Por: Abilio Peña Buendía
Este esfuerzo por la construcción de la “Paz Total” llega después de 212 años de gobiernos que no han estado en favor de las mayorías nacionales, sino en procura de los intereses de las élites económicas y políticas, en contravía de un estado social de derecho. Si se convierten esos 212 años en meses, se tiene una proporción no solo de lo acumulado, sino de la explosión de lo nuevo que vivimos en este corto lapso del gobierno Petro, sumado a la pesada inercia que imponen los cambios. Son 6360 meses de pasado y solo algo más de 3 meses de lo nuevo.
En lo que respecta a los procesos de paz, la historia reciente es similar: van 40 años de intentos, algunos con acuerdos, otros sin ellos, que en todo caso no han resuelto la situación de violencia que vive el país. Son 480 meses del antes y solo el primer trimestre de la época que inicia.
1. Comunidades protagonistas de la “Paz Total”
Entre los primeros nombramientos que hizo el presidente Petro, antes de su posesión del 7 de agosto, estuvo el del Alto Comisionado de Paz, Iván Danilo Rueda Rodríguez, quien tiene una larga historia de acompañamiento a comunidades víctimas de violaciones de Derechos Humanos, las cuales construyen paz desde los territorios. Rueda Rodríguez participó activamente en Colombianos y Colombianas por la Paz, buscando la liberación de personas secuestradas en poder de las FARC-EP, e intervino en el proceso de paz del gobierno Santos con esa insurgencia.
De acuerdo con lo expresado por la oficina de este Alto Comisionado, el concepto de “Paz Total” se ha inspirado en las comunidades del Chocó, en particular en las del Cacarica, al norte del departamento, en la frontera con Panamá: “Vinimos a escuchar a las comunidades del Bajo Atrato que fueron pioneros del concepto de #LaPazTotal, en el II Encuentro regional intercultural para la reafirmación de la vida, la paz y la inclusión social llevado a cabo en Cacarica – Chocó”, manifestó en su cuenta de Twitter dicha oficina, el 6 de noviembre[1].
Las del Cacarica y otras que se dieron cita hacen parte de la Red de Comunidades Somos Génesis. Igual que esta, las comunidades articuladas en Conpazcol, la Juntanza de Buenaventura, Cahucopana en el nordeste antioqueño, comunidades campesinas Catatumbo, en los consejos comunitarios de los lugares más afectados por el conflicto, como el San Juan, y diversas comunidades indígenas en el Yarí, han expresado su aspiración de sumarse a la “Paz Total”. Desde su resistencia y la afirmación de los derechos que les han sido vulnerados, tales comunidades apuestan por la “paz territorial con justicia social y ambiental”, y se mantienen en el centro de este nuevo intento de construcción de paz del gobierno Petro, bajo el liderazgo del Alto Comisionado para la Paz.
Y es necesario que la construcción de la “Paz Total” se cimiente en las comunidades, por ser las que han padecido la victimización y afirmado sus derechos en condiciones adversas, a través de propuestas humanitarias y de construcción de acuerdos, en medio de la confrontación armada, para desescalar el conflicto en áreas muy específicas de sus territorios.
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, referente de resistencia, acción noviolenta, memoria y lucha contra la impunidad, sin duda sigue siendo referente de la paz deseada y seguramente estará en la órbita de de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y de ministerios como el de Defensa, para escuchar su palabra y dejarse orientar por su testimonio.
En esa dirección, el Alto Comisionado expresó que “el reto es que el país nacional […] comprenda la importancia de que el diálogo permita desarrollar mecanismos que consoliden lo que han hecho en la práctica las comunidades, como son los acuerdos humanitarios, mediante los cuales se han desarmado con el corazón y la palabra a los actores armados, a fin de que tengan una política pública que recoja esas voces, esa experiencia y que busque, a partir de esas iniciativas que están en esos territorios, los elementos sustanciales para que los jóvenes, los niños, que se involucran en esas dinámicas de violencia, tengan garantías para que nuca mas se vuelvan a involucrar”[2].
