Por Diana Durango para Oxfam Colombia
En 2019, el Banco Mundial ubicó a Colombia como el segundo país más desigual de América Latina y el Caribe1Informe Banco Mundial “Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia”., medido con un coeficiente de Gini2Método más utilizado para medir la desigualdad por ingresos y que se calcula de cero a uno (entre más cerca esté del cero es menor el nivel de desigualdad). de 0,53, el más alto entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Hoy, tras los impactos de la pandemia por covid-19; que evidenció y exacerbó las ya conocidas fracturas sociales, políticas y económicas del país, se estima que un 73% de la población colombiana se encuentra en pobreza y vulnerabilidad monetaria, con una incidencia mayor en las zonas rurales, donde tales factores ascienden a un 90.9%3Garay y Espitia, 2021. P. 28.“Cuadro 1. Población en pobreza, vulnerabilidad monetaria en Colombia”. Ensayo sobre la estructura social en clave de género, crisis y política pública en Colombia. 2021., con el agravante de que los efectos son diferenciados y de mayor escala en las mujeres rurales, racializadas o con identidades de género y sexo diversas.
Si bien la pandemia por covid-19 ha tenido impactos innegables en la crisis actual que vive el país, con una agudización de la pobreza monetaria que pasó del 35% al 45%, lo que se estima generó un retroceso de más de una década en términos de reducción de la pobreza para el país4Garay y Espitia, Transformaciones Estructurales en Contexto internacional en transición. 2020., las fracturas sistémicas y endémicas en las diferentes esferas sociales se han agudizado por la ausencia de una política económica social efectiva en el gobierno de Iván Duque, que reconozca las disparidades existentes en la estructura de ingresos y patrimonios de la población, y que supere el carácter antidemocrático del actual régimen tributario5Garay y Espitia, Transformaciones Estructurales en Contexto internacional en transición. 2020., cada vez más sesgado en favor de una clase dominante rica, y que niega la posibilidad de una reforma fiscal estructural que permita responder a las necesidades básicas y diferenciadas de las y los colombianos, perpetuando las dinámicas de una política fiscal patriarcal que desconoce e invisibiliza a las mujeres, sus posibilidades, libertades y autonomías.
Referirse a la desigualdad en Colombia en sus diferentes campos y expresiones es reconocer que esta es producto deliberado del accionar político, derivado de una “violencia económica”, que como lo plantea el reciente informe de Oxfam Internacional Las desigualdades matan6Disponible en: https://www.oxfam.org/es/informes/las-desigualdades-matan, se asocia más a la manera en cómo se genera la riqueza, que a la pobreza, y a los conflictos de distribución, producto de las decisiones políticas que estructuralmente benefician a los más ricos y poderosos, y marginan a los grupos sociales históricamente precarizados. La riqueza extrema genera desigualdades extremas. Es por esto que, y a propósito de las protestas/propuestas de los movimientos sociales en los últimos años, resulta necesario cuestionar los mecanismos de concentración de recursos, el poder y los modelos de expropiación y explotación de territorios y ecosistemas, para así transitar hacía pactos sociales de transformación y reconstrucción con perspectiva popular y de género, que permitan agenciar procesos reales de construcción de paz, equidad, y justicia social.
Una reforma tributaria de oídos sordos y a puerta cerrada
No solo se trata de la ineficiencia de los actuales instrumentos tributarios, que poco o nada contribuyen a la superación de la inequidad, o que al calcular el índice de desigualdad de Gini antes y después de impuestos, el indicador dé un resultado prácticamente igual (Garay y Espitia, 2021. p.34), lo que comprueba que los gravámenes no están alivianando o contrarrestando la situación de pobreza en el país. Lo preocupante es el carácter poco dialógico de la aprobación de la reciente reforma tributaria, que pese al bajo índice de presión fiscal, la alta participación de los impuestos indirectos y los diversos indicadores que muestran las debilidades de la política fiscal, hace cuestionar que el Congreso rechazara la posibilidad de una reforma fiscal estructural, aspecto que ignora completamente las demandas del movimiento social, explícitas a lo largo de múltiples protestas y propuestas que han realizado en todo el país durante los últimos años, y que desconoce el contexto de pauperización social agravado por el impacto de la pandemia por covid-19.
