Por Katalina Vásquez
Fotos: Jennifer Rueda
En el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz múltiples manifestaciones de respaldo al tratado que puso fin a medio siglo de confrontación armada entre la ex guerrilla Farc-Ep y el Estado colombiano se llevaron a cabo en el país y el exterior. En Medellín, la capital de Antioquia, donde se sumaron la mayoría de votos en contra del Acuerdo durante el Plebiscito por la Paz, la programación del controvertido aniversario comenzó con una marcha silenciosa.
A sus espaldas, los firmantes portaron fotos de sus compañeros con quienes abandonaron las armas en 2017 y que hoy están asesinados o desaparecidos. Hasta septiembre de 2021, según los informes de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional a la implementación integrada por Cinep / PPP y Cerac, 291 firmantes del Acuerdo fueron asesinados en el país. “La situación de inseguridad para los excombatientes se ha materializado en los delitos de homicidios, amenazas, tentativas de homicidio y desapariciones forzadas”, señala el décimo informe de la Secretaría. En las calles de Medellín, los ex combatientes y la sociedad civil caminaron con 51 fotos de los hombres y mujeres asesinados y desaparecidos en Antioquia, Chocó, Córdoba y Eje Cafetero.
Más de 300 reincorporados llegaron desde zonas rurales acompañados de la guardia indígena de Dabeiba para conmemorar -no celebrar, aclararon- el aniversario de la firma del Acuerdo de Paz. También para denunciar que, además de su exterminio físico y el de muchos que defienden el Acuerdo, están siendo violentados con impunidad los impulsores de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, los ambientalistas, los jóvenes que se movilizaron durante el Paro Nacional, y los pueblos indígenas, campesinos y afros que denuncian la avanzada de grupos ilegales en las zonas abandonadas por los ex Farc donde el Estado no llegó.
Para quienes dejaron las armas a cambio de participación política y las transformaciones trazadas en el Acuerdo, el gobierno no está cumpliendo en lo fundamental y la implementación requiere un decidido impulso y compromiso, en especial, en las garantías para la vida y la oposición política. Los cinco puntos del Acuerdo presentan retos en su implementación y, según la Secretaría Técnica, “a este ritmo de ejecución, la implementación tomaría un total de 26 años, es decir, 11 años más de lo previsto”.
En estas fotografías logradas por Jennifer Rueda durante la Movilización por la Vida y la Defensa del Acuerdo el 24 de noviembre en Medellín se aprecia el agridulce sabor del aniversario en un territorio donde las masacres, los desplazamientos masivos, el terror y la confrontación armada volvió a ser pan de cada día, a la par con múltiples movilizaciones juveniles y expresiones de impulso a la paz.
La esperanza en que la sociedad civil y la comunidad internacional continúen defendiendo el Acuerdo y las instituciones del Sistema Integral para la Paz están presenten también en esta fotohistoria donde tiene cabida la unión y el trabajo colectivo: ahora en una lucha sin armas, las y los exguerrilleros se toman de la mano con instituciones, jóvenes y mujeres de la capital antioqueña que, de aportar millones de votos en contra del Acuerdo cinco años atrás, hoy acoge la reincorporación y la reconciliación como un imperativo ético: “Para la guerra nada”, repetían ciudadanos y firmantes durante la marcha que culminó en el corazón del Centro Administrativo La Alpujarra.
La Secretaría Técnica destaca la creación del Fondo de Tierras como un logro parcial: al 20 de junio de 2021 han ingresado 1 millón 385 mil 066 hectáreas de las 3 millones que había previsto el Acuerdo para su distribución. A ello se suma que, de esta cantidad, solo se han entregado 4.521 hectáreas por mes. A este ritmo, en los 12 años previstos de duración del Fondo, solo se distribuirán el 21,7% de lo pactado.
“En materia de garantías de seguridad para el ejercicio de la política, la ST no identifica ningún logro significativo”, pese a los avances normativos porque persisten retrasos en la implementación del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP).
La Secretaría Técnica registra el cumplimiento del 98% del levantamiento de los cultivos de uso ilícito por parte de las familias que suscribieron acuerdos individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
La Secretaría Técnica registra el cumplimiento del 98% del levantamiento de los cultivos de uso ilícito por parte de las familias que suscribieron acuerdos individuales del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).
Foto portada: Jennifer Rueda.
No.-103-Revista-Cien-Dias
