101 / ENE-ABR 2021

Cali “la sucursal del cielo”. Entre la exclusión social y la resistencia popular

EDICIÓN 102 MAY-AGO 2021

Por Carolina Céspedes y Cristian Llanos

Todo sube p’al que es pobre, la comida y la tristeza

Y el promedio de las balas que le dan por la cabeza

Heeeee! Por la cabeza

Canción: El Platanal. 1280 Almas

En medio de la crisis social y económica por la pandemia del covid, muchas personas en Cali nos hemos preguntado: ¿cómo garantizamos la subsistencia de nuestras familias que no tienen un trabajo estable? Si nos enfermamos, ¿cómo hacemos para no morirnos sin la atención médica adecuada? Creemos que, al lejano gobierno, sentado en su cómoda silla en Bogotá o por fuera del país, nada le importa lo que les pase a las personas empobrecidas de las ciudades, y mucho menos, a las del campo.

Esas preguntas son algunas de las tantas que rondan en medio de la situación de desespero social y económico que se vive hace más de una década en Santiago de Cali y en el Valle del Cauca. La primera, cuenta con una mayoría de población afrodescendiente, además, es uno de los territorios que recibe a los desplazados por la violencia política y el conflicto armado de Cauca, Nariño, Chocó y otras regiones del sur y centro del país. En su configuración y fisonomía territorial ha sido definida para separar y excluir a las zonas pobres de las ricas, aquellas que dividen a la ciudad y a la población con el trazado de calles y avenidas. El oriente se separa del resto de la ciudad con una gran autopista que cruza de norte a sur llamada como el libertador: la “Simón Bolívar”. Lo mismo, ocurre en el oeste, en la zona de ladera, con la avenida de los cerros. Sin embargo, esta es una muestra gráfica de la exclusión que se vive en la región del suroccidente y donde precisamente se ubican los puntos más álgidos de concentración del paro.

Desde los años cuarenta, este territorio ha sido escenario de migrantes llegados por oleadas en diferentes periodos, a raíz de tres situaciones: una, la época de la Violencia; dos, el sofisma del progreso no solo de las industrias que se asentaron en Cali, Palmira y Yumbo, sino del narcotráfico –de los años ochenta–; y tres, el conflicto político social y armado de la década del 90 que se exacerbó –y permanece–.

Las comunidades de migrantes y familias víctimas de la violencia política y del conflicto armado se han ubicado principalmente en dos zonas: oriental y ladera. La primera, que se conocía como las Ciénagas de Aguablanca (Salazar Quiñones, 2011), espacio que fueron ganando y secando para construir en condiciones precarias, comunidades urbanas o semiurbanas, es donde en época de lluvias escurren las aguas del occidente al río Cauca, y hoy conforma el Distrito de Aguablanca (zona oriental de la ciudad). La zona de ladera fue otra alternativa de hábitat para estas familias, con la diferencia que en los inviernos fuertes la situación se agrava, pues al ser un terreno montañoso e inestable se presentan deslizamientos por remoción de tierra1Alerta en Cali por deslizamientos y crecientes súbitas de ríos, https://occidente.co/cali/alerta-en-cali-por-deslizamientos-y-crecientes-subitas-de-rios/.

Foto: Fundación Chasquis
Foto: Fundación Chasquis

A la larga, ambas zonas se han convertido en el lugar de residencia de hombres y mujeres del servicio doméstico residencial, de oficinas, empresas y universidades; vendedores ambulantes; obreros de la construcción; coteros, acarreadores o cargadores de mercados en plazas o galerías, niñas, niños y adolescentes que realizan trabajos en semáforos, entre otras actividades informales y de mendicidad. Es en estos mismos lugares donde el narcotráfico, el paramilitarismo y la delincuencia común reclutan a quienes sirven de “mulas”, sicarios, expendedores, y otras “piezas” que engranan esa “cadena productiva” de la ilegalidad mediante actividades que se han convertido en la salida a la situación de precariedad económica que viven en la ciudad, e incluso, en el país.

