Deprecated: Unparenthesized `a ? b : c ? d : e` is deprecated. Use either `(a ? b : c) ? d : e` or `a ? b : (c ? d : e)` in /home/yot3bn8qo79n/public_html/home/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/editors/class-vc-frontend-editor.php on line 646
La memoria vista por Datapaz – Revista Cien Días
Paz y Conflicto

La memoria vista por Datapaz

EDICIÓN 98/99 ENE-JUN 2020

En el Séptimo Informe de Datapaz se da cuenta de las más recientes etapas de las acciones de memoria colectiva en Colombia. Artículos de Erika Paola Parrado y Saira Camila Restrepo, y la presentación de Marcela Pardo.

Presentación: La memoria, hacia la consolidación de un campo político en Colombia

Por Marcela Pardo

Erante los años setenta, se hacía memoria defendiendo los derechos humanos. En esa época, los alarmantes niveles de violencia estaban vinculados con la persecución del Estado a las organizaciones sociales, a líderes campesinos y sindicales, a periodistas y estudiantes. Estos crímenes fueron impulsados por políticas como el Estatuto de Seguridad Nacional, instaurado en el gobierno de Julio César Turbay (1978-1982). Aunque no se las reconociera como tales, las acciones de memoria iniciaron en esta época, al margen de la institucionalidad, a través de la documentación de graves violaciones a los derechos humanos y como formas de evitar la negación y el olvido.

Otra etapa denominada de “responsabilidades escindidas” (Sánchez, 2019:11), marcada por un doble papel del Estado, se dio a finales de los ochenta, momento en el que este comienza un camino hacia la defensa de los derechos humanos, a través de instancias como la Consejería Presidencial de Derechos Humanos (1987) creada en el gobierno de Virgilio Barco. Tal giro produjo un cambio de perspectivas, ya que las críticas al Estado por parte de las organizaciones sociales se enfocaron en su aparato represivo, al tiempo que se le exigió ser garante de justicia. Entre tanto, las organizaciones de la sociedad civil continuaron haciendo memoria a través de la defensa de los derechos humanos[1]. Además, ante la degradación de la guerra, deja de verse al Estado como único perpetrador y la sociedad comienza a exigirles paz al Estado y a la insurgencia.

Una tercera etapa inicia cuando el Estado, manteniendo su autonomía, comienza a responder activamente a las demandas sociales de memoria. En cumplimiento de su deber, el Estado busca interrogar al régimen político y a las estructuras partidarias e insurgentes, en tanto que actores responsables de lo sucedido, sobre las causas, los modos y los impactos de sus acciones, lo cual da a la memoria una connotación no solo humanitaria, sino también política. Este giro inició con el Grupo de Memoria (2007), a cargo de Gonzalo Sánchez, organismo creado como parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) para acompañar a las víctimas durante el proceso de justicia y paz con los paramilitares. Posteriormente, vinculado a la Ley de Víctimas, el Grupo de Memoria se transformó en el Centro Nacional de Memoria Histórica (2011). Las organizaciones y las comunidades, por su parte, seguían exigiendo justicia y no repetición. Sin embargo, debido a que ocupaban un lugar central en esta etapa, sus acciones de memoria aumentaron significativamente en número, y también se diversificaron: relataban luchas de las diversidades identitarias, vinculando el territorio, el cuerpo, el agua y prácticas ancestrales, entre otras, y también sus propios procesos organizativos. Desde entonces, se consolidó un campo específico de la memoria en Colombia, comprometida con los derechos de las víctimas y con la clarificación de las responsabilidades de todos los actores involucrados en el conflicto armado.

Finalmente, tras esta etapa de consolidación, emergen amenazas y retrocesos. Las decisiones del actual gobierno de Iván Duque y del director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, fincan sus intereses en construir un relato que enaltece al Estado, a sus instituciones y a los financiadores y promotores de la guerra, a la vez que desconoce crimenes contra la población civil, poniendo en riesgo a las comunidades.

Actualmente, la memoria es un campo en disputa que se mueve sobre el reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en la construcción de la misma, y que a la vez se nutre y dinamiza principalmente con las memorias locales. Este informe, elaborado por Cinep/PPP da cuenta de las dos últimas etapas mencionadas. En particular, se propone mostrar las acciones colectivas de memoria realizadas desde el 2006 hasta el presente, sus principales convocantes y participantes, y sus motivaciones. Agradecemos a Erika Parrado por su lectura y a Saira Restrepo por el análisis de datos, los cuales nos permiten profundizar en este reciente campo que promueve la búsqueda de sentidos al conflicto armado.

