Movimientos sociales

Grítale más fuerte

EDICIÓN 96 JUN-AGO 2019

Durante el primer año de gobierno de Iván Duque las demandas sociales expresadas a través de movilizaciones sociales han recibido mínima atención. Se ha requerido de una densa movilización para que alguno/as de los delegado/as del gobierno se presenten en el lugar de la protesta a hacer ofrecimientos que —como se ve hasta el momento— no se cumplen con la diligencia que se promete.1El presente artículo continúa algunas de las reflexiones sobre la protesta social en el gobierno Duque planteadas en los artículos titulados La palabra dicha no vuelve atrás (Revista Cien Días N° 94, diciembre de 2018) y Luchas sociales recientes: por el reconocimiento de la dignidad y contra la guerra potencial (Revista Foro N° 97, marzo de 2019). La fuente de la información aquí consignada proviene de la Base de Datos de Luchas Sociales del Cinep/PPP.

Las movilizaciones que han logrado alguna atención gubernamental —después de la consabida negativa a conversar en medio de la protesta y de la deslegitimación tanto de sus protagonistas como de sus demandas— han sido las que se han caracterizado por ser extensas territorialmente, prolongadas en el tiempo, amplias en la participación de diversas organizaciones y movimientos sociales, pero también duramente reprimidas por la fuerza pública —especialmente por el Esmad que ha hecho gala de su profunda enemistad social hacia indígenas, estudiantes y sindicalistas—. Un ejemplo de este tipo de acciones, se puede encontrar en la movilización estudiantil del año anterior, la minga indígena de marzo, el paro nacional de trabajadores estatales, magisterio y rama judicial de abril y el paro cívico del sur de La Guajira de junio del presente año.

Luchas en y por la ciudad

Las multitudinarias marchas, velatones y vigilias realizadas en el país y en el exterior para pedir garantías efectivas para preservar el derecho a la vida de líderes y lideresas sociales y de defensores/as de derechos al territorio; para reclamar por un ambiente sano y por el derecho a decidir los rumbos de su vida colectiva y de excombatientes de las Farc, iniciaron un mes antes de la posesión del presidente Duque. Es así que el 6 de julio de 2018 se movilizaron varios municipios de 26 departamentos bajo las consignas: “!NO más líderes asesinados!, que la defensa de la vida, no nos cueste la vida”; “Nos están matando”; “Primero la vida”, entre otras. Veinte días después se llevó a cabo una jornada nacional e internacional: la marcha por la vida y en defensa de la paz. El mismo día de la posesión del presidente hubo otra movilización que se registró en algunos municipios de seis departamentos y el 5 de septiembre, nuevamente, se llevó a cabo un mitin en la Plaza de Bolívar de Bogotá, que acompañó a varias víctimas provenientes de distintas regiones que estuvieron presentes en el debate de la Cámara de Representantes de control político al gobierno por los crímenes y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El 29 de abril de este año, 2.300 líderes sociales de todo el país se tomaron la Plaza de Toros y la denominaron Plaza de la Vida, a la manera de un Refugio Humanitario; estos líderes llegaron a Bogotá para recordar la muerte de cerca de 300 compañeros (130 en lo que va del gobierno de Duque, 50 de ellos en 2019), denunciar el desplazamiento de cientos de personas y poner en evidencia las amenazas que han recibido desde noviembre de 2016, fecha en que el gobierno y las Farc firmaron el acuerdo de paz. El 26 de julio de 2019, un grito solidario contra el terror y la indolencia gubernamental se escuchó durante marchas y plantones en varias ciudades colombianas, para expresar la indignación por la continua ola de asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc.

Además de las movilizaciones de carácter nacional, en este primer año del gobierno Duque se presentó una serie de marchas locales por el mismo motivo en El Tarra (Norte de Santander), Montería (Córdoba), Pasto (Nariño), Cartagena (Bolívar), Manizales (Caldas), Puerto Tejada (Cauca), Medellín (Antioquia) y Santa Marta (Magdalena). Todas estas han recibido respuestas más retóricas que reales; porque los siguen matando, a pesar de que la mayoría había denunciado las amenazas que pesaban sobre ellos. Con todo esto, habría que cantar con Pablo Milanés: “la vida no vale nada, si se sorprende a otro hermano cuando de antemano se sabía lo que se le preparaba”.

