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Octubre de 2019: estallido social en el Chile neoliberal – Revista Cien Días
Internacional

Octubre de 2019: estallido social en el Chile neoliberal

EDICIÓN 97 OCT-DIC 2019

Durante la semana del 14 al 18 de octubre del presente año, los estudiantes secundarios convocaron para llevar a cabo una evasión en el pago de los boletos del metro de Santiago, como una forma de protestar frente a una reciente alza de las tarifas de este importante medio de transporte. “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”, fue la consigna que cientos de estudiantes han coreado a la entrada de las estaciones del metro, desde el lunes 14 en adelante. El conflicto comenzó a escalar y contó con el apoyo tácito de gran parte de la población cuando la tarifa del metro alcanzó, en horas punta, el valor de 830 pesos chilenos (1,2 dólares, en moneda americana).

Junto a las consignas, los estudiantes ingresaban a las estaciones del metro y saltaban los torniquetes para evadir el pago del boleto. El día jueves 17, mientras las estaciones eran custodiadas por Carabineros de Fuerzas Especiales, el conflicto se radicalizó con ataques a las instalaciones de algunas estaciones, especialmente contra los torniquetes.

Pero no fue hasta el viernes 18 que el conflicto se expandió y amplificó con manifestaciones en estaciones de alta concurrencia de usuarios, lo cual alteró el funcionamiento regular del metro que transporta a diario a aproximadamente 2,8 millones de santiaguinos. Es así que se empezaron a cerrar estaciones y se incrementó la represión en distintos lugares, lo que alteró todo el sistema de transporte de una ciudad de 7 millones de habitantes. Cuando anochecía la policía se vio aparentemente sobrepasada por estas acciones, y el gobierno amenazaba a los manifestantes con aplicarles la Ley de Seguridad Interior del Estado y no les ofrecía ninguna salida al alza de tarifas. Es decir, solo se criminalizaba a la protesta, y se acusaba a los manifestantes de vándalos y criminales. A las 20:30 horas comenzaron a sonar las cacerolas en distintos barrios de Santiago y muchos manifestantes se congregaron a la entrada de varias estaciones del metro; y con una presencia mayoritaria de jóvenes de los barrios populares sino el estallido de la rabia acumulada por una gran parte de la población que vive cotidianamente la precariedad social y la desigualdad estructural que el neoliberalismo configuró, materializó y naturalizó en la sociedad chilena desde la dictadura de Pinochet hasta la fecha. Se iniciaron entonces ataques e incendios de algunas estaciones del metro, más el saqueo de locales comerciales y supermercados. A estas alturas se habían suspendido todas las operaciones del metro en la ciudad y el gobierno se reunió de urgencia en La Moneda, para decretar pasada la medianoche el ‘estado de emergencia’, lo que entregó la mantención del orden público a los militares.

La estrategia del gobierno fue equivocada y tardía en todas sus etapas; el viernes 18 cuando el conflicto escalaba este solo ofreció represión, lo que estimuló aún más la movilización la cual tomó formas inéditas, como por ejemplo el ataque a las estaciones del metro que en pocas horas destruyó y provocó incendios de distinta magnitud —los daños suman varios millones de pesos— lo que dejó al metro prácticamente fuera de servicio (aún se evalúan los daños y no se sabe cuánto tiempo tomará la restitución del servicio1El metro estuvo suspendido completamente el fin de semana del 19 y 20 de octubre y se ha ido reestableciendo paulatinamente. Luego de un mes de manifestaciones, aun varias estaciones no prestan servicios, pero la mayoría de las líneas se han reestablecido, aunque con horarios más restringidos.).  

“La estrategia del gobierno fue equivocada y tardía en todas sus etapas.”

El sábado 19, con estado de emergencia en ejercicio, las manifestaciones tomaron un doble giro: junto a la expresión pública del malestar mediante caceroleos y manifestaciones en plazas y grandes avenidas se multiplicaron los saqueos a supermercados y farmacias;  la protesta se extendió a las provincias y se hizo nacional, de norte a sur del país, al menos desde Iquique hasta Punta Arenas, con mayor intensidad en Valparaíso y Concepción, las dos ciudades mayores después de Santiago.

En esta fase de la movilización, aún en desarrollo, el estado de emergencia fue desafiado y desobedecido por la población, al punto que la noche del sábado se impuso el toque de queda en Santiago, Valparaíso y Concepción. Este toque de queda no alcanzó los efectos esperados, y las manifestaciones públicas y saqueos continuaron.

Chile vivía el mayor ‘estallido social’ desde que se recuperó la democracia en 1990; es decir, de los últimos 30 años. Un estallido que nadie podía imaginar o prever, aunque muchos admiten hoy que los síntomas han existido desde hace ya bastante tiempo.  Como colofón de lo que hemos narrado, el presidente Piñera, en la sucesión de errores y fantasías de su gobierno, declaró el domingo 20 de octubre al anochecer: “estamos en guerra”.  

