Por Martha Cecilia García y Santiago Garcés
La movilización nacional que inició el 28 de abril de 2021 fue convocada por el Comité Nacional de Paro (CNP)1Sus miembros representan a 27 sectores sociales (sindicalistas, pensionados, dignidades campesinas, indígenas, estudiantes, colectivos feministas y LBGTIQ) y 350 comités departamentales y locales. Además, el CNP recoge distintas tendencias políticas, lo que lo hace un cuerpo heterogéneo y plural, con tensiones y conflictos internos, como ya se había visto en 2019., bajo la consigna: “Es el momento de parar por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque”.
Muchos sectores sociales aceptaron la invitación porque encontraron que este lema cobijaba buena parte de sus demandas y, desde ese día, salieron a manifestarse, de manera continua, en ciudades, poblados, veredas y caminos del país. Acompañaron los tradicionales repertorios de lucha con un despliegue de creatividad que incluyó música, canto, danza, pintura callejera, teatro, acciones performáticas, mascaradas, artes circenses, narración, cuento, poesía. Algunos recurrieron a la toma y destrucción de peajes y Centros de Atención Inmediata (CAI) de la policía, al derribamiento de estatuas de colonizadores o representantes de las elites dominantes, a cambiar el nombre a ciertos lugares y así resignificarlos, como Puerto Rellena por Puerto Resistencia, Loma de la Cruz por Loma de la Dignidad y Puente de los Mil Días por Puente de las Mil Luchas, en Cali, o, en Bogotá, Puente de Santa Librada por Puente de la Resistencia y el Portal de Las Américas por Portal Resistencia, en Bogotá.
Acciones que, junto al cambio de las rutas de las marchas, la descentralización de los lugares de manifestación hacia las periferias urbanas y los cruces de vías, las ollas comunitarias y otras expresiones de solidaridad y de cuidado, evidencian las transformaciones de los rituales de la protesta y sus sentidos. A ello se suma el surgimiento de otros liderazgos y espacios de coordinación del paro de carácter nacional, como la Minga Indígena y la Asamblea Nacional Popular, al igual que regionales y locales, como la Unidad de Resistencias de Cali, Bogotá y Medellín, entre otras ciudades.
En la medida en que se prolongaba la duración del paro, las noches pasaron de la fiesta al terror, y la lucha social fue ganando densidad, gracias a su capacidad de movilizar amplios grupos de población, a la transferencia de aptitudes, esfuerzos y cuidados de unas organizaciones a otras o de unos grupos a otros, a la legitimación social de las reivindicaciones, y a las posibilidades de estructurar efectos a largo plazo, al tipo de desafío público que plantearon los actores sociales y la respuesta que obtuvieron de sus antagonistas, así como a la escala internacional lograda, particularmente por el eco que tuvieron en el exterior las violaciones de derechos humanos en medio de las manifestaciones.
Y al tiempo que el gobierno central no accedía a negociar e incluso fue postergando la “conversación” sobre lo que motivaba esta inmensa movilización nacional, las demandas fueron creciendo en número, se desempolvaron viejas reivindicaciones, y fueron develándose los incumplimientos de acuerdos previos, los rechazos conscientes a los proyectos legislativos, leyes y decretos dictados en tiempos de pandemia, y la exigencia del acatamiento tanto de sentencias de la Corte Constitucional que protegen a poblaciones étnicas, como del Acuerdo de paz.
El Comité Nacional de Paro insistió en que la lucha iniciada el 28 de abril iba contra la Reforma Tributaria y por la negociación del Pliego de Emergencia que ya había sido presentado al gobierno en junio de 2020, y cuya negociación fue exigida en tres movilizaciones nacionales, llevadas a cabo en septiembre, octubre y noviembre del año anterior. Este pliego corto expone propuestas para atender necesidades básicas y urgentes, y “aliviar la grave situación de miseria en que se está hundiendo el pueblo colombiano”2Carta del Comité Nacional de Paro al presidente Duque, 19 de junio de 2020, en https://ail.ens.org.co/wp-content/uploads/sites/3/2020/07/19-06-20-RADICADO-PLIEGO-DE-EMERGENCIA.pdf, y no implica la renuncia a los 194 puntos que motivaron las movilizaciones iniciadas el 21 de noviembre de 2019 (21 N), que fueron expuestos y discutidos en la “gran conversación nacional”, realizada entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, y coordinada por Diego Molano (actual Ministro de Defensa), que no produjo resultado efectivo alguno, pese a sumar 45 reuniones y 11 encuentros regionales, durante los cuales se recogieron 1.200 propuestas y se pronunciaron 13.000 participantes3Diógenes Orjuela, Secretario General de la CUT. “Paro Nacional: ¿Por qué se llegó a esta situación y cuál es la salida?”, El Tiempo, 9 de mayo de 2021.
