Por José Darío Rodríguez Cuadros S.J.
Dos acontecimientos han marcado los últimos tres meses en Colombia. Primero, la conmemoración del proceso democrático que hace 30 años nos dio una nueva Constitución política. Segundo, el estallido social desencadenado el pasado 28 de abril. Esta edición de Cien Días se pregunta si estos dos fenómenos, uno histórico y otro coyuntural, guardan algún tipo de relación que permita entender este momento que atraviesa el país. Las respuestas de nuestros investigadores y autores invitados son variadas, pero en su conjunto, muestran que los vasos comunicantes entre lo promulgado en 1991 y el actual estallido social, son mayores de lo que se podría pensar. Subrayan, además, la necesidad de cuestionar la mirada maniquea que pretende dividir a nuestra sociedad entre ciudadanos y vándalos. Pero la realidad no es bipolar ni maniquea, razón por la cual es preciso abordar la pregunta estructurante de esta edición desde diversas perspectivas, para que usted, que ya está leyendo estas páginas, pueda formarse una idea más elaborada de lo que ocurre en el país.
Si hay algo que Colombia aprende, tanto del texto de la Constitución de 1991, como de su proceso de construcción, es la certeza de que la ciudadanía es capaz de reorientar sus rumbos. Y que, para dinamizar y transformar las estructuras del Estado cuando estas se anquilosan, el recurso de acudir a la movilización y organización social resulta fundamental. Así lo demostraron los ciudadanos que hace 30 años lograron algo casi imposible: derogar la vetusta Constitución de 1886.
John Montoya analiza dicho contexto histórico, al tiempo que se interroga por aquello que no ha sido bien implementado desde 1991. Su reflexión dialoga con la de Gustavo Gallón, centrada en la importancia de la defensa de los Derechos Humanos, fruto de lo promulgado en 1991, con notables avances, pero también con grandes inercias.
Uno de esos derechos, consagrados por la Constitución en su Artículo 37, es el de la manifestación. Los colombianos tienen el derecho de reunirse y de manifestarse pública y pacíficamente. Al respecto, Fernán González ofrece una mirada aguda y compleja del Paro Nacional, que se pregunta por su significado político, y enfatiza en que los repertorios de protesta, sus contextos urbanos y el desafío de incluir a los nuevos manifestantes, abren las puertas a la construcción de formas estatales más participativas desde las regiones. Este análisis se enriquece y dialoga con el propuesto por Martha C. García y Santiago Garcés, que llama la atención frente al modo como el Estado desconoce el carácter mayoritariamente pacífico de las manifestaciones ocurridas, prefiriendo estigmatizar y reprimir. La ciudadanía exige cambios, pero se encuentra frente a un gobierno desconectado de la realidad.
Estas miradas generales dialogan, por una parte, con otras más específicas sobre lo ocurrido durante los últimos 30 años. Armando Novoa analiza los cambios hechos a la Constitución desde su promulgación, y responde a la pregunta por lo que queda de su esencia. Darío Villamizar ofrece una lectura histórica sobre las implicaciones políticas y sociales del ataque a Casa Verde, hecho ocurrido en paralelo con el proceso constituyente. Julián de Zubiría examina el ámbito de la educación, un derecho constitucional poco garantizado. Víctor Barrera y Sebastián Beltrán exploran los esfuerzos por democratizar a la Policía Nacional. Por otra parte, tales miradas se contrastan también con otras más específicas del Paro Nacional: Rodrigo Ante, Cristian Llanos y Carolina Céspedes disertan sobre los desafíos de esta coyuntura en el contexto de Cali; Daniel Amaya analiza las implicaciones políticas del Paro, y el Semillero de Investigación de la Red Juvenil Ignaciana expone algunos de los repertorios de protesta más recientes, desde la perspectiva de las nuevas generaciones.
¿La movilización ciudadana puede servir para transformar el Estado? ¿Se puede protestar en Colombia con la confianza de estar siendo protegido por la Fuerza Pública? La respuesta a lo primero puede ser afirmativa. Tenemos una nueva Constitución política, distinta a la de 1886, y en ese proceso, la movilización ciudadana fue un factor esencial de cambio. La respuesta a lo segundo es difícilmente afirmativa viendo lo ocurrido recientemente, donde un gobierno, temeroso de su propio pueblo, sólo yerra al estigmatizar como vándalos a los manifestantes. Eso no fue lo que hace 30 años soñó la Asamblea Constituyente. Por eso mismo, hoy cabe defender esa Constitución política, que pensó en una Colombia en la que todos los derechos sean garantizados, y a todos se les trate como ciudadanos. Esa esperanza aún existe y esperamos que se cumpla.
Foto de portada: Daniel Esteban Rincón Mora.
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José Darío Rodríguez Cuadros, S.J.
Sacerdote Jesuita. Licenciado en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana. MA Teología, Centre Sevrès, París. MA Sociología, Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales. PhD. Estudios Políticos, Ecole Des Hautes Etudes En Sciences Sociales. Coordinador de la linea Conflicto y Paz del Cinep / PPP y director de la revista Cien Días.
