Por Pablo Andrés Ramos Barón, Isabella Romero Ángel, Juliana Buitrago y Javier Álvarez
Durante los últimos años, hemos presenciado como ciudadanos importantes cambios y tensiones alrededor de la administración del ambiente, en los cuales el capital biofísico ha quedado, aún más, a disposición de los medios de producción de capital sin un análisis de los riesgos para el país. Paradójicamente, estos cambios no necesariamente se traducen en la construcción de conciencia ambiental colectiva, o en el fortalecimiento de una perspectiva de sostenibilidad ambiental en el país, que convoque a ciudadanos y entes de decisión. De hecho, aunque cada vez es más evidente la dependencia económica que tiene el país de sus recursos naturales (agua, biodiversidad, suelo, minerales, etc.), los mecanismos de protección son sesgados e insuficientes. Decimos que son sesgados, inicialmente, dado que la visión de protección de estos no contempla en realidad, las dinámicas biosíficas y los medios de vida de muchas comunidades rurales, sino que, en gran medida, responden a pretensiones netamente económicas sobre el potencial productivo del país (gas, minerales, petróleo, suelos productivos, riqueza hídrica) y a la necesidad de encausar las decisiones ambientales, a garantizar la oferta natural del país en función del desarrollo económico. Así mismo, son insuficientes, en la medida en que aún es necesario contar con mayor información biológica y social que permita fortalecer los procesos de toma de decisión, y crear una cultura efectiva de comprensión de los impactos esperados al implementar políticas de protección ambiental en el país. Es decir, las tendencias en las decisiones ambientales son productivas, y aún nos falta pedagogía de la norma, para fortalecer la participación política informada, en términos ambientales.
Los supuestos de desarrollo económico y social del país, a partir del uso de la riqueza natural del mismo, se han convertido en un mecanismo más de delimitación de los sectores productivos, a grupos particulares en el país, promoviendo la concentración de la riqueza, representando así un importante riesgo de monopolización de los recursos naturales por sectores priorizados, pero no necesariamente, de importancia colectiva. De nuevo, el ambiente se vuelve una expresión de los discursos nacionales de desarrollo económico, pero no precisamente aquello de lo que dependen nuestra vida y nuestros sistemas productivos. Estas situaciones han estado determinadas históricamente por la visión productiva del país, basada en el uso de recursos naturales desde una posición de extracción, y no del manejo sostenible o una proyección a largo plazo. Esto se ha hecho evidente en el legado de las locomotoras productivas o de desarrollo de gobiernos anteriores (infraestructura, agricultura, vivienda, minería e innovación), que se repartieron de manera poco clara en los pilares del actual plan de gobierno (productividad, emprendimiento, equidad, innovación tecnológica), tema que abordaremos en este texto.
Reconociendo la complejidad de hablar del ambiente en un contexto de competencia asimétrica y de altos niveles de desconocimiento, tanto de lo que hay, como de las afectaciones ambientales a futuro, presentamos a continuación, tres cortos análisis de lo que se establece en los discursos formales del gobierno, y de la situación actual en el país. Cada una de estas evidencias permite, más allá de criticar solamente lo hecho o dicho, establecer los retos gubernamentales en un escenario de coyuntura política en términos sociales, económicos y del momento electoral.
La transición energética
El gobierno Duque estableció metas ambiciosas para reducir emisiones de CO2, aumentando la participación de las energías renovables no convencionales de menos del 1% a más de 12% en la matriz energética para el 2022; así mismo, dispuso elevar su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 20% al 51% para 2030, y así lo afirmó en el COP26. Actualmente este Gobierno ha implementado nuevos tipos de tecnologías energéticas, como la construcción del proyecto Guajira 1, que hace parte de ISAGEN en el Cabo de La Vela en La Guajira, lo cual es un logro importante debido a que es el primer parque eólico que se construye en el país. Este parque cuenta con 10 aerogeneradores vestas y una capacidad instalada de 20 megavatios, los cuales pueden proveer el consumo de 33.295 familias colombianas, reduciendo 136 toneladas de emisiones de CO2 al año. Energéticamente estamos avanzando, pues desde el 2018 ha aumentado 25 veces la capacidad instalada de energías renovables en Colombia: ya hay 7 granjas solares, un parque eólico, 10 proyectos de autogeneración a gran escala, y se ha llegado al uso de vehículos eléctricos en el territorio. A pesar de que estas son grandes noticias y un gran avance en los temas de medio ambiente en Colombia, hay que tener en cuenta que el 30,4% se encuentra en la descarbonización neta de la economía; es decir, la generación eléctrica de movilidad, combustibles fósiles, industria y consumo, y el 58,5% que es el más grande, dependen en buena medida de controlar la deforestación y transformar las prácticas agrícolas ganaderas y de ocupación de las tierras, algo que el Gobierno Duque no ha sido capaz de resolver, y poniendo en riesgo su promesa de avanzar hacia una mayor autonomía energética para diferentes sectores productivos y grupos más amplios de ciudadanos y ciudadanas.
Energéticamente estamos avanzando, pues desde el 2018 ha aumentado 25 veces la capacidad instalada de energías renovables en Colombia: ya hay 7 granjas solares, un parque eólico, 10 proyectos de autogeneración a gran escala, y se ha llegado al uso de vehículos eléctricos en el territorio.
La deforestación
Tanto en la Asamblea General de Naciones Unidas del 2020 y 2021, como en la COP26, aseguró que bajo su mandato se ha “luchado contra la deforestación como en ningún otro momento de la historia del país, ya que se ha incluido la defensa del medio ambiente como un propósito de seguridad nacional”, mencionando algunas de las estrategias que se han llevado a cabo para reducir esta deforestación: la campaña Artemisa, el Pacto con Leticia y la Paz con Legalidad.
