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Menos participación, más mano dura: Políticas de participación y seguridad – Revista Cien Días
Movimientos sociales

Menos participación, más mano dura: Políticas de participación y seguridad

EDICIÓN 95 ENE-ABR 2019

El periodo presidencial de Iván Duque se ha caracterizado, hasta ahora, por generar bastante polémica a raíz de políticas, proyectos, pronunciamientos y nombramientos con una clara directriz de derecha. Si bien el presidente no ha hecho demasiada presencia y no se ha visto como una figura fuerte a nivel nacional, su radicalidad se ha mostrado en las posiciones que ha asumido, junto con su gabinete, frente a temas como la movilización social, la implementación del acuerdo de paz, la continuación de los diálogos con el ELN, la dosis mínima, la erradicación de cultivos de uso ilícito y el extractivismo. Algunas de estas posiciones se reducen a la negación y desaprobación de la movilización social y los mecanismos de participación, junto con el apoyo a la salida violenta frente al conflicto armado, cuya existencia empieza a ser negada, nuevamente, por varios sectores (como ocurrió en el periodo de Uribe), tal como lo hizo el nuevo director de Memoria Histórica (El Colombiano, 2019, p. 8-9).

Actualmente son varios los proyectos que generan gran preocupación y zozobra, y sin duda alguna el que más inquieta es el de la implementación del Acuerdo de Paz, el cual se ha dilatado producto de la oposición mostrada por la bancada del Centro Democrático, por el fiscal general de la nación y por el mismo presidente Duque. Sin embargo, otros asuntos cobran igual importancia por su clara tendencia de derecha y sus implicaciones en dos escenarios: el primero, es el de la participación ciudadana y la libertad de expresión materializados en las protestas, en el uso de mecanismos populares y en la libertad de expresión, reflejados en la prensa y en la educación; el segundo escenario, tiene que ver con una posición de mano dura frente al conflicto colombiano y una salida armada al mismo, lo cual se evidencia en la posición frente al acuerdo de La Habana, en la interrupción de los diálogos con el ELN y en la frente a la seguridad y defensa.

Por ello, analizaré la posición del Gobierno frente a la movilización social, las consultas populares y la minería; el proyecto de ley para la modernización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), su influencia en la televisión pública y su impacto en la libertad de expresión; el proyecto, recientemente retirado, sobre la restricción a la libertad de cátedra, propuesto por un miembro del Centro Democrático; la política de defensa y seguridad para la legalidad y el emprendimiento, que, entre otras cosas, incentiva la conformación de la red de participación cívica; y el porte de armas.

Estos elementos se muestran a favor de unas políticas autoritarias y de control social que minan los derechos adquiridos y estipulados en la Constitución de 1991, que intensifican la violencia en el país e impiden una salida pacífica al conflicto armado.

¿Y la participación ciudadana?

Desde la posesión de Duque se ha visto una posición gubernamental que estigmatiza y criminaliza la protesta social e ignora los pronunciamientos que las comunidades hacen a través de mecanismos como la consulta popular a la que, por ejemplo, la Corte Constitucional le ha quitado competencias.

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha asegurado que la protesta social es promocionada y financiada por grupos armados ilegales; asimismo, acusó de vandálicas a las marchas de los universitarios; y ha insistido en que las protestas que exigen el cumplimiento del Acuerdo de La Habana, en torno a la sustitución de cultivos de uso ilícito, son financiadas por grupos armados. Botero, además, propuso regular la protesta con el argumento de que debía ser organizada y representar los intereses del pueblo colombiano y no de un sector específico.

El escenario anterior también se ha proyectado con la Minga, en la que participaron indígenas y campesinos, la cual bloqueó la vía Panamericana desde el 10 de marzo de este año (2019), y llegó a su fin después de más de 26 días fruto de la reciente negociación del Gobierno, representado por el ministerio del Interior y los líderes indígenas. La Minga fue estigmatizada por todo el gabinete de Iván Duque y duramente juzgada por sus supuestos nexos con actores criminales, por actos violentos y por sus repercusiones económicas. Desde su inicio Duque se mostró en desacuerdo con este tipo de acciones e hizo permanentes llamados para ponerle fin, y así iniciar un diálogo.

Posiciones como estas legitiman los históricos señalamientos de Lafourie, Nieto Loaiza, Cabal y Valencia y las respuestas violentas de agentes del Estado hacia los manifestantes, como fue el caso de las protestas estudiantiles. Además, estas posturas invisibilizan los motivos de las protestas, ya sea la financiación de la educación pública, el respeto por lo acordado en La Habana o la protección a líderes sociales y, finalmente, incrementan los riesgos para los y las manifestantes, como lo evidencia el aumento de las amenazas y persecución por parte de grupos armados legales e ilegales (Cepeda, 2018).