El pliego de emergencia aborda seis puntos: renta básica; intervención y financiación estatal al sistema de salud; derogatoria de los decretos presidenciales de emergencia; defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal; matrícula cero en la educación superior; acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. En 2021 se adicionaron dos asuntos: la implementación del Acuerdo de Paz, y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas sociales, indígenas, campesinos y excombatientes.
El paro del 28 de abril se traslapó con movilizaciones de varios actores sociales que estaban expresando demandas propias. Tal es el caso de la Caravana Humanitaria de los pueblos afro de Timbiquí, Guapi y López de Micay, que reclamaba el cumplimiento de los acuerdos de paz, y protestaba contra el reclutamiento forzado de jóvenes y niños por parte de grupos armados irregulares y contra el asesinato de líderes y lideresas.
Otro ejemplo es la Minga caucana “hacia adentro” de la comunidad indígena del resguardo La Laguna, Caldono, entendida como una protesta por el asesinato de Sandra Liliana Peña, su Gobernadora y lideresa ambiental, y como un proceso reflexivo y armonizador. Así mismo, los bloqueos de vías de Nariño por indígenas Pastos, Quillasingas y Awá en protesta no solo por las masacres que los están aniquilando, sino contra el proyecto de ley estatutaria que pretende relativizar el derecho a la consulta previa y definir la comunidad que debe ser consultada (retirado el 18 de abril de 2021), contra la megaminería y el fracking, y para denunciar los incumplimientos de pactos previos y dar a conocer el pliego petitorio de los pueblos indígenas del suroccidente del país. Adicionalmente, las acciones de reivindicación cultural y recuperación de la memoria, protagonizadas por el pueblo Misak, junto con el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), se suman a las movilizaciones campesinas en Catatumbo, Meta, Caquetá, Putumayo y Antioquia contra el Decreto 380 de 2021 (que permite la fumigación aérea con glifosato a los cultivos de uso ilícito), para denunciar el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y para pedir al gobierno nacional renegociar los TLC, poniendo freno a la importación de productos agropecuarios y estabilizar los precios internos. Otros casos ilustrativos son las protestas de dueños de bares y restaurantes en contra de las medidas dictadas por alcaldes para disminuir contagios y presiones sobre el sistema de salud, como los toques de queda y las cuarentenas. También los ceses intermitentes de labores de lo/as trabajadores de la salud, exigiendo el pago de salarios atrasados y condiciones laborales dignas y seguras para enfrentar la pandemia. De igual manera, coincidieron las movilizaciones estudiantiles por la financiación de la educación pública superior, y las del magisterio por el Estatuto de Profesión Docente, reubicación salarial, garantía de la prestación del servicio de salud, fortalecimiento del Fondo Nacional de prestaciones sociales del Magisterio, primas territoriales, permisos sindicales, entre otras.
Más sectores sociales se unieron al paro, esgrimiendo sus propias reivindicaciones: los camioneros que presentaron un pliego de 29 puntos (ya negociado), referidos a tarifas y localización de peajes, a los precios de los combustibles, a los costos de los pasajes, a las tablas de fletes, a aspectos técnicos relacionados con la renovación del parque automotor, a la inseguridad en las carreteras y a la instauración de un régimen pensional especial. Los taxistas, cuyas demandas se centran en el control a la competencia del transporte informal y de aquel provisto vía plataformas. Los motociclistas protestaron contra la reforma tributaria porque anunciaba la instalación de peajes dentro de las ciudades, y el cobro de peajes a sus vehículos. Los mineros informales se manifestaron contra el Proyecto de Ley 059/20 porque ilegaliza, sanciona y estigmatiza la minería artesanal e informal. Hinchas de fútbol se opusieron a la realización de la Copa América en Colombia en medio del paro nacional. El Cuerpo de Bomberos suspendió actividades en todo el país, en el cumpleaños 126 años de la institución, para exigir el pago oportuno de salarios, la afiliación a las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), y garantías de estabilidad laboral. Los carniceros adelantaron un paro para protestar por los altos precios internos de la carne y por la exportación de este producto que deja en el país la carne de peor calidad.
