102 / MAY-AGO 2021

Estructuras de oportunidad política y paro nacional: explorando la relación entre las dimensiones del entorno político, la acción colectiva y la represión a cuatro años de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC

EDICIÓN 102 MAY-AGO 2021

Por Daniel Ricardo Amaya Alba

Varios medios de comunicación y algunas ONG´S han desarrollado diversas lecturas del estallido social con base en emociones personales o agendas políticas, contribuyendo poco al entendimiento de la complejidad del contexto actual. Si bien es difícil para los analistas desapegarse de los sentimientos cruzados que produce la realidad convulsa que ha venido atravesando la democracia colombiana, mantenerse en lógicas duales limita la comprensión de la variedad de matices en el campo social, así como las variables que pueden ayudar a comprender la exacerbación del ciclo de protesta y de su contraparte, la represión.

Por ello, sin desconocer la variedad de enfoques utilizados para ampliar el campo explicativo y los diferentes esfuerzos que se han realizado y reconociendo a quienes se han dado la tarea de visibilizar las preocupantes cifras de violencia, este artículo pretende ofrecer una breve aproximación a la coyuntura del paro nacional desde un análisis de las dimensiones del entorno político propuestas por Tarrow, quien indica que sus “aperturas o cierres incentivan o desincentivan la acción colectiva” (1997, P. 49).

Estas dimensiones se componen de variables estables y cambiantes: las primeras hacen referencia al tipo de régimen, la fuerza estatal y la represión; y las segundas, a la apertura o cierre del acceso a la participación, los cambios en los alineamientos de los gobiernos, la disponibilidad de aliados influyentes y la ruptura entre élites. Cabe resaltar que, estas dimensiones también son moldeadas por los actores sociales, quienes explotan o crean nuevas oportunidades políticas1 Las estructuras de oportunidad política son comprendidas como aquellas dimensiones o cambios en las dimensiones que incentivan o desincentivan la acción colectiva (Tarrow, 1991)., generando efectos contagio, al construir y profundizar identidades comunes con otros sectores, y al capitalizar aprendizajes y acciones colectivas previas.

Cabe señalar que la acción colectiva desafía a las autoridades, crea incertidumbre en torno a su capacidad y sus posibles resultados, y forma redes de solidaridad, incentivando que otros se unan (Tarrow 1997 p. 180). Esto último resulta de gran interés, pues las redes de solidaridad, la construcción y el fortalecimiento de identidades comunes, nutren la acción colectiva y la masifican.

Así, entendiendo la firma del acuerdo de paz con las FARC como marco de transición política y como estructura de oportunidad para la acción colectiva que tuvo lugar en un contexto de ruptura entre élites, planteó reformas al sistema político y abrió las puertas para que sectores que nunca se habían movilizado lo hicieran (Amaya, 2019), se argumenta que el paro nacional y los altos niveles de represión son el resultado de las dinámicas de la contienda política, que tienen lugar en escenarios de transición política y apertura democrática.

Para el caso colombiano se indica que, ante las fuertes demandas de los diversos sectores sociales y el rechazo de las élites a acceder a ellas, se ha presentado un incremento de la inestabilidad política y de su contraparte, la represión política, tal como lo señalan Regan y Henderson (2002) en su estudio sobre la relación entre régimen político, amenaza y represión, en el que sostienen que cuando la amenaza se percibe como desestabilizadora, es más probable que se reprima, y cuando no se percibe así, es menos probable que se reprima.

¿Por qué se puede comprender el Acuerdo de Paz como transición política?

El concepto de transición política se ha comprendido generalmente como el cambio de un régimen político a otro. Como señala Amaya (2019), uno de los escenarios más estudiados ha sido la transición de gobiernos no democráticos a democráticos (Dahl, 1993; Munck y Leff, 1997; Huntington, 1994; Linz, 1990; Mainwaring, 1989; O’Donnell y Schmitter, 1988). Estos contextos tienen como característica, el desarrollo de reajustes normativos e institucionales, resultado de arduas contiendas políticas (O´donnel y Schmitter, 1998).