Referencias

Sánchez, Gonzalo. (2019) Memorias, subjetividades y política. Editorial Planeta.


[1] Poco a poco las organizaciones sociales ampliaron sus repertorios de hacer memoria. Un ejemplo de esto es que en el año de 1998 nace el primer lugar de memoria en el país a cargo de la asociación de víctimas AFAVIT en el Valle del Cauca, el Parque Monumento de Trujillo.


Memorias, luchas y transiciones

Por Erika Paola Parrado Pardo

En escenarios transicionales, la memoria está íntimamente conectada al “derecho a saber” que, según los Principios Joinet (1997) —los principios básicos de la justicia transicional—, es tanto un derecho individual de la víctima como un derecho colectivo de la sociedad. La garantía de ese derecho reside en gran medida en el Estado, al que le asiste un deber de memoria para prevenir el negacionismo y el revisionismo. Bajo estos principios, a la memoria se le han otorgado múltiples funciones: contribuir con el esclarecimiento de lo sucedido, ayudar en el reconocimiento de las afectaciones a las víctimas y aportar en la reparación simbólica de ellas.

Colombia ha sido un referente internacional de la escena transicional y las memorias producidas bajo ese concierto son y seguirán siendo un campo de lucha y combate (Jelin, 2002).

Algunas de esas disputas ocurrieron durante la Ley de Justicia y Paz (2005) y se extendieron con la Ley de Víctimas (2011), momentos que se mencionan en el análisis de Datapaz. Respecto a la primera ley, existen múltiples debates que oscilan entre entenderla como un momento que potenció el “estallido” de la memoria de las victimas, de reconocer en ella unos mecanismos de búsqueda de verdad judicial e histórica asociado a la posibilidad de reconstruir las memorias de las victimas (Pizarro, citado en Jaramillo, 2014, p. 172), hasta aquellos que reconocen en ella “un mecanismo de impunidad generalizado” (Jaramillo, 2014, p. 173).

En la escena transicional colombiana las memorias han oscilado entre la gestión institucionalizada y las prácticas de resistencia (Jaramillo, Parrado y Torres, 2017) y la reconstrucción del archivo público del dolor y la imaginación social del porvenir (Castillejo, 2017). Dicha oscilación se explica por los espacios de poder en las que ellas emergen y los sentidos políticos que defienden, sean estas “memorias estatalizadas” o “memorias subterráneas” o “re-existentes” (Blair, 2011; Parrado, 2018).

Hoy en día las luchas continúan, por fortuna, especialmente desde organizaciones de víctimas que consideran que dichos marcos no las representan o que sus procesos de memorias no se enmarcan necesariamente en las doxas de las agendas públicas. Al respecto, surge un interrogante: ¿En qué momento la memoria deja de ser empleada en la reconstrucción del “archivo público del dolor” (Jaramillo, 2016) y comienza a serlo para favorecer los procesos de construcción de paz? La respuesta, si bien en términos de periodicidad no es sencilla de encontrar, sí lo es cuando las memorias comienzan a ser comprendidas, ya no únicamente desde esa gran arquitectura institucional asociada a la reconstrucción de la memoria nacional o de una historia única, sino en tanto vehículos que permiten la resignificación y la transformación de las relaciones sociales, mediante prácticas y discursos cotidianos (Parrado, 2018).

La relación, entonces, entre memoria y construcción de paz, debe dejar de asociarse únicamente a las conmemoraciones de los hechos de violencia, no restando importancia a ello, sino invitando a posicionar críticamente las memorias colectivas desde su carácter eminentemente transformador vinculado a los procesos de resistencia no violenta, los relatos reconstructivos del pasado organizativo, los sentidos de lo territorial anclados a los procesos comunitarios, las prácticas culturales tradicionales de pueblos indígenas y afrodescendientes y las apuestas políticas de futuro que se vinculan necesariamente a esas disputas sobre los sentidos del pasado.

En el panorama actual, de incertidumbre generalizada en torno a la implementación del acuerdo de paz, vale la pena preguntarse cuál es el lugar de la memoria en estos momentos.

Nuestra posición es que ella no puede limitarse a la acción conmemorativa o a la rememoración del acto doloroso. Si la memoria tiene un lugar es precisamente como práctica transformadora, como expresión de resistencia, como apuesta política de futuro. Hace algún tiempo, el exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, sugirió que la memoria era una gran aliada de la paz (Sánchez, 2014, pp. 4-5) y esas palabras cobran actualidad hoy cuando de nuevo son las iniciativas de paz, sus agendas y demandas sociales, políticas y culturales las que siguen manteniendo vivo un acuerdo al que hay que seguir defendiendo.

