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La paz asediada: crisis humanitaria en el departamento de Córdoba – Revista Cien Días
Regiones

La paz asediada: crisis humanitaria en el departamento de Córdoba

EDICIÓN 97 OCT-DIC 2019

Un sueño permanente de las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado es habitar territorios en paz. La firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en noviembre de 2016, fue para muchas de estas comunidades el inicio de la materialización de ese sueño en el que la violencia dejaría de ser una constante. Sin embargo, tres años después persisten desafíos humanitarios y zonas históricamente marginadas, como el Sur de Córdoba, donde la confrontación armada continúa alrededor de la disputa territorial, con el agravante de la incertidumbre ante la reconfiguración de los actores armados y las nuevas dinámicas de violencia contra las comunidades y sus líderes y lideresas.

En el caso del departamento de Córdoba ‘la paz territorial’ se diluye entre acuerdos, pactos, firmas y programas que todavía no representan avances significativos en el cumplimiento del Acuerdo en relación con sus fines: erradicar las causas estructurales de la violencia armada y simbólica, así como la inequidad; lo cual es evidente que no se está cumpliendo al tener en cuenta el aumento de asesinatos y las amenazas en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio, así como los desplazamientos forzados y los confinamientos, todo esto producto del reacomodamiento de grupos armados ilegales y de la poca presencia estatal, entre otras acciones más.

Situación humanitaria en el Sur de Córdoba

Los municipios que conforman el Sur de Córdoba son corredores estratégicos que conectan el departamento hacia el norte con la zona costanera de Córdoba y el Golfo de Urabá, y hacia el oriente con el Bajo Cauca, el Sur de Bolívar, el río Magdalena y el Catatumbo (Defensoría, 2019). Esta ubicación geográfica tiene un alto valor estratégico para los grupos armados ilegales, dado que permite que la cadena del narcotráfico (cultivo, procesamiento y comercialización) se fortalezca de la mano de actividades como la explotación minera de oro, cobre, níquel; por tanto, la posibilidad de esta variedad de actividades es un factor que conlleva a la disputa por el control territorial.

La presencia histórica de diferentes grupos armados —guerrillas liberales, Ejército Popular de Liberación (EPL), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Grupos Armados Postdesmovilización (GAPD) o Bandas Criminales (Bacrim), así como un importante pie de fuerza pública— ha hecho que el departamento sume más de 60 años de ciclos bélicos (Arias, 2018). Justamente, posterior al Acuerdo Final de Paz y la dejación de armas de los frentes 5, 18 y 58 de las FARC- EP, inició una disputa por el control territorial en los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador (El Espectador, 2019), donde esta guerrilla ejercía el control territorial. Estas confrontaciones armadas, protagonizadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas también ‘Clan del Golfo’; el Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), también conocido como Caparrapos; una disidencia de las AGC y el autodenominado Nuevo frente 18 (Román Ruiz) Cacique Coyará de las FARC-EP —sumadas a nuevas dinámicas con bandas criminales y carteles extranjeros por el control de la coca, la minería y las rentas de la extorsión en la zona del Nudo de Paramillo, que incluyen, no solo el Sur de Córdoba, sino también el Bajo Cauca Antioqueño (Silla Vacía, 2019)— han tenido como resultado una oleada de desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y enfrentamientos, en los que la población civil se convierte en blanco de ataques indiscriminados. Lo anterior, además, pone en evidencia la incapacidad (y el desinterés) del Estado en recuperar el control territorial y realizar junto con las comunidades acciones para la satisfacción efectiva de las garantías plenas de los derechos sociales y económicos de la población.

Evidencia de este desalentador panorama es la violencia que desde hace muchos años padecen las comunidades Embera Katio del Sur de Córdoba1Una mirada al contexto que viven las comunidades Embera Katío se puede consultar en la publicación: Córdoba, la tierra y el territorio: aportes para el debate. Disponible en: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/7.Cordoba.pdf, pero que desde el 2017 se viene agudizando con incursiones armadas. El informe 005-18 del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo registró que el primer desplazamiento (postacuerdo) tuvo lugar el 19 de noviembre de 2017 por combates entre el ejército y las AGC en zona de comunidades Embera Katío del municipio de Tierralta. Igualmente, desde noviembre de 2018 en la Alerta Temprana N°083 la Defensoría del Pueblo advirtió de las posibles emergencias humanitarias generadas por la expansión de grupos armados, que buscaban ocupar los territorios dejados por el antiguo Frente 18 de las FARC-EP, como el autodenominado Nuevo frente 18 (Román Ruiz) Cacique Coyará de las FARC-EP, proveniente del municipio antioqueño de Ituango. En 2018 los desplazamientos masivos continuaron, pero ahora en el municipio de San José de Uré debido a confrontaciones entre la disidencia de las FARC y las AGC. Según los datos de la Defensoría del Pueblo, entre el 18 de enero y el 23 de febrero 2019 unas 850 personas —243 familias— abandonaron sus casas (Defensoría, 2019). Para el 2019, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, 2019), desde el 22 de marzo, alrededor de 775 familias (2.256 personas, de los cuales 812 son niños y niñas) de comunidades campesinas e indígenas se han desplazado hacia el casco urbano del corregimiento de Juan José, en Puerto Libertador; según el Cacique Mayor del Resguardo Zenú del Alto San Jorge estas familias ya han retornado a sus territorios. El último hecho de desplazamiento masivo se produjo el 12 y el 15 de noviembre de 2019 en territorio indígena de la comunidad Embera Katío de Dochama Altos de Uré, ubicada en la vereda Batatalito, corregimiento Versalles del municipio de San José de Uré; allí al menos 53 familias emberas y 15 familias campesinas fueron desplazadas de manera forzosa, según el reporte preliminar de la Defensoría del Pueblo.

