¿Una “base militar” en la isla Gorgona?

Esta pregunta no plantea un asunto menor. Controvierte el proyecto de base militar en la Isla Gorgona, que afecta los derechos territoriales y de autodeterminación de Pueblos étnicos ancestrales; cuestiona las incoherencias en relación con las expectativas, derivadas del programa “Colombia potencia mundial de la vida” y de las obligaciones del proclamado “Estado Social de Derecho”.

En el ejercicio de control ciudadano y de oposición al mencionado proyecto militar financiado por los Estados Unidos (EE.UU.), intervienen la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, la Comisión Científica de Gorgona, los colectivos Salvemos Gorgona y Unidos por Gorgona, el Círculo de Pensamiento Ambiental, el Grupo Derecho y Política Ambiental de la Universidad Nacional; junto a Mujeres lideresas del litoral Pacífico, Consejos Comunitarios, organizaciones sociales de la región, buzos, pescadores artesanales, ambientalistas, científicos y otros ciudadanos. Avanza una campaña nacional e internacional, en defensa de la isla y de los derechos, con acciones jurídicas en curso, múltiples pronunciamientos, Audiencia Pública en el Congreso Nacional (13 de marzo de 2023), movilizaciones sociales, conformación de bancada parlamentaria políticamente plural que converge en la defensa de Gorgona, entre otros hechos.

El Gobierno nacional insiste en la construcción de una Subestación de Guardacostas en la isla, que, aunque lo niegue, es una base militar, si esta se define -por su función, no por el número de militares que albergue-, como un conjunto de instalaciones al servicio de organizaciones militares, regulares o irregulares. En este caso, es una base militar naval, que incluye: torre (ya construida), radar militar, muelle de 182 metros de largo, remodelación de edificaciones para la administración, el alojamiento de alrededor de 28 infantes, cocina, comedor y un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.

Un dato que resalta en este proyecto es su financiación por parte de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Inició su trámite en el Gobierno de Juan Manuel Santos, y desde entonces a la “licencia” de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA -Resolución 1730, del año 2015-, se le han señalado deficiencias notorias, por carecer de estudios previos de soporte sobre impactos sociales y ambientales. Además, se ha subrayado la ilegitimidad de esta licencia, por no contar con la consulta previa libre e informada a las comunidades.

Según los promotores del proyecto (de gobiernos pasados y del actual), la consulta previa no es indispensable en este caso -dicen ellos-, por carecer hoy la isla de población ancestral. Los críticos del proyecto señalamos que esta es una argucia, que profundiza la historia de despojo que estos pueblos han tenido que afrontar frente a políticas del Estado.

¿Parques con la gente o sin ella? ¿Dónde quedan los acuerdos?

El Acuerdo de Uso, suscrito el 31 de agosto de 2010, “entre la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales-Parque Nacional Natural Gorgona y la comunidad de Bazán-Consejo Comunitario Bajo Tapaje y del Mar”, intenta compensar el despojo histórico de estos pueblos y la violación de sus derechos, puesto que reconoce que esta isla y su entorno marino son parte de su territorio ancestral, o espacio de vida. Los derechos territoriales -materia del Acuerdo-, están vinculados con sus valores espirituales y culturales, con sus derechos de seguridad y soberanía alimentaria, que incluyen una tradición de usos y prácticas de pesca.

El Parque Nacional Natural, al establecer áreas restringidas a estos pescadores, limita, pero no rompe los vínculos históricos de las comunidades con la isla y su entorno marino. Los derechos de estos pueblos, imprescriptibles e inalienables, son reconocidos por la Constitución Política de Colombia y por normas como la Ley 21 de 1991 de la República, aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que reiteran el derecho de los Pueblos étnicos a decidir sobre sus propias prioridades, y a participar en la formulación, aplicación y evaluación de los programas que puedan afectarlos. La Ley 70 de 1993 reconoce los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico. La Sentencia C-169 de 2001 de la Corte Constitucional ratifica a las comunidades negras como sujetos de los derechos que consagra el Convenio 169 de la OIT.  El Acuerdo de Uso, con base en estas normas, reconoce la corresponsabilidad en el manejo del Parque Natural y conforma un COMITÉ COORDINADOR, integrado por representantes de la Unidad de Parques Nacionales y por la comunidad de pescadores ancestrales. Durante 14 años no se convocó.