Estas familias desplazadas vieron en Cali la oportunidad de conseguir un trabajo digno o de encontrar salidas a su frágil e inestable situación socio económica. Primero, en la fuerte industria del Valle del Cauca, y segundo, bajo la economía del narcotráfico. Sin embargo, el sueño se derrumbó y la situación se agravó desde los años noventa, cuando se cerraron empresas (nacionales y extranjeras) y los ajustes propios de la ortodoxia neoliberal conllevaron la pérdida de un alto número de empleos y el florecimiento de actividades de rebusque comercial. Surgió la llamada “prestación de bienes y servicios”, que bajo la aparente y falaz idea de que todos podemos crear y “emprender” por cuenta propia, y con ello, se permitiría el ascenso y movilidad socio económica en el libre mercado de la oferta y la demanda. No obstante, dicha “producción” no se encadenaba al departamento y la ciudad, puesto que hasta ahora no responde a las necesidades primarias de los más empobrecidos. Al contrario, se generan “empleos” sin garantías laborales, se subcontrata o sirve sólo para proveer servicios a quienes puedan pagar beneficios suntuarios.

Foto: Felipe Narváez
Foto: Felipe Narváez

Un ejemplo de ello es la especie de clúster de entretenimiento y servicios culturales en la que se convirtió Cali, con la economía de la rumba y la salsa, desde la tradicional Feria de Cali (que dejó de ser popular a un espacio de élite), el Festival Petronio Álvarez, el Festival de Danza, entre otros eventos, que motivaron la ampliación de infraestructura hotelera y turística, así como el incremento de actividades que propician el subempleo y el consumo. Vemos la ciudad de la fiesta constante y la “industria” cultural que provee dineros fugaces y un modelo de desigualdad social creciente.

Ese proceso de reventa de bienes y servicios -subcontratar-, ocasionó que aproximadamente en 20 años se incrementara la importación 1,4 veces más deprisa de lo que exporta la región. Incluso, el principal renglón de exportación para la región es la fuerza de trabajo que migra a otros países para poder mantener a sus familias (Valencia Barrera, 2021). No obstante, y de acuerdo con lo expresado por Mario Alejandro Valencia Barrera en su columna de opinión de Semana.com: “Ni los recursos de las remesas y la producción formal en sectores importantes como el farmacéutico, la proteína blanca, el azúcar, el sector de la belleza, entre otros, pudieron evitar que la pandemia haya arrojado a 518.000 personas a la pobreza y a 364.000 a la pobreza extrema en el último año, con un aumento del 4% en la desigualdad y un incremento en 20 puntos básicos de la brecha de pobreza entre mujeres y hombres” (Mayo 17 de 2021).

Foto: Fundación Chasquis
Foto: Fundación Chasquis

Ese panorama de la Sucursal del Cielo, junto con la historia de desigualdad y exclusión permanente que se padece en la región, han lanzado a cerca de 1.055.266 personas a la pobreza, quienes tuvieron que pasar a la informalidad y/o a la criminalidad como únicas salidas a la situación de precariedad -pobreza y miseria extrema-, en una ciudad de 2,228.000 habitantes. Así, tenemos que, en los 21 puntos de concentración de la ciudad, según, el economista Jorge Ovalle, se concentra el 20% del desempleo. De esas 1.055.266 personas, pasaron a la pobreza monetaria 934.350, quienes viven con menos de $356.962 por mes, mientras que 120.916 personas quedaron en pobreza extrema, sobreviviendo con alrededor de $152.415 al mes (Ovalle, 2021), sin mencionar las cifras en otras ciudades del país.

Así las cosas, la desigualdad en Cali creció respecto de la distribución de la riqueza, que se ubicó en el 2020 en 0,52 según el índice de Gini, mientras en el 2019 fue de 0,47. Dicho de otro modo, hubo una acumulación de ingresos en la ciudad a favor de los más ricos, evidenciada así: 1,6 millones de personas pobres y en estado de precariedad (62,5% de la población -es decir, la más vulnerable en pandemia-); 906,452 personas de la mal llamada clase media (35,2% de la población) y 58,815 personas ricas (2,3%). Esto equivale a una fuerte reducción del ingreso real de la mayoría de las familias caleñas, quienes durante el año 2020 vieron cómo se precarizó aún más su vida, situación que continuó en el año 2021 (Ovalle, 2021).

Foto: Jennifer Rueda para PNUD
Foto: Jennifer Rueda para PNUD

Ahora bien, con respecto a los ingresos de la población joven, en los hombres hubo una reducción del 16,8% en el año 2020, con un ingreso promedio de $857 mil por mes. Por el lado de las mujeres jóvenes, la reducción fue de -15,7%, cuyo promedio mensual fue $747 mil. De este modo, el comportamiento del desempleo juvenil fue del 29,1%, es decir, cerca de 112.929 jóvenes están desempleados, y el año 2020 dejó cerca de 26 mil “nuevos” jóvenes desempleados en la ciudad (Ovalle, 2021).