2. Revivió el Acuerdo de Paz con las FARC-EP
El gobierno Petro aceleró el cumplimiento de los acuerdos de paz. Nombró como responsable de la Unidad para el Cumplimiento del Acuerdo de Paz a Gloria Cuartas, y reactivó, como lo publicó la oficina del Alto Comisionado, las 20 instancias encargadas de la implementación, muertas, agonizantes u olvidadas por la sociedad colombiana, que serán:
1) El Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR), 2) la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI (Min Interior), 3) la Instancia Especial conformada por representantes de 6 organizaciones de mujeres colombianas nacionales y territoriales, 4) la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, 5) la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección y de los Avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales, 6) la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales, 7) el Cuerpo Élite de la Policía Nacional con enfoque multidimensional, 8) la Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, 9) la Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP, 10) la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, 11) el Cuerpo de Seguridad y Protección, 12) el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia (MinInterior), 13) los Promotores Comunitarios de Paz y Convivencia (MinInterior), 14) los Comités Territoriales de Alerta, 15) el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), 16) el Sistema Nacional de Atención a las Personas Consumidoras de Drogas Ilícitas, 17) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y en particular, el Comité de seguimiento y monitoreo a la implementación de las recomendaciones de la Comisión, 18) la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, 19) la Jurisdicción Especial para la Paz, el Plan Nacional en Derechos Humanos, y 20) la Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos.
En el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2023, como lo destacó Iván Cepeda Castro, presidente de la Comisión de Paz del Senado, se aumentó “de $12 billones a $14 billones, el monto de implementación del Acuerdo. Es la mayor inversión desde su firma”[3]. Así mismo, ha trascendido que entre los pilares del plan nacional de desarrollo se encuentra la “Paz Total” ligada a los planes de ordenamiento territorial.
Los tres millones de hectáreas para el Fondo de Tierras de la Reforma Rural Integral se resolverían a través del acuerdo firmado con Fedegán, según el cual se comprarían por medio de bonos de deuda pública u otras formas de pago, el mismo número de hectáreas productivas, tal como reza dicho acuerdo suscrito a instancias de los Ministerios de Agricultura, del Interior y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz[4].
En el punto de víctimas, tras la presentación del informe por parte de los comisionados en cabeza del padre De Roux y luego en su posesión, el presidente habló de “cumplir a rajatabla” las recomendaciones. En consecuencia, el ministro de Educación dispuso que sea entregado el informe a los establecimientos educativos[5].
3. Se reactivaron contactos con el ELN
Desde su nombramiento, el Alto Comisionado para la Paz ha desplegado una cascada de acciones para posibilitar acercamientos con el ELN. Primero, en reunión con el Gobierno de Cuba, se celebró un acto de desagravio a dicho país, dado el maltrato por parte de Colombia, al propiciar su inclusión en la lista de países que apoyan el terrorismo. Este gesto del nuevo gobierno fue respaldado por iglesias, académicos y organizaciones sociales como el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Oscar Arnulfo Romero (SICSAL)[6]. Tras el desagravio, se adelantó reunión con delegados del ELN, en la cual el gobierno reconoce la legitimidad de estos miembros de la organización rebelde.
Posteriormente, se habilitaron condiciones para que la delegación de la organización guerrillera, presente en La Habana, se movilizara hacia Venezuela. En comunicado conjunto del 4 de octubre, anunciaron la reinstalación de la mesa de conversaciones, a fin de retomar los acuerdos y avances alcanzados en los diálogos anteriores con el gobierno Santos, resaltando la importancia para las dos partes de la participación de la sociedad[7].
En las declaraciones conjuntas en Caracas aparece el desafío de ir a las raíces de la confrontación armada y del levantamiento rebelde.
Ya en campaña, el ahora presidente Petro había dicho que no se tenía democracia y que las elecciones no se podían confundir con ella. Así mismo, durante la cumbre de la COP27 en Egipto, al referirse a su decálogo, el mandatario colombiano tocó temas que históricamente han sido de alta sensibilidad en las reivindicaciones del ELN y que tienen que ver los hidrocarburos, a los que señaló, en concordancia con la ciencia, como responsables del calentamiento del planeta; igualmente, insistió en la necesidad de cambios en el modelo económico de los países en donde ha imperado el mercado sobre la planificación estatal, dejando la naturaleza y la vida de las personas a merced del intercambio. También lamó a una reforma al FMI y a la OMC para que la deuda de los países se intercambie por medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Así mismo, el nombramiento de Iván Velásquez —otrora investigador de la parapolítica y la paraeconomía de la Comisión Anticorrupación en Guatemala—, como ministro de Defensa, empezó a mostrar signos de la necesaria reestructuración de las fuerzas militares en favor de la garantía de los Derechos Humanos y la construcción de la paz con justicia social y ambiental. Se destaca que en total 52 generales fueron sustituidos: 24 de la Policía; 16 en el Ejército; 6 en la Fuerza Aérea y 6 en la Armada[8], a la par que resulta notable el impulso que ha dado el gobierno Petro a una revisión de la doctrina militar que dejaría de centrarse en el “enemigo interno”, para ocuparse de la “Seguridad Humana”, y que dejaría de basarse en los muertos que produzca, para medirse en las vidas que proteja.