Por otro lado, mecanismos de participación como la Consulta Popular han sido neutralizados por los dos mandatos de la Corte Constitucional, que por lo menos en cuanto a la política minero energética se articula con la postura del Gobierno. El primero de estos mandatos aclara que la Consulta Popular no tiene capacidad de vetar ningún proyecto, como lo hicieron en Meta, Tolima, entre otros departamentos en donde se llevaron a cabo consultas populares que frenaron los proyectos que se estaban desarrollando por grandes empresas; y el segundo, especifica que cualquier proyecto extractivo podrá ejecutarse sin realizar una consulta popular previa, a pesar de significar un cambio sustancial en el uso del suelo o en las actividades tradicionales de un municipio. Con esta posición estuvieron de acuerdo la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Semana, 2019).

“Mecanismos de participación como la Consulta Popular han sido neutralizados por los dos mandatos de la Corte Constitucional, que por lo menos en cuanto a la política minero energética se articula con la postura del Gobierno”.

Estas decisiones van en la misma vía de las políticas del gobierno de Iván Duque respecto al extractivismo, ya que este gobierno siempre ha manifestado la importancia de este sector en la economía del país y responde efectivamente a una de sus propuestas respecto a la regulación de este tipo de mecanismos (García, 2018). Es claro que desde el nombramiento de la ministra de Minas y Energía su apuesta fue defender a estos sectores y en este escenario las decisiones de la Corte han favorecido también estas posturas (El Espectador, 2018).

Con todo lo anterior, se evidencia claramente una tendencia a neutralizar la participación política del pueblo a través de la criminalización de la protesta y de la modificación de competencias de mecanismos de participación, tales como la consulta popular; lo cual termina favoreciendo a sectores de derecha y a importantes gremios que han manifestado constantemente su desacuerdo con este tipo de acciones populares. Aquí entonces hay un favorecimiento a las grandes empresas y gremios, y un menoscabo de los derechos ciudadanos.

Otras dos iniciativas legislativas que reafirman el talante ultra conservador del gobierno de Duque son el proyecto de modernización de las TIC; y la propuesta de un miembro del Centro Democrático de restringir la libertad de cátedra, la cual ya ha sido retirada de la discusión.

Un ambiente de censura: la libertad de prensa y de cátedra

Del proyecto de ley de modernización de las TIC —aún en debate— preocupan aquellos artículos que le quitan fuerza a la televisión pública, al ponerla en las mismas condiciones de la privada. Uno de los artículos que ha resultado más problemático es el de disminuir notoriamente los pagos de participación comercial a los privados, mientras que a los públicos se les mantiene su condición inicial; lo cual perjudica la subsistencia de canales como Canal Uno y Señal Colombia (W Radio, 2018).

Se establece, además, que el control del sector de la televisión pasará a tener un regulador único que será el Ministerio de las TIC, función que actualmente recae en la Comisión de Regulación de Comunicación y en la Autoridad Nacional de Televisión; lo cual afectaría la libertad de prensa respecto a la transmisión de sus contenidos, los cuales se convertirían en objeto de cualquier tipo de censuras (Semana, 11/12/2018); (El Nuevo Siglo, 12/12/2018). Estos proyectos promueven la empresa privada y dan pie al rechazo y desaprobación de cualquier propuesta que esté en contra de la tendencia del gobierno actual; es decir, una política de intolerancia frente al pensamiento distinto

Por otro lado, hace pocos días, el representante a la cámara por el Centro Democrático Edwar Rodríguez sorprendió con un proyecto cuyo objetivo era limitar la libertad de cátedra, al plantear una sanción a los profesores que promovieran algún tipo de ideología.

Según el representante, el propósito es que “los profesores que sean denunciados por constreñir o tratar de involucrar a sus estudiantes en algún tipo de ideología política o por desarrollar proselitismo en las aulas de clase puedan ser multados y sancionados” (El Espectador, 19/02/2019). A pesar de que asegura que el objetivo era que no se politizara a los niños, ni se les enseñaran ideologías de derecha o de izquierda, Rodríguez aclaró que muchos profesores convencen a los niños a asistir a marchas (El Espectador, 19/02/2019).

Si bien este proyecto fue retirado, muestra una seria tendencia a censurar y restringir la participación ciudadana en escenarios claves para la democracia: la movilización social, los mecanismos de participación ciudadana, la educación y los medios de comunicación; pues se sataniza este tipo de escenarios, y agrede la función de la educación y las actividades diarias que realizan los profesores, y además pretende consolidar una versión oficial ligada a los intereses del gobierno y a la clase política que lo representa, lo que puede anular toda posibilidad de cuestionarlos.

Todo esto junto con una política de seguridad enfocada en la “mano dura” nos plantea un escenario dramático, en el que la violencia y la represión pueden elevarse drásticamente.