En el siguiente gráfico se muestra un comparativo del comportamiento del desempleo de los últimos 14 años a nivel nacional, en relación con Santiago de Cali y el territorio nacional.

Tomado de: Univalle Unida – Informe Técnico (2020).

Se ha mencionado y relacionado hasta aquí, el problema de desigualdad y exclusión en el ámbito laboral, centrando el análisis en los ingresos monetarios que posibilitan no solo acceder a la compra de alimentos, el pago de servicios públicos y del alquiler de un sitio para vivir en una economía de mercado, sino también que Cali sea la sucursal del cielo y del espectáculo, pese la precarización de la población.

De qué estallido estamos hablando en Cali, ¡ve!

Hemos asistido al enfado y reacción de la ciudadanía urbana y rural, que tiene, además de las expectativas frustradas de participación política: a una mayoría de jóvenes sin futuro; la continua desaparición de liderazgos sociales de base por la perpetuación de la violencia política; el incumplimiento de los acuerdos de movilizaciones pasadas -entre los que se incluyen, los de la minga indígena y las de campesinos cocaleros de los 90’s-, así como los derivados del pacto de Paz de la Habana. Ha sido eso y más, lo que ha movido las entrañas del magma social que explotó el 28 de abril.

Lo que dejan en evidencia el Paro Nacional y la agitación popular, especialmente juvenil, es el legado de la pérdida de derechos a la que hemos asistido en los últimos cuarenta años en el país, bajo el disfraz de la libertad económica. Como dice el filósofo esloveno Zizek:

“[…] cuando se nos priva de asistencia sanitaria universal se nos dice que eso supone una nueva libertad de elección (la de elegir quién nos proporciona esa asistencia); cuando ya no podemos confiar en tener un empleo a largo plazo y nos vemos obligados a buscar un nuevo trabajo precario cada dos o tres años, se nos dice que se nos brinda la oportunidad de reinventarnos y descubrir nuevos potenciales creativos inesperados ocultos en nuestra personalidad; cuando tenemos que pagar por la educación de nuestros hijos, se nos dice que nos hemos convertido en «emprendedores del yo» que actuamos como capitalistas que tienen que elegir libremente cómo invertir los recursos que poseen (o que han pedido prestados) en educación, salud, viajes. Bombardeados constantemente por «elecciones libres» impuestas, obligados a tomar decisiones para las que ni siquiera estamos debidamente cualificados (y para las que tampoco poseemos suficiente información), cada vez más experimentamos nuestra libertad como lo que es en realidad: una carga que nos priva de una auténtica posibilidad de cambio”

(2018, 46).

De ahí que el llamado a la calle del pasado 28 de abril, fue a materializar un nuevo pacto social en el que se incluyan los sectores desfavorecidos y precarizados. En Cali, la ciudadanía movilizada en los puntos de resistencia conformó su propia forma organizativa: “Unión de Resistencia de Cali (URC) Primera Línea Somos Todas y Todos”, más allá del Comando de Paro de las centrales obreras y sindicales, y sus reivindicaciones. La movilización estuvo acompañada de expresiones populares, de manifestación artística, cultural y deportiva, que resultó empañada por la violencia y brutalidad policial de la que ya hemos sido testigos directos o a través de las transmisiones en las redes sociales.

Foto: Darwin Torres
Foto: Darwin Torres

Ese abuso de autoridad ejercido por miembros de la Policía Nacional ha sido histórico. Es un tipo de violencia política sufrida cotidianamente por los habitantes y comunidades de las zonas populares y precarizadas de la ciudad y de la región quienes, por décadas, han sufrido exclusión, desigualdad y racismo. Lamentablemente, esta situación ha sido normalizada y poco denunciada. En nuestro Sistema de Información de Violencia Política en Línea del CINEP, entre 2019 y 2020, hubo veinte casos a los que pudimos acceder, registrados solo en el Valle del Cauca, frente a los 270 casos documentados y registrados para la mayoría de las regiones del país. Durante los tres años de implementación de los acuerdos de la Habana (2017-2020), registramos 567 casos a nivel nacional, y para el Valle del Cauca, en el mismo periodo, fueron 64 casos. Según nuestro informe semestral, en el país, durante los últimos tres años, hemos venido registrando un aumento progresivo de violaciones a los derechos humanos2Para saber a qué nos referimos con violaciones a los derechos humanos, invitamos al lector a consultar el Marco Conceptual de la Red Nacional de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del 2017, de la página 14 a la 18, donde definimos lo que entendemos por violación a los derechos humanos civiles y política. por parte de tres actores principales: Policía, Ejército y Paramilitares (Ver Gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia con datos de las cifras de la violencia política a nivel nacional. Revistas Noche y Niebla números 56, 58, 60 y 62, 2017-2020.
Fuente: Elaboración propia con datos de las cifras de la violencia política a nivel nacional. Revistas Noche y Niebla números 56, 58, 60 y 62, 2017-2020.