Estos temas de orden estratégico ponen las conversaciones en un lugar distinto a aquel donde estuvieron en los últimos 40 años, porque dos inamovibles ya están siendo removidos: el de la prohibición a discutir no solo el modelo económico, sino también la reforma de las fuerzas militares y su doctrina militar.
4. Disposición de “La Nueva Marquetalia” y el “Estado Mayor Central de las FARC”
En entrevista televisiva, el Alto Comisionado para la Paz manifestó que se había encontrado con la organización guerrillera conocida como “La Nueva Marquetalia”, movimiento liderado por Iván Márquez, quien tras argumentar que fue traicionado el acuerdo del Teatro Colón, regresó a las armas. En esa entrevista, manifestó el Alto Comisionado que el líder de esa organización se encontraba con vida y que había expresado la disposición de esa estructura para participar en el proceso encaminado hacia la “Paz Total”[9].
A pesar de lo expresado por sectores adversos a que esta disidencia se acerque al nuevo proceso de paz, el gobierno Petro ha abierto las puertas, como se dispone en la recién sancionada reforma a la Ley 418 conocida como “Ley de la Paz Total”. No se trataría de renegociar el ya suscrito acuerdo del Teatro Colón, sino de adelantar un nuevo diálogo, para un nuevo contexto[10].
En la misma entrevista, el Alto Comisionado para la Paz nombra a las estructuras que habitualmente se llamaban disidencias, como “Comando Mayor Central de las FARC”, el cual ha manifestado su disposición a conversar. Este comando, de acuerdo con los listados por Indepaz, podría estar conformado por el Bloque Sur Occidental, el Bloque Magdalena Medio, la Columna Móvil Urías Rondón, la Columna Móvil Jaime Martínez, la Columna Móvil Dagoberto Ramos, la Compañía Adán Izquierdo, el Frente Franco Benavides, el Frente 30 Rafael Aguilera, Frente Carlos Patiño y el Frente 36[11].
5. Voluntad de las estructuras ligadas a crímenes de “alto impacto”
El Alto Comisionado para la Paz ha realizado acercamientos con el Clan del Golfo y con otras estructuras de “crímenes de alto impacto”, tal como las nombra la Ley de “Paz Total” en los que se ha pedido el desescalamiento de las acciones violentas y la afirmación de los principios éticos universales del no matar, no desaparecer, no torturar, no confinar, no desplazar.
Varias estructuras armadas de este tipo han manifestado su voluntad de transitar el camino del sometimiento a la justicia propuesto por el nuevo gobierno. Se trata, según Indepaz, de las ACG, los Pachencas, los Caparros, los Costeños, los Pachelly, los Shotas, los Espartanos, los Rastrojos Costeños, la Oficina[12].
La primera ley sancionada por el presidente Petro fue la reforma a la Ley 418 de 2017, que da piso legal a la búsqueda de la “Paz Total”, en la cual está empeñado su gobierno. Como política de Estado, involucra a todas las instancias de Gobierno y a las ramas del poder público. También se concibe como el proceso tendiente a dotar de condiciones a la sociedad, para garantizar la Seguridad Humana, entendida como la “protección a las personas, a la naturaleza y a los seres sintientes”.
La reforma a la Ley 418 atiende dos tipos de conflictividad. El derivado del levantamiento de organizaciones que se rebelaron contra el Estado, tales como el ELN, la Nueva Marquetalia, las organizaciones que se siguen reivindicando como FARC y que tienen móviles políticos, a las que el Estado ofrece condiciones para un diálogo tendiente a la negociación política; y de otro lado, las estructuras que cometen “crímenes de alto impacto”, a las que el Estado ofrece caminos para el sometimiento a la justicia que conduzcan a su desmantelamiento. “Para el estudio, caracterización y calificación de estas estructuras” se constituirá una instancia conformada por el Ministerio de Defensa, la Agencia Nacional de Inteligencia y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
En términos presupuestales, la ley ordena que se incluya dentro del Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo locales, el capítulo “proyectos, políticas y programas para la construcción de paz” en el que se contemplan los programas que hacen parte de las obligaciones contenidas en el acuerdo del Teatro Colón, suscrito con las FARC-EP.
