La movilización por la Dignidad

EDICIÓN 105 MAY-AGO 2022

Por Martha Cecilia García V.

Somos de aquellos que rechazan olvidar
Somos de aquellos que rechazan la amnesia como método […]
Simplemente somos del partido de la dignidad

(Aimé Césaire, Discurso sobre la negritud, 1987)

Estas palabras del poeta martiniqués, que ligan memoria y dignidad, resuenan hoy, cuando parte de la sociedad colombiana rechaza el negacionismo, no solo sobre el conflicto armado y su estela de víctimas y horror, sino sobre las luchas que ha protagonizado y que han puesto en evidencian la enorme deuda social acumulada por el Estado colombiano.

Durante las oleadas de protestas que se han levantado en América Latina y El Caribe desde 2018, mujeres, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, jóvenes, campesinos, asalariados, ciudadanos del común, y víctimas de violencia basada en género, lanzaron un grito de indignación y esperanza¹Referencia al título del libro de Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza, en el cual analizó las protestas sociales acaecidas durante el primer decenio del siglo XXI en países árabes, en España, y en el corazón del Imperio., que se escuchó desde México hasta Chile: “Hasta que la dignidad se vuelva costumbre”. La consigna invita a seguir luchando denodadamente por reivindicaciones sociales, económicas, políticas y culturales, en todas las cuales asoma el reclamo por justicia social y democracia, y el desafío a superar el miedo de reclamar una vida digna. Es una consigna que, de alguna forma, se ha expresado también electoralmente por el ascenso de sectores de izquierda aupados en las movilizaciones sociales.

Colombia no ha sido la excepción en esta oleada de movilizaciones sociales y de avances electorales de las izquierdas. También aquí hemos escuchado el grito por la dignidad, una y otra vez, durante el último quinquenio, como lo mostraré a continuación.

Después de cierta calma, vino la tempestad

Al seguir la trayectoria de las luchas sociales en Colombia, se aprecia un descenso de estas desde 2013 hasta 2018, cuando inicia un ciclo de ascenso de la protesta, que corresponde al cuatrienio de gobierno del saliente presidente Iván Duque.

A partir de 2018, crece la movilización social en el país, con unas características que vale la pena señalar: aumentan las luchas que sobrepasan el ámbito local (barrial, veredal, submunicipal) y se presentan varias de carácter nacional, entre las que sobresalen las enormes y festivas marchas estudiantiles del segundo semestre de 2018, encaminadas a exigir financiación para la educación superior; la jornada nacional contra el “paquetazo” económico de Duque, convocada por el Comité Nacional de Paro (CNP), que inició el 21 de noviembre de 2019 y desencadenó movilizaciones nacionales que fueron decayendo con la llegada de la pandemia; la explosión de ira de miles de colombianos que salieron a las calles el 9 y 10 de septiembre de 2020, reclamando justicia y el desmonte del Esmad, acusado de brutalidad por la muerte de Javier Ordóñez, en manos de miembros de este escuadrón, y el denominado estallido social, iniciado el 28 de abril de 2021, también convocado por el CNP, y animado por un extenso pliego petitorio al cual ya nos hemos referido²Ver de Santiago Garcés y Martha Cecilia García, “Notas sobre un ‘estallido social’ en Colombia. El paro nacional 28 A”, en Revista Cien días vistos por Cinep, N° 102, mayo-agosto 2021..

La prolongación en el tiempo es un atributo más de las protestas, aunque no exclusivo, de este cuatrienio presidencial: ante la desatención gubernamental de estas acciones contenciosas, de sus protagonistas y sus reclamos, los actores y organizaciones sociales insistieron en permanecer movilizados en espacios públicos, para presionar la escucha y negociación de sus demandas. Así lo hicieron universitarios, quienes convocaron jornadas de protesta, una y otra vez durante el segundo semestre de 2018; el paro nacional del 21N de 2019 se extendió, con un breve receso entre la navidad y el comienzo del siguiente año, hasta mediados de marzo de 2020, cuando se empezaron a tomar medidas para enfrentar la pandemia, entre ellas, las cuarentenas y la restricción de salidas al espacio público; el paro del 28A de 2021 se mantuvo ininterrumpidamente, durante dos meses, y en algunos puntos (de resistencia) permaneció hasta finales del año, con esporádicas y cada vez más lánguidas manifestaciones.