Teniendo en cuenta que Colombia tiene la democracia más longeva de América Latina, la transición política no implica el cambio de un régimen no democrático a uno democrático; más bien, los reajustes normativos tienden a consolidar el régimen democrático, lo que puede ser denominado democratización. De esta manera, el Acuerdo de Paz, al suscitar reformas e incorporar actores al sistema político con el fin ampliar la democracia –democratización–, produce un contexto de transición bastante reducido en comparación con la Constitución de 1991, pero transición de todas formas. Este contexto, resultado de contiendas políticas, al dejar reformas pendientes en el sistema político, como veremos, guarda relación directa con las estructuras de oportunidad política para la movilización y la participación.

Foto: Foto: Pablo Andrés Gómez
Foto: Foto: Pablo Andrés Gómez

¿Cuál es la relación entre transición política y represión?

Según la teoría de la U invertida, el nivel de represión no está directamente relacionado con el tipo de régimen, lo cual se puede corroborar al revisar el caso colombiano, que evidencia que los regímenes democráticos no necesariamente son menos represivos (Gutiérrez 2014). Dicha teoría plantea que la probabilidad de que se ejerza represión es mayor en los regímenes en transición que en los consolidados, sean estos democráticos o no (ver gráfica 1). Así, se establece una relación directa entre el cambio de reglas de juego y los índices de represión.

Autores como Regan y Henderson (2002) relacionan los índices de represión, no con el tipo de régimen, sino con el número de demandas al régimen, es decir, con la estabilidad o inestabilidad política. Así, en un contexto de transición política donde se plantean reformas al sistema político que buscan ampliar la democracia, el régimen será objeto de múltiples demandas, y dependiendo de la capacidad o predisposición de integrar o no el número de demandas, se incrementa o no la inestabilidad política y su contraparte, la represión.

Las dimensiones del entorno político: lo que corre aguas abajo

Para ver con mayor claridad las aguas agitadas del caso colombiano, es indispensable hacer una lectura de los sedimentos sobre los que se han conformado sus afluentes.

El punto de partida del presente análisis se puede fijar en 2010, momento en que el presidente electo, Juan Manuel Santos, rompió con su antecesor, Álvaro Uribe Vélez. Santos reconoció la existencia del conflicto armado interno en el país, y abrió las puertas para la salida negociada, dándose así una ruptura entre élites2Véase: Santos reconoce el conflicto armado y Uribe lo controvierte en https://www.elespectador.com/content/santos-reconoce-conflicto-armado-y-uribe-lo-controvierte. A este fraccionamiento se añadió la apertura de la mesa de negociaciones con las insurgencias, y aún más importante, la firma del acuerdo con la guerrilla de las FARC.

Los espacios de negociación con las guerrillas, junto con los múltiples reclamos sociales que venían desde los años de Uribe, ampliaron el número de demandas en la democracia; así mismo el acuerdo de paz planteó ajustes institucionales para la apertura del sistema político, dejando reformas pendientes.

Esta transformación de las dimensiones cambiantes del entorno político abrió las estructuras de oportunidad política, permitiendo a los descontentos encontrar opciones favorables. E hizo visibles el incremento en la variedad de objetivos en las movilizaciones sociales y la incursión de nuevos sectores sociales que nunca habían salido a las calles a levantar la voz (Cepeda, 2018; Amaya, 2019).

Foto: Pablo Chaco - Lóbulo Frontal
Foto: Pablo Chaco – Lóbulo Frontal

Con la llegada de Iván Duque a la presidencia, las estructuras de oportunidad verían un intento de cierre. La oposición a la paz, desarrollada por el partido político del presidente, que tuvo como punta de lanza las fake news en contra del acuerdo de paz y las obstrucciones a instancias fundamentales como la Jurisdicción Especial para la Paz, al llegar al ejecutivo y con mayorías en el congreso, entorpeció la implementación de instancias del acuerdo que propendían por la apertura democrática. No obstante, esta obstrucción ante la apertura democrática no opacó la acción colectiva, en parte porque los movimientos y sectores sociales, se encargaron de crear y replicar estructuras de oportunidad para la movilización.

Con la diversificación de las demandas sociales y las expectativas ante las reformas pendientes, producto del Acuerdo de Paz, la acción colectiva se convirtió en el principal mecanismo de participación y presión. El paro de noviembre 2019 dio cuenta de la cantidad de inconformismos de los diferentes sectores sociales en el país, y a su vez de una crisis de representación política de lo social en las organizaciones que tradicionalmente habían jalonado las jornadas de movilización, los sindicatos.