Mano dura, defensa y seguridad

El gobierno de Duque ha creado la política de Defensa y Seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, cuyo propósito es responder a las amenazas tanto internas (grupos armados y su fortalecimiento a través de la expansión de cultivos ilícitos, en lo cual ha sido definitiva la posición de Estados Unidos) como externas (la política que ha manejado respecto a los problemas de Venezuela, en la que ha influido de forma importante el gobierno norteamericano), y fortalecer la legitimidad del Estado.

Los principios de esta política son: 1. Disuasión y diplomacia para la defensa y la seguridad; 2. Control institucional del territorio; 3. Desarticulación del crimen organizado y garantía de la seguridad ciudadana; y 4. Institucionalidad para la defensa y la seguridad (Presidencia de la República, 2019).

Dentro de esta política se estipula la creación de una red de participación cívica en la que, según el presidente, la ciudadanía tenga un papel más activo en la defensa de su propia seguridad. Como lo dijo en la Base de Tolemaida, el 6 de febrero de este año (2019), se espera que al finalizar el año haya al menos un millón de informantes, quienes responderán a la idea central de esta política: “la seguridad es un asunto de todos, no exclusivamente de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, la administración de justicia y el Gobierno” (El Tiempo, 07/02/2019)

Dentro de esta política se estipula la creación de una red de participación cívica | Policía Nacional | CC BY-SA 2.0

Junto a esta iniciativa, está la directriz del porte de armas que complementa el decreto 2362 del 24 de diciembre del 2018, por el cual se adoptan medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego, en donde se establece que la competencia para regular, restringir y conceder permiso para el porte de armas pasa al Ministerio de Defensa, y si bien tiene como propósito extender el periodo en el cual se limita la autorización para porte de armas, ha encendido las alarmas el hecho de que se ha incluido un parágrafo en el cual se le da la competencia a dicho Ministerio para definir unos lineamientos que concedan permisos especiales, con base en razones de urgencia y seguridad, o excepciones del caso (El Nuevo Siglo, 04/02/2019).

Este decreto por si solo ya ha generado debate por la posibilidad de que se armen civiles para su defensa, y que esto desemboque en una nueva ola de violencia, junto con la política que promueve la red de civiles en la seguridad, muy al estilo de la red de cooperantes promovidas por Álvaro Uribe Vélez; lo que es muy riesgoso en tanto se promueve la creación de organizaciones de civiles para defender la seguridad nacional, con posibilidad de armarse. Estas políticas, además, han sido apoyadas por el sector ganadero que se había pronunciado fuertemente por la inseguridad que afrontaban desde el mandato de Juan Manuel Santos (Pulzo, 23/01/2019); (Contexto Ganandero, 21/02/2016); (Lafaurie, 10/02/2019)

“Este decreto por si solo ya ha generado debate por la posibilidad de que se armen civiles para su defensa, y que esto desemboque en una nueva ola de violencia, junto con la política que promueve la red de civiles en la seguridad”.

Lo anterior se puede asemejar a lo que se esperaba con las Convivir, que de forma dramática terminaron escudando a los paramilitares. Esta estrategia, dada la estigmatización que hoy en día sufren los líderes y lideresas, es altamente peligrosa porque su seguridad recaería, en parte, sobre la red de participación cívica y, porque la presencia de actores armados en muchas zonas de Colombia es permanente. Vale la pena preguntarse por quiénes estaría conformada una red de civiles en un escenario en donde la población no puede informar, ni hablar de lo que sucede allí porque ponen en riesgo sus vidas. Y, finalmente, es importante advertir que esto podría aumentar los casos de falsos positivos y de la mal llamada ‘limpieza social’.
Lo anterior, conjugado con un permiso de porte de armas, nos estaría llevando a un escenario de recrudecimiento de violencia y de inseguridad, intensificado por un discurso de estigmatización que ha manejado públicamente el gobierno de Duque, y su bancada del Centro Democrático, con relación a la protesta social, a los promotores del Acuerdo de La Habana y a los mismos líderes sociales

De esta forma, y a manera de conclusión, cabe resaltar que se nos plantea un escenario preocupante, en donde no solo progresan políticas que restringen y cohíben ciertas libertades, como las que se han mostrado respecto a la educación y a los medios de comunicación, sino que también se establece un tipo de participación ciudadana mucho más dirigido a la vía armada, y no a la que tienen que ver con los mecanismos de participación y derecho a la protesta estipulados en la Constitución; los cuales se intentan reducir a través de propuestas, proyectos y comunicados que los restringen y los regulan

Adicionalmente se pretende posicionar con mayor fuerza una visión militarista frente a los conflictos sociales, y ello se ve reflejado en la fortaleza que se ha dado a las políticas de defensa, que hoy en día, parecen convertirse en el centro de la política de Duque, tal como lo fue, en su momento, en el gobierno de Álvaro Uribe.

Investigadora del Cinep/Programa por la Paz. Equipo Conflicto, Estado y Desarrollo.