Referencias

Blair, Elsa, (2011), “Memoria y poder: (des)estatalizar las memorias y (des)centrar el poder del Estado” en Revista Universitas Humanística no.72 julio-diciembre, pp: 63-87

Castillejo, Alejandro. (2017), la ilusión de la justicia transicional: perspectivas críticas desde el sur global, Bogotá: Universidad de los Andes.

Jaramillo, Jefferson, Parrado, Erika y Torres, J, (2017), “Los trabajos de y con la(s) memoria(s) en Colombia (2005-2016)” en Sara Victoria Alvarado … [et al.] Las ciencias sociales en sus desplazamientos: nuevas epistemes y nuevos desafíos. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO/Universidad de Manizales/CINDE/ Universidad Javeriana/Instituto de Bioética/ Universidad Simón Bolívar/ARNA; pp. 119-146.

Jaramillo, Jefferson. (2014), Pasados y presentes de la violencia en Colombia. Estudio sobre las comisiones de investigación, 1958 – 2011, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Jelin, Elizabeth. (2002), Los trabajos de la memoria: Madrid: Siglo XXI Editores.

Parrado, Erika, (2018), “Buenaventura: resignificando la vida en contextos de geografías violentadas”, en Memorias del Congreso Internacional Cuerpos, despojos, territorios. La vida amenazada. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.

Sánchez, Gonzalo. (2014) “La memoria aliada para la paz” en Conmemora (Colombia) Nº 4, pp. 4-5.

Acciones de memoria: claves para la paz en Colombia

Saira Camila Restrepo Cabra[1]

En los procesos transicionales, la memoria se instaura como una herramienta, un proceso, un elemento fundamental entre las víctimas y los victimarios en casos de conflicto armado. La memoria es crucial para la transformación de las identidades y la construcción de una historia colectiva. Por ello, para Colombia, la memoria es fundamental en este tiempo de posacuerdo. Más que nunca, la memoria se hace necesaria para reconocer los hechos, reparar a las víctimas, generar la reconciliación de los diversos actores del conflicto y fortalecer la institucionalidad del Estado que favorezca su legitimidad. Sin embargo, la crisis institucional que se presenta en el Centro Nacional de Memoria Histórica debido al retiro de algunos archivos que registran lo ocurrido durante el conflicto armado y la creciente desconfianza de las víctimas hacia la gestión de Darío Acevedo, nuevo director del CNMH, han producido lo contrario (Puentes, 2020). Los recuerdos de las víctimas han sido relegados, mientras que la institucionalidad ha tomado las riendas para construir una memoria a partir de la negación del conflicto.

Considerando el contexto colombiano, la memoria no puede ser entendida desde un discurso estático o apaciguado, de hecho, se entiende como un proceso en constante construcción dada la participación de múltiples sujetos, constituyendo así un campo de batalla en el que se interpelan diferentes memorias individuales y colectivas a fin de establecer en la consciencia una interpretación sobre hechos del pasado (Sánchez González, 2013).

Es decir, la memoria es un espacio de lucha política a partir de la cual se busca recuperar, conformar y consolidar la percepción histórica, en este caso, del conflicto armado. Es pertinente mencionar que el olvido hace parte de esta lucha política debido a que, junto con la memoria, este puede ser aplicado de manera selectiva según quien construya el relato.

Esta pugna de memorias se evidencia en el proceso transicional después de la desmovilización del paramilitarismo en Colombia que inició con la negociación en el año 2002. En el proceso, se vivió un panorama de justicia transicional flexible y moderada, que inicialmente solo tuvo en cuenta los intereses de los victimarios, por lo que se tomaron medidas insuficientes y benévolas sobre ellos, generando una idea de impunidad alrededor de este. Además, los desmovilizados, a través de su memoria colectiva, negaban la guerra e incluso declaraban sobre la existencia de un conflicto sin víctimas, o peor, con víctimas, pero sin muertos (Sánchez González, 2013). Este testimonio permeado por el desconocimiento y olvido selectivo, incentivó a las víctimas a realizar procesos de visibilización, debate y discusión política sobre sus derechos, demandas, reivindicaciones y exigencias.