Mención aparte requieren las Primeras Líneas, consideradas por muchos, como un sujeto social en formación y partícipe de la disputa por lograr visibilidad y legitimidad. En Cali, Bogotá, Buga, Tuluá y Medellín, entre otras ciudades, jóvenes de diferentes procedencias, sobre todo de sectores populares, se han organizado con escudos “hechizos”, piedras y cascos, para construir “primeras líneas” que defienden a los manifestantes de las arremetidas de la fuerza pública, y resisten los intentos de dispersar los puntos de concentración y de resistencia. Y, en dinámicas asamblearias junto con pobladores de los barrios en donde están ubicados los puntos de concentración, han elaborado pliegos petitorios, cuya principal reivindicación, debido a la fuerte represión, es el cese de la violencia homicida en las manifestaciones, y garantías de no judicialización, persecución y hostigamiento. Además, demandan oportunidades de estudio, empleo y vida digna, exactamente lo que había ofrecido el gobierno el año anterior, en el 6° punto del contrapliego que elaboró como respuesta al extenso petitorio presentado el 21 N, expuesto durante la “gran conversación nacional”.
Un ejemplo es el pliego de peticiones de Puerto Resistencia, Cali, que fue lanzado el 12 de mayo, y propone dos mesas negociadoras, una nacional y otra regional4https://www.colombiasolidarity.org.uk /2021/05/pliego-de-peticiones-por-puerto-resistencia-en-cali-en-el-marco-del-paro-nacional -12-de-mayo-petitions-by-puerto-resistencia-in-cali-12th-may-2021. En la primera mesa se exige al Estado que asuma la responsabilidad por la violencia policial5Dos de los tres ministros de defensa del gobierno de Duque fueron llamados a debates de moción de censura por el tratamiento gubernamental a las protestas: Carlos Holmes Trujillo en octubre de 2020 y Diego Molano en mayo de 2021. Aunque ninguna de ellas prosperó, las dos citaciones hablan por sí solas del manejo represivo y del abuso del uso de la fuerza por parte de la policía. Y según ONG Temblores, entre 2017 y 2019, la fuerza pública es responsable de 289 homicidios, de los cuales solo el 0,69% ha terminado en condena (El Espectador, 11 de enero de 2021, p. 4)., que derogue la ley 100 e impulse la creación de un sistema de salud que cuente con el respaldo del personal del sector, proteja la estabilidad laboral reforzada y derogue el decreto 1174 de 2020 que incentiva la contratación por horas, elabore una reforma laboral y pensional concertada con obreros, empresarios y banqueros, intervenga en favor de pequeñas y medianas empresas, reduzca los sueldos de funcionarios públicos de alto nivel, elimine la pensión vitalicia para el presidente de la república, y establezca sanciones para los congresistas con altos niveles de ausentismo. En la segunda mesa regional, la Primera Línea exige a la gobernación del Valle y a la alcaldía de Cali que aclaren las responsabilidades por los abusos policiales, aumenten la financiación para adelantar políticas públicas orientadas a las juventudes de Cali, ejecuten los presupuestos participativos y creen empleo público para los jóvenes. Se propone el uso de la infraestructura de los mega-colegios para ampliar la cobertura en educación superior, que se otorguen subsidios a los estudiantes, se remuneren las prácticas, y que, además, estas sean reconocidas como experiencia laboral profesional. Por último, se pide la construcción de una Biblioteca Museo ‘Puerto Resistencia’, como tributo a la memoria de sus compañeros caídos, y la creación de rutas culturales y deportivas en los barrios.
En Bogotá, la primera línea del Portal de la Resistencia exige la desmilitarización de los territorios como garantía para cualquier discusión, así como garantías de no judicialización, el esclarecimiento de la verdad, el perdón público de la alcaldesa por lo que consideran un silencio cómplice frente la represión, una reforma a la policía, y oportunidades de estudio y de empleo 6https://www.youtube.com/watch?v=swj0_utqrTA.
Mucho tiempo, demasiados actores, innumerables demandas: ¿qué hacer?