Con el escenario anterior, entonces, ¿qué se podría decir con respecto a las pequeñas movilizaciones sociales locales, de corta duración, que plantean reivindicaciones específicas, propias de un grupo social? Por ejemplo, las protagonizadas por familiares y víctimas de violencia sexual o en razón del género, adultas, adolescentes o infantes, que tuvieron lugar en Neiva (Huila), Candelaria y Cali (Valle), Medellín, Vegachí y El Retiro (Antioquia), Fundación (Magdalena), Valledupar (Cesar), Cartagena y San Pablo (Bolívar), Cúcuta (Norte de Santander), Sibundo y (Putumayo), Restrepo y San Martín (Meta), Tame (Arauca), Santander de Quilichao (Cauca) y El Retorno (Guaviare). O aquellas que reclamaron la provisión de servicios sociales como seguridad ciudadana, servicios de salud idóneos, plantas físicas educativas que no amenacen ruina y el nombramiento de maestros y de personal de aseo y vigilancia para los planteles. O las que pidieron suministro de servicios públicos domiciliarios de calidad y rebajas en las tarifas cuando se presentan fallas en estos, el acceso a programas de vivienda y la atención a damnificados por riesgos y desastres.

Hay que sumar a estas, las protestas en contra del pésimo estado de vías de segundo y tercer orden, contra el incremento del impuesto predial reajustado por actualización catastral, contra el cobro de valorización por obras públicas y las relacionadas con el rechazo a los perjuicios causados por algunas de estas obras como la Circunvalar de la Prosperidad. Esta carretera circunvalar, que conecta a Galapa (Atlántico) con la vía al mar, la cual ha sido calificada por el actual gobierno como “uno de los corredores más importantes de la Región Caribe y de los más avanzados de la primera ola de la Cuarta Generación de Concesiones del Gobierno Nacional”(El Heraldo, 2019), ha sido un viacrucis para los habitantes de Villa Campestre, Ciudadela del Mar y Country Club Villas (Barranquilla), ya que implicará la demolición de la Iglesia San Francisco Javier y el paso de la vía por sus barrios que desvalorizará los predios de 25 barrios del sector; lo que motivó una protesta el 28 de octubre de 2018.

También está el caso de la doble calzada de la vía Bogotá-Villavicencio: el 23 de mayo de este año, habitantes de Guayabetal se manifestaron para denunciar que en el túnel 3 en esa vía se había abierto un enorme cráter que se estaría llenando de agua, la montaña se había hundido y los pobladores estaban asustados, pero esta protesta no fue tenida en cuenta. El 15 de junio, un derrumbe se llevó el puente vehicular que conectaba los túneles 13 y 14 del corredor vial a la altura del kilómetro 58.2La construcción de esta vía ha estado acompañada de más de una tragedia: el 15 de enero de 2018, colapsó el puente Chirajara y murieron nueve personas. El 27 de noviembre de 2018, cinco obreros murieron cuando un tramo del puente La Pala se cayó. El 28 de junio de 1974, se desplomó una montaña en Quebrada Blanca (kilómetro 54 de la vía al Llano) con un saldo de entre 300 y 500 muertos y centenares de heridos. El lugar donde ocurrió la tragedia fue declarado campo santo, pues no pudieron rescatarse todos los cadáveres. el caso del Túnel de Oriente (Antioquia), cuya ‘majestuosidad’ —reconocida por algunos ingenieros— fue rechazada por los habitantes del corregimiento de Santa Elena, quienes protestaron el 23 de mayo de este año porque su construcción agrietó y hundió sus casas, sin que la concesión Túnel de Aburrá respondiera por los daños. Aun así, el día que se inauguró esta obra, el 15 de octubre de este año, el presidente Duque se refirió a esta como “una obra emblemática […] que muestra lo mejor de nuestra ingeniería [y] de nuestra capacidad creativa”(Presidencia de la República, 2019). A su vez, el puente Pumarejo (“el segundo puente más ancho del mundo” y “la obra estructural más importante que se ha hecho en los últimos años en toda la costa Caribe y también en nuestro país”, según dijo el presidente Duque) (Presidencia de la República, 2019), taponó las entradas al barrio La Chinita, lo que motivó a una protesta de sus habitantes el 11 de julio de este año.