Otra característica de las luchas sociales del cuatrienio de Duque es la articulación de actores y organizaciones sociales, de demandas, repertorios de lucha y configuración de adversarios. Este rasgo permite pensar que múltiples sectores sociales han venido entablando relaciones, en medio de sus desigualdades y diversidades, lo que ha requerido reconocer en los otros, no solo diferencias sino también semejanzas, que permitan identificar atributos en común. Tal convergencia otorga mayor densidad a las luchas sociales, más legitimidad y decidido ímpetu para la acción.

Ante la fuerza que fue adquiriendo la movilización social, el gobierno respondió con el desconocimiento de las demandas que ella expresaba, la criminalización de las acciones contenciosas, la estigmatización y judicialización de sus protagonistas, la persecución a organizaciones sociales, acusadas de instigar actividades ilegales (entre las que cayó la protesta social), la cada vez más violenta represión (previa, durante y post movilizaciones), y variadas acciones de mala fe³El concepto de mala fe fue acuñado por Jean-Paul Sartre para referirse a la capacidad humana de mentirse a sí mismo y de creer la propia mentira, autoengaño motivado por la angustia que produce la conciencia reflexiva de la libertad y, a la vez, de la carencia de justificaciones para nuestros actos. Para el filósofo negro estadounidense Lewis Gordon, la mala fe es, entre otras, un esfuerzo para eludir la libertad y escapar de la responsabilidad. Es una aserción de ser el único punto de vista en el mundo y, a la vez, un esfuerzo para negar tener un punto de vista. Es un escapar de verdades desagradables a mentiras placenteras y, además, es un esfuerzo para desarmar evidencias (Nelson Maldonado-Torres, Against War. Duke University Press, 2008)., entre las cuales destacaremos unas pocas: las convocatorias a una “conversación nacional”, en 2019 y 2021, presentadas para fortalecer la política social, con irrisorios resultados; la sistemática negación del exceso de fuerza empleada por la policía contra manifestantes, desmentida por las cifras sobre muertos, desaparecidos, torturados, encarcelados, y la violencia basada en género, durante las protestas del cuatrienio⁴Ver, por ejemplo, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia (diciembre 2021), y los sucesivos informes presentados por las ONG Temblores e Indepaz.; la no asunción de su responsabilidad, por parte de miembros de la fuerza pública, en las violaciones de los derechos de los manifestantes.

A las anteriores acciones de mala fe, se suman los sucesivos incumplimientos del gobierno nacional, frente a la garantía del derecho a la protesta, al burlar el mandato del punto 2 del Acuerdo de Paz y de dos sentencias de la Corte Constitucional (de 2017 y 2020), referidas a la tramitación de un proyecto de Ley Estatutaria sobre garantías para la movilización y la regulación de este derecho fundamental y, en su lugar, emitir en enero de 2021 un decreto que denominó “Estatuto de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del Derecho a la Protesta Pacífica Ciudadana”, cuya prohibición del uso de armas de fuego durante las manifestaciones fue flagrantemente violada durante las protestas iniciadas el 28A. Las recomendaciones planteadas en el informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró tras su visita al país en junio de 2021, así como las generadas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ante el tratamiento represivo de las manifestaciones de 2021, y los informes que sobre este tema elaboraron tanto ONG nacionales como internacionales, fueron respondidas en enero de 2022, con la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana, presentada como “un triunfo de la legalidad” y como una norma emblemática, pero que, según algunos analistas, no protege a los ciudadanos, sino a la Fuerza Pública y a las instituciones, recorta derechos, agudiza los problemas del sistema penal y policial, incrementa la posibilidad de persecución a personas y organizaciones que usen las calles como escenarios de debate político o de manifestación de indignación, agrava los riesgos de violencia policial y privada contra los manifestantes, crea nuevos delitos que criminalizan la protesta, y obstaculiza la defensa de los derechos humanos.

Entonces, no solo aumentó el número de protestas sociales durante lo corrido del saliente gobierno, sino que se acrecentaron algunos rasgos de la movilización (duración, cobertura territorial, densidad y articulación) que ya venían tomando fuerza, y se intensificó la represión con la que fueron respondidas. Las relaciones del gobierno con los movimientos sociales y con una amplia fracción de la población fueron cada vez más agrias. La tempestad derribó la calma.