Todo esto confirma lo que Garay y Espitia plantean en su más reciente publicación Ensayos sobre la estructura social en clave de género, crisis y política pública en Colombia: el sistema tributario no satisface los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia; por el contrario, carece de transparencia y resulta excesivamente complejo, justamente por la cantidad de exenciones, deducciones y tratos preferenciales, sin justificación económica o social, favoritismos especialmente direccionados hacia las clases con mayor poder adquisitivo, lo que se traduce en tratos diferenciales y significativos, sin debida justificación, tanto entre sectores productivos como entre tipos de rentas o de fuentes de ingresos. En suma, concluyen los autores, se trata de un sistema regido por una estricta política de exclusión social, favorecedora de intereses poderosos en detrimento de intereses colectivos esenciales, que requiere de un ineludible proceso de reforma tributaria estructural, que promueva las condiciones necesarias para la inclusión social, la erradicación de las raíces de la pobreza y la desigualdad (Garay y Espitia, p. 67).
Resultan claras las intenciones e intereses bajo los cuales se aprobó la ley 2155 de 2021 de la actual reforma tributaria, y que explícitamente favorece a una reducida clase social y sector económico del país, pues entre varios aspectos para destacar, no penaliza a evasores de impuestos; aumenta la tarifa nominal de las empresas al 35%, sin cambiar en la práctica la tarifa efectiva de tributación; no grava el patrimonio de las empresas; no grava al uno por mil más rico del país; y finalmente, no aprueba la renta básica de emergencia para las personas que se encuentran en pobreza extrema7Garay y Espitia, 2021. Capítulo 3: A propósito de la más reciente reforma tributaria y ante la inminencia de otras próximas en Colombia. Ensayos sobre la estructura social en clave de género, crisis y política pública en Colombia. p. 93 – 106. y vulnerabilidad8“Se entiende por vulnerabilidad la presencia de factores por los que las personas corren el riesgo de sufrir inseguridad alimentaria o malnutrición; esto según lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.” Tomado de: https://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/. Lo anterior, con el agravante de que se desconoce esta propuesta de renta mínima, como una alternativa viable para contrarrestar el impacto de la desigualdad en los grupos más desfavorecidos.
En 2021, múltiples organizaciones sociales, dirigentes políticos, académicos, e incluso más de cincuenta congresistas de la República, urgieron al Estado colombiano por una renta básica. Así mismo, como ya se ha planteado en este artículo, el economista Luis Jorge Garay, en una de sus publicaciones, alertó sobre una dramática agudización de la pobreza en Colombia, que podría bordear los niveles del 40% al 45% de la población9Garay y Espitia, 2021. Transformaciones estructurales en un contexto internacional en transición.. Ante esta situación, se propuso una renta básica para 9 millones de hogares en Colombia en pobreza y vulnerabilidad, es decir, aproximadamente 30 millones de colombianos beneficiados con este ingreso garantizado por el Estado, que para este momento oscilaría entre el 1,7% y el 2.1% del PIB, “pero que descontando las transferencias que actualmente se realizan mediante los programas públicos vigentes de transferencias, sería de un 0.6% del PIB menos”10Garay y Espitia, 2021. Ensayos sobre la estructura social en clave de género, crisis y política pública en Colombia. p. 18..
Se ha discutido minuciosamente sobre la viabilidad fiscal, las fuentes de financiación y los beneficios de una renta básica de emergencia, en tanto, como política social, resulta idónea esta medida de reactivación económica, cohesión social y solidaridad con los grupos y sectores sociales en condiciones de pobreza y vulnerabilidad; sin embargo, la realidad del estado de desigualdad y hambre11En su más reciente informe, el Banco Mundial afirmó que 2,8 millones de personas no lograban cubrir sus necesidades alimentarías (Banco Mundial, 2021. Así mismo, el DANE ha venido registrando una caída en el porcentaje de personas en el país que logra consumir tres comidas diarias, el cual descendió considerablemente durante la época de pandemia, pasando del 91% antes de la pandemia, al 70% en octubre de 2021. en el país, son precedente para transitar hacia la implementación de una renta básica no solo de emergencia, sino de permanencia, que garantice una transferencia incondicional a los hogares cuyos ingresos no permiten garantizar una canasta de bienes mínima para subsistir.