“La exigencia de derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos colectivos de tercera generación; así como el derecho a la vida, la integridad y la libertad y el respeto al derecho internacional humanitario, continúa siendo motor de movilización social de un amplio espectro de la sociedad colombiana”.

A su vez, se han presentado en varias ciudades protestas en contra de las modificaciones a los planes de ordenamiento territorial que implican densificación y cambios en el uso del suelo de zonas residenciales para permitir actividades comerciales diurnas y nocturnas de alto impacto; en contra de las normas de control del transporte informal y de recuperación del espacio público.

Estas pequeñas demandas se encuentran en este y en otros gobiernos como parte de la agenda de movilización social de pobladores urbanos, comerciantes y trabajadores independientes; atender estas necesidades es función de administraciones municipales y departamentales y muchas de estas han hecho parte de agendas de campaña electoral. Sin embargo, no han sido atendidas y su reiteración muestra la ineficiencia de muchos gobiernos locales y regionales y la corrupción anidada en estos.

La exigencia de derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos colectivos de tercera generación; así como el derecho a la vida, la integridad y la libertad y el respeto al derecho internacional humanitario, continúa siendo motor de movilización social de un amplio espectro de la sociedad colombiana que incluye pobladores urbanos, estudiantes, mujeres, población LGBTIQ, trabajadores independientes y reclusos. Estos mismos actores sociales han dejado claro que las políticas públicas no les son ajenas; por el contrario, estas son eje de reflexión, movilización y propuestas.

Luchas rurales

Si lo anterior pasa en los centros urbanos, qué decir del mundo rural, sobre todo teniendo en cuenta que en el discurso del día en que ganó las elecciones, Duque definía al campo como un escenario de fractura y protesta social, que sería transformado gracias a la fraternidad entre la agroindustria y el pequeño productor (El Espectador, 2018). A esto se sumaron actuaciones políticas como la abstención de Colombia de votar en la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre por la Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que viven en las zonas rurales y el desconocimiento de las propuestas del movimiento campesino que participó en las reuniones preliminares de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo (PND).3Ver entrevistas a Marlén Alfonso y Robert Daza en la edición No. 95, de la Revista Cien Días vistos por Cinep.

Precisamente en el marco de las discusiones sobre el PND es cuando se ha dado el mayor pulso de la movilización social rural en este primer año del gobierno Duque. La minga del Suroccidente, que duró cerca de un mes, fue también una respuesta al PND; en esta, indígenas y campesinos de Cauca, Nariño, Huila, Valle del Cauca y Caldas (posteriormente se sumaron indígenas zenúes de Sucre y Córdoba) exigían el reconocimiento de los cabildos indígenas como autoridades ambientales en sus territorios y el carácter vinculante de las consultas populares. Se manifestaron también en contra de la fracturación hidráulica (fracking) y de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres)  —modelos de desarrollo que al parecer generarán la ‘armonía vigorosa’ en el campo— y exigían, a su vez, que el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo de verdad incluyera los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas y campesinas en negociaciones que dieron fin a protestas anteriores.

“Lo que se veía venir en términos de las protestas rurales: el desconocimiento de los pobladores rurales (campesinado, indígenas y afrodescendientes) como sujetos políticos con los cuales es posible sentarse a negociar y la identificación de la protesta rural como mera propiciadora de fracturas sociales”.

La manera en que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente (a quien mingueros y mingueras identificaron como el adversario con el que querían sentarse a negociar), manejó la movilización al reiterar que solo hasta que cesaran las vías de hecho iba a haber diálogo y al fortalecer la presencia de una fuerza pública que generó la mayor violencia en el bloqueo a la Panamericana es una clara manifestación de lo que se veía venir en términos de las protestas rurales: el desconocimiento de los pobladores rurales (campesinado, indígenas y afrodescendientes) como sujetos políticos con los cuales es posible sentarse a negociar y la identificación de la protesta rural como mera propiciadora de fracturas sociales.

Este mensaje caló en la opinión pública nacional que en su mayoría se dedicó a hacer seguimiento a los supuestos infiltrados y aprovechamientos políticos de la minga, a las afectaciones económicas por los bloqueos y a las ‘descomunales demandas’ de los indígenas que, en palabras de la senadora María Fernanda Cabal, son los mayores terratenientes del país.