El paro ha tenido logros significativos: el proyecto de la reforma tributaria fue retirado el 2 de mayo, y al día siguiente renunció el Ministro de Hacienda; el 12 de mayo el gobierno anunció matrícula cero para el segundo semestre de 2021 para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades e institutos técnicos de carácter público; el 13 de mayo renunció la Ministra de Relaciones Exteriores, tras haber dado erradas declaraciones frente a los reclamos internacionales por los abusos policiales durante las manifestaciones; el 19 de mayo se retiró el proyecto de reforma al sistema de salud (orientada a poner los recursos de la salud, cercanos a 50 billones de pesos, al servicio del capital financiero); el 20 de mayo se canceló la realización de la Copa América de futbol en Colombia, una petición elevada por los mismos hinchas.
También ha sido un avance, la apertura del horizonte de lo posible en materia de impuestos. Probogotá, centro de pensamiento empresarial, publicó el 27 de mayo un comunicado con el que algunas grandes empresas expresaron su “disposición de hacer mayores contribuciones”7Declaración Pública ProBogotá. Disponible en: https://www.probogota.org/post/declaraci%C3%B3n-p%C3%BAblica en materia tributaria. A su vez, el vocero de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) fue enfático al señalar: “En la reforma no toquen a nadie más, ¡cóbrennos a nosotros!”. Más allá del alcance real de dichas declaraciones, pues con certeza el monto de las “generosas” contribuciones será bastante menor que las exenciones tributarias aprobadas en 2019, el consenso tecnocrático y falaz, según el cual la reducción de impuestos al capital es el mecanismo idóneo para el aumento de los niveles de inversión y de empleo, ha quedado, por fortuna, bastante maltrecho.
Por último, un logro invisible a corto plazo es la irrupción de una multitud que no está dispuesta a someterse a cualquier designio gubernamental, y menos a soportar el oprobioso modelo de desarrollo. Es también una llamada a la renovación política, que no necesariamente electoral. El paro ha cuestionado el quehacer de la rama legislativa por la carencia de conexión con las necesidades y expectativas de quienes tendrán que cumplir las normas que ella emite, y obliga a deliberar sobre la (in)capacidad de representación política de la élite en el poder y sobre la (in)capacidad de escucha atenta y activa de los gobernantes.
No obstante, estos triunfos, o precisamente por ellos, el gobierno nacional ha recurrido a cuatro estrategias para tratar el paro: represión, estigmatización, dilación y división, todo lo cual constituye una utilería muy conocida en la escena de la movilización social de este país. Viejas manías y añosos discursos gubernamentales para responder a un fenómeno social que obedece a la crisis de representación política legítima de la democracia liberal, y no solo a las consecuencias de la pandemia. Y es que poco antes de que el coronavirus tocara a nuestras puertas, América Latina y el Caribe ya daban cuenta de la emergencia global de explosiones sociales que, según el sociólogo catalán Manuel Castells, no son movimientos articulados en torno a proyectos que intenten transformar la cultura o las instituciones, sino eventos que se presentan porque,
“simplemente la gente no puede más y explota, y explota en algunos lugares con violencia limitada, y en otros con violencia más extrema. Esta violencia no es de provocadores profesionales, los hay y hay infiltrados y hay vándalos, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico no puede más y, entonces, se enfrenta con la policía. No piensen que esto va a pasar. No piensen que cierran los ojos y el mal sueño va a desaparecer. [Esto tiene] causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes y ustedes tienen que encontrar las soluciones. Pero no pasen de puntillas sobre esto, y que no piense nadie que con cuatro medidas de algún tipo esto ya está [arreglado]”.
Manuel Castells en el Conversatorio sobre La crisis de la democracia liberal en el mundo, en el Centro de Estudios Públicos de Chile, Valparaíso, 6 de noviembre de 2019.
En Colombia, el 21 N y el 9 S ya mostraban rasgos como los señalados por Castells. Estallidos de los sin, de los excluidos, y de quienes no encuentran canales de expresión en las vías de la política tradicional y no sienten que los políticos de oficio representen sus expectativas y necesidades. La miopía de las élites en el poder es tal, que en cambio de buscar las causas profundas del malestar social que a veces se manifiesta de manera violenta, opta por manejarlo como si fuese un asunto de guerra total y, por ende, prima la mirada militar.
Dicha mirada es la que concibe la movilización social como parte de un plan regional de desestabilización fomentado por el Kremlin, coordinado por células del ELN y las disidencias de las FARC, y los puntos de resistencia como una táctica de guerrilla urbana. Es la mirada que acusa a algunos medios de comunicación y a las redes sociales de mostrarle al mundo una imagen de un gobierno dictatorial y violador de los derechos humanos8Un excelente ejemplo de esta mirada militar es el artículo del coronel retirado John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares: “El paro nacional desde una mirada militar: ¿Sólo intentona de desestabilización?”. El Espectador, 24 de mayo, 2021.