Duque sostuvo que gracias a estas estrategias se ha reducido la deforestación en un 19% en los últimos dos años, pero los datos del IDEAM demuestran que, si bien hubo una reducción del 19% del 2018 al 2019, esta cifra tuvo un aumento del 8% para el año 2020. También garantizó que se han recuperado 6000 hectáreas de los Parques Nacionales Naturales y se ha impedido la deforestación de 23 mil hectáreas de bosque. Sin embargo, el informe de Parques Nacionales Cómo Vamos, alerta sobre la preocupante aceleración en la deforestación en PNN luego del Acuerdo de Paz de La Habana, que “incrementó un 177% y el área deforestada en 31 PNN, lo que significó la pérdida de 330km2 de bosques en los 3 años posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz”. Por otro lado, en la COP26, Duque afirmó que “se han sembrado 120 millones de árboles que estarán siendo efectivos en el mes de diciembre del 2021, para cumplir con la meta propuesta de 180 millones de árboles para agosto del 2022”. Sin embargo, según datos del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), con corte a diciembre del 2021, se había reportado apenas un total de 91.664.737 árboles sembrados.
En cuanto a las estrategias, la campaña Artemisa ha sido la más polémica. Artemisa ha sido un gran aliado estatal para cumplir con la promesa de Duque de “ejecutar nuestra decisión de hacer de la diversidad un activo estratégico”. A grandes rasgos, esta campaña no ha sido más que una estrategia de las fuerzas armadas para frenar la deforestación, pero con altos costos sociales. Con Artemisa ocurre lo mismo que por años ha ocurrido en la lucha contra el narcotráfico: seguimos atacando al eslabón más débil de la cadena -los campesinos-. Es de conocimiento público, que deforestar una hectárea puede llegar a costar hasta 4 millones de pesos, lo que da a entender que un campesino no tiene recursos para llegar a deforestar grandes extensiones de tierra, y que ellos solo se benefician de manera secundaria. Seguimos sin condenar a los verdaderos culpables.
Por último, las declaraciones de Duque dicen que “el narcotráfico es el germen de la degradación social y nutre la deforestación”, pero la revisión de las cifras solo deja en evidencia la incapacidad del gobierno de tomar control del territorio y de combatir efectivamente el narcotráfico durante el proceso de paz. Y no es algo que ocurra solo en el mandato actual, sino que se debe ver bajo una perspectiva que reconozca las dinámicas históricas del conflicto. También es necesario tener en cuenta otras causas de deforestación importantes, como la ganadería extensiva y los cultivos de palma, especialmente en la Amazonía.
La seguridad de líderes ambientales
En sus discursos en Europa y Estados Unidos, Duque habla del éxito en la implementación del acuerdo de paz, mientras son asesinados los que buscan su implementación. De esta manera, se convierte en un presidente que mantiene un discurso ambientalista, pero ignora los crímenes sistemáticos hacia quienes defienden ecosistemas estratégicos. Según la ONG Global Witness del 2018 al 2020, 154 personas defensoras del medio ambiente, fueron asesinadas en Colombia. Ahora bien, como si esta cifra no fuera lo suficientemente alarmante, durante los años 2019 y 2020, Colombia fue el país más peligroso para defender el medio ambiente en el mundo dado el número de homicidios de líderes ambientales. Para seguirle la pista en estos últimos dos años al peligro que enfrentan las personas con liderazgos ambientales y comunitarios, están los datos de Indepaz, que para 2021 registraron 171 asesinatos y 24 más, durante el presente año.
Ante esta realidad nacional, hablar de Colombia como un país comprometido en la lucha contra el cambio climático, resalta los desafíos no abordados.
Una herramienta para hacerle frente a las amenazas contra los liderazgos ambientales, es el Acuerdo de Escazú, el cual después de su firma protocolaria realizada en el 2019, al día de hoy no ha sido ratificado para su implementación efectiva, debido a las dilaciones en el Congreso promovidas, en parte, por integrantes del partido de gobierno, Centro Democrático. Paradójicamente, el acuerdo, además de promover el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los recursos naturales, es el primero en hablar de la protección de la vida de defensores ambientales, entendiendo las necesidades y riesgos que enfrentan. Se espera que la ratificación e implementación del acuerdo pase de ser el elemento de un discurso protocolario a una realidad que se refleje en la vida de quienes luchan en el país, por la conservación de sus territorios.
Una herramienta para hacerle frente a las amenazas contra los liderazgos ambientales es el Acuerdo de Escazú, el cual después de su firma protocolaria realizada en el 2019, al día de hoy no ha sido ratificado para su implementación efectiva, debido a las dilaciones en el Congreso promovidas, en parte, por integrantes del partido de gobierno, Centro Democrático.
Así las cosas, es necesario reconocer la dualidad de los discursos y la construcción de argumentos para defender el medio ambiente y lograr el desarrollo económico. Los discursos y la presentación de datos oficiales, corresponden y están naturalmente alineados con los mandatos establecidos internacionalmente con las metas de desarrollo sostenible, y a su vez, reflejan la priorización del desarrollo económico desatendiendo las necesidades locales y obviando las afectaciones ambientales a largo plazo. Analizar las implementaciones sesgadas, los olvidos y las omisiones conscientes por parte del gobierno frente a el deterioro ambiental generalizado del país, permite establecer que, nuevamente, el ambiente como excusa, se sitúa como una condición importante para lograr el cumplimiento de metas concretas y de corto plazo en términos económicos, sin cuantificar tanto las pérdidas ambientales, como su impacto socio-económico en una nación altamente inequitativa como la nuestra.
Foto portada: Presidencia de la República de Colombia