Si bien hubo negociación, Duque, como se señaló en la edición anterior de esta revista, no hizo presencia en el Cauca para hablar con los indígenas, con lo que afirmó su mano dura y oídos sordos con la protesta rural. Es lo mismo que ha pasado con las protestas cocaleras, como la de Jamundí el 24 de junio o la del sur de Córdoba en marzo, en las que los cultivadores de coca han exigido que cesen las erradicaciones forzadas, se cumplan los programas concertados de sustitución de cultivos y, principalmente, los acuerdos que ellos mismos asumieron con el Estado colombiano dentro de los Planes Nacionales Integrales de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

Valga mencionar que desde el mes de diciembre de 2018 arroceros, paneleros y cafeteros habían anunciado paro en abril de 2019, y que fue en junio que los paneleros de Boyacá y Santander, con una concentración en Cite, Santander, iniciaron su protesta por las afectaciones económicas que viven debido a la superproducción, el aumento del consumo de otros endulzantes importados (resultado de acuerdos de comercio internacional) y los incrementos en los costos de producción. A pesar de la insistencia de Duque por apoyar los emprendimientos, la respuesta del gobierno fue: refinanciación, sí; pero condonación para aliviar la situación de los paneleros, no.

Luchas laborales

Las luchas laborales durante el primer año del gobierno del presidente Duque, específicamente aquellas de carácter nacional y que implicaron procesos de negociación de trabajadores públicos con el Estado, constituyeron un desafío a la profundización de su política laboral fundamentada en la reducción de costos laborales.

No hay duda de que con algunas modificaciones normativas aprobadas en el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno sí logró avanzar en dicha política, como la autorización velada e inconstitucional de la contratación por debajo del salario mínimo. De igual forma, el panorama no pinta bien para quienes viven de sus salarios si no se logra detener la anunciada reforma laboral, que buscará legalizar la contratación por horas en el 2020; sin embargo, lo ocurrido durante el primer año de su gobierno demuestra potenciales focos de resistencia a dichos propósitos en el sector público. Dos procesos de movilización y de negociación deben ser resaltados en ese sentido: la lucha de Fecode a través de jornadas de paro y movilización; y la negociación del pliego estatal unificado, que este año se dio por cuarta vez, a partir de la cual se obtuvieron logros significativos.

Durante el transcurso de poco más de un año del gobierno de Duque, Fecode ha convocado a paro nacional en seis oportunidades. Los motivos de las protestas han sido la presión para el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno de Santos tras 37 días de paro durante el 2017, la denuncia de las irregularidades en la prestación del servicio de salud para el magisterio, la lucha para el cese de los homicidios a líderes sociales y la oposición a la propuesta gubernamental del PND.

El 14 de febrero, en su segunda jornada de paro nacional contra el gobierno, el magisterio radicó un nuevo pliego de peticiones sobre el que se llegó a un nuevo acuerdo con el gobierno el 15 de mayo. El gobierno se comprometió este año, entre otras cosas, a una reforma constitucional, consensuada con el sindicato, al Sistema General de Participaciones con el objetivo de aumentar la financiación para la educación pública. El magisterio logró que esto quedara consagrado en un artículo del Plan Nacional de Desarrollo.

También, el magisterio logró comprometer al gobierno con el aumento de 5 puntos en el proceso de nivelación salarial hasta el 2022, adicionales al incremento salarial decretado para trabajadores estatales; así como con la ampliación de cupos educativos destinados a la capacitación docente y la mejora del servicio de salud a través de una mayor vigilancia a los contratos con los operadores privados.

“No obstante, los incumplimientos no se hicieron esperar. Una evidencia de esto es que antes y después de la firma del acuerdo hubo una serie de paros regionales del magisterio ante las secretarias de educación departamentales debido a la dramática situación del sector educativo”.

No obstante, los incumplimientos no se hicieron esperar. Una evidencia de esto es que antes y después de la firma del acuerdo hubo una serie de paros regionales del magisterio ante las secretarias de educación departamentales debido a la dramática situación del sector educativo: dos paros regionales en Córdoba (uno en mayo y otro en junio) para exigir el giro de recursos adeudados a instituciones educativas de municipios no certificados; un paro en Antioquia a principios de mayo por la precaria prestación del derecho a la salud para el magisterio; uno en Sincelejo, en junio, por adeudo de salarios, y otro en Bogotá debido a la desatención de reivindicaciones locales de las y los maestros.