Es por esta falta de reconocimiento hacia la memoria de las víctimas que se generó lo que se denomina el momento de activación de la memoria (Sánchez González, 2013). Este momento hace referencia a que el pasado que se rememora es activado en un presente y en función de expectativas a futuro, es la coyuntura la que permite que se presenten momentos de activación, momentos de silencios o incluso de olvidos (Jelin, 2002). Cuando las víctimas del paramilitarismo se vieron obligadas a levantar su voz y reivindicar su memoria para contrariar los discursos oficiales que negaban la guerra, generaron un momento de activación de la memoria para la construcción de una identidad que recuerde las atrocidades del conflicto como parte de la historia del país.

Estos sucesos, que inician desde el año 2005, pueden ser evidenciados en los datos otorgados por Datapaz. Es así que en el 2006 se registró la primera de las Acciones Colectivas por la Paz (ACP) en relación con Acciones de Memoria, que se argumenta a partir de este estallido de la memoria como respuesta de las víctimas del conflicto relegadas en el proceso de desmovilización de los paramilitares y el subsecuente proceso transicional.

En total, se han registrado 127 Acciones de Memoria en los últimos 13 años, las cuales han permanecido durante el tiempo desde su primera aparición.

Al observar el comportamiento en el tiempo de las Acciones de Memoria se evidencia que fue hasta 2011 cuando se incrementó el número de registros con un total de 17, relacionado con el año posterior, 2012, cuando se registraron 19 acciones. Este aumento puede explicarse a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierrasdel año 2011 y, con esta, la consolidación del Centro Nacional de Memoria Histórica y su posterior apertura en el 2012. Son estos hechos los que explican este estallido, en el que se incrementa la participación de diferentes actores sociales en movilizaciones en torno a la memoria, así como el consecuente interés de la opinión pública en torno a esta. 

Después de este momento, las Acciones de Memoria decaen —pero permanecen— hasta 2018, año en que crecen de 5 a 13 con respecto al año anterior. El movimiento se mantuvo al alza para el 2019, movilizado por la necesidad de las víctimas y motivado por la crisis institucional actual. Asimismo, el ascenso de los últimos años se debe al contexto de posacuerdo y a los procesos transicionales que este conlleva, considerando que la defensa de la verdad y la memoria se identifican en los momentos entre la guerra y la paz.

Enfatizando en las Acciones de Memoria vinculadas a los contextos de conflicto armado, es innegable la participación de las víctimas en estos procesos. Esta tesis es corroborada por los registros de Datapaz. La gráfica 2 muestra la sólida participación de las víctimas, demostrando la importancia de la memoria como herramienta crucial para la consolidación de la paz, la reconciliación y la dignificación de quienes fueron afectados por la guerra.

Los datos muestran que el 57 % de las acciones fueron realizadas por Víctimas de la violencia y familiares, superando por más del doble al segundo actor con mayor número de registros. Este registro es un argumento sustancialmente poderoso para ratificar la importancia de la memoria en los procesos de paz y considerando la necesaria participación de las víctimas en estos. Es por esto que la omisión de la memoria de las víctimas por parte de la institucionalidad representa un peligro inmenso para la construcción de paz, que se suma a las varias falencias del Estado y el gobierno actual para garantizar la ejecución de los acuerdos de paz, la seguridad de los territorios y el control del monopolio de la fuerza.

Los siguientes dos lugares son ocupados por el Ejecutivo municipal y nacional agrupando el 49 % de las acciones, demostrando el interés del Gobierno en participar en temas de memoria. Sin embargo, no es claro el tipo de interés que existe por parte de estos actores en el ámbito de la memoria. Por un lado, este interés podría relacionarse con la intención de contribuir y fortalecer institucionalmente la construcción de memoria colectiva considerando la necesidad de la misma debido a la historia violenta del país. Por otro lado, el interés puede estar vinculado con la construcción de una memoria oficial que omita gran parte del conflicto armado como se ha presentado en la actual administración del CNMH o con el mencionado proceso de paz con los paramilitares en que los relatos de los victimarios tuvieron prelación por encima de la memoria de las víctimas. Esto último resulta paradójico, pues si bien existe la institucionalidad encargada de la memoria, esta no defiende la memoria colectiva, sino que utiliza sus recursos y poder para moldearla según sus intereses. Por esto es problemático determinar cómo se da la participación de los ejecutivos en los Actos de memoria.

Finalmente, al comprender la relación entre la memoria, las víctimas y la construcción de paz es importante considerar los motivos por los cuales se realizan estas ACP.