Avanzar en este sentido, solo requiere de la voluntad política del Estado colombiano, pues las bases, propuestas y apalancamientos económicos y socio-políticos están a la orden del día para transitar hacia este plan de reconstrucción. La práctica política, aún no transformada del país, es responsable de estas desigualdades insoportables, inhumanas, injustas e inmorales.
Ahora bien, avanzar hacia una economía política de inclusión social con la implementación de políticas sociales, activas, incluyentes, que beneficien a las poblaciones más vulnerables, a través de una renta básica dirigida a los hogares más vulnerables, micro negocios o pequeñas unidades productivas, implica estrategias proyectadas desde un enfoque de género, étnico, rural, campesino, aplicadas desde acciones afirmativas que reconozcan la pobreza multidimensional que confluye en los cascos urbanos y rurales, con afectaciones directas y concretas a las mujeres y jóvenes.
“La desigualdad en Colombia tiene rostros femeninos”12Entrevista a lideresa campesina del Norte de Santander.
Romper con los viciados e intrincados círculos de inequidad en Colombia, refiere ineludiblemente a la situación económica de las mujeres, caracterizada por menores tasas de participación laboral o mayor inactividad; excluyentes y dispares brechas salariales entre hombres y mujeres; y mayor uso del tiempo en actividades/trabajos de cuidados en el hogar que no son reconocidos ni remunerados; todos estos son elementos condicionantes de empobrecimiento y marginalización para las mujeres.
Según estadísticas del DANE, para el 2019 había un total de 48.910.036 de habitantes en Colombia, de los cuales el 49% eran hombres y el 51% mujeres; de este conjunto, el 30% se han de clasificar como jefes del hogar (63% hombres jefes del hogar y 37% mujeres). Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GEIH del DANE13Garay y Espitia, 2021. Capítulo 1: Estructura social y crisis en clave de género en Colombia. Ensayos sobre la estructura social en clave de género, crisis y política pública en Colombia. p. 25., se estima que el ingreso promedio de los hombres que son catalogados como jefes del hogar, asciende a 1.387.607 pesos al mes, mientras que los ingresos de las mujeres consideradas jefas de hogar es de 1.009.079 pesos al mes. Es decir, existe una brecha de un 27% menos de ingresos para las mujeres, en comparación con el promedio de los hombres.
Adicionalmente, se estima que un 71% de los hombres jefes del hogar cuentan con un empleo; mientras que solo el 20% de las mujeres jefas del hogar está ocupada o tiene un empleo; elemento que se complejiza al considerar que cerca de un 40% de los hogares en Colombia registran jefatura femenina monoparental o monomarental14Garay y Espitia, 2021. Una contribución empírica para el estudio de la pobreza y la concentración de ingresos de los hogares a nivel territorial en Colombia. p. 53.
En cuanto a los ingresos generales, se puede afirmar que el ingreso promedio de las mujeres es inferior al de los hombres en un 34%, a excepción del ingreso promedio de las mujeres rurales que resulta siendo inferior al de los hombres rurales hasta en un 60%.
La situación económica de las mujeres representa alarmantes estados de inequidad y discriminación, con consecuencias devastadoras para su desarrollo personal y autonomía. Sin embargo, una de las peores desigualdades en Colombia está relacionada con el tiempo que gran parte de las mujeres dedica a tareas de cuidado y trabajo del hogar, que hasta la fecha no son ni reconocidas ni remuneradas; con cifras mucho más alarmantes cuando se trata de mujeres rurales, quienes no solo cuentan con tasas bajas de participación laboral, sino que además tienen los porcentajes más altos de personas dedicas a oficios del hogar15El Impacto de la pandemia en las mujeres rurales: análisis de las condiciones laborales y de las cargas de cuidado. Oxfam Colombia. 2020. p. 7..