Sin embargo, las luchas de carácter nacional de los trabajadores del Estado no se limitaron a las dadas por Fecode, sino que también resaltan las conquistas alcanzadas en el marco de la negociación del pliego estatal unificado presentado por el conjunto de las centrales sindicales, que inició el mes de marzo. Tras una dura negociación, que se entrelazó con la jornada de paro nacional del 25 de abril y las movilizaciones del Primero de Mayo, se logró un acuerdo significativo para cerca de un millón trescientos mil empleados públicos. Los aspectos más significativos de dicho acuerdo fueron un aumento salarial del 1,32 % + Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que equivale a 4,5 % para el año 2019 retroactivo al 1 de enero, y el mismo incremento para el año 2020, así como un acuerdo para la ampliación de las plantas de personal de las entidades públicas de cerca de medio millón de plazas de trabajo. Lo primero es de suma importancia porque rompe el techo usual de un punto por encima de la inflación para los aumentos salariales de los trabajadores del Estado, y lo segundo es estratégico porque de concretarse implicaría una condición de posibilidad para el avance de las organizaciones sindicales en el sector público.

Cierre

En nuestro artículo de diciembre augurábamos un pésimo panorama de reconocimiento de las demandas de los movimientos sociales dadas las declaraciones del ministro de Defensa Guillermo Botero, las mentiras de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre el proyecto de ley de garantías a la protesta cuando estaba en campaña, y la mencionada definición pública de Duque sobre la protesta rural. El panorama que hemos presentado da cuenta de que no se trata solo de mano dura y oídos sordos, pues las ganancias en la negociación del pliego estatal del sector público y del paro nacional universitario parecen evidenciar que para este gobierno algunas protestas sí pueden ser escuchadas; esto genera nuevas preguntas sobre cuáles son los sujetos políticos sobre los que hay disposición de reconocimiento y sobre si, al igual que gobiernos anteriores, la estrategia en algunos casos es firmar y no cumplir. Pareciera que muchas luchas urbanas y rurales, de las que se ha hablado en este artículo, son entendidas como ruidos que hay que acallar a la fuerza; un mensaje muy negativo en tiempos en los que se están silenciando de modo sistemático las voces de los líderes sociales. Pero como dice Fontanarrosa: “reprochas al sordo que no te escucha. ¡Grítale más fuerte!”.


Referencias

Asmar, Salomón (14 de septiembre de 2019). Circunvalar de la Prosperidad: otros 16,8 km habilitados. EL HERALDO. Recuperado de: https://www.elheraldo.co/barranquilla/circunvalar-de-la-prosperidad-otros-168-km-habilitados-665232

El país que piensa en grande es el que hace las grandes transformaciones, destacó el Presidente Duque durante la puesta en marcha del Túnel de Oriente, en Antioquia. (15 de agosto de 2019). Presidencia de la República. Recuperado de: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190815-pais-piensa-grande-hace-grandes-transformaciones-Presidente-Duque-puesta-marcha-Tunel-Oriente-Antioquia.aspx

Palabras del Presidente Iván Duque en el cierre de construcción del Puente Pumarejo. (2019). Presidencia de la República. Recuperado de: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/Palabras-del-Presidente-Ivan-Duque-en-el-cierre-de-construccion-del-Puente-Pumarejo-190913.aspx

El primer discurso de Iván Duque como presidente electo de Colombia. (18 de junio de 2018). EL ESPECTADOR. Recuperado de: https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/el-primer-discurso-de-ivan-duque-como-presidente-electo-de-colombia-articulo-795007

Investigador del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Movimientos sociales, área Territorio, interculturalidad y movilización. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, y magister en Estudios Laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa (México). Temas de interés: Sociología del trabajo, acción colectiva de trabajadoras y trabajadores no clásicos y estrategias de control de las subjetividades laborales en el capitalismo contemporáneo.

Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo de Movimientos Sociales. Socióloga y magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia. Temas de interés: movilización social, procesos de urbanización, extractivismos, memorias.

Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Movimientos Sociales. Historiadora y magíster en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en Geografía Humana del Colegio de Michoacán. Temas de Interés: movilización social, territorialidades, mujeres rurales, identidades y memoria.