“Pese al acompañamiento de las instituciones locales e internacionales y a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la población sigue en un riesgo inminente.”

Pese al acompañamiento de las instituciones locales e internacionales y a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, la población sigue en un riesgo inminente que no se ha mitigado a pesar del despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército que hace presencia en la zona desde enero de 2019, y que dispone de poco más de cuatro mil efectivos.

Finalmente, este contexto de violencia ha elevado el riesgo para los líderes y lideresas defensores de derechos humanos y del territorio: entre el 18 de febrero del 2016 y el 21 de junio del 2019 han sido asesinados treinta y dos (32) líderes y lideresas sociales en el departamento de Córdoba; veintiséis (26) de estos del Sur de Córdoba; doce (12) reincorporados de las FARC y catorce (14)  beneficiarios del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).2Andrés Chica. Director de la Fundación Cordobexia y Derechos Humanos de Córdoba, intervención en la Audiencia Pública realizada en el Congreso de la República el día 25 de septiembre.

Sin embargo, la presencia del Estado se ha limitado al despliegue de la Fuerza Pública, además del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios reglamentado en el Decreto 660 de 2018, el cual para el caso del Sur de Córdoba ha tenido como escenario piloto el municipio de San José de Uré; no obstante, su implementación ha carecido de contundencia al momento de proteger a defensores y defensoras de derechos humanos.

La voz de los líderes y las apuestas de paz

A pesar de este panorama, las comunidades en el departamento de Córdoba le siguen apostando a la construcción de paz, y muestra de ello es su participación activa en los pocos espacios de deliberación que se han abierto para la implementación del Acuerdo Final, como el del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Sur de Córdoba. En este ejercicio, durante 2018 las comunidades campesinas y étnicas participaron durante más de seis meses para construir cerca de 1.154 iniciativas que quedaron plasmadas en los pactos municipales de trasformación regional, a cargo de la Agencia de Renovación del Territorio. A pesar de la poca claridad sobre la implementación de estas medidas por parte del actual gobierno, estas comunidades se han apropiado de algunas de las iniciativas y siguen impulsándolas en sus territorios, siendo conscientes de la importancia de este ejercicio para movilizar una reforma rural integral, planteada en el punto 1 del Acuerdo, donde además se  ha creado el PDET.

“ Las comunidades estaban preparadas para el PDET porque si algo tienen claro son las necesidades de la población, y aún más, las respuestas integrales que requiere el territorio.”

Las comunidades estaban preparadas para el PDET porque si algo tienen claro son las necesidades de la población, y aún más, las respuestas integrales que requiere el territorio para la construcción de paz; y es este conocimiento profundo y sus formas organizativas propias las que han sostenido a lo largo del tiempo sus reivindicaciones y reclamos legítimos. Una de esas experiencias es el Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba (GTTC), el cual agrupa a 13 organizaciones indígenas, campesinas, de pescadores, de mujeres y jóvenes, las cuales desde hace nueve años han venido trabajando por la defensa de los territorios del despojo de la guerra y la victimización, y por la garantía de permanencia en su tierra. Esta lucha les ha permitido construir una ruta común que recoge demandas y apuestas sobre la tierra y el territorio, el agua, las formas de producción propias, las vías, los caminos y las redes para la comunicación, la educación y la salud, como garantías para una vida digna en Córdoba. Este ejercicio colectivo fue plasmado en la Agenda Territorial de Paz del GTTC3Agenda Territorial de Paz disponible en: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20190302_agenda_territorial_paz.pdf, la cual es “una guía para tocar puertas, se puede hablar con propiedad y con seguridad sobre nuestras realidades, es una forma de proponer y construir una vida sin miedo en el territorio” (líder del bajo Sinú, julio de 2019).