Riesgo de un Ecocidio

La destrucción masiva de flora y fauna u otra acción que pueda causar un desastre ambiental, están tipificadas como crímenes de ecocidio en el ámbito internacional; y en Colombia, mediante la Ley 2111 de 2021, artículo 333 del Código Penal, parágrafo 2, que lo define como “daño masivo y destrucción generalizada y grave y sistémica de los ecosistemas”. Según expertos de la ciencia biológica, el cambio de uso en esta área protegida, mediante las obras militares proyectadas, puede lesionar de manera grave la flora y la fauna, todo el medio natural y, por tanto, a los seres humanos. El muelle afectaría la movilidad de las ballenas que, con el aumento del tráfico marítimo, podrían chocar con las embarcaciones; las tortugas migrarían; los murciélagos, aves y otras especies, serían afectados por las emisiones electromagnéticas del radar; el suministro constante de combustibles a los barcos deja caer gotas al agua, que con el sol se convierten en sustancia tóxica (Benítez y Jiménez, 2023).

Planes militares en el “Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental”

Existe un plan de los EE. UU. de construir en el conjunto de islas de este “corredor” biológico (CMAR Pacífico), una cadena de estaciones navales con radares que se extiende al Caribe.

No sólo en el litoral Pacífico: también en el Caribe

La nota de prensa del “Semanario Universidad”, del 21 de agosto de 2023, sobre la visita de la General Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los EE. UU a Costa Rica, dice:

“El Gobierno estadounidense también mencionó el financiamiento de una estación de guardacostas para apoyar a las patrulleras costeras costarricenses y las operaciones en Limón (puerto en el mar Caribe). Richardson anunció que en 2024 se añadirá un nuevo buque a la flota de patrulleras, con un valor de $US 8.5 millones” … “Asimismo, Costa Rica se unirá a Colombia, Panamá y Ecuador en la protección del Corredor Marino Pacífico Tropical Oriental”. Además, esta general criticó la inversión china en infraestructura en América.

Sin duda, estabase en Gorgona se inscribe en la “estrategia marítima” de los Estados Unidos, en función del contexto de conflictividad internacional y de la disputa de las potencias mundiales por el control de zonas de influencia y fuentes de recursos naturales estratégicos para la seguridad geopolítica y energética.

Según la General Laura Richardson, la preocupación central de su país es la injerencia en la región de dos de sus “principales rivales” en el mundo: China y Rusia. El Gobierno de Xi Jinping -alerta ella-, “continúa su marcha implacable para expandir la influencia económica, diplomática, tecnológica, informática y militar” (V-A. 24 de marzo de 2022).

En reiteradas declaraciones, ella señala “qué quieren hoy en América Latina los EE. UU”: “Esta región, afirma, es rica en recursos…. Y nuestros competidores y adversarios también lo saben… El 60% del litio del Mundo está en esta región. Tienes crudo pesado, crudo ligero… elementos de tierras raras… el Amazonas… el 31 % del agua dulce del Mundo… Y hay adversarios que se aprovechan de esta región, todos los días, justo en nuestra vecindad.Y yo sólo veo lo que ocurre en esta región en términos de la seguridad de la patria, en los Estados Unidos” (L R. Foro Instituto Aspen, 20 de julio de 2022).

Los recursos naturales mencionados por la General Laura Richardson hacen parte de la “seguridad” estratégica de los EE. UU., con vista hoy a la“transición energética”,que se vislumbra hacia el 2050, y Colombia y sus mares juegan un papel central en esta estrategia.