La Gran Encuesta Integrada de Hogares–GEIH realizada por el DANE, señala que en el país, durante los años 2016 y 2017, se requirieron al día, cerca de 82.270.000 horas de trabajo no remunerado en el hogar, de las cuales el 78% del tiempo fue aportado por las mujeres y un 21.7% fue aportado por hombres. Además, se estima que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado podría representar para la economía nacional, hasta un 17% del Producto Interno Bruto, PIB16Garay y Espitia, 2021. Una contribución empírica para el estudio de la pobreza y la concentración de ingresos de los hogares a nivel territorial en Colombia. p. 54. Algo de fondo debe cambiar.
Aún así, el trabajo doméstico y de cuidado, de casi un 80% de las mujeres en Colombia sigue sin ser considerado trabajo, no existen garantías o políticas públicas que cuestionen una estructura fiscal patriarcal que sigue reproduciendo un modelo de bienestar familista que responsabiliza y recarga las tareas de cuidado y del hogar a las mujeres, y las excluye de mayores estadios de participación laboral, mucho más cuando dichas inequidades son exacerbadas por fenómenos advenedizos como la pandemia por covid-19, que por vía del confinamiento, afectó ineludiblemente a las mujeres, al incrementar el trabajo de cuidado y doméstico en el hogar.
Es por lo anterior, que el agenciamiento de las transformaciones estructurales, necesarias para salir de círculos de desigualdad, requiere pensar las condiciones o estructuras socioeconómicas en clave de género, teniendo en cuenta que dichas alternativas deben procurarse desde las acciones afirmativas del reconocimiento de la economía del cuidado, como un aporte a la producción misma del trabajo y de la vida.
En este sentido, la consolidación de un sistema nacional de cuidado que garantice el reconocimiento, la redistribución y reducción del trabajo doméstico y de cuidado en cabeza de las mujeres, para que otros agentes, como el Estado y el mercado asuman las responsabilidades que les corresponden, es parte esencial de una agenda política de transición en Colombia. Se hace urgente un cambio de modelo económico, que pase del extractivismo y la acumulación, al bienestar y el acceso de derechos con cuidado de los ecosistemas, es decir, que ponga la vida al centro, acompañada de una práctica política, socialmente responsable y justa.
Apuestas por una agenda de transición democrática, de cara a pactos sociales de transformación en clave de paz
El contexto de desigualdad relacionado con los conflictos distributivos del país, las afectaciones directas de la pobreza y vulnerabilidad a amplios grupos sociales con particularidad en las mujeres, la ola de asesinatos de líderes y lideresas sociales en diferentes regiones, y la profundización de modelos de comportamiento ilegal e ilícito que erosionan los sistemas democráticos y agudizan, por su parte, los sistemas clientelares y patrimonialistas, evidencian el estado de crisis y el fracaso del actual modelo de desarrollo. No solo por su incapacidad de garantizar la vida y el acceso pleno y legítimo de derechos del pueblo, sino porque su política de explotación, con beneficios de rentas extractivas de los bienes y recursos naturales, está acabando con los ecosistemas y la vida de los territorios.
Todo este contexto, enmarcado en la poca o nula voluntad política del gobierno de turno, de avanzar en la implementación efectiva del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno y las FARC, se traduce en poderosas barreras que empeoran los círculos de desigualdad e injusticia en los territorios, y expone a los líderes y lideresas sociales que, en ejercicio de reivindicación de lo acordado, son asesinados y asesinadas sistemáticamente.
El tránsito hacía la consolidación de planes de reconstrucción social, como lo han propuesto diversas organizaciones sociales populares, que vienen apostando por la implementación y consolidación de agendas para la vida, bienestar y armonía en los territorios, requiere tomar medidas contundentes y estructurales que propendan por la reducción de las inequidades sociales, empezando, por ejemplo, por el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, a la educación, al sistema de salud y al mercado laboral, para así proyectar el cierre de brechas entre hombres y mujeres, con mayores posibilidades para estas últimas, del ejercicio de su autonomía económica, participación social y política.