Restarle autonomía a los sectores sociales que se lanzan a la protesta, insistir en el fantasma del comunismo internacional, del enemigo interno, de los terroristas, de los “vándalos”, de los estudiantes como objetos de adoctrinamiento de la izquierda, sustentan la estigmatización de actores, repertorios y demandas de la movilización social, a través de un discurso oficial de vieja data9Ver, por ejemplo, de Martha Cecilia García y Ana María Restrepo, Tres miradas sobre la movilización y la paz. En: https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20170505e.variaciones_moviliacion90.pdf que se acompaña de acciones como la orden presidencial de “asistencia militar”, dictada el 1° de mayo. Finalizando el mes, Duque emitió el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021 que, espacializando la asistencia militar, signa a ciertos entes territoriales como violentos e ingobernables: Cauca, Valle, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva. Y de paso, cuestiona la acción de gobernadores y alcaldes en torno al manejo de las protestas y al acatamiento de una circular que les fue enviada el 19 de mayo, en la que se determina que son estas autoridades quienes deben responder por el orden público y los desmanes cometidos por la policía, en su jurisdicción.
El gobierno también anunció el 18 de junio la modificación del decreto 003 de 2021, para sentenciar que los bloqueos de vías no hacen parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica y, por tanto, son susceptibles de ser reprimidos por la fuerza pública10Ver Democracia en Riesgo, El gobierno de Duque continúa con la violación sistemática del derecho constitucional a la protesta pacífica. En: https://democraciaenriesgo.com/index.php/riesgos-democraticos/alerta-violacion-derecho-a-la-protesta/. Con esta modificación, el gobierno desacata una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que lo obligaba a transformar las directrices de las operaciones de la fuerza pública para enfrentar los abusos policiales, y también viola el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y la Constitución Política en varios niveles; criminaliza todos los bloqueos, lo que hace inaplicable el ejercicio de la manifestación pacífica, y además pretende definir el contenido de un derecho mediante un decreto ordinario, lo que es propio de un estado de excepción.
En realidad, el gobierno de Duque ha impuesto en la práctica un estado de excepción como respuesta represiva a la movilización, pero sin declararlo, a fin de evitar los controles de la Corte Constitucional.
Este manejo militar de la protesta se acompaña con la negación radical a negociar. ¿Cuántos muertos, detenidos, heridos, ojos fuera de sus órbitas, desparecidos, acosos y violaciones sexuales se produjeron antes de remover el detonante del paro, la reforma tributaria? ¿Cuántas estaciones de un viacrucis “para avanzar en una agenda sobre lo fundamental” tuvieron que pasar antes de que el gobierno nacional decidiera tener una reunión “exploratoria” con el Comité del Paro? 15 reuniones hizo el gobierno con gremios, entes de control, rectores de universidades, altas cortes, miembros de partidos políticos, alcaldes y gobernadores, jóvenes, iglesias, universitarios, transportadores, comunales, antes que se sentara a “conversar” con el CNP, pero nunca se concretaron siquiera las precondiciones para negociar el pliego presentado. Es una muestra de la estrategia de dilatar las conversaciones –que no negociaciones– con un ente que se considera representativo solo de ciertos sectores sociales, al que se le pide que ordene a “sus huestes” desbloquear las vías del país, mientras se afirma que no representa a los jóvenes de la primera línea, ni a otros sectores, ni a los transportadores con quienes se negoció muy temprano.
Este doble discurso sobre el papel del Comité Nacional del Paro ha contribuido, de una parte, a entorpecer las posibilidades de interlocución con el gobierno central, y de otra, ha permitido asomar la estrategia de dividir para reinar: deslegitimar al CNP ha sido una tarea prioritaria de los funcionarios gubernamentales, porque lo que sí tiene claro este gobierno es el papel que juegan las organizaciones de carácter nacional (tanto las que hacen parte del comité, como las que no), en la cualificación de las demandas sociales y en la aglutinación de actores sociales. Es por ello que los diálogos locales con sujetos sociales no organizados se han convertido en la mejor arma gubernamental para desatender el pliego de emergencia y los pliegos elaborados por organizaciones nacionales o regionales de larga trayectoria. Resaltar el papel de la categoría “jóvenes”, como sujeto preponderante del paro, en cuanto a su actuación en la primera línea y frente a la urgencia de sus necesidades, niega el papel igualmente protagónico de actores como las mujeres, los grupos étnicos, los asalariados, los trabajadores informales, las víctimas, los colectivos LGBTIQ, impide una negociación nacional, atomiza la protesta y le permite al gobierno presentar propuestas paliativas, micro, desperdigadas, dejando de lado aquellas hechas por actores sociales, tendientes a lograr transformaciones estructurales.