Importancia creciente del extractivismo marino: La “dulce cintura de América” en la geopolítica de la energía

La nueva revolución técnico industrial (energética) del capitalismo, no abandona las formas tradicionales de acumulación y reproducción del gran capital, la depredación sobre los seres humanos y la naturaleza, en la disputa por las fuentes de recursos naturales y por el control de la comunicación marítima.

Esta disputa ha sido siempre uno de los principios geopolíticos rectores “que determinan la disposición, el despliegue y el empleo de la fuerza militar” (Klare Michael T. 2003).

Sustituir los combustibles fósiles requerirá miles de millones de toneladas de cobalto, litio, cobre y otros materiales. Por ello, se agudizan las disputas sobre el acceso a las fuentes de energía renovable marinas (oceánicas, eólica y geotérmica), y no renovables de explotación de hidrocarburos en los fondos oceánicos. Así mismo, crecen los factores de su deterioro (Toro Pérez, 2015).

“Los océanos proporcionan gran parte de la biodiversidad mundial, una parte significativa de los alimentos de la humanidad y son el mayor sumidero de carbono del planeta” (Vince, 2023). Se incrementa la competencia mundial por los recursos indispensables -entre ellos los denominados “minerales críticos”, o “verdes”-, para la “Transición energética” global.

Pero no se trata sólo de la competencia por el “fondo oceánico” y sus riquezas. Desde tiempos inmemoriales, los mares y la comunicación interoceánica tienen gran significación estratégica. Situada en el mencionado “Corredor Pacífico”, la Isla Gorgona y su entorno marino, tienen asignada una importancia geopolítica crucial en el mundo, tanto por su ubicación en una de las rutas más importantes del Pacífico, como de manera especial por su proximidad al área de control del Canal de Panamá y de toda la región ístmica del continente; “la dulce cintura de América”, con potencialidades de comunicación interoceánica, además de Panamá, a través de otros países: México, por el Istmo de Tehuantepec; Nicaragua, a través del lago de Nicaragua y río San Juan; Colombia, en la ruta Atrato – Truandó, mediante canales, vías fluviales, carreteras o ferrocarriles. Tanto el extractivismo de recursos estratégicos, de mar y tierra, hacia el mercado mundial, como su transporte naval, incrementan la importancia del control de la región y los conflictos asociados a la geopolítica de la energía.

Estrategia “conjunta” … de defensa del interés nacional de los EE. UU.

No se recurrirá en América, como en épocas pasadas, a un control militar único por parte de los Estados Unidos: la política definida por esta potencia mundial, hegemónica en este continente, se orienta ahora con mayor énfasis por una estrategia de “fuerza conjunta” y hacia acuerdos permanentes con países definidos como “aliados estratégicos” (Departamento Defensa, 2022). Terminada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, para fortalecer su presencia en los mares, creó una serie de Comandos Navales, que abarcan diversos lugares en el mundo, con áreas de responsabilidad específica de “combate unificado”. Colombia está en el área del “Comando Sur”, que atiende a Latinoamérica y el Caribe, y asiste a sus Fuerzas Armadas. Para logar sus propósitos, Estados Unidos no construye ahora un nuevo imperio colonial. Orienta su “estrategia marítima” hacia alianzas, a través de las cuales ejerce su hegemonía de potencia neocolonial, para mitigar también el enorme gasto de su aparato militar y la afectación de su economía, que han generado sus recientes intervenciones en el ancho Mundo (ESG. 2021).

Colombia, el Comando Sur y la OTAN y ahora… la “Fuerza Marítima Combinada”

Bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos, el 31 de mayo de 2018, Colombia ingresa a la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, como el primer socio global latinoamericano. El Gobierno de Iván Duque facilita el ingreso ilegal a Colombia de una brigada militar del Comando Sur de EE. UU., bajo el pretexto de asesorar la lucha “contra el narcotráfico”, y también -según el discurso gubernamental-, para defender “la paz regional” en América Latina y el Caribe.