En relación con los interlocutores, dicha ley faculta voceros para dialogar con organizaciones ilegales que tienen móviles políticos. Entre sus atribuciones está la “creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo”. También habilita a otros voceros para la interlocución hacia el sometimiento a la justicia, además a veedores nacionales internacionales que den fe respecto de este sometimiento.
La “Ley de Paz Total” permite: establecer zonas para la ubicación de integrantes de las estructuras armadas, la suspensión de órdenes de captura y la ubicación de la fuerza pública en esos territorios. También faculta al presidente para constituir regiones de paz, y para que en cada región se asigne un Comisionado para la Paz, a cargo del Alto Comisionado. En estas zonas, se “promoverá la participación de la sociedad civil a través de instancias como los Consejos de Paz, Comités de Justicia Transicional, organizaciones sociales y de Derechos Humanos, mesas de víctimas, así como de empresarios, comerciantes y asociaciones allí presentes, que manifiesten su intención de participar”.
Ordena, además, a todos los ministerios, comprometerse con la paz, adaptando sus competencias constitucionales a este fin. El gabinete ministerial funcionará como gabinete de paz cada dos meses o cuando el presidente lo convoque, y será allí donde rendirán cuenta de los encargos hechos a su respectivo ministerio.
La ley permite al presidente autorizar a organizaciones “imparciales” entrar en contacto con actores armados para atender humanitariamente a comunidades afectadas por el conflicto.
Una de las decisiones más novedosas de esta ley es la adopción del servicio civil para la paz, como alternativa al servicio militar obligatorio en Colombia. Tendrá una duración de 12 meses, se reconocerá como primer empleo y se certificará con el equivalente a una libreta militar. Su remuneración aún está por determinar.
Se crea, además, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, se establecen procedimientos para el otorgamiento de contratos relacionados con la ejecución de recursos para la paz y se establece un artículo que contempla la Paz con la Naturaleza, como medida de reparación a cargo de estructuras armadas que se acojan al proceso de paz.
7. En perspectiva
Se considera que al menos 5 desafíos deben tenerse en cuenta en esta fase de búsqueda de la paz que apenas empieza:
- Acceso a medios de información: es necesario que las organizaciones con móviles políticos puedan tener acceso a los medios de comunicación institucionales desde el primer momento de la formalización de los diálogos, para que el país conozca sus planteamientos y se puedan también desarmar los corazones ante los odios que siguen abundando en la sociedad, por el peso de los medios masivos, cuya matriz mediática exalta la enemistad entre los colombianos y no la posibilidad de escucharnos, como bien lo manifestó en su momento el presidente de la Comisión de la Verdad. Con cierta frecuencia se señala al Gobierno, y en particular al Comisionado de Paz, de ser proclive a los postulados de las insurgencias. Un escenario que nunca se abrió en relación con los acuerdos del Teatro Colón fue el de los medios de información, para que las insurgencias puedan manifestar de manera directa y sin censuras todos sus planteamientos, de modo que la sociedad los pueda conocer. Ahí surgirán las diferencias entre las partes y podrán ser discernidas por la audiencia.
- Ascenso en el nivel del debate político: el nuevo escenario de conversaciones de paz con las insurgencias pone el debate político sobre el modelo de sociedad a construir en un buen nivel de discusión y concesiones, tras los planteamientos del nuevo gobierno de no dejar al mercado la satisfacción de las necesidades básicas de la población, así como tampoco la mitigación de la crisis climática. También, la discusión sobre el modelo energético ligado al debate global sobre los hábitos de consumo, como condición de posibilidad para sostener la vida humana y de la naturaleza, se hacen vital en esta construcción.
- Tener en cuenta el acuerdo con las FARC-EP, pero no quedarse ahí: vale la pena también que en el dialogo con el ELN el modelo abra la posibilidad de adoptar lo que sea viable del acuerdo con las FARC-EP, pero que también se consideren nuevos escenarios de participación social, de reconstrucción de la democracia, de construcción de una nueva doctrina militar y de un modelo económico distinto.
