participación de expertos en temas de justicia ambiental y derechos humanos, así como de víctimas de violaciones a los derechos humanos, cometidas por empresas. Entre las organizaciones que participaron se encuentran la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro Sociojurídico Siembra, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), la Asociación Minga, el Centro de Investigación y Educación Popular/ Programa por la Paz (Cinep/PPP) y la Fundación Heinrich Böll.
En el espacio hubo intervenciones de invitados internacionales como el Coordinador Político de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Iván González, quien habló acerca de la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad, que trabaja por el mismo objetivo: alcanzar un tratado jurídicamente vinculante sobre derechos humanos y empresas. González indicó que es muy importante un papel más activo de los gobiernos de América Latina y el Caribe, especialmente Brasil, Colombia, Honduras, Chile y otros, para avanzar en un tratado que contenga las aspiraciones de los países del sur global, para contener el poder de las corporaciones y garantizar la soberanía.
Por su parte y desde México, Ivette González, de la organización Poder, manifestó que en sus indagaciones acerca de la captura corporativa del Estado, entendida como la forma en que las élites económicas socavan la protección de los derechos humanos y del ambiente, en su beneficio económico ejerciendo su influencia como tomadores de decisión a todo nivel, han identificado distintas formas de ejercerlo. Una de ellas es la manipulación, abusando de las opresiones para favorecer a las empresas, con acciones como reemplazar al Estado en la garantía de la educación o el acceso al agua.
El foro enfatizó en la necesidad de instrumentos que obliguen a los Estados a garantizar los derechos de las comunidades, porque los existentes, que en países como Colombia se incluyen en los Planes de Acción, son insuficientes.
En este contexto, la Audiencia Pública “¡Suficiente! Frenemos la impunidad corporativa” se realizó en el Congreso de la República, con el acompañamiento de los congresistas Alirio Uribe y Carmen Ramírez Boscán del Pacto Histórico. Allí, la sociedad civil logró visibilizar los casos de impunidad corporativa en Colombia, y exigir justicia y reparación para las víctimas de las múltiples violaciones que estas cometen contra las comunidades en el territorio nacional. La audiencia contó con la participación de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil, quienes presentaron testimonios y pruebas que demuestran las violaciones a los derechos humanos y el medio ambiente, por parte de empresas.
A través del hashtag #ImpunidadCorporativa en Twitter, se pudieron conocer los testimonios de los asistentes a la audiencia, así como las principales denuncias y propuestas que se discutieron. Una de ellas fue la falta de compromiso por parte de las empresas, en respetar los derechos humanos y el medio ambiente. En uno de los trinos, @DanielaSturba denunció que “las empresas no solo no respetan los derechos humanos, sino que además tienen poder para influir en las políticas públicas”. Esta falta de compromiso se refleja en casos como el de la represa de Hidroituango, en el que se han reportado graves impactos ambientales y sociales.
Otra denuncia importante presentada en la audiencia fue la impunidad con la que operan las empresas en Colombia. Según @SantiagoGarciaM, “en Colombia, solo el 10% de los crímenes cometidos por empresas son sancionados”, lo que permite que las empresas sigan actuando sin consecuencias graves. Esta impunidad se refleja en casos como el de la empresa Drummond, señalada de violaciones a los derechos humanos y laborales en la región del Cesar.
Los testimonios también mostraron propuestas concretas para frenar la impunidad corporativa en Colombia. Una de ellas fue la necesidad de que el Estado asuma su papel regulador y fiscalizador en relación con las empresas. @ALaserna propuso que “el Estado debe tener un mayor control sobre las empresas, tanto en sus actividades como en la manera en que manejan sus finanzas”.
Otra propuesta importante presentada en la audiencia fue la necesidad de crear mecanismos de acceso a la justicia para las comunidades afectadas por las empresas. Según @JersonCastroR, “las comunidades deben tener mecanismos efectivos para demandar a las empresas por los daños causados”. Esta propuesta se hace especialmente importante en un país en el que las comunidades han sido históricamente afectadas por la actividad de las empresas extractivas. En resumen, la Audiencia Pública “¡Suficiente! Frenemos la impunidad corporativa” fue una oportunidad para que diferentes voces se manifestaran en contra de la impunidad con la que operan las empresas en Colombia, al tiempo que se pudieron conocer las denuncias de los asistentes y las propuestas para hacer frente a esta problemática. Es indispensable que se continúen generando espacios de discusión y debate en torno a la responsabilidad de las empresas en el país, así como a la necesidad de que el Estado asuma su papel en regular y fiscalizar sus actividades.
[i] Civicus. Dic. 2022. NACIONES UNIDAS: ‘Los temas pendientes del tratado vinculante sobre empresas y DDHH son políticos’. Disponible en: https://www.civicus.org/index.php/es/medios-y-recursos/noticias/entrevistas/6199-naciones-unidas-los-temas-pendientes-del-tratado-vinculante-sobre-empresas-y-ddhh-son-politicos
Milena Perdomo Rodríguez
Periodista y comunicadora del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra.
Contacto: comunicaciones@siembra.org
Diana Patricia Santana Jiménez
PhD en Ciencias Sociales y Humanas, comunicadora social e investigadora en gubernamentalidad y subjetividad. Actualmente líder en Comunicaciones e Incidencia del Cinep/PPP.
Contacto: dsantana@cinep.org.co