Teniendo en cuenta los motivos registrados en la gráfica 3, se evidencia que la mayoría de acciones responden a Conmemoraciones de hechos de violencia con un total de 61 registros (47,7 %), el segundo motivo es por Asesinatos, masacres y desapariciones (21,1 %), y el tercer motivo se relaciona a la Búsqueda de alternativas para la paz (10,9 %), es decir, la mayoría de estas acciones se relacionan con la paz negativa, la cual hace referencia a la denuncia y/o rechazo del conflicto armado, la violencia y las violaciones a los DD. HH. Y el DIH (García-Durán, 2006, pág. 341). Esta se puede definir como: victoria militar, defensa de la vida, verdad, justicia y reparación, o la simple desmovilización de los alzados en armas. Esto denota la intención de los diferentes actores, sobre todo de las víctimas, en el rechazo contundente a la guerra. Son gritos que piden abandonar el conflicto armado y apostarle a la paz para evitar repetir las tragedias del pasado. En últimas, estas acciones reclaman no olvidar los abusos perpetuados por actores armados legales o ilegales y así aprender de lo sucedido.

De los motivos descritos se destaca el primero, pues la conmemoración se concibe como una estrategia poderosa de difusión en torno al recuerdo y la rediginificación de las víctimas por medio de la conformación de símbolos o la sacralización de elementos o comportamientos relacionados con los sucesos del pasado (Ávila, 2013). La conmemoración es un pilar en las Acciones de Memoria, puesto que permite traer desde el pasado las necesidades políticas y sociales al presente, reconociendo el testimonio de las víctimas para ser reparadas, construir su presente, su futuro y seguir adelante.  

No obstante, la notoriedad de la paz negativa puede interpretarse como un reflejo de las dificultades a las que se enfrenta la memoria en un contexto social donde la violencia y el conflicto permanecen vigentes (aun después de la firma del acuerdo de paz). Los actos analizados no muestran una memoria transformadora que abogue por la construcción de paz multidimensional que sobrepase incluso las exceptivas del acuerdo, sino que, por el contrario, estas manifestaciones sociales han estado concentradas en denunciar y conmemorar los hechos de violencia del pasado, que, si bien no pueden ser desmeritadas, revelan una realidad compleja para los alcances de la memoria y sus principales actores: las víctimas, quienes insisten en conmemorar sucesos violentos del pasado útiles para construir sus relatos y una memoria colectiva en aras de encontrar la verdad, pero que a su vez limitan la capacidad transformadora de la memoria en momentos transicionales.

Este carácter transformador de la memoria pude estar truncado por la deficiente atención a las víctimas del conflicto armado en el país, por lo cual sus actos de memoria permanecen encerrados en la denuncia y exigencia de garantías de verdad, justicia y reparación. En este sentido, para que la memoria pueda avanzar hacia la promoción de la paz por encima de las conmemoraciones y denuncias (sin tener que excluirlas), se deben facilitar escenarios eficientes de justicia transicional que propicien la construcción de la paz a partir de la memoria colectiva procurando la no repetición aprendiendo del pasado.

Con esto, es claro que la crisis institucional en torno a la memoria representa un gran riesgo en el proceso de justicia transicional que está viviendo Colombia. Sin embargo, a pesar de la debilidad estatal, las víctimas y sus familiares se encargarán de que la memoria prevalezca porque hace parte de ellos, de su identidad e historia colectiva, necesaria para los respectivos procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Referencias

Ávila Torres, Jheison. (2013). La memoria histórica y las víctimas. JURÍDICAS, 10(2), 144-166. Obtenido de http://vip.ucaldas.edu.co/juridicas/downloads/Juridicas10(2)_9.pdf

García-Durán, Mauricio. (2006). Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003. Bogotá: Cinep.

Jelin, Elizabeth. (2002). Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XXI de España. Obtenido de http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayeryhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf

Puentes, José. (4 de Marzo de 2020). Las víctimas se empiezan a ir del CNMH espantadas por el mandato de Acevedo. PACIFISTA! Obtenido de https://pacifista.tv/notas/las-victimas-se-empiezan-a-ir-del-cnmh-espantadas-por-el-mandato-de-acevedo/

Sánchez González, Eliana. (2013). Las disputas por la memoria. Las víctimas y su irrupción en la esfera pública. Medellín 2004-2010. Estidios políticos, 61-84. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/espo/n42/n42a04.pdf


[1] Estudiante de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana. Integrante del Cinep/PPP

Foto portada: Julio Barón para el CNMH.

Marcela Pardo

Investigadora de la Línea Construcción de Estado y Paz Territorial del Cinep /PPP

Escriba aquí su comentario