Tomado del componente Tierra y Territorio, de la Agenda Territorial de Paz

Así pues, las comunidades han visto en los espacios de implementación una oportunidad para seguir posicionado la defensa del territorio, y como ellos mismos lo expresan:

Los PDET los construimos las comunidades y estamos aprovechando en seguir socializando estas propuestas, 17 Juntas de Acción Comunal estamos trabajando articuladamente. Muchas de las propuestas están en la Agenda Territorial de Paz, caso de la infraestructura vial en el corregimiento de Batata que ya se están desarrollando (líder de la comunidad de Batata, Municipio de Tierralta, julio 2019).

Conclusiones

La actual situación del departamento de Córdoba es una muestra de la persistencia del conflicto armado interno en el país, el cual exacerba las conflictividades irresueltas alrededor de la tierra y la violación sistemática de derechos humanos, no solo por parte de los actores armados, sino por el Estado que desconoce su deber de prevenir, garantizar y proteger dichos derechos, entre ellos, la paz. Pese al alto número de alertas tempranas que indican la situación de alta conflictividad armada y de afectación humanitaria, no ha habido una acción concreta y con resultados positivos frente a la protección de la vida y dignidad de las comunidades y sus líderes; por el contrario, los mecanismos del horror siguen operando, con lo cual banalizan la vida de los pueblos y los victimizan una y otra vez mediante el desplazamiento forzado y de todas sus afectaciones.

Estas circunstancias ponen de presente la necesidad de una reflexión profunda sobre la gobernabilidad estatal, y, por ende, la necesidad de que el Estado replantee su concepto y estrategia de presencia territorial, pues está visto que el aumento de pie de fuerza pública es insuficiente para gestionar un control territorial que además de seguridad, garantice condiciones sociales, económicas y culturales que permitan a las comunidades y los individuos que las componen llevar a cabo sus proyectos de vida digna y libre, que redunden en sociedades más democráticas y solidarias.

Bajo este contexto, resulta importante que el Gobierno comience a valorar y a incentivar el papel de las organizaciones comunitarias para lograr dinámicas territoriales que no estén mediadas por el terror como mecanismos de control, sino por la convivencia pacífica y la gestión alternativa de conflictos. Esto exige un mayor compromiso del Gobierno para atender a los llamados que estas comunidades hacen desde sus agendas territoriales para la solución de problemas estructurales, que incluyen la reforma rural integral y la adopción de modelos de desarrollo incluyentes, alternativos y sostenibles, así como espacios amplios de participación y toma de decisiones. Sin duda se carece de voluntad política, la cual no está asegurada en un país que ha aprendido a convivir bajo la ley del más fuerte; sin embargo, lo cierto es que, a pesar de las muertes de los líderes y lideresas, de las incursiones armadas, los confinamientos, las persecuciones motivadas por intereses políticos y económicos, las comunidades resisten e insisten en su apuesta por permanecer en el territorio y por la construcción de una región en paz, dando con ello la muestra de voluntad y valentía más importante: seguir soñando la vida y continuar viviendo la esperanza.

Referencias

Arias Lina, Serrano Catalina, Jóvenes CTTG. (2018). Ser Joven Rural en Córdoba. Otras formas de sentir y pensar el territorio. Bogotá.

Pensamiento Acción Social.  (2018). Nota de Seguimiento a Situación Humanitaria y de Derechos Humanos a San José de Uré. Bogotá.

Osorio Marcela, Forero Sebastián.(2019, 31 de Marzo). La violencia está despoblando el sur de Córdoba. El Espectador. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/la-violencia-esta-despoblando-el-sur-de-cordoba-articulo-857821

OCHA. (2019, 13 de abril). Colombia: Reporte de Situación N° 1 – Desplazamientos Masivos Puerto Libertador. Recuperado de: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-reporte-de-situaci%C3%B3n-no-1-desplazamientos-masivos-puerto

Presidencia de la República. (2018, 10 de abril). Avanza en Córdoba el Programa de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. Recuperado de:  http://es.presidencia.gov.co/noticia/180410-Avanza-en-Cordoba-el-Programa-de-Sustitucion-Voluntaria-de-Cultivos-Ilicitos

Serrano Nidia. (2019, 14 de Enero). Cuatro mil militares reforzarán seguridad en el sur de Córdoba. El Universal. Recuperado de: https://www.eluniversal.com.co/regional/cuatro-mil-militares-reforzaran-seguridad-en-el-sur-de-cordoba-LK590915

Defensoría del Pueblo. Cacique Mayor del Resguardo del Alto San Jorge, comunicación personal. (30 octubre de 2019). Contexto del Sur de Córdoba. Recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1mJHXL-dAvu5J2mNmkiaeZ2m9MPdFDrcB/view

Senado. (2019). Andrés Chica. Intervención en la Audiencia Pública realizada en el Congreso de la República el día 25 de septiembre. Recuperado de:  http://senado.gov.co/index.php/component/content/article/18-noticias-actualidad/321-organizaciones-sociales-del-sur-de-cordoba-claman-la-presencia-del-gobierno


Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo tierras y derecho al territorio.