El rechazo de las formas tradicionales de organización, además de reflejar la crisis de representación que atraviesan diferentes instituciones del sistema político, tuvo anclaje en los aprendizajes de ciclos de movilización previos que terminaban siendo capitalizados por unos pocos sectores. Esto llevó a que muchos de los manifestantes optaran por formas alternativas de organización y rechazaran las atribuciones de representación que se profirió el Comité Nacional del Paro. En la medida en que se fueron desarrollando las jornadas de protesta con el incremento de los hechos de abuso de autoridad, como en el caso emblemático de la muerte del joven estudiante Dylan Cruz a manos de un oficial de la Policía nacional, las redes de solidaridad y la profundización de identidades comunes fortalecieron la acción colectiva3Para mayor profundidad en este caso puede ver: Amaya, Daniel (2019). La violencia policial como generadora de acción colectiva. Pontificia Universidad Javeriana. Papel político estudiantil Volumen 13 N° 2.

Cabe resaltar que jornadas de movilización del paro de 2019 fueron descentralizadas, en parte por su ruptura con los sectores tradicionales del movimiento social y por su composición diversa. En este paro jugó un papel fundamental el movimiento estudiantil, que venía de varias jornadas de movilización en ese mismo año, y acogía algunos legados de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior. Las experiencias asamblearias del sector estudiantil, fueron un factor fundamental para la organización de la acción colectiva y en la articulación de los descontentos a nivel barrial; de esta manera empezaron a surgir nuevas formas de organización, entre las cuales sobresalieron las denominadas asambleas populares que, en algunos casos lograron complejas estructuras organizativas, llegando a contar con comités de derechos humanos, salud, pedagogía y protección –este último se ha denominado comúnmente como primera línea–4Algunas “primeras líneas” han surgieron al interior de las asambleas populares, pero no todas. Otras fueron iniciativas dispersas de jóvenes, inspirados en el caso chileno, que consideraban necesaria una respuesta defensiva ante el despliegue de la fuerza pública en las manifestaciones..

Lo anterior, además de ser el resultado de experiencias previas, también fue un aprendizaje del caso chileno, referente por la capacidad de organización que logró. Con la pandemia por la covid-19, la protesta social como mecanismo de participación sufrió un golpe. El distanciamiento social rompió con las lógicas tradicionales de la acción colectiva. A su vez, se dio pie a un marcado presidencialismo, como resultado de la declaración de emergencia sanitaria y por los efectos del distanciamiento social en el Congreso de la República.

Foto: Julián González
Foto: Julián González

Mientras la pandemia evidenció cada vez más las brechas sociales con el incremento de los índices de pobreza, los tintes autoritarios se fueron acentuando con la designación de personas afines al Gobierno Nacional en los entes de control. Tras el asesinato del civil Javier Ordoñez en hechos de abuso de autoridad por parte de oficiales de la Policía, las redes de solidaridad propiciaron jornadas de movilización, resultado de la indignación y el descontento social. Estas jornadas fueron epicentro de grandes oleadas de violencia que dejaron afectados varios Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la Policía y también varias denuncias y registros de vulneración de DDHH e incluso homicidios a causa del uso de armas de fuego por parte la fuerza pública en contra los manifestantes. A pesar de ello, el ciclo de protesta5Un ciclo de protesta es entendido como: “ una fase de intensificación de los conflictos y la confrontación en el sistema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los sectores más movilizados a los menos movilizados; un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevo o transformados para la acción colectiva; una combinación de participación organizada y no organizada; y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión y, a veces, en una revolución” (Tilly, 1991, p. 264). se mantuvo dormido. Durante 2020 hubo jornadas esporádicas de movilización por diferentes motivos, pero no se abrió la oportunidad para un estallido social.

Dicho estallido tuvo lugar cuando el Gobierno Nacional radicó una reforma tributaria que dejaba gran parte de la carga impositiva a los estratos medios. Ésta no contó con buena acogida en la mayoría de los sectores sociales e incluso generó pequeñas fricciones entre las elites. Con estas fricciones, los descontentos acumulados y las redes construidas desde el paro de 2019, las calles se vieron sumergidas en un nuevo ciclo de protesta. La movilización creció cada vez más, a lo cual contribuyó la conectividad a internet, que permitió convocar diferentes jornadas y compartir casos de abuso de autoridad en tiempo real.