“ Este estallido social, difícil de prever en su magnitud, sorprende en un contexto francamente crítico desde el punto de vista social y político.”

Este estallido social, difícil de prever en su magnitud, sorprende en un contexto francamente crítico desde el punto de vista social y político. Simplificando, y de manera un poco esquemática, se puede decir que, por una parte, tanto en el gobierno como en el Estado mismo, las instituciones viven su peor momento de credibilidad y legitimidad, producto no solo de la corrupción —de la que ya no se salvan ni las Iglesias— sino además de su abismante distancia e indiferencia con la sociedad en general, pero particularmente con el pueblo. Y por otra parte, desde el punto de vista de las clases populares y sus luchas, esta movilización que conduce a un ‘estallido’ se hace sin un convocante central, sin orgánicas conocidas (ni partidos, ni la CUT, ni coordinaciones territoriales) por lo que adquiere un cierto carácter espontáneo, que se puede relativizar, si se tienen en cuenta los  procesos de organización y expresión pública  creados por los estudiantes secundarios y diversos movimientos sociales, que preceden a este estallido, como por ejemplo: el movimiento mapuche desde fines de los 90; el movimiento estudiantil, secundario y universitario mochilazo en 2002; la revolución pingüina en 2006; el movimiento por la educación pública en 2011; el movimiento “No + AFP”2AFP (Asociación de Fondos de Pensiones), basado en la capitalización individual y en manos de empresas privadas, sin participación de los trabajadores. desde 2016; el mayo feminista de 2018; los diversos movimientos socio ambientalistas y de lucha por el agua y los territorios; las luchas y la huelga de los profesores en 2018; entre otros3Para una visión panorámica de los movimientos sociales, se puede consultar, Mario Garcés “Los movimientos sociales en la transición: a 30 años del plebiscito de 1988”. En: Julio Pinto, editor. Las largas sombras de la dictadura: a 30 año de plebiscito. LOM Ediciones, Santiago de Chile, junio 2019.. Todas estas luchas tienen un alto valor, pero carecen hasta ahora de instancias de coordinación y unificación suficientes.

Algunos elementos clave a destacar de esta movilización se describen a continuación:

Las razones del malestar

Existe cierto consenso en los medios, entre los políticos e intelectuales y en el sentido común de vastos sectores de la población, que el problema es más que el alza de los boletos del metro, que fue lo que gatilló las movilizaciones; es decir, este motivo fue ‘la gota que rebalsó el vaso’. Este consenso se mueve en dos direcciones: en la desigualdad estructural de la sociedad chilena; y en la acumulación de abusos y en las alzas en los servicios públicos de luz y transporte, y de salud (sobre todo en medicamentos).

El estallido como forma de expresión popular

Todo comenzó con los estudiantes secundarios y su llamado a la evasión. Hay algo que puede generar curiosidad y es, ¿por qué los estudiantes secundarios? Una hipótesis posible y para bien de los necesarios cambios sociales que requiere nuestra sociedad, es que los jóvenes están pensando y lo hacen con mayor libertad que los adultos; pero no solo piensan, sino que también actúan y su acción alcanza visibles efectos sociales y políticos.

El metro es un bien público y presta un gran servicio para el transporte; pero habría que agregar que este simboliza el orden y el Estado, dicho en el lenguaje de los jóvenes chilenos de nuestro tiempo, el metro representa al sistema del poder social y político que organiza la vida cotidiana de la ciudad. El ataque a este medio de transporte, si lo vemos en retrospectiva, efectivamente golpeó al sistema y desarticuló el orden de la ciudad.

La misma noche del viernes 18 de octubre se multiplicaron los ataques a los supermercados. El grupo más afectado fue el de Walmart con sus emblemáticos supermercados Líder (Walmart reconoció la noche del domingo 20 de otubre 140 locales saqueados). Las razone parecen –al menos como hipótesis- sencillas: son los supermercados con mayor presencia en los barrios populares; a los que más se les debe por el uso de las tarjetas de crédito   y los que el pueblo concurre cotidianamente.

Los distintos repertorios de acción, de las clases medias y de los más pobres

La mayor sorpresa para el gobierno y para todos los chilenos fue que decretado el ‘estado de emergencia’, las movilizaciones continuaron; es decir, la medida que ponía militares en las calles no actuó como antídoto ni descomprimió la protesta, la cual tomó dos formas: cacerolazo y ocupación de plazas (Plaza Italia, en el centro; y Plaza Ñuñoa, en el sector oriente, entre las más visibles en Santiago), así como marchas en provincias y saqueos en los barrios pobres de Santiago e importantes ciudades a lo largo del país.