Finalmente, como hemos tratado de mostrar con los datos expuestos, la exclusión e inequidad ha sido una constante en la historia de la región y del país, y ha estado acompañada de la violencia política, a través del abuso de autoridad. La respuesta institucional a las condiciones socio económicas ha sido el ejercicio de este tipo de violencia. ¿Acaso ejercer el derecho a la protesta y a la participación política son motivos para el tratamiento de guerra que se le ha dado al Paro? Hemos visto que frente a la represión, la respuesta de esa ciudadanía, por tantos años excluida, ha sido movilizarse, proponer acciones desde el arte popular, la dignidad y la resistencia a décadas de precariedad. Los planteamientos desde los puntos de resistencia han sido: dar vida a la solidaridad, al encuentro y al compartir comunitario (visto en las ollas comunitarias); al debate y a la organización desde abajo; a poner en escena la palabra, la política de la calle en acción, a aventurar en actos, las peticiones de justicia, como la afirmación del derecho a aparecer en el otro y con el otro en el espacio público (Butler, 2017). Frente a la construcción violenta del Estado, se ha reconfigurado una democracia de los sentidos, en la que los cuerpos salen a la escena pública y gritan “resistencia”, buscan lo necesario para sobrevivir (aunque siempre lo han hecho), pero esta vez, no solo desde la satisfacción corporal individual sino desde la exigencia de derechos colectiva. Han corporeizado su discurso y luchan por su NO eliminación.

Bibliografía

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Paidós.

Diario Occidente (12 de marzo del 2021). Alerta en Cali por deslizamientos y crecientes súbitas de ríos.  https://occidente.co/cali/alerta-en-cali-por-deslizamientos-y-crecientes-subitas-de-rios/

Equipo Técnico de Univalle Unida (2020). INFORME TÉCNICO. LA CONDICIÓN JUVENIL EN COLOMBIA DURANTE EL COVID-19. ENTRE EL DESEMPLEO, LAS BARRERAS, LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA VIOLENCIA. Recuperado de: https://www.facebook.com/UnivalleUnida/photos/346063623472591

Ovalle, J (2021). ¿Porque el estallido social en #CALI?. Recuperado de: https://twitter.com/JorgeOvalleB/status/1394666775325855744

Valencia Barrera, M. A. (17 de mayo del 2021). Mi Valle del Cauca.  https://www.semana.com/economia/opinion/articulo/mi-valle-del-cauca/202159/

Salazar Quiñones, N. (2011). Brisas de comuneros, asentamiento afrodescendiente en Cali. Desde sus raíces hasta la actualidad. [Tesis de pregrado, Universidad del Valle]. Biblioteca Digital. Disponible en: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/4122

Zizek, S (2018). 1. El capitalismo global y sus descontentos. En: El coraje de la desesperanza. Anagrama. Pág 27-78.

Foto portada: Jennifer Rueda para PNUD

Revista-Cien-Dias-vistos-por-Cinep-N°-102

Carolina Céspedes Arce

Trabajadora social U. del Valle, MA y doctoranda en Antropología Social de la U. Iberoamericana de la Ciudad de México. Ha trabajado en procesos de investigación social, educación social comunitaria y gestión social en las áreas de educación, cultura, participación ciudadana y Derechos Humanos en el suroccidente colombiano. Publicaciones recientes: Tras las aguas sagradas: representaciones, materialidades y agencias del río Guadalajara de Buga; Procesos de retorno: mecanismos gubernamentales para asumir el desplazamiento.

caroldancess@gmail.com

Cristian Llanos

Investigador de equipo Banco de Datos de DDHH y Violencia Política del Cinep/ PPP. Historiador U. del Valle y MA en DD. HH y Cultura de Paz de la U. Javeriana-Cali, estudiante del doctorado en Estudios sobre desarrollo de la U. del País Vasco. Coinvestigador del Informe final para la Comisión de la Verdad sobre el impacto del
conflicto armado interno en las elecciones en Colombia entre 1958-2018. Coautor en Los Corredores de la Muerte. Coinvestigador del informe 2019 La Ceguera, del Programa Somos Defensores.

cllanos@cinep.org.co

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