Yo protesto, tú estás protestando, él protestó, nosotros protestaremos, elles han protestado

Durante este cuatrienio protestó un amplio espectro de actores sociales en pasado, presente y futuro, y casi la mitad de las luchas sociales fueron protagonizadas por pobladores urbanos y asalariados, entre los que se destacan los trabajadores de la salud, el magisterio, y la rama judicial. Los campesinos volvieron a recuperar visibilidad durante este periodo y junto con los grupos étnicos, constituyeron una fuerza muy importante durante los paros nacionales. A las protestas que llevaron a cabo durante los primeros meses de la pandemia, un gran número de trabajadores independientes y pobladores de las periferias urbanas, se sumaron los migrantes, quienes vivían la misma disyuntiva: morir por el Covid-19, o morir de hambre. Los estudiantes fueron muy activos en este lapso y con los jóvenes ni ni⁵Ni vinculados al sistema educativo, por lo que rechazaron abiertamente ser incluidos en la categoría de estudiantes, ni vinculados al mundo laboral. cuestionaron liderazgos y obtuvieron su lugar en las vocerías y representaciones durante las jornadas nacionales. Las mujeres y los colectivos LGBTIQ+ continuaron batallando por su reconocimiento en la sociedad y por su derecho a existir, así como alzaron su voz, las víctimas del conflicto armado, los excombatientes de las Farc y los reclusos. Al igual que en jornadas anteriores, transportadores y comerciantes recurrieron a diversos repertorios de lucha para presionar por soluciones a las demandas de sus gremios.

¿Por qué tanto alboroto?

Tres motivos concentraron el 60% de las protestas durante el periodo observado: políticas públicas, derechos vulnerados e incumplimiento de pactos.

1. Políticas Públicas

Todos los actores sociales reclamaron políticas sociales, especialmente referidas a educación, salud, empleo y atención a la población vulnerable durante el primer año de la pandemia. Las políticas urbanas fueron motivo de protesta de quienes en su calidad de trabajadores informales, usufructúan del espacio público o resienten toda norma de ordenamiento urbano, incluida la del tránsito, como ocurre con transportadores no vinculados a los sistemas integrados o con motociclistas, para quienes sus vehículos son su medio de vida. Las políticas económicas, las fiscales y las privatizaciones, aunque no fueron cuantitativamente las más rechazadas, sí contribuyeron a articular a múltiples sectores sociales en más de una ocasión durante el presente cuatrienio, y detonaron el estallido del 28A. La política agraria continuó siendo motor de lucha del campesinado que, dicho sea de paso, envió al presidente electo, el 14 de julio de 2022, la agenda nacional campesina que contiene sus “reclamos dignos”, consignados tanto en el Mandato agrario de 2003, como en al menos siete pactos nacionales y regionales firmados con distintos gobiernos durante lo que va corrido del presente siglo. Las políticas de orden público fueron impugnadas, como no se hacía desde hace más de una década, por los excesos de la fuerza pública contra personas inermes y reclamantes, la militarización de ciudades para desactivar las movilizaciones, el uso de armas letales para “controlar” y dispersar manifestantes, las normas expedidas para judicializar, criminalizar y reducir el derecho a la protesta. Y la política minero-energética fue repudiada por comunidades que vienen padeciendo sus efectos socio-ambientales y por otras que exigen precaución antes de sufrirlos.

2. Derechos vulnerados o desconocidos

Más de la mitad de las luchas sociales por derechos clamaron por el derecho a la vida, la integridad y la libertad. Muchas fueron motivadas porque: (1) desde el inicio del gobierno de Duque, se han registrado 930 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, y 245 de excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc-EP, según Indepaz. Son cifras que corren parejas con las de masacres ejecutadas, especialmente, contra campesinos, indígenas y afrodescendientes; (2) también hubo un incremento de feminicidios y de casos de violencia basada en género y generación; (3) continúan las amenazas contra el magisterio y contra líderes sindicales y, durante la pandemia aumentaron inusitadamente las dirigidas contra trabajadores de la salud. Las mujeres y colectivos LGBTIQ+ protestaron ante el control que el Estado y las congregaciones religiosas quieren ejercer sobre sus cuerpos y sus preferencias sexuales, pues mientras el primero se muestra incapaz de frenar la violencia contra estos dos sectores sociales, las segundas esquivan la mirada y omiten decir una palabra sobre esta barbarie.