En enero de 2024, se confirma el ingreso de la Naval de Colombia a la convergencia internacional denominada “Fuerza Marítima Combinada”, y entra al selecto grupo de marinas de 41 países, bajo el principio estratégico de fuerza conjunta, liderado por el complejo Naval de los EE. UU., que tiene hoy como centro de operaciones el Oriente Medio, con vocación de intervenir en otras partes del mundo, incluida América.

Este hecho se suma a la larga cadena de incoherencias de los discursos del presidente Gustavo Petro en escenarios internacionales, a favor de “la paz” mundial, en contra del alineamiento con toda potencia internacional (intervención en CELAC, 2024), y contradice incluso declaraciones y acciones positivas del Gobierno nacional contra el genocidio del Pueblo palestino.

¿No es hora ya de romper todas las alianzas de creciente militarización del mundo? ¿de adoptar una política de no alineamiento con toda potencia mundial, y de solidaridad internacional de los pueblos? “Las guerras son una derrota”, acaba de señalar el Papa Francisco, a quien visitara recientemente nuestro presidente para pedir su apoyo a los procesos de paz en Colombia.

Los sofismas del “control del narcotráfico” y de los “crímenes ambientales”

¿Sirve una base militar en Gorgona para el propósito de controlar el narcotráfico? Un informe de “inteligencia militar”, reseñado en el diario EL ESPECTADOR (19 de septiembre de 2023), resalta tres aspectos en política sobre “drogas”: 1. Las rutas del narcotráfico existentes entre Colombia y Ecuador; 2. Los actores nacionales y extranjeros participantes (grupos armados ilegales, mafias mexicanas) en estas rutas; 3. “La corrupción de agentes estatales, tanto colombianos como ecuatorianos, que se hacen los de la vista gorda para permitir el paso de los alijos de cocaína”.

Según los manuales de la Escuela Superior de Guerra, es indispensable un trabajo de “inteligencia policial y militar”, para infiltrar las bandas criminales, en especial en los puertos. Agregan: “Es claro que todo cuanto pasa en el mar se genera, necesariamente, desde tierra firme, y que toda actividad que sucede en el mar, necesariamente, tiene sus repercusiones en tierra” (ESG, 2021). La “incautación de drogas” en el mar indica que la Armada ubica el mejor lugar para la publicidad. Visto el informe antes citado y la corrupción existente, también se requiere un trabajo eficaz de contrainteligencia.

Es de dominio público que los dineros del narcotráfico desembocan en las redes del capital financiero internacional, se articulan con muchos negocios y actividades económicas (legales o ilegales), financian el paramilitarismo, corrompen las instituciones y los sistemas políticos electorales… Con radares y en el mar, no es posible detectar a los magnates del narcotráfico y a sus aliados de “cuello blanco y corbata”. La llamada “guerra contra las drogas”, así, no es solo un fracaso -como lo ha señalado incluso el presidente Gustavo Petro en reiteradas ocasiones-, tal “guerra” también es hipócrita… Por razones similares, es igualmente falaz el “control” de la pesca industrial depredadora.

En el entorno de la Isla Gorgona no hay pesca industrial. En la Isla Malpelo, el grupo de la Armada es relevado cada mes; y no pueden descender al mar desde su puente voladizo con “escalera de gato” … aún si quisieran, pues no tienen embarcaciones permanentes en el área. En Muruparí-Malpelo sí hay pesca industrial depredadora y el “aleteo” de tiburones ocurre “por debajode sus barbas”.

Según investigación de la organización Cuestión Pública (06/10/2020), Seatech, la empresa del Atún Van Camp´s que opera los barcos de Tuna Atlantic, señalada de realizar pesca ilegal en el área de Muruparí-Malpelo, tiene entre sus directivos a “financiadores de campañas del uribismo”. Tales directivos no van al mar a faenas de pesca y, por tanto, es imposible detectarlos con radares.