La virtualización le dio mayor legitimidad a la protesta, al romper con el discurso que buscó opacarla señalando la manipulación por parte de actores armados ilegales. La difusión de videos en redes sociales permitió fortalecer identidades colectivas y redes de solidaridad que, poco a poco aumentaron el apoyo a la movilización social. Especialistas en derecho, psicología, medicina, enfermería, entre otras disciplinas, ofrecieron sus servicios de manera gratuita a quienes protestaban, así se establecieron redes de apoyo entre ciudadanos y manifestantes. Aunado a lo anterior, la acción colectiva contó con la disponibilidad de aliados influyentes a nivel internacional que visibilizaron la protesta y los abusos de la fuerza pública.

Foto: Katerin Castañeda Belalcázar
Foto: Katerin Castañeda Belalcázar

Como resultado, gran cantidad de sectores sociales que nunca se habían movilizado salieron a la calle. Si bien, recientemente la acción colectiva ha perdido su fuerza por los costos que tiene movilizarse y el desgaste que ha atravesado el prolongado ciclo de protesta, los manifestantes han forjado redes y articulado espacios que propenden por una apertura democrática. Estos espacios y redes de articulación que han sido forjadas jugarán un papel fundamental en las dinámicas de la acción colectiva de los años venideros, dependiendo de los incentivos que se generen para la movilización, es decir, que tanto se cierren o se abran las dimensiones del entorno político.

Estas jornadas de movilización masiva, junto con la percepción de amenaza al statu quo, explican los recientes niveles de represión6Por represión comprendemos el uso o amenaza de uso de la fuerza, por parte del gobierno, elites o autoridades en contra opositores y posibles opositores causando afectaciones físicas, psicológicas y/o restringiendo la libertad o estableciendo penalizaciones para controlar y debilitar las demandas, por lo cual la represión, como categoría de violencia política, busca defender el poder o los recursos de las elites y sus aliados de las presiones de otras elites o de las masas (Amaya, 20019; Stohl y López, 1984; Gutiérrez, 2014; Henderson, 1991; Franklin 2009; Booth y Richard, 1996; y White y White, 1995; Booth y Richard, 1996 p. 1206).. Al respecto cabe señalar que, en Colombia, la variable represión ha sido una constante, lo cual fue denominado por Gutiérrez (2014) como una relación anómala entre democracia y represión. Sin embargo, lo que permite ver el contexto actual, es que no solo hay una connivencia entre democracia y represión, sino que también se observa una relación positiva entre democratización y represión.

A manera de cierre

A partir de lo expuesto, se evidencia el carácter contencioso y dinámico de los contextos de democratización. Se expuso el papel que jugaron los cambios de las dimensiones del entorno político que suscitaron los acuerdo con FARC y la matriz de la paz para la diversificación y la apertura de demandas sociales que se encontraban bloqueadas en la agenda política. También se analizó un intento no exitoso de cierre de las oportunidades políticas que brindó el acuerdo de paz. El intento de cierre y obstrucción ante los mecanismos formales de participación y de control democrático, junto con el incremento de tintes autoritarios, fueron fortaleciendo identidades comunes y generando redes de altruismo en contra de la administración del gobierno, lo cual, junto a las demandas que se vieron opacadas por la pandemia, encontraron en los casos de abuso policial un contexto que impulsó a acción colectiva como principal forma de generar sinergias en la democracia.

Foto: Leidy Chavez Cometa

Esto demuestra que el estallido social fue un resultado de un proceso que venía gestándose hace ya bastante tiempo y no el resultado de planes internacionales para desestabilizar el gobierno. Estos breves apuntes dan cuenta de la importancia de un análisis estructural de las dinámicas de la acción colectiva, pues permite apreciar con mayor claridad cuáles son las variables que han incentivado y desincentivado la decisión de los manifestantes a salir a la calle. Se puede comprender entonces, que el actual ciclo de protesta responde al flujo constante de las estructuras de oportunidad política, marcadas por la apertura y el cierre de las dimensiones del entorno político a lo largo del tiempo, y a su vez, por las presiones que se han generado de abajo hacia arriba con el fin de potenciar dichas oportunidades.

Bibliografía

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Foto portada: Jaime Enrique Castro

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Daniel Amaya Alba

Politólogo con énfasis en resolución de conflictos e investigación para la paz de la Pontificia Universidad Javeriana, maestrante en Ciencia Política de la U. de los Andes e investigador de CINEP desde hace tres años. Su publicación más reciente se encuentra en el libro del CINEP, titulado: ¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964- 2020.

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