Entre los derechos económicos y sociales, el derecho a la salud, a la educación y al trabajo fueron los más reclamados durante todo el cuatrienio, pero con especial énfasis, durante y post pandemia. Como el sector de la salud estaba en crisis cuando llegó el Covid-19 al país, la atención de los pacientes contagiados, en especial durante los primeros meses, se vio seriamente comprometida, por lo que reclamarla a través de acciones contenciosas se volvió un acto cotidiano para sectores que estaban o se sentían sin cobertura. La educación también fue impactada de manera severa por las condiciones que se impusieron para evitar contagios: la virtualidad entre poblaciones sin acceso a energía, computadores ni internet no tenía sentido, así que la pérdida de la escolaridad llevó a las calles a padres de familia y estudiantes, para pedir una solución inmediata a la falta de presencialidad, tanto en escuelas básicas, como en universidades. Y el trabajo remunerado fue una de las pérdidas más significativas atribuidas a la pandemia, que sufrieron tanto asalariados como trabajadores informales, con el agravante de que quienes mantuvieron sus puestos, debieron asumir condiciones laborales inéditas para una amplia porción de la fuerza laboral. A esto se suma una mayor persecución sindical, que ha hecho carrera bajo el argumento del retorno a la normalidad y el necesario aumento de la productividad. Este panorama laboral fue enfrentado con variadas formas de lucha, asumidas por asalariados y trabajadores informales.

Entre los derechos colectivos, la paz fue el más exigido por poblaciones que sufren confinamientos debido a los continuos enfrentamientos entre grupos armados de diverso signo. A su turno, las feministas continuaron manifestándose por el derecho al aborto libre y seguro y, de manera simultánea, grupos denominados pro-vida, se expresaron en contra de ello. Los colectivos LGBTIQ+ se manifestaron en contra de la discriminación de la que aún son víctimas. De los derechos culturales, el derecho a la consulta previa, al territorio y la autonomía, fueron los que con mayor afluencia, movilizaron a grupos étnicos, a lo largo y ancho del país, durante todo el cuatrienio, convirtiéndose en una lucha por su pervivencia cultural y física.

Mención particular requieren los reclusos, quienes desde hace varios años exigen, a través de plantones y mítines intracarcelarios o de actos de desobediencia, la garantía de aquellos derechos que no les pueden ser conculcados: el derecho a la salud, gravemente desprotegido durante la pandemia, así como el derecho al trabajo y a unas condiciones carcelarias dignas. Sus reclamos fueron desatendidos y sus acciones de protesta fueron reprimidas de manera violenta, como lo ejemplifican las cifras de muertos y heridos del CAI de Soacha, en septiembre de 2020, de la cárcel Modelo en Bogotá, en marzo de 2021, y de la cárcel de Tuluá, en junio de 2022.

3. Incumplimiento de pactos

El tercer motivo grueso de movilización durante este cuatrienio fue el incumplimiento de pactos. Al respecto, un 60% se relacionó con retenciones salariales, no pago de seguridad social y otras violaciones de contratos laborales. Estas cifras son similares a las obtenidas en cuatrienios previos, y lo que llama la atención es que los distintos gobiernos no hayan amparado a los asalariados, optando por dejar las relaciones laborales sin o con mínima tutela estatal. El 40% restante se relaciona con los incumplimientos del Acuerdo de Paz, reclamo permanente de los cultivadores de coca, de campesinos que esperan reforma agraria, de firmantes del acuerdo, entre otros, e incluye el quebrantamiento de pactos firmados en luchas previas, como mecanismo para desactivar la movilización y supuestamente atender las demandas de los manifestantes, pero que terminó siendo otra muestra de la mala fe.

Si bien los demás motivos, tales como: servicios sociales, servicios públicos, infraestructura física, ambientales, pliegos laborales, tierra y vivienda, conmemoraciones, autoridades, solidaridad, se ven disminuidos ante el enorme peso de los tres principales, para los actores y organizaciones sociales que luchan por ellos son importantes, y dan cuenta, en buena medida, de las condiciones materiales del hábitat y su entorno, así como de la gestión de las autoridades locales para satisfacer condiciones dignas de habitabilidad en sus jurisdicciones.

Ningún motivo es irrelevante, ¡todos reclaman dignidad!

Y en todas las luchas del cuatrienio se enarboló la dignidad y, tal vez, esta continuará siendo una bandera bajo la cual se articulen demandas y actores en el cuatrienio que recién inicia, basado en la esperanza que muchos de los manifestantes tienen de ser reconocidos como actores claves de la democracia y, en consecuencia, de ser escuchados y atendidos, como merecen sus luchas y sacrificios, encaminados a hacer de la dignidad una costumbre, inventarla como costumbre, como una que reconoce la reivindicación de derechos y la necesaria garantía de todos ellos. “Porque simplemente somos del partido de la dignidad”.

Foto portada: Ían Schnaida

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