Conservación, militarización o despojo: contradicciones en el alto gobierno

En rueda de prensa del 12 febrero de 2024 (Presidencia de la República 2024), el gobierno colombiano, sin abandonar los discursos de lucha contra “el narcotráfico” y los “crímenes ambientales”, intenta reorientar la defensa del proyecto militar en Gorgona hacia una supuesta protección de la “soberanía” y el medio ambiente; enuncia planes para la isla, inscritos en el “ecoturismo mundial” y la “investigación científica”. Y agrega un “ingenioso” sofisma: que el radar militar ahora será financiado por Colombia y que los dineros de los Estados Unidos irán para investigación científica y energías alternativas en la Isla. En entrevista con la revista Raya (15 de febrero), la ministra de Ambiente Susana Muhammad reconoce que en el estratégico “Corredor Marítimo del Pacífico Tropical Oriental” al cual pertenece la Isla Gorgona, hay intereses de “defensa” estratégica de los EE. UU., en disputa con potencias extracontinentales, en especial China, más algunos asuntos relacionados con extracción de recursos naturales, como, pesca. Y anuncia un tratado de los países concernidos en el mencionado “corredor” pacífico, para afirmar la “gobernanza” en seguridad y “soberanía”. Pero ¿de cuál “soberanía” habla la ministra, cuando nuestros países están subordinados a un proyecto regional, financiado por los Estados Unidos, en un contexto de alianzas militares?

No todo es unanimidad en el alto gobierno: en noviembre de 2022, desde el municipio de Guapi, Cauca, durante un Dialogo Regional Vinculante, la vicepresidenta Francia Márquez dijo que apoya la lucha de las comunidades que rechazan el proyecto de construcción de un muelle en la Isla Gorgona: “El desarrollo es con la gente, es con la naturaleza, o no será”. En Santander de Quilichao, el 6 octubre de 2023, la misma funcionaria hizo una declaración contra el proyecto en Gorgona y en defensa de los derechos territoriales de los pueblos. En entrevista con la Revista RAYA, ella cuenta que “le ha dicho al presidente Gustavo Petro que respeta la decisión del Gobierno, pero no la comparte” (Raya, minuto 39:26).

Conclusión

Es obligación del Estado garantizar, sin condiciones, los derechos de las personas y de los pueblos. Existe una deuda con los indígenas, afrodescendientes, raizales y otros.

“La situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia sigue siendo grave, crítica y profundamente preocupante. Aún no se ha saldado la deuda histórica de reconocer efectivamente el derecho a la libre determinación, autonomía, a la tierra, territorio y recursos de los pueblos indígenas, así como a la participación política y a la consulta para otorgar o negar el consentimiento previo, libre e informado”. Dice en su informe el relator de la ONU Francisco Calí Tzay, sobre los derechos de los pueblos indígenas (EL ESPECTADOR, 17/03/2024).

La defensa de la Isla de Gorgona implica el rechazo al despojo de pueblos ancestrales de sus derechos territoriales y la denuncia de un posible crimen de ecocidio. Pero nuestro análisis va más allá, pues señalamos que de este conflicto hace parte la estrategia de los EE. UU -por intereses geopolíticos de control territorial y militar del Pacífico y el Caribe-, que incorpora a Colombia como un “aliado estratégico”, en la “fuerza conjunta”, que somete su soberanía e independencia, en condiciones de subordinación a una política de seguridad energética y geopolítica global.

Por todo lo anterior, no es aceptable este proyecto militar -manejado por personal colombiano, al servicio de los intereses de los EE. UU-, en la Isla Gorgona; ni en otro lugar alternativo, ni con el mejor y más ajustado, aun si fuera posible, “plan de manejo ambiental”. ¡Lo único aceptable es la cancelación del proyecto de base militar! ¡Basta ya! Colombia debe ser un modelo de perpetua construcción de Paz Ambiental, genuino y verificable.

Referencias

Foto de portada: Mateo Gable tomada de Wikipedia Commons