Ante la negativa del gobierno a negociar, el CNP decidió, por una parte, aceptar la convocatoria de algunos rectores de universidades colombianas para construir un nuevo pacto social a partir de un diálogo nacional11Carta universitaria a la nación colombiana. En: http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/Mayo_2021/ Carta_ Universitaria_a_la_Nacion_Colombiana.pdf, y por otra, pretende llevar el pliego de emergencia al Congreso de la República, mediante la presentación de proyectos de ley que lo desarrollen.
Más allá de las posibilidades reales de que dichos proyectos sean aprobados, dada la correlación de fuerzas en el Congreso, esta propuesta permitiría avanzar en la construcción programática y continuar con el debate público. Así mismo, busca lograr el acercamiento con alcaldes y gobernadores para entablar compromisos políticos sobre las reivindicaciones del paro, que deriven en modificaciones presupuestales y en nuevas orientaciones de política pública. El CNP, además, está llevando a cabo un proceso de escucha con distintos sectores protagónicos del estallido social que no están representados en dicha instancia.
Es comprensible que el desarrollo del paro nacional haya cuestionado el papel protagónico de las organizaciones sociales aglutinadas en el CNP. La movilización desbordó la capacidad de convocatoria de tal instancia, así como los perfiles generacionales, de género, de clase, gremiales y políticos que lo constituyen. Por tal razón, es deseable que el diálogo entre el CNP y otros sectores movilizados no esté encaminado a “recogerlos”, sino a lograr una interpelación profunda que derive en una apertura, tanto de las instancias de interlocución con el gobierno como de las propias dirigencias de las organizaciones sociales, a la diversidad etaria, política, sexual y étnica del pueblo que se moviliza. Después de todo, es legítima la reivindicación de que las personas encargadas de negociar reivindicaciones con el gobierno se parezcan lo más posible a la heterogeneidad de quienes irrumpen en la escena pública. Además, ella está en sintonía con lo mejor de la tradición democrática. La divisa revolucionaria de la fraternidad, durante la Revolución Francesa, justamente hacía referencia a la irrupción del pueblo llano, a su incorporación a una sociedad civil republicana de libres e iguales12Domènech, Antoni (2019) El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista. Madrid: Akal.. Esta incorporación, con su naturaleza disruptiva e interpeladora, no culmina nunca de manera definitiva, y es uno de los elementos que está en juego en la coyuntura. El CNP puede demostrar que este desafío no le es ajeno, y los diálogos en curso en el seno de los sectores populares implican un paso en ese sentido.
En contraste con esta actitud, cabe preguntar si el gobierno ha entendido la magnitud del paro, la calidad política de las demandas, las acciones, los protagonistas, las confrontaciones, las solidaridades… Un paro en el que cada sector social que participa cuestiona al menos un proyecto de ley, un decreto, una norma que siente lesiva para su vida, para su entorno, para su autonomía, para sus derechos, es un paro con claras razones políticas. Más de un actor social en este paro ha exigido el cumplimiento integral del Acuerdo de Paz o de sentencias de la Corte Constitucional que protegen su pervivencia. Todos los partícipes han denunciado los incumplimientos gubernamentales de promesas frescas o ya añejas. Muchas de las demandas planteadas vuelven a señalar algunas líneas rojas que se establecieron en La Habana: la mutación de la Policía en un cuerpo civil, ajeno a las Fuerzas Armadas, y reformas estructurales que incluyan: educación en derechos humanos, el desmonte de la lógica de “guerra fría” en su actuar y en su consideración de la rebeldía como el enemigo interno que hay que destruir; amplia participación ciudadana y respeto a la protesta; y la transformación del modelo de desarrollo extractivista imperante, por lo que ha significado en términos de impactos sobre las poblaciones especialmente rurales, el despojo, la extranjerización de la tierra y las afectaciones ambientales.
Foto portada: María Camila Barrera
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