- La real voluntad de las estructuras con crímenes de alto impacto: preocupa la real voluntad de estas estructuras ante el poder de las economías que las animan y que pasan no solo por las élites mafiosas nacionales, sino por las transnacionales, lo cual requiere transformaciones más profundas ligadas a una nueva política antidrogas, en la que los Estados Unidos, como lo ha dicho Petro, deben tomar decisiones.
Cumplidos los 100 días de gobierno, el presidente de la Comisión de Paz del Senado, la presidenta de la Comisión Segunda y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos llaman a un cese multilateral al fuego a los grupos que se están enfrentando en Arauca y que expresaron disposición de acogerse a la “Paz Total”. Ahí están el desafío y la dificultad.
- Esta oportunidad no se puede perder y debemos implicarnos como sociedad civil: cuarenta años de intentar acuerdos de paz hacen de este esfuerzo de “Paz Total” con las insurgencias, así como los intentos de sometimiento a la justicia por parte de estructuras vinculadas con “crímenes de alto impacto”, una oportunidad excepcional en estos primeros cien días del gobierno Petro, en la que se apela de manera particular a las experiencias humanitarias que han lidiado históricamente con el conflicto en sus territorios. La movilización por la paz con justicia social y ambiental sigue siendo prioritaria.
Como se observa, son muchos los hechos significativos que se suscitaron en estos cien primeros días en relación con la “Paz Total”. Son destacables el protagonismo que se busca dar a las comunidades; el nuevo empuje que se da a la implementación del acuerdo del Teatro Colón entre el Gobierno y las FARC-EP; la reactivación de los diálogos con el ELN; los contactos con el desconocido “Estado Mayor Central de las FARC”; la manifestación de voluntad de diversas estructuras armadas implicadas en “crímenes de alto impacto” a participar del proceso de sometimiento a la justicia; y, finalmente, la sanción por parte del presidente de la República a la “Ley de Paz Total” que reforma la Ley 418, dando piso legal a los avances requeridos.
Así como se han abierto y reabierto puertas, lo que sigue es desafiante, en un ambiente social e institucional en que se siente el peso de la inercia del pasado. En todo caso, se están renovado las esperanzas de construcción de paz con justicia social y ambiental en Colombia, y está en manos del conjunto de la sociedad la posibilidad histórica de materializarla y protegerla.
[1] https://twitter.com/ComisionadoPaz/status/1589663637244809216
[2] Transcripción de aparte de la entrevista “Gobierno en Camara con Dr. Danilo Rueda Alto Comisionado de Paz”. https://www.youtube.com/watch?v=DWWd6wKpaYs.
[3] https://www.ivancepedacastro.com/90-dias-y-90-cambios-que-ha-comenzado-el-gobierno-del-presidente-gustavo-petro/
[4] https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/ACUERDO-PARA-LA-MATERIALIZACI%C3%93N-DE-LA-PAZ-TERRITORIAL-Compra-directa-de-tierras-para-la-construcci%C3%B3n-de-la-Reforma-Rural-In.aspx
[5] https://www.elespectador.com/educacion/el-legado-de-la-comision-de-la-verdad-sobre-el-conflicto-llegara-a-los-colegios/
[6] https://comitesromero.org/actual/es/node/790
[7] https://twitter.com/petrogustavo/status/1577342938887110657
[8] https://www.ivancepedacastro.com/40-hechos-gustavo-petro/
[9] https://www.youtube.com/watch?v=unOALXfdUtY
[10] https://www.vozdeamerica.com/a/la-segunda-marquetalia-y-la-disposicion-para-conversar-con-el-gobierno-de-petro/6798210.html
[11] https://indepaz.org.co/22-grupos-armados-buscan-sumarse-a-la-paz-total/
[12] Ibid.
[13] http://leyes.senado.gov.co/proyectos/images/documentos/Textos%20Radicados/Ponencias/2022/gaceta_1360.pdf
cien-dias-106-cimentando-pazAbilio Peña Buendía
Teólogo, filósofo, defensor de derechos humanos, cosecretario del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Oscar Arnulfo Romero (SICSAL) e integrante de la Coordinación de la Alianza Global Convida20.