Los planes alternativos de desarrollo y construcción de paz, que durante años se han tejido en los territorios, son sin duda, las posibilidades con las que hoy el conjunto social cuenta para apostar por un modelo de desarrollo incluyente socialmente y sustentable ecológicamente; donde se prioricen la conservación de ecosistemas estratégicos, un desarrollo alternativo que propenda por la soberanía y seguridad alimentaria, a través de economías solidarias que fortalezcan lo comunitario y la ruralidad, las capacidades y habilidades de participación, incidencia y gobernanza, desde un enfoque de género, étnico y territorial.
El gobierno saliente no logró las transformaciones estructurales que cierren las brechas de desigualdades que impactan dramáticamente la vida de las mujeres campesinas, urbanas, indígenas y negras. Depende de la ciudadanía activa revertir el curso, a través del ejercicio ciudadano del voto informado y responsable. La gobernanza de los próximos años deberá actuar para cerrar estas brechas que no solo niegan la vida, sino que matan.
Bibliografía
Banco Mundial (27 de octubre de 2021). Hacia la construcción de una sociedad equitativa en
Colombia. Disponible en: https://www.bancomundial.org/es/news/infographic/2021/10/27/hacia-la-construccion-de-una-sociedad-equitativa-en-colombia
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DANE (2020). Gran Encuesta Integrada de Hogares. Disponible en: http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/659/get_microdata
FAO (S.F.). Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) Centroamérica. Conceptos Claves. Disponible en: https://www.fao.org/in-action/pesa-centroamerica/temas/conceptos-basicos/es/
Garay, Luis Jorge y Espitia, Jorge Enrique (2021). Una contribución empírica para el estudio de la
pobreza y la concentración de ingresos de los hogares a nivel territorial en Colombia. Bogotá:
Ediciones Desde Abajo.
Garay, Luis Jorge y Espitia, Jorge Enrique (2021). Ensayos sobre la estructura social en clave de género, crisis y política pública en Colombia. Bogotá: Ediciones Desde Abajo.
Garay, Luis Jorge (2020). Transformaciones estructurales en un contexto internacional en transición. Bogotá: Embajada de Noruega y Planeta Paz.
Oxfam Colombia (2020). El Impacto de la pandemia en las mujeres rurales: análisis de las condiciones laborales y de las cargas de cuidado. Disponible en: https://cieg.unam.mx/covid-genero/pdf/datos/trabajo-domestico/177impacto-de-la-pandemia-en-las-mujeres-rurales.pdf
Foto portada: Natalia Botero
cinep_revista-cien-dias_ed-104-v08Diana Durango para Oxfam Colombia
Comunicadora de la Universidad Javeriana de Cali, con especialización en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Experiencia laboral profesional en la dinamización de procesos de comunicación alternativa con sectores sociales populares en Colombia. Trabajo de comunicación por la denuncia y promoción de derechos humanos ante el sistema internacional e interamericano de población afrodescendiente, mujeres, personas LGBTI y defensores/defensoras de derechos humanos. Actualmente, consultora en comunicaciones especialmente en temas relacionados con la exigibilidad y promoción de derechos de las mujeres.
Oxfam Colombia
Oxfam Colombia es una organización colombiana, feminista, comprometida con la vida y la convivencia sostenible con el ambiente, que busca contribuir a la construcción de la paz en Colombia desde los territorios, con el liderazgo de las mujeres y de organizaciones de la sociedad civil para superar las desigualdades y garantizar la justicia social, de género y climática en el país. Como miembro de Oxfam Internacional, Oxfam Colombia reconoce que las causas que causan la pobreza y la injusticia son complejas y están entrelazadas. Por ello, adopta un enfoque multidimensional en el análisis de las desigualdades y aplica una perspectiva feminista en los análisis y las acciones para la transformación de los sistemas que las perpetúan.