El protagonismo de los jóvenes

Un hecho que ha llamado la atención en las movilizaciones de los últimos días es la visible presencia juvenil. El movimiento comenzó con los estudiantes secundarios y los jóvenes han estado masivamente presentes en prácticamente en todas las manifestaciones en plazas y avenidas, así como en los ataques a supermercados  y cadenas de farmacias. En todas partes, como indica el lenguaje popular chileno, “los jóvenes la llevan”. Este es un fenómeno tal vez universal, sin embargo en Chile adquiere una connotación especial, ya que se trata de las nuevas generaciones que no vivieron la dictadura y que, de alguna manera, no son portadoras del miedo que acompañó a sus madres, padres, abuelos, abuelas y generaciones que los preceden.

Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer

Para los grupos en el poder, la protesta y el estallido social los sorprendió, no lo pudieron prever y tal vez, tampoco lo imaginaron. Esta situación revela la escisión y la distancia de la política institucional para con la sociedad, del desacoplamiento de lo social y lo político, lo que excluyó y subordinó a los movimientos sociales que lucharon en contra de la dictadura, lo que fue la base sobre la cual se organizó la transición hacia la democracia.  Este fue, de algún modo, el resultado de la adaptación de la centro izquierda (demócratas cristianos, socialistas y PPD4Partido por la Democracia, creado a fines de la dictadura.) a la Constitución de 1980 (heredada de la dictadura) y al modelo neoliberal. La primera adaptación a la Constitución de 1980 condujo a la ‘elitización’ u ‘oligarquización’ de la política, y la segunda adaptación —al modelo neoliberal— condujo a la ’mercantilización’ de la vida social (y de paso a la colonización del Estado por los grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales, con sus reiterados episodios de corrupción). En este contexto, tanto la derecha, por claras razones, como la centro-izquierda se asimilaron a las lógicas neoliberales, mejoraron sus ingresos (especialmente los parlamentarios y altos funcionarios públicos) y vaciaron progresivamente la política de contenidos ideológicos; se hicieron todos, hombres y mujeres, funcionales y pragmáticos (as).  Es contra esta forma de ejercicio de la política, desprestigiada en el tiempo y con débil legitimidad, que estalló en estos días la protesta social con el objetivo de exigir cambios profundos que atiendan las demandas ciudadanas y populares.

La situación en las fuerzas progresistas, de izquierda extraparlamentaria y de los sectores populares tampoco es tan sencilla. El pueblo chileno en los últimos 50 años ha sido protagonista de dos grandes epopeyas: la unidad popular y las protestas nacionales en contra de la dictadura; ambas terminaron en derrotas, con altos costos humanos, políticos y simbólicos. Desde una perspectiva histórica, el punto nodal no resuelto tiene que ver con problemas que aún nos acompañan y que el actual estallido social vuelve a poner sobre la mesa: las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y el papel de los movimientos sociales y de los sujetos colectivos del cambio social.  

Todo indica que el conflicto y la inestabilidad, se van prolongar, lo que generará o un ‘empate catastrófico’ o una salida golpista (o autogolpe del presidente Piñera) —poco probable por ahora—, o un fortalecimiento de la movilización y los movimientos sociales que debiera tener como horizonte un proceso constituyente (o Asamblea Constituyente en forma, o reformas parciales a la Constitución), para lo cual es necesario una coordinación social y política suficiente que impida que la energía desatada termine disipándose.  

Por ahora, nadie puede predecir cómo se conjurará esta crisis. Lo único claro es que Chile ya no es el mismo que el de ayer, gracias a su pueblo movilizado.

Santiago de Chile, martes 22 de octubre de 2019.


Adenda: Este artículo fue escrito a solo cuatro días que se inició el estallido social chileno, el que se ha prolongado por prácticamente un mes, con sucesivas movilizaciones ciudadanas, incapacidad del gobierno para encontrar una salida a la crisis y violación sistemática de los derechos humanos, que a la fecha suman 25 víctimas fatales, centenares de heridos y miles de detenidos. En este contexto, el viernes 15 de noviembre, el parlamento, acogiendo el clamor ciudadano y evaluando los alcances de la crisis, alcanzó un acuerdo para iniciar un proceso constituyente —en varias etapas— que derogue la actual Constitución Política del Estado, promulgada por la dictadura de Pinochet en 1980 y que está aún vigente. Este acuerdo, si bien reordena el cuadro político y abre una nueva etapa en la política chilena, está siendo resistido por diversos movimientos sociales que no fueron consultados ni convocados a participar en la elaboración del referido acuerdo. Santiago, 18 de noviembre de 2019.


Historiador, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile y director de ECO, Educación y Comunicaciones.