Paz y Conflicto

Dicotomías peligrosas: Persecución al crimen y solución al conflicto con el ELN

EDICIÓN 94 SEP-NOV 2018

Al cierre de la escritura de este texto, el presidente Iván Duque había rechazado la propuesta del ELN de pactar un cese al fuego bilateral, recordándole al país las dos condiciones que le exige a esta guerrilla para reanudar el proceso de negociación: liberar a todos los secuestrados y cesar toda acción criminal.

Con Gabino en el equipo, la delegación del ELN que está en La Habana ha dicho que seguirá esperando a que llegue alguien del nuevo gobierno a la mesa para seguir conversando, sin renunciar al secuestro, aduciendo al principio de bilateralidad que rige la mesa de diálogos. Mientras tanto, la situación humanitaria se deteriora en la región del Catatumbo y el departamento del Chocó; continúan los atentados a la infraestructura petrolera y los derrames de crudo, y crece la incertidumbre en algunas regiones donde hacen presencia las estructuras que, en principio, estos delegados representan.

Por un lado, Duque dice que el ELN ha cometido cientos de hechos criminales desde que se instaló la fase pública de los diálogos de paz (Barragán, 2018). Por el otro, el ELN dice que el gobierno ha emprendido una ofensiva en sus zonas de influencia, “entregando la mesa a los militares” (Telesur, 2018). Ambas partes se acusan mutuamente de no tener voluntad de paz y cada día sus posturas parecen menos conciliadoras. Ante ese escenario, se ha dicho que ninguno desea asumir el costo político de acabar con la mesa, induciéndola pasivamente a un estado de coma mientras se enfría (Montoya, 2018), en palabras del jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, la peor crisis del proceso de paz (Semana, 2018).

¿Cómo ha sido la gestión del gobierno Duque en la exploración de la salida negociada al conflicto con el ELN? En estas líneas se examina la relación que existe entre el principio del sometimiento al criminal que sustenta el accionar de este gobierno en materia de orden público, y la radicalización de los antagonismos entre el Estado y algunas comunidades de regiones rurales donde el ELN hace presencia. Esto con la intención de mostrar que el tratamiento represivo puede profundizar en los habitantes de estas regiones la desconfianza en el Estado, y puede producir en ellos posturas desfavorables al desarme de los grupos insurgentes.

Iván Duque y el sometimiento al criminal

“La obsesión”1Desde que asumió el poder en agosto de 2018, Iván Duque manifestó tener una obsesión con la seguridad (García, 2018). El mandatario señaló que su estrategia en este aspecto gira en torno a tres ejes: 1. Concretar grandes operaciones para la reducción del delito, 2. Acciones de control y prevención, y 3. Una activa participación de la ciudadanía denunciando los focos del delito. de Iván Duque con la seguridad y la legalidad tomó cuerpo en un principio que él denominó “el que la hace la paga”. Sobre ese cimiento, su gobierno ha emprendido medidas de choque para perseguir ciertas expresiones de ilegalidad como el contrabando, la minería ilícita y el narcotráfico. Varias iniciativas –en parte diseñadas desde este principio–, como el decreto de incautación de la dosis mínima y la recuperación de las “zonas de miedo” (como él mismo llama los lugares amenazados por la delincuencia) han tenido polémicos éxitos tempranos de los que se ufanan gobernantes y agentes de la fuerza pública en redes sociales y medios de comunicación.2Basta con buscar el hashtag #elquelahacelapaga en redes sociales para encontrar múltiples ejemplos de los polémicos éxitos tempranos de dicha estrategia de choque.

Sin embargo, no solo ha habido ‘pequeñas victorias’. Por ejemplo, en el desarrollo de esa estrategia, el pasado 21 de octubre en El Patía, Cauca, decenas de personas impidieron la captura de Didier Calvache Jiménez, presunto miembro del frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, luego de obstruir el paso de la unidad que lo transportaba retenido y de atacarla con objetos contundentes (ver publicaciones de Caracol Radio y Pulzo, 21 de octubre de 2018). El ministro de Defensa, Guillermo Botero, articuló las siguientes palabras cuando reaccionó al hecho:

Yo lo que digo es que se ha vuelto una cultura prácticamente la de estar delinquiendo y eso no puede ser y por eso será sobre lo que tomaremos medidas. Lo que quiero acá es respaldar a la fuerza pública en su actuar.”

Caracol Radio, 22 de octubre de 2018

Y es justamente esa cara criminalizante del Estado la única que han visto, por décadas, algunas comunidades rurales en regiones donde la vida se ha organizado gracias a la interacción entre autoridades civiles y guerrillas (Cinep, 2016). Estas interacciones suceden, por ejemplo, porque los grupos insurgentes regulan conflictos y ofrecen seguridad y otros servicios de corte ‘bienestarista’, ante la precariedad de la oferta estatal en estas materias (Arjona, 2016).

Del ELN específicamente se ha dicho que su proyecto político se cimienta en la acumulación de legitimidad en sus áreas de influencia, por lo que apoya acumulados básicos de poder popular, resuelve problemas y confronta amenazas a la seguridad de las comunidades de sus zonas de influencia (Medina, 2003). Como consecuencia de esa estrategia, hay personas que, sin haber empuñado un arma o cometido delitos, se sienten orgánicas a su estructura o afines a su identidad política.3En estos casos, el poder político y el control social que ejerce una guerrilla en una región no dependen de una ‘conversión ideológica al marxismo’ de los campesinos que allí habitan, ni se traducen en la consolidación de ‘pueblos guerrilleros’. Más bien son evidencia de la capacidad que tiene el grupo insurgente para identificar y dar respuesta a los intereses específicos de las comunidades (Aguilera, 2014; González, Bolívar y Vásquez, 2003). Estos civiles, y otros que viven en estas zonas y que no desarrollaron una ‘identidad rebelde’, ¿serán tratados y perseguidos como delincuentes o criminales?

La otra variable: las economías ilegales

Por otro lado, las estrategias represivas, como las que Duque implementa, también suelen justificarse por la necesidad de desmantelar las economías ilegales, después de haber diagnosticado que en su desarrollo se produjeron las amenazas a la seguridad. Pero, al momento de optar por estas estrategias, se obvia una realidad bien documentada: desde que algunas de estas regiones empezaron a poblarse (al margen de las instituciones del Estado y su legalidad), allí se han desarrollado economías como el contrabando, la minería informal y el cultivo de la hoja de coca, que han provisto de recursos a civiles, organizaciones armadas ilegales de distinta naturaleza e, incluso, a autoridades estatales (Defensoría del Pueblo, 2018).

En lo que respecta a los planes de choque contra esas economías, son varios los ejemplos de las consecuencias negativas que han tenido en las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios, quienes han vivido de estas actividades hace décadas. También son varias las lecciones aprendidas en materia de su ineficacia en el desmantelamiento de las estructuras armadas ilegales.

Parece que el problema se presenta cuando la definición de una conducta criminal carece de precisión al momento de caracterizar los elementos que la constituyen y cuando, en la aplicación práctica de las estrategias que se diseñan para ‘neutralizar estas amenazas’, se abre un amplio margen de discrecionalidad que expone y somete a grupos de personas a constantes abusos y arbitrariedades por parte del aparato coercitivo del Estado (CIDH, 2015). La oposición de los damnificados de ese tratamiento a sus ‘victimarios estatales’ sería, desde esa misma lógica, una acción política más que una simple expresión de delincuencia.

En el fondo: los antagonismos históricos

Entonces, además de los problemas estructurales irresueltos y la larga lista de promesas incumplidas por gobiernos sucesivos, las demandas crecientes de regulación, control, seguridad y protección a estas poblaciones y a sus economías, son condiciones que, por ejemplo, dotan de argumentos a facciones del ELN cuando reivindican la vigencia de su resistencia armada y cuando se oponen a la desmovilización de la guerrilla.4Este es el caso del Frente de Guerra Occidental – Omar Gómez, que declaró, luego de su Novena Asamblea en 2016, su postura desfavorable a “la política de desmovilización de la insurgencia colombiana con mesas de diálogo que solo buscan el desarme de la guerrilla y no las transformaciones necesarias para la paz” (Carvajal-Oquendo, 2018).

Asimismo, estas condiciones disuaden a algunos pobladores de apoyar el proceso de paz en regiones donde el ELN ha construido su “poder paralelo” (Aguilera, 2014, Gutierrez, 2010), manifestando que, por ejemplo, se sienten más seguros si los miembros de la Guardia –antes ‘milicios elenos’– están cerca para garantizar el orden y la justicia ante las amenazas recientes:

El ELN, pues uno sabe que es una organización guerrillera que vela por el bienestar de la gente, del pueblo, que está pendiente de salvaguardarlo de lo malo. Cuando ellos están, me siento segura. Cuando no están es que nos sentimos desprotegidos. De repente mucha gente no piense así pero yo por lo menos pienso así, o sea, cuando ya veo que la guerrilla se va, me parece muy complicado. Se han tenido que alejar y todo se complica. Ya mira uno que hay drogadicción acá, y en Fortul eso nunca se veía […]. Por lo menos acá en Fortul no se miraban tantos robos, tanta delincuencia, y ahora sí ya se mira mucha delincuencia. Porque el filtro que el ELN tenía, por así decirlo […] ya se les ha salido un poco de las manos. ¿Por qué? Porque ya no tienen tanto control del territorio, porque les ha tocado desplazarse. Entonces ya vienen muy de vez en cuando y a los que les gusta delinquir pues se les ha facilitado más. Pero cuando regresan nuevamente, pues matan a todo el que actuó mal. Porque uno sabe que el que roba se muere, el que es vicioso y vende droga se muere, eso no lo perdonan. El violador ‘si siete veces nace, siete veces se muere’, esa es la consigna por aquí.

Testimonio de habitante casco urbano de Fortul, Arauca, septiembre de 2018

También ocurre que hay pobladores que perciben que la presencia de las estructuras armadas del ELN es una garantía para lograr que el Estado cumpla con lo que les ha negado por décadas y les reconozca los derechos básicos del estatus ciudadano, porque aprecian que en las condiciones actuales, no hay garantías para su participación en las decisiones públicas que determinan el destino de sus territorios:

Yo no estoy de acuerdo con ese proceso de paz ahorita. El ELN no debería irse hasta que el gobierno cumpla, porque si a las FARC y a la gente no le han cumplido nada fue porque entregaron las armas a cambio de nada. Lo que dice el ELN es que está haciendo una evaluación, un examen, a ver si hay las condiciones para entregar las armas después de que el Estado cumpla, y esas condiciones es difícil que las haya [sic]. Le repito, mire lo que han hecho con esos acuerdos que firmaron las FARC.

Testimonio habitante de San Calixto, Norte de Santander, noviembre de 2017

Ahora bien, incluir aquí voces escépticas o que desconfían de las virtudes de esta negociación, no pretende insinuar que estas son representativas, ni busca atribuirles cualidades de verdad, ni cargarlas de juicios valorativos. La intención aquí sí es –parafraseando a Miguel Beltrán (2015)- invitar a restituir la complejidad en el análisis de estas coyunturas, y tratar de comprender qué aspectos contribuyen con la radicalización de las identidades y posturas políticas de las personas que viven en las regiones con influencia elena.

El desencuentro fundamental

En esta misma revista, Fernán González explica cómo, luego del plebiscito y del triunfo del Centro Democrático en las elecciones presidenciales, se ha hecho evidente el disenso fundamental que existe en el país a propósito del sentido de la salida negociada al conflicto, que se cimienta en la inexistencia de un consenso a propósito de las causas y manifestaciones de la violencia política.
Al limitar el sentido de la negociación a los términos del fin del conflicto, desconociendo los puntos fundamentales de la agenda pactada en el Acuerdo de Caracas, el gobierno Duque cierra la puerta a la posibilidad de continuar con los diálogos de paz y valida la necesidad de combatir militarmente a una ‘amenaza criminal que no se somete a la justicia’. Bajo el influjo maniqueo de su postura, pone en riesgo a civiles en su lucha contra un enemigo difícil de determinar.
Esto, porque el ELN no solo es un grupo criminal. Es una confluencia de organizaciones resilientes que ha construido formas de poder que pueden o bien confrontar las normas e instituciones del Estado, o bien crecer dentro de sus límites. Cada estructura regional es una realidad distinta, y eso se evidencia en los desenlaces recientes del conflicto y en la heterogeneidad que se evidencia en los clamores por la salida negociada.

Cierto es que reconocer que el ELN es más que un grupo criminal no implica negar la responsabilidad de sus estructuras en el deterioro de las condiciones de vida en estas regiones, ni ignorar que varios de sus frentes se lucran hace años del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal. Aceptar su naturaleza política sí resulta imprescindible para superar las visiones maniqueas y criminalizantes que hacen más difícil una conversación urgente, porque es cierto que la indecisión de ambas partes ante la necesidad de continuar con la negociación se paga con vidas humanas con cada nuevo día.


Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Conflicto, Estado